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jueves, 9 de enero de 2014

Compendio legal, Casos de la Corte Suprema de Estados Unidos, Periodo 2012 - 2013

Tomado del Boletín del FBI
Por Kevin Chechak, J. D.
Traducción Jorge Contreras

En esta oportunidad se presenta una serie de decisiones en casos vistos por la Corte Suprema que resaltan por su particular importancia para los encargados de hacer cumplir la ley y el orden en los Estados Unidos.
Debido a que estos casos pertenecen a la Justicia de los Estados Unidos, sus especificaciones no se aplican en otros países, sin embargo se presentan por la importancia y el avance de los contenidos.  Los oficiales de policía de que no son de la jurisdicción federal en Estados Unidos que están interesados en este artículo deben consultar a sus asesores legales. Adicionalmente, Algunos procedimientos policiales permisible bajo la ley constitucional federal en los Estados Unidos, pueden se cuestionados bajo leyes estatales o no permitidos en absoluto.


Durante el periodo 2012-2013, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió en una serie de casos judiciales de interés para la comunidad “dedicada a hacer cumplir las leyes”, incluyendo varios relacionados con la Cuarta Enmienda. Estos casos resaltan:  dos casos referidos a búsquedas con canes entrenados fuera de la Florida, un caso DUI [1] que obligó a tomar una muestra de sangre, y un caso de cuestionamiento en la colección de ADN de sujetos arrestados. Asimismo, la Corte decidió en un caso referente a la
aplicación de la Quinta Enmienda en los interrogatorios sin custodios y en un caso de responsabilidad civil subsidiaria de interés para las fuerzas del orden, en los roles de los empleadores.

Este artículo proporciona una breve sinopsis de cada uno de estos casos, así como un resumen de casos de interés para los encargados de hacer cumplir la ley, que la Corte Suprema admitió tratar en el periodo 2013-2014. Como siempre, los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben garantizar que sus propias leyes y constituciones estatales proporcionen una mayor protección que las normas constitucionales de los Estados Unidos .

Casos Presentados

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Florida contra Jardines, (Olfateo de drogas por un perro)

133 S Ct 1409 (2013)
La cuestión que se plantea en este caso es “si la acción de olfatear,  hecha por un perro entrenado en reconocer narcóticos en la puerta principal de una casa donde se sospecha hay cultivo,” era una búsqueda que requería una “causa probable” y por ende permitía  la protección de la Cuarta Enmienda[2]. Una Corte dividida sostenía que la búsqueda de narcóticos se produjo cuando el agente de policía llevó al perro por el pórtico de la casa donde se sospechaba  se hacía crecer plantas cuya sustancia (droga) se usa con el propósito ilegal de inhalación. El juez Scalia , en nombre de la mayoría, aplicó el mismo razonamiento utilizado en la decisión final del caso “Estados Unidos contra Jones” [3], en la cual se encontró que fue una intromisión arbitraria (prevaricación) por parte del gobierno en la propiedad privada con el propósito de buscar y recabar información estando protegido por la Cuarta Enmienda. En el caso de Jones el delito en cuestión fue el haberle fijado un rastreador GPS en el automóvil del acusado.

La cuestión de prevaricación en el caso de “Jardines” se centraba en si los agentes del gobierno podían entrar en el pórtico de la casa, que, como parte de las dependencias de la residencia, se encuentra bajo el derecho a la protección de la Cuarta Enmienda, en contraste con lo que sucede a campo abierto, situación en la que no se está protegido bajo la Cuarta Enmienda.[4]  El gobierno argumentó que el acusado no contaba con ninguna expectativa razonable de privacidad en el caso de Katz contra  Estados Unidos [5] en el que los olores emanaban de su casa y ninguna expectativa razonable de privacidad para que los oficiales de policía o sus perros vayan a su pórtico a olfatear los olores.

