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martes, 28 de octubre de 2014

España: gobierno inicia operación anti corrupción

Por Jorge Contreras[1]
Las autoridades políticas en España iniciaron una campaña anticorrupción. En la cruzada han resultado arrestados más de 50 personajes entre políticos y representantes oficiales incluyendo al ex secretario del conservador Partido Popular de Madrid. La operación representa unas 400 cuentas bancarias intervenidas/congeladas y unas 260 empresas investigadas. Comisiones ilegales (coimas) en Licencias y dinero envuelve a una red de funcionarios y empresas, principalmente de construcción y arquitectura. Como es singular en estos casos, las redes no pueden cubrir su rastro.

La operación contra la corrupción ha llegado al arresto de medio centenar de personas y se ha llevado a cabo de manera simultánea en varias ciudades. Francisco Granados,