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viernes, 14 de febrero de 2014

Siguiendo la evidencia para encontrar soluciones a la inseguridad

Foto: Stephenjohnbryde / Flickr bajo licencia Creative Commons
Por Claudia Gazol [1]

En las últimas dos décadas, la inseguridad y la violencia se han convertido en dos de los mayores flagelos de América Latina y el Caribe. 
Entre 2000 y 2010, la tasa de homicidios tuvo un crecimiento de un 11%, registrándose más de 100.000 homicidios por año en la región, según el reciente Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014: Seguridad Ciudadana con Rostro Humano, y alcanzando niveles de epidemia en la mayoría de los países. Asimismo, los registros de violencia intrafamiliar, violaciones y femicidios han aumentado en la región posicionándola como uno de los lugares
más violentos e inseguros del mundo.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, gobiernos, cooperación y sociedad civil han canalizado cientos de millones de dólares a través de la inversión pública, la ayuda oficial al desarrollo y la inversión privada buscando variadas soluciones a la inseguridad. 

Como parte del abanico de soluciones propuesto ha habido un fuerte énfasis en el aumento del poder coercitivo de las fuerzas de seguridad y en el endurecimiento de las penas, sin una clara evidencia sobre la efectividad de dichas medidas. El PNUD ha abogado por un enfoque más integral de la seguridad ciudadana en el marco de los derechos y el desarrollo humano, lo que ha contribuido a que cada vez más se aborde la seguridad desde la prevención y ha dado lugar a políticas
integrales de seguridad que incluyen la dimensión preventiva en casi una decena de países de la región. A pesar de los notables avances, la magnitud de los recursos y los esfuerzos realizados no han logrado frenar la violencia y la delincuencia con mayor celeridad.

Un factor crítico ausente en la mayoría de estas iniciativas es su capacidad para demostrar o tener evidencia de la efectividad de esas soluciones. Cuando hablamos de evidencia nos referimos en gran parte a indicadores que podemos monitorear y evaluar. Aunque no se trata de cualquier tipo de indicadores, sino de aquellos enfocados en los problemas (impacto) y causas (efectos) de la inseguridad ciudadana.

En primer lugar, los problemas o manifestaciones de la inseguridad que se han usado para la medición han dependido en gran medida de cómo se ha entendido y conceptualizado la seguridad ciudadana. En la región se han dado avances notables en la medición de la inseguridad, por ejemplo con una inclusión progresiva de indicadores subjetivos -percepción y victimización- como complemento a los indicadores más tradicionales -registros de denuncias y casos-; así como con la incorporación de temáticas claves antes invisiblizadas por enfoques más estrechos como la violencia basada en género, la trata de personas, el abuso infantil y la violencia contra minorías como los grupos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI). Este avance se ha promovido desde el PNUD a través de la realización de diagnósticos situacionales integrales de seguridad ciudadana, así como del apoyo a la institucionalización de encuestas de percepción y victimización. Algunos buenos ejemplos incluyen el InformeEstadístico de la Violencia de Guatemala y las encuestas de Costa Rica (Encuesta deSeguridad Ciudadana 2006; MóduloVictimización de Encuesta a Hogares 2008).
La segunda dimensión, la de las causas, es donde se han presentado mayores retos. Como muchos problemas de desarrollo, la inseguridad es un fenómeno de múltiples causas que no se puede atribuir a una sola raíz. No obstante, la experiencia ha identificado algunos de los principales factores asociados a la inseguridad, es decir, factores que combinados contribuyen a generar las dinámicas violentas y delictivas. Es sobre estos factores que las soluciones de políticas, programas y proyectos buscan incidir, y es analizándolos que se puede determinar la efectividad de dichas soluciones.

Unos de los ejemplos más destacables e innovadores en incluir estos dos niveles de indicadores es el proceso que el PNUD ha venido apoyando con el Sistema de la IntegraciónCentroamericana (SICA) y su Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA), a través de la creación del Sistema de Indicadores de Impacto y Efecto de la ESCA. El mismo incluye indicadores de impacto, desde homicidios hasta femicidio, así como indicadores de factores asociados: las condiciones de desarrollo (ej. socioeconómicas), de comportamiento social (ej. creencias y actitudes hacia la violencia); y del desempeño y la confianza en las instituciones de seguridad y justicia. Así, este esfuerzo apunta a proporcionar no solo un estado de situación de la seguridad en Centroamérica, sino también brindar información sobre la efectividad de la estrategia y sus proyectos.

Cabe subrayar que generar este tipo de indicadores y análisis no es suficiente. Todo este esfuerzo puede quedar relegado a producir informes llenos de estadísticas a los cuales se les acaba dando poco uso salvo para llenar las estanterías. Se tienen que establecer los procesos a través de los cuales esa información es canalizada a los tomadores de decisión. La información es poder, como dice el famoso adagio, pero solo si es usada.
Por tanto, el objetivo del seguimiento y la evaluación (S&E) es informar la toma de decisiones, ya que permite ajustar la implementación sobre la marcha cuando no se están alcanzando los resultados esperados. Asimismo, es la que permite seleccionar experiencias y prácticas que han demostrado con evidencia un éxito en reducir la inseguridad ciudadana, proponer intervenciones mejoradas, evitar errores del pasado e inversiones poco efectivas de los recursos públicos.

El apoyo del PNUD a los indicadores de la ESCA ha incluido establecer una estrategia de S&E que define cómo la información alimentará de manera permanente la toma de decisiones del Mecanismo de Coordinación, Seguimiento y Evaluación de la ESCA, y la Comisión de Seguridad de Centroamérica. El buen aprovechamiento de estos instrumentos orientará en buena medida la efectividad que pueda llegar a tener la ESCA y sus 22 proyectos sobre la seguridad ciudadana en Centroamérica. ¡Es sin duda una experiencia a tener en la mira!

Para más información sobre este trabajo, contactar a: rsclac.cpr@undp.org






[1] Especialista en Gestión de Proyectos y Políticas Públicas del PNUD para América Latina y el Caribe.

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