El Tribunal encontró que normalmente existe una licencia implícita  que permite a las personas, como visitantes acercarse a la puerta en el caso de niñas  scouts vendiendo galletas, o niños pidiendo caramelos en Halloween. Que este tipo de licencia implícita también podría permitir que un agente de policía se acerque a la puerta principal de cualquiera para tocar y pedir hablar con la persona, pero no es razonable pensar que sea típico que la gente confiera licencia para permitir a la policía entre en un área interior de su propiedad con el propósito de que un perro olfatee drogas alrededor. [6] La Corte además, yendo más allá en este caso, expuso que la gente no puede esperar que alguien se acerque a su puerta de entrada y utilice un detector de metales a lo largo del camino de entrada o que un sabueso entre en su jardín sin primero haber pedido permiso. [7] al igual que en el caso de Jones, la opinión de la mayoría se basó en el análisis tradicional de la culpa para llegar a la conclusión de que era una búsqueda que violaba la Cuarta Enmienda, donde el gobierno se llegó a introducir en una zona protegida por la Constitución para buscar información. [8]

Florida contra Harris, (detección de drogas con perro)

133 S. Ct 1050 (2013)
En otro caso relacionado a la detección de drogas con perro en la Florida, la Corte Suprema de los EE.UU. revocó la decisión de la Corte Suprema de la Florida, en el que se había empleado una estricta lista de control de evidencias para evaluar la fiabilidad de alerta de un perro a la droga, como base para sustentar que “existía una causa probable” y poder realizar la búsqueda. Esta lista incluía el entrenamiento del perro y registros de certificación, pruebas relativas a la experiencia y formación del agente en el manejo del perro, haciendo especial hincapié en los registros de campo de la actuación del perro, incluyendo el número de veces que el perro alertó, pero ningún contrabando fue encontrado posteriormente. [9] En este caso, el Tribunal no les dio la razón, sostuvo que la causa probable se debe determinar sobre la base de la totalidad de las circunstancias  y no sobre la base de una lista de control  de la fiabilidad de un perro.[10]

El acusado también quiso utilizar los registros de la actuación de campo del perro y falsos positivos donde el perro alertó, pero no se encontró drogas, para desacreditar la fiabilidad de los perros, como base para convencer que no existía una causa probable y así estar bajo la protección de la IV enmienda. El Tribunal sostuvo que la ausencia de tales registros no era decisiva para el caso del estado y  más importante aún, fue que señaló, que los registros de rendimiento de los perros en las pruebas y la certificación de control eran probatorios de la fiabilidad del perro.

El tribunal reconoció que los perros pueden alertar en el campo, pero en las búsquedas posteriores donde no se puede localizar el contrabando, no son prueba alguna, si el contrabando estuvo allí hace poco o si son los residuos que persisten. Estas alertas no son en realidad falsos positivos  y no constituyen prueba para utilizarlas en desacreditar  la fiabilidad en un perro, como si podrían ser los registros de operación  de los perros en circunstancias cuidadosamente controladas durante  su continua formación  y en sus pruebas de certificación. [11]

Bailey contra los Estados Unidos, (orden de registro)

133 S. Ct 1031 (2013)
En este caso, el Tribunal aclaró su decisión basándose en el caso Michigan contra  Summers, que establece la autoridad de la policía para detener a las personas que se encuentran en el lugar donde se ejecuta una orden de registro. [12] En el caso Summers, la policía se acercaba a una casa para llevar a cabo una orden oficial de búsqueda de drogas ilegales en momentos que el acusado, Summers, bajaba caminando por los escalones de la entrada principal. La policía detuvo a Summers como parte de la ejecución de la orden y luego lo arrestó  cuando se encontraron estupefacientes en la búsqueda. El Tribunal consideró que la detención fue un acto de ataque limitado, pero que fue razonable. El Tribunal consideró que la detención legitimó los intereses del gobierno que incluían el facilitar la ordenada realización de la búsqueda, garantizando la seguridad oficial  y prevenía cualquier intento de  fuga si se encontraba evidencia durante la búsqueda. [13]

