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jueves, 21 de noviembre de 2013

Recomendaciones de las Naciones Unidas, en Seguridad Ciudadana para América Latina

Tomado del IRDH 2013-2014
El informe pone a la disposición de los encargados de la toma de decisiones y de la ciudadanía latinoamericana el siguiente decálogo de recomendaciones para América Latina:

1. Alinear los esfuerzos nacionales para reducir el delito y la violencia, con base en las experiencias y lecciones aprendidas. Establecer en cada país un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana como política de Estado, apoyado en consensos nacionales y con la participación de la sociedad civil. Asegurar que los presupuestos sean congruentes con la magnitud del reto que representa la inseguridad. Profesionalizar la gestión en seguridad ciudadana, creando capacidad profesional, especialmente para quienes asumen tareas de dirección  y ejecución de políticas en el ámbito del gobierno central y de los gobiernos locales.  Poner en funcionamiento mecanismos adecuados de gestión intergubernamental, que permitan la acción coordinada entre los distintos órdenes de gobierno: central, regional o estatal y local.

2. Prevenir el delito y la violencia, impulsando un crecimiento incluyente, equitativo y con calidad.
Concentrar y optimizar el uso de programas de prevención en atender los principales factores de riesgo y las necesidades más urgentes identificadas en conjunto con las comunidades. Ejecutar intervenciones urbanísticas y ambientales que propicien el uso del espacio público, la interacción  y convivencia pacífica y que reduzcan las oportunidades para la comisión de delitos. Instrumentar programas específicos dirigidos a aquellos grupos o sectores que estén expuestos particular y desproporcionadamente a la violencia en el hogar y en el espacio público, como niños, jóvenes y mujeres.

3. Disminuir la impunidad, fortaleciendo las instituciones de seguridad y justicia, con respeto a los derechos humanos. Mejorar sustantivamente los procesos de selección y reclutamiento policial y fortalecer la profesionalización de las policías con base en una visión que fomente el trabajo próximo con las comunidades y el respeto a los derechos humanos. Promover la formación permanente de jueces y ministerios públicos y optimizar la calidad de la investigación criminal. Diseñar una nueva política penitenciaria con énfasis en la reinserción social, la utilización restrictiva de la prisión preventiva y la creación de condiciones carcelarias dignas apegadas a estándares internacionales. Establecer mecanismos de supervisión interna y de contraloría ciudadana  que permitan identificar, procesar y sancionar de manera efectiva casos de corrupción, abusos de autoridad y violaciones a derechos humanos.

4. Generar políticas públicas orientadas a proteger a las personas más afectadas por la violencia y el delito. Fortalecer la presencia policial en las zonas más críticas a partir del conocimiento previo de la concentración territorial de la violencia y el delito. Dicha presencia debe ir acompañada de programas sociales y del trabajo cercano con las comunidades y los grupos en situación de vulnerabilidad. Para los delitos de mayor impacto- homicidios, secuestro, extorsión, trata de personas, explotación sexual y desapariciones- deben impulsarse respuestas intersectoriales que involucren a las policías, ministerios públicos y demás instancias competentes

5. Potenciar la participación activa de la sociedad, especialmente de las comunidades locales, en la construcción de la seguridad ciudadana. Asegurar la participación de las comunidades en la identificación y diagnóstico de las necesidades a nivel local así como en el diseño y aplicación de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. Crear incentivos para que las universidades y los centros de investigación realicen evaluaciones independientes sobre las políticas de seguridad, con pleno acceso a los datos e información estadística de las instituciones públicas. Generar programas de investigación y docencia en políticas públicas de seguridad ciudadana que fomenten el intercambio de experiencias y lecciones entre los países de la región. Alentar la colaboración del sector privado en programas de seguridad ciudadana, asegurando la transparencia y garantizando la imparcialidad de la fuerza pública.

