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domingo, 10 de julio de 2011

Presupuesto de Fuerzas Armadas y Policiales en su Hora Cero

La Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP) y el desfalco
La CPMP es “la Institución que, por ley, tiene a su cargo la responsabilidad de administrar los fondos destinados al régimen previsional del personal militar y policial, dentro de un contexto técnico y legal adecuado[1]."Su situación actual es problemática debido a la corrupción en anteriores periodos de gobierno. La defensa legal de la CPMP calcula en aproximadamente 1,000 millones de soles el monto desfalcado por la organización criminal encabezada por el ex asesor del presidente Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos[2].   Se calcula que son 21 los casos judiciales[3] relacionados con el desfalco a la Caja Militar, que involucran a alrededor de 527 personas y en los que entre otros resaltan “perlas” (casos) como: el préstamo ilegal a la compañía constructora Gessa Ingenieros, representada por Alberto Espantoso Pérez, por US$ 42 millones, cuyo daño asciende a los 469.7 millones de soles;  el crédito ilícito a la empresa Colima, de Víctor Venero, testaferro de Montesinos, que representó una pérdida de 98 millones de soles; el fallo sin precedentes de la Corte Suprema , en el 2009, que consideró que no hubo delito cuando la compañía Sagitario, de la familia Wiese Moreyra, le vendió a la CPMP, por US$ 7.2 millones un terreno que seis meses antes había valorado en US$ 900 mil.

Acciones de Restructuración – Liquidación
Desde el 2006, el Ministerio de Defensa (MINDEF) analiza y propone propuestas al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP), remuneraciones y pensiones. En agosto de 2010, luego de 180 días de análisis,  una Comisión oficial, designada, por Decreto de Urgencia Nº 14-2010,  presentó una propuesta de restructuración integral en las Fuerzas Armadas (FFAA) y Policiales (FFPP), que no tuvo respuesta por parte del gobierno.  El 30 de agosto de 2010, el Ejecutivo remitió al Congreso el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2011, (registrado como No 4261/2010-PE), sin considerar las propuestas de restructuración integral a las FFAA y FFPP e introduciendo modificaciones que afectan seriamente a las Fuerzas Armadas en los rubros de remuneraciones, régimen provisional, suspensión de ingreso a las escuelas de formación y reducción de presupuesto del sector defensa[4]. Dichas modificaciones incursionan en ilegalidades, desnaturalizaciones y deficiencias jurídicas y constitucionales que hacen ver las propuestas como falladas,  incompletas y sin justificación. Adicionalmente al comparársele con las escalas correspondientes del sector público incluyen un tratamiento discriminatorio en desmedro de las FFAA y FFPP[5].  En Setiembre de 2010, la exministra del MEF Mercedes Aráoz presentó el anteproyecto para liquidar la Caja de Pensiones Militar Policial y anular las pensiones homologables, en el presupuesto general de la republica para el 2011, los anteproyectos fueron desestimados por considerarse anticonstitucionales e injustos[6] y porque no tomaban en cuenta propuestas de restructuración salarial propuestas por ministros de defensa anteriores.  En Abril de 2011, el directorio de la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP), bajo la presidencia del mayor general FAP ® Luis Egúsquiza Jiménez, rechazó el pedido del ministro del MEF, Ismael Benavides Ferreyros, para que suscriban la conformidad del fideicomiso de su patrimonio inmobiliario dispuesto por el DU Nº 013, a cambio de la entrega de una partida de 125 millones, al 7% de interés anual, para destinarlo al pago de las pensiones. El único directivo que se pronunció a favor del fideicomiso y se excusó de firmar el acuerdo fue el representante del MEF, José Andrés Villena Petrosinio, designado en ese cargo por el titular MINDEF,  a pesar del pedido de los gremios militares y policiales para que su designación sea dejada sin efecto por ser el autor del citado DU Nº 013 que promueve la intervención en la caja.[7] En Junio de 2011, el Gobierno ha presentado dos proyectos de ley, uno para liquidar la CPMP y otro para anular las remuneraciones homologables. Para la reforma del sistema previsional y de pensiones, el Ministerio de Defensa contrató los servicios de la empresa colombiana Asesorías Actuariales Limitada, por 775 mil 556 soles, según el Sistema Electrónico de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.Asesorías Actuariales[8] no ha entregado su informe final, de acuerdo con fuentes del Mindef, sin embargo el proyecto de ley ya lo presentó el Ejecutivo ante el Congreso. No es que la compañía colombiana se ha retrasado sino que el gobierno se adelantó en elevar el proyecto, básicamente formulado por el MEF.  
El 04 de julio de 2011, mediante oficio Nº 526-2011/JCCFFAA, los comandantes generales de la FAP, Carlos Samamé Quiñones; de la Marina, Jorge de la Puente Ribeyro; del Ejército, Paúl Tito Da Silva Gamarra; y el jefe del Comando Conjunto de las FFAA Luis Howell Ballena expresaron que …“Habiéndose analizado el contenido de ambos proyectos de ley y sus previsibles efectos, es menester hacerle conocer el parecer de los suscritos (...) para expresarle nuestra profunda preocupación y disconformidad”. Precisan que “ambos proyectos han sido formulados sin participación, conocimiento u opinión de las instituciones armadas” y que no cuentan “con el sustento de estudio actuarial ni legal alguno, que permita establecer la sostenibilidad de las pensiones, según lo refiere la Dra. Graciela Ortiz Origgi, jefa de su gabinete de asesores”. Agregan que la eliminación de la pensión renovable “vulnera” derechos.[9]  Finalmente, el presidente de la Comisión de Defensa, Wilder Calderón, dio a conocer, “se ha acordado convocar a una sesión extraordinaria para ver este tema, por lo que se ha citado a los ministros de Defensa, Interior y Economía, así como a los comandantes generales y al jefe del Comando Conjunto para que expongan sus puntos de vista”. La sesión, que se llevará a cabo el próximo martes 12 de julio a las 15:00 horas, en ella se “busca conocer al detalle la postura de los institutos armados frente a los proyectos (Nº 04895, que aprueba la nueva estructura remunerativa, y Nº 04896, que aprueba las nuevas reglas previsionales) remitidos por el Ejecutivo”.