En el caso de Bailey,  la Policía estaba vigilando una casa a la espera de la ejecución de una orden oficial de registro por un arma de fuego, sobre la base de la información proporcionada por un informante que indicaba que el arma pertenecía a un traficante de drogas conocido como " Polo", que vivía en la casa. [14] Dos hombres que coincidían con la descripción de Polo salieron de la casa y fueron seguidos por la policía mientras se alejaban de la casa. Cinco minutos después de salir de la residencia, los hombres fueron detenidos, arrestados e interrogados casi a una milla de distancia. El Tribunal sostuvo que esta detención no fue razonable, que fue distinta a la del caso Summers. La Corte declaró lo importante que es para los agentes a cargo de hacer cumplir la ley, de actuar basados en las reglas que establece el caso Summers, que se aplica a las personas que se encuentran en los locales donde se “ejecuta” una orden oficial de registro y no en casos donde se detiene con la suposición que se contará con una orden oficial a futuro y lejos. El interés de una parte, es insuficiente para justificar la ampliación de la norma en el caso Summers, y permitir la detención de alguien, donde quiera que se encuentre, lejos de la escena de la búsqueda. [15] Por lo tanto, la autoridad resaltó que en el caso Summers la detención de personas en el lugar donde se ejecuta una orden oficial de registro se limita solo a la inmediata vecindad donde se realizará la búsqueda.

Missouri contra McNeely, (muestra de sangre sin consentimiento)

133 S. Ct 1552 (2013)
En el caso McNeely el gobierno hizo una excepción al requerimiento para la orden de una prueba de sangre sin consentimiento en casos DUI[16] en la teoría de que la metabolización natural del alcohol en el cuerpo humano (y por tanto la destrucción de lo que podría ser una prueba) constituía una circunstancia apremiante . En Schmerber contra California [17] el acusado había estado en un accidente de tráfico grave en el que se lesionó a sí mismo y a otros y estaba en el hospital alrededor de 2 horas más tarde, cuando el oficial encargado del arresto se presentó con un médico para que llevarle a cabo una extracción de sangre sin consentimiento. Limitando expresamente la sentencia a los hechos de este caso, la Corte sostuvo que en el caso Schmerber, el oficial de policía podría haber creído razonablemente que tenía que hacer frente a una emergencia en la que la necesaria demora para obtener una orden en virtud de las circunstancias amenazaba con la destrucción de las pruebas, porque el cuerpo humano procede a eliminar el alcohol del sistema. [18] La Corte Schmerber señaló que la determinación existía, que la exigencia fue hecha en estas circunstancias concretas, de este caso en particular  y que se había tomado tiempo para llevar al acusado a un hospital para recibir tratamiento y para investigar la escena del accidente. [19]

La Corte Supremo en el caso McNeely se negó a aplicar la exigencia basada en el metabolización del cuerpo humano sobre el alcohol por lo tanto, causando la destrucción de la evidencia para todos los casos. En McNeely el acusado fue detenido por violaciones de tráfico, porque parecía en estado de embriaguez , y porque no paso satisfactoriamente las pruebas de sobriedad . El acusado se negó a tomar una prueba de alcoholemia y fue trasladado a un hospital donde se le practicó una extracción de sangre sin consentimiento tomada menos de media hora después de que fuera detenido. [20] La Corte Suprema sostuvo que la determinación de que si existía una exigencia para excusar la necesidad de obtener una orden en cada caso se basa en la totalidad de las circunstancias. El Tribunal argumentó frente a la constatación de exigencia categórica al señalar que había  circunstancias en las que conseguir una orden no causará un retraso en la prueba del contenido de alcohol en la sangre de la parte demandada , y que las pruebas de alcohol en sangre se van perdiendo a un ritmo gradual y relativamente predecible. La Corte también reconoció que es importante reconocer los avances tecnológicos en los 47 años desde que se decidiera sobre el caso Schmerber ,  tomando en cuenta el hecho, de que  los agentes de policía pueden usar teléfonos celulares y aplicaciones electrónicas para obtener órdenes que resultan en algunos casos, en poco o ningún retraso para la obtención de pruebas . [21] Este reconocimiento por parte de la Corte de que a tecnología ha hecho que el proceso de solicitud para la orden más conveniente es probable que se aplique en el futuro en otras situaciones en las que el gobierno alega una circunstancia apremiante justifica una excepción a la norma que obliga una orden para una búsqueda.

