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sábado, 30 de noviembre de 2013

España: Aprueban nueva Ley de Seguridad Ciudadana

Por Jorge Contreras
Aprueban el anteproyecto de ley de la “Seguridad Ciudadana”, en realidad un nuevo marco jurídico contra el ultraje al Estado y las representaciones de su institucionalidad. Incluye sanciones y multas contra el fenómeno de la violencia social.

"el espíritu que ha guiado al Gobierno es
proponer un texto legal que permita la convivencia cívica y pacífica",
se persigue "erradicar la violencia, el vandalismo e identificar los derechos y libertades de reunión, y manifestación del resto de conductas violentas". 
Jorge Fernández Díaz
Ministro del Interior de España

Según Luis Lorca, de la Vanguardia, este anteproyecto aprobado incluye la rebaja hasta en un tercio de las infracciones muy graves que acarrean multas de entre 30 a 600 mil euros.
Una escala de sanciones y multas…
Entre las sanciones “muy graves” se consideran el ultraje a través de la protesta no
autorizada contra el Estado. Incluye actos que van desde quemar una bandera de España hasta la toma de un local. Además, el texto contempla el manejo de armas prohibidas o explosivos no catalogados, la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas prohibidas o la proyección de dispositivos luminosos como los clásicos punteros láser contra vehículos y otros medios de transporte como aviones. También se interpondrá una sanción muy grave cuando una persona sume tres faltas graves en el periodo de dos años.

Los actos “graves” serán penadas con multas que van desde los mil a 30 mil euros. Entre las faltas “graves” están consideradas las protestas no autorizadas, las violaciones del orden y tranquilidad pública y el daño urbano. También se considera grave la participación en alteraciones de la seguridad ciudadana con el rostro cubierto o la obstrucción a las autoridades en el ejercicio de sus funciones. Incluye las exhibiciones de fotos u homenajes a terroristas cuando estos actos no sean constitutivos de delito contemplado en el Código Penal. En este supuesto podría entrar el 'boicot' a un Pleno municipal o incluso los actos para impedir desahucios si es que estos no constituyen delito. Además, incluye la sanción por ofrecer o aceptar servicios de prostitución en la vía pública cerca de espacios frecuentados por menores o en aquellos lugares que puedan afectar a la seguridad vial, aunque la conducta no será sancionada si la persona es víctima de la trata de seres humanos.

Las “Faltas” serán penalizadas con multas que van desde los 100 a los mil euros e incluyen todo tipo de amenazas, coacciones, injurias o vejamientos contra los encargados del orden público. Un ejemplo: "Una manifestación, por ejemplo, en la que se lleven pancartas u consignas contra sus símbolos, instituciones, las banderas de las instituciones públicas, del Estado o de las comunidades autónomas, siempre y cuando no sean constitutivas de delito y se produzcan de forma pública"

Derechos y libertades, y también responsabilidades puntuales…

En declaraciones de Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, esta ley destaca el refuerzo y la protección de los derechos y libertades que supone este anteproyecto.

Según Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior de España, esta ley “actualiza el marco jurídico”, para garantizar y responder de manera más eficaz actitudes que suponen una amenaza para seguridad ciudadana, “incorpora el principio de responsabilidad solidaria de los padres, tutores o guardadores legales o de hecho”, por las infracciones cometidas por los menores de edad; además, se “incrementan las garantías” con respecto a la ley vigente de 1992 y se “amplía el plazo de caducidad de los expedientes sancionadores” de seis meses a un año .

Polémica de las conclusiones…
Según Carlos Cué, de “El País”, esta ley sanciona las ofensas a España y atiende al sector de población considerado “conservador”. La norma ofrece un importante poder a la policía y al Ejecutivo y una gran discrecionalidad que antes no tenían.

Desde el punto de vista político, el actual Gobierno ha definido su estrategia a través de un mensaje y la disposición de autoridad frente a las protestas ciudadanas y sus daños.  Por lo pronto, ya se anuncia entre los grupos de oposición la conformación de un consenso de derechos y libertades para oponerse a esta corriente, a la que han empezado a tildar de autoritaria.


Según Global Voices, Joan Coscubiela, diputado de Iniciativa per Catalunya- Verds (ICV) y portavoz de Izquierda Plural, ha declarado que esta ley sustituirla a la llamada “Ley Corcuera”, que fuera aprobada por el Gobierno socialista de Felipe González en 1992, y que en su época ya era conocida como la “Ley de la patada en la puerta” porque permitía que las fuerzas y cuerpos de seguridad entraran y registraran un domicilio sin previo paso por la vista de un juez.
Esta nueva versión se llamaría la “Ley de la patada en la boca a la democracia”.

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