Algunas conclusiones
1.     El Gobierno al buscar reducir los presupuestos de las Fuerzas Armadas y Zonas de Emergencia, “coincide” con cambios similares decretados por el gobierno del presidente Correa en el Ecuador[10] y con recomendaciones de Carlos Maldonado, Historiador por la Martín-Luther- Universitat (Halle, Alemania) y asesor internacional del Ministerio de Defensa chileno, quien afirma que el Ministerio de Economía y Finanzas señala que el sistema de la "cédula viva", hace imposible incrementar los salarios de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en activo[11], sin duda opiniones respetables desde una muy “particular” perspectiva.

2.     El tema de la Caja de Pensión Militar Policial, remuneraciones y presupuesto militar es un tema 1) que se refiere al inicio de una administración con una recolección de impuestos reducida, solo 12%, destinada a fracasar por no cubrir las necesidades a futuro, como en otros países; 2) es un tema que involucra corrupción debido a que los gobiernos se han aprovechado ilegalmente de la caja de Pensiones, llegando a un saqueo sin escrúpulos; 3) es un tema de continuidad de una mala administración  del Estado y de los representantes nombrados a cargo de estas instituciones, quienes fueron favorecidos y no quieren que este tema se revise; 4) es un tema que refiere responsabilidad de los funcionarios a cargo debido a que se llevó sin  planificación; y finalmente 5)  es un tema, que para este gobierno, se soluciona políticamente con el facilismo del “borrón y cuenta nueva”, no importan a quien se perjudique.  Algunos dirían que es como cuando el equilibrio de las divisas bajan y se ordena al BCR a salir a comprar o vender dólares para que el sistema “no caiga” y el gobierno se “vea bien”, en control, sin otros mecanismos más positivos.   

3.     El actual gobierno muestra su descaro político al pronunciares  sobre el nuevo presidente, y la actitud que tomará en el caso del Sr. Alexis Humala y su viaje a Rusia cuando dice “Dejemos gobernar al Sr. Ollanta Humala”, y con esto, deja entrever que también tendrá que decidir en el caso de las FFAA, pues no considera relevante el estado en el que deja  la situación presupuestaria de las FFAA y FFPP y más aun refrenda por escrito con respecto a los aumentos, que se aplicarán siempre y cuando existan fondos[12].  

4.     El Gobierno no considera el aumento de la actividad ilegal de tráfico de drogas, el aumento de la violencia, ni la probabilidad que prevalezcan al interior del país las zonas de emergencia que sobrepasan los 20 años en ese estado.

5.     Estos son los resultados de un gobierno, administrado por ministros políticos  en su mayoría y no por especialistas, abogados en el último tramo para entregar bien los cargos, el empleo de ministros políticos y  las Fuerzas Armadas y Policiales, se muestra por los resultados en los conflictos sociales, ministros sin responsabilidad y militares destituidos y enjuiciados, sin una nueva perspectiva, ni de desarrollo, ni contra la violencia social ni contra el crimen organizado, o contra los desastres, una muestra de ello es la actual ley de seguridad ciudadana.  

6.     Finalmente, queda por ver si existe responsabilidad sobre los autores, los criterios de estudio y las agencias bancarias que se han tomado en cuenta para llegar a estas recomendaciones finales, con respecto al personal de las Fuerzas Armadas y Policiales y la confidencialidad de la información respectiva.


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