Maryland contra King, (muestras de ADN)

133 S. Ct 1958 (2013)
La corte Supremo tuvo que volver a lidiar con el impacto de la evolución de la tecnología bajo la Cuarta Enmienda en el caso de Maryland contra King. Este caso constituyó un desafío a las leyes de Maryland que exigen que se tome de manera rutinaria muestras de ADN con un hisopo bucal como parte del registro oficial en sujetos con delitos graves. King fue arrestado en el 2009 y sus referencia y detalles criminales registrados oficialmente en un cargo de asalto. Como parte del procedimiento estándar bajo la ley de Maryland, una muestra de las células de su piel fueron tomadas a través de la introducción de un hisopo en el interior de su  mejilla interna para obtener su ADN. El resultado del ADN de King  posteriormente fue contrastado con una base de datos de crímenes sin resolver  y resultó que tenía relación con una violación sin resolver en el año 2003, por la que más tarde fue declarado culpable.[22] En una decisión de 5 contra 4, la Corte decidió, que tales pruebas de ADN eran admisibles y validas bajo la Cuarta Enmienda. [23]

El Tribunal hizo referencia a los sustentos que garantiza la ley en apoyo de su decisión. La ley de Maryland establece que la muestra de ADN de cualquiera no se deben procesar o contrastar en una base de datos mientras no haya una lectura de cargos en contra del sujeto y mientras un funcionario judicial asegure que haya causa probable para el arresto. Si no existe una causa probable o la fiscalía no da lugar a una condena, la muestra ha de ser destruida. [24]
La ley también contiene protecciones que limitan los usos de las muestras de ADN, las muestras  sólo pueden ser utilizadas con fines de identificación, [25] y no se permite realizar pruebas para encontrar lazos familiares. [26] La Corte consideró que bajo lo establecido en los estatutos sobre el ADN, la muestra se obtuvo de una manera mínimamente intrusiva y la colección de la muestra se justificaba por el interés del gobierno en el procesamiento y la identificación de aquellos sujetos que son tomados en custodia por los agentes encargados de hacer cumplir la ley. Identificar plenamente a las personas bajo custodia , para hacer su registro de antecedentes criminales, incluir su historia conocida y desconocida, es muy importante en la toma de decisiones con respecto a los riesgos de seguridad a que  estos sujetos deben ser sometidos durante su detención, el nivel de seguridad al que deben estar sujetos y si se les debe conceder libertad bajo una fianza penal. En otras palabras, si las personas detenidas por robo, están implicadas en una violación según las pruebas de su ADN, entonces se les debe manejar durante su detención con un nivel de seguridad acorde con su delito más grave y de la misma manera la libertad bajo fianza dependerá de decisiones que tomen en cuenta la seguridad de la comunidad y la probabilidad de vuelo deberá considerar el delito más grave al  que están vinculados estos individuos. [27] el Tribunal argumentó , además, que el perfil de ADN de una persona es otra faceta de su identidad, al igual que sus huellas dactilares, fotografías o tatuajes. La colección de esta información sirve para arrestar, para servir al interés del gobierno en la identificación de los detenidos que por mucho tiempo se ha mantenido razonable, [28] y el ADN es simplemente un medio más eficaz de identificación. La ley de Maryland , con limitaciones en la recolección  y el uso del ADN obtenido de sujetos detenidos, es razonable bajo lo prescrito en la Cuarta Enmienda. [29]

