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viernes, 14 de febrero de 2014

Juntos busquemos soluciones a la inseguridad

Por Pablo Ruiz [1]
En los últimos años, el clamor público por una mejor seguridad ciudadana ha generalizado el recurso a soluciones rápidas y efectistas -como sacar el ejército a la calle o reformar los códigos penales-. Lamentablemente,  los resultados de estas intervenciones son mucho más cuestionables que la popularidad inicial de las mismas.

Frente a estas medidas, con frecuencia aisladas y de visión cortoplacista, algunos países han iniciado la búsqueda de soluciones más integrales: combinar una mejor capacidad coercitiva del Estado, con un esfuerzo notable en la prevención social de la violencia. Ciertos países –como Bolivia, Brasil, Costa Rica, Honduras, República Dominicana o Venezuela- han logrado incluso elaborar políticas públicas integrales de seguridad ciudadana, con  medidas tanto a corto, como a medio y largo plazo.

El apoyo al diseño y la evaluación de dichas políticas es una de las áreas que el PNUD ha priorizado en los últimos años, con una atención especial al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la violencia de género. Los diferentes ámbitos de intervención de las políticas (regional, nacional, local) y alguno de sus componentes clave serán abordados en mayor profundidad en los siguientes artículos de esta serie de Humanum.  Para los propósitos de este artículo, nos focalizaremos en dos casos particulares: Brasil y Costa Rica. En ambos casos los procesos de participación popular son
una referencia para toda la región, y pueden servir por tanto como ejemplo para otros países.

En Brasil, la convocatoria de la 1ª Conferencia Nacional de Seguridad Pública (CONSEG) marcó un hito histórico al congregar a municipios, estados, profesionales de la seguridad, entidades sociales y gestores públicos de la seguridad ciudadana mediante un amplio proceso participativo que llegó a movilizar a 1.5 millones de personas en todo el país. El objetivo de todo este proceso fue definir los principios y las directrices orientadoras de la Política Nacional de Seguridad Pública, así como el fortalecimiento de la seguridad como un derecho humano fundamental. El PNUD participó en todo ese proceso, así como en la organización de una Feria de Conocimiento sobre prácticas y políticas de seguridad ciudadana donde se mostró la sistematización de 470 iniciativas novedosas en materia de seguridad ciudadana en Brasil.

En Costa Rica, el primer decreto firmado por su Presidenta Laura Chinchilla fue la convocatoria de un proceso de consulta nacional que contribuyera a la elaboración de una política pública para atender la principal preocupación de la ciudadanía: la seguridad ciudadana. Dicho proceso incluyó además a los principales partidos políticos del país. Para su desarrollo se contó con el PNUD como organismo independiente, técnico y especializado.

A través de diversas modalidades, que incluyeron grupos de discusión con comunidades y grupos sociales, redes sociales, y una línea telefónica gratuita específica para recibir insumos, se elaboró la Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social (POLSEPAZ), que representa una herramienta de elaboración de políticas y articulación del quehacer estatal. La política está dirigida a atender cuatro ámbitos de actuación:
  1. Prevención: entendida como el conjunto de medidas destinadas a impedir la comisión de delitos o a limitar su alcance.
  2. Atención y protección: respuesta del Estado ante la amenaza inminente, concreción o consecuencias inmediatas de la violencia y el delito.
  3. Control: actividades y procesos policiales y judiciales encaminados a garantizar la aplicación efectiva de las sanciones previstas en la ley por la comisión de una conducta delictiva.
  4. Reparación y reintegración: acciones dirigidas a restaurar, restituir y sanar en lo posible las consecuencias de la violencia y el delito, en víctimas y victimarios.
El proceso no estuvo exento de críticas tras su lanzamiento, tales como que algunos objetivos apuntaban a largo plazo, lo que podía dar la sensación de que se desatendían las preocupaciones más inmediatas. Lo cierto es que tras tres años de implementación se percibe una evidente reducción en la tasa de homicidio, que pasa de 12,4% en 2010, a 8,8% en 2012[1].  En materia de percepción, el porcentaje de personas que consideran a la inseguridad el mayor problema del país, pasó de un 49% en julio de 2011, a 18% en marzo de 2013[2].

Ambas experiencias nos ofrecen aprendizajes importantes acerca de la participación ciudadana, el involucramiento de las personas en la vida comunitaria y la necesaria cercanía de las instituciones a las comunidades. Sugieren también que el nivel de popularidad inicial de una política no es sinónimo de impacto real y continuado, o que la amplia participación de la población puede mejorar la calidad de las respuestas a la inseguridad ciudadana. Cuestiones sobre las que, sin duda alguna, hay que seguir aprendiendo a través de la experiencia.

Para más información sobre este trabajo, contactar a: rsclac.cpr@undp.org





[1] Coordinador del Área de  Prevención de Crisis y Recuperación para América Latina y el Caribe del PNUD.

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