6. Incrementar las oportunidades reales de desarrollo humano para los jóvenes. El impacto desproporcional de la inseguridad en los jóvenes como principales víctimas y victimarios de la violencia requiere  de políticas públicas que hagan de la atención a la juventud una prioridad. Se deben acrecentar los esfuerzos públicos y privados para mejorar la cobertura y calidad educativa, la creación de empleos y la capacitación de jóvenes, a fin de que se inserten en el campo laboral, especialmente en contextos urbanos de pobreza persistente. Priorizar la reinserción social de los niños y jóvenes que entran en contacto con los sistemas de justicia penal,  evitando la imputabilidad penal de menores y dando prioridad a los mecanismos de justicia alternativa. Convocar campañas de sensibilización que permitan blindar a niños y jóvenes de la influencia cultural o mediática que puedan llegar a tener los grupos criminales. Establecer espacios accesibles y fortalecer las capacidades de los jóvenes para asegurar su participación en las políticas y programas de seguridad ciudadana.

7. Atender y prevenir de modo integral la violencia de género en el espacio doméstico-privado y en el ámbito público. Garantizar la aplicación efectiva de las leyes vigentes para prevenir y sancionar la violencia en contra de las mujeres en la región, incluidas las leyes en contra la violencia intrafamiliar, la violencia sexual y las leyes que tipifican el feminicidio. Formular e implementar políticas de Estado con un enfoque integral, un presupuesto específico y la coordinación interinstitucional y multisectorial, adecuadas para atender las múltiples causas de la violencia contra las mujeres. Promover campañas de sensibilización desde la niñez, que fomenten relaciones de respeto e igualdad entre mujeres y hombres, y que promuevan masculinidades no violentas.

8. Salvaguardar activamente los derechos de las víctimas. Formular una política nacional y un marco legal -con participación activa de las víctimas- que aseguren la atención, protección y reparación oportuna del daño. Poner en marcha mecanismos efectivos para su aplicación. Definir los mecanismos de reparación del daño y el conjunto de prestaciones y servicios que otorgará el Estado a las víctimas de delitos violentos mediante un esfuerzo intersectorial. Capacitar y profesionalizar a los funcionarios públicos que entran en contacto directo con las víctimas y sus familias, definiendo protocolos de atención, cursos de acción y responsabilidades.

9. Regular y reducir los disparadores del delito -como armas, drogas y alcohol- desde una perspectiva integral y de salud pública. Regular la tenencia de armas por parte de civiles, mediante el fortalecimiento del registro de los usuarios y la definición legal de los requisitos para la adquisición, porte y tenencia de armas. Fortalecer la cooperación entre los Estados para interrumpir el flujo ilícito de armas entre las fronteras e impedir que las organizaciones criminales tengan acceso a armas de alto poder. Abordar el consumo de drogas como un problema de salud pública, mediante programas de prevención, tratamiento, reducción del daño y rehabilitación de consumidores. Establecer una restricción en los horarios de compra de alcohol en los bares y negocios que lo distribuyen, y fortalecer el control estricto de la venta de alcohol a menores de edad.


10. Fortalecer los mecanismos de coordinación y de evaluación de la cooperación internacional. Impulsar la cooperación Sur-Sur entre las instituciones de seguridad y justicia. Impulsar una visión latinoamericana de la seguridad ciudadana a partir de un Foro  de Seguridad Ciudadana de América Latina y el Caribe, que permita intercambiar experiencias públicas y privadas, coordinar iniciativas y prevenir las externalidades, como el efecto globo, que puedan generar las políticas de seguridad de un país o ciudad en otros de la región. Fortalecer el intercambio de información e inteligencia entre países y fomentar la coordinación efectiva de las operaciones policiales en la región, con especial énfasis en la desarticulación de las redes criminales transnacionales. Mejorar la comparabilidad de los datos sobre seguridad a nivel regional y fortalecer los sistemas de transmisión de información entre gobiernos locales de la región. Dirigir de manera prioritaria los esfuerzos de la cooperación internacional hacia los países, jurisdicciones subnacionales y municipios con menores recursos. Evaluar el impacto de la cooperación internacional con base en criterios de reducción de la violencia y fortalecimiento de las capacidades locales.

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