Salinas contra Texas, (proceso Miranda)

133 S. Ct 2174 (2013)
Salinas era un sospechoso en los asesinatos con escopeta de dos hermanos. La policía lo visitó en su casa y él proporcionó una escopeta para pruebas de balística. Salinas también accedió voluntariamente a acompañar a agentes de policía a la estación de policía para ser interrogado . Todas las partes están de acuerdo en que la entrevista que se le hizo, fue sin custodia con fines al llamado procedimiento  “Miranda”[30]. La entrevista duró aproximadamente una hora . Durante la mayor parte de la entrevista , el solicitante respondió a las preguntas de los oficiales. Pero, cuando se les preguntó si las pruebas de balística correlacionarían unas conchas de su escopeta con otras conchas recuperadas en la escena del asesinato, Salinas no contesto [31] En lugar de responder, Salinas miró hacia el suelo, movió los pies, se mordió el labio inferior, apretó las manos en su regazo, y comenzó a crisparse. [32] Después de unos momentos de silencio, el oficial le hizo preguntas adicionales, que Salinas respondió. [33] En el juicio a los agentes de policía testificaron con respecto a Salinas que no proporcionó una respuesta a la pregunta relativa a la prueba de balística, y su silencio en la respuesta se mencionó en el argumento de cierre de la acusación del gobierno. Salinas fue condenado y apeló, alegando que el uso del testimonio del gobierno (cuando el opto por el silencio en  respuesta a la preguntas sobre las pruebas de balística a las conchas y la correspondencia a las armas  del asesinato), habían violado sus derechos de la Quinta Enmienda.

En una decisión de 5 a 4 , la Corte sostuvo que el silencio de Salinas como reacción a la pregunta podría ser usada contra él porque no invocó expresamente el privilegio contra la autoincriminación. La Corte señaló que durante mucho tiempo ha sido resuelto que el privilegio no es de aplicación directa, y un testigo que busca la protección del privilegio debe reclamarlo. [34] La Corte ha reconocido dos excepciones a esta regla. Un acusado en juicio tiene un absoluto derecho a no declarar  y las razones del acusado para ejercer este derecho son irrelevantes, que el demandado invoque expresamente el privilegio por una razón determinada no sirve a ningún propósito. [35] La segunda excepción es cuando la coerción de la acción gubernamental se sustrae involuntariamente el privilegio de leerle sus derechos, tal como en un interrogatorio bajo custodia en que no le explican o le leen sus derechos. [36] Ninguna de estas dos excepciones en las que un testigo pide la protección de la Quinta enmienda se  aplican al caso.

Salinas pidió a la Corte la adopción de una tercera excepción a la expresa   invocación de la exigencia que cuando un acusado se queda mudo y se niega a dar una respuesta. La Corte señaló que un acusado podría tener un buen número de razones para permanecer en silencio, por ejemplo, para ganar tiempo, para pensar en una mentira, para proteger a otra persona, o porque le da vergüenza . Mientras que la Quinta Enmienda garantiza que ninguna persona podrá ser obligado a declarar contra sí mismo, no establece un derecho incondicional a permanecer en silencio. [37] La Corte declaró , "Un testigo” tiene el derecho constitucional a negarse a responder preguntas y esto dependerá de su razones para hacerlo y los tribunales requieren conocer estas razones, para evaluar los méritos de una demanda de la Quinta Enmienda ". [38] En respuesta a la invocación del privilegio, el gobierno puede argumentar que el testimonio no debe ser para incriminar al testigo o concederle  inmunidad . Pero, esto es sin una invocación expresa, el gobierno puede entonces intuir la razón del silencio del testigo . Por lo tanto, la Corte se negó a aceptar la tercera excepción a la regla propuesta por Salinas,  su invocación como testigo a estar protegido al "derecho contra la autoincriminación” por no haberlo indicado expresamente . Por lo tanto , el gobierno también puede comentar en el juicio sobre la negativa del acusado a responder a preguntas fuera del juicio sin invocar la Quinta Enmienda y en donde no hubo una sustracción involuntaria de su privilegio por coerción alguna del gobierno.

Vance contra Universidad Estatal de Ball  (Acoso racial en el trabajo)

133 S. Ct 2434 (2013)

En un caso de interés desde la perspectiva de derecho laboral, la Corte define quién es un "supervisor" para efectos de responsabilidad indirecta en los casos de acoso en el trabajo. Vance fue empleado en un departamento de catering de una universidad y alegó acoso racial por parte de un compañero de trabajo . Bajo el Título VII , si el acosador es solo un compañero de trabajo, el empleador puede ser responsable de un ambiente de trabajo hostil racialmente si es negligente al permitir que esta situación persista (es decir, si el empleador sabía o debería haber sabido sobre el medio ambiente hostil y no toma las medidas correctivas) . [39] Por otro lado, si el acosador es un supervisor , el empleador es responsable subsidiario, pero puede ser capaz de valerse de ciertas defensas . [40] Por lo tanto, el primer paso en el análisis de la posible responsabilidad del empleador es determinar si el presunto acosador es un supervisor o un mero compañero de trabajo.

La Corte sostuvo que a alguien se le considera un supervisor para efectos de determinar la responsabilidad del titulo VII únicamente cuando el empleador le ha otorgado poder a ese empleado a tomar medidas tangibles en el empleo contra la víctima (por ejemplo, darle poder para efectuar cambios significativos en la situación de empleo, tales como la contratación, el despido , la promoción, la reasignación significativamente de diferentes responsabilidades  o de tomar una decisión que cause un cambio significativo en los beneficios ). [41]   El compañero de trabajo que era el presunto acosador era otro especialista de catering que trabajó con Vance en la cocina. Mientras que este compañero de trabajo se suponía que era uno de los líderes en la cocina y a veces asignaba el trabajo o dirigía a otras personas, ella no tenía la autoridad para tomar cualquiera de estas acciones tangiblemente más importantes contra Vance , la Corte las identificó como que significaban un grado de supervisión. [42] La Corte indicó así a quien calificó como supervisor que era algo más simple que tener, en cada caso, al considerar todo el espectro de las formas en que los compañeros de trabajo interactúan entre sí y que, en muchos casos, la cuestión de la condición de supervisor se podría determinar antes del juicio como cuestión de ley. [43]




[1] DUI significa driving under the influence, manejar bajo los efectos
[2] IV Enmienda: El derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias, será inviolable, y no se expedirán al efecto mandamientos que no se apoyen en un motivo verosímil, estén corroborados mediante juramento o protesta y describan con particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas.
[3] Los Estados Unidos contra Jones, 132 S. Ct 945 ( 2012).
[4] Véase Oliver contra los Estados Unidos , 466 EE.UU. 170 ( 1984 ) .
[5] Katz contra Estados Unidos, 389 EE.UU. 347 ( 1967).
[6] Florida v Jardines, 133 S. Ct en 1415/16 .
[7] Ibid . en 1416.
[8] Tres magistrados coincidieron también que habrían encontrado que en el olfateo del perro de la droga en la puerta puede haber sido una violación de la expectativa razonable de privacidad de los acusados ​​como en el caso de Katz contra Estados Unidos, 389 EE.UU. 347 ( 1967 ) y, por tanto , una búsqueda en ambos casos. Florida v Jardines, 133 S. Ct 1409 , 1418-1420 .
[9] Florida contra Harris, 133 S. Ct 1050, 1055 (2013).
[10] Ibid . en 1056 .
[11] Ibid . en 1056/57 .
[12] Michigan v Summers , 452 EE.UU. 692 (1981).
[13] Ibid . en 702-703 .
[14] Bailey contra los Estados Unidos , 133 S. Ct 1031, 1036 (2013).
[15] Ibid . en 1041 .
[16] DUI significa driving under the influence, manejar bajo los efectos
[17] Schmerber v California, 384 EE.UU. 757 ( 1966).
[18] Ibid . en 770 .
[19] Id. en 770-771.
[20] Missouri v McNeely, 133 S. Ct 1552, 1556-1557 (2013) .
[21] Ibid . en 1561/62 .
[22] Maryland v King, 133 S. Ct 1958 , 1965 ( 2013 ) .
[23] IV Enmienda: El derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias, será inviolable, y no se expedirán al efecto mandamientos que no se apoyen en un motivo verosímil, estén corroborados mediante juramento o protesta y describan con particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas.
[24] Ibid . en el año 1967.
[25] La Corte señaló que las pruebas loci de ADN bajo el estatuto no contienen ni revelan rasgos genéticos de la persona que suministró la muestra, tales como enfermedad genética, predisposición a enfermedades médicas, o de herencia . Id . en 1979/80 .
[26] Ibid . en el año 1967.
[27] Ibid . en 1972/73 .
[28] Ibid . en 1970/71 .
[29] El tribunal en su dictamen señaló que todos los 50 estados y el gobierno federal recogen ADN de los condenados por delitos graves . Id . en el año 1968. La ley de Maryland confirmó permite que muestras de ADN se obtengan de las personas detenidas por delitos de violencia y otros delitos graves. Id . en el año 1967. La pregunta sigue siendo si una ley que permite la recolección de ADN para detenciones o condenas por delitos menos graves se encuentra pueda ser razonable bajo la Cuarta Enmienda a la luz de los intereses gubernamentales en equilibrio con los intereses privados personales.
[30] La advertencia Miranda, también conocida como los derechos Miranda , es una advertencia dada por la policía en los Estados Unidos a los presuntos delincuentes detenidos por la policía (o en un interrogatorio bajo custodia ) antes de ser interrogados, para preservar la admisibilidad de sus declaraciones en contra de ellos en los procesos penales . La advertencia Miranda forma parte de una norma procesal penal preventiva que demanda que los encargados de hacer cumplir la ley deben cumplir para proteger a un individuo que se encuentra detenido y sujeto a un interrogatorio con preguntas directas,  si no se cumple su equivalente funcional es una violación de su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación obligada. En Miranda contra Arizona, la Corte Suprema sostuvo que la admisión de una declaración incriminatoria provocada por un sospechoso no informado de estos derechos violó la Quinta y la Sexta Enmienda derecho a un abogado . Por lo tanto , si los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no ofrecen una advertencia “Miranda” a un individuo bajo su custodia, pueden interrogar a esa persona y actuar sobre los conocimientos adquiridos, pero no pueden utilizar las declaraciones de esa persona para incriminarlo en un juicio penal .
[31] Salinas v Texas, 133 S. Ct 2174 , 2178 ( 2013 ) .
[32] Ibid . en 2178 .
[33] Ibid . en 2178 .
[34] Ibid . en 2178, citando a Minnesota v Murphy, 465 EE.UU. 420 , 425, 427 (1984), citando de Estados Unidos contra Monia , 317 EE.UU. 424, 427 (1943).
[35] Ibid . en 2179 .
[36] Ibid . en 2180.
[37]  Ibid . en 2182-2183 .
[38] Ibid . en 2183 .
[39] Véase Burlington Industries, Inc. v Ellerth , 524 EE.UU. 742, 760 ( 1998 ) .
[40] Ibid . en 764-765 .
[41] Vance contra la Universidad Ball State , 133 S. Ct 2434, 2443 ( 2013 ) .
[42] Ibid . en 2439.
[43] Ibid . en 2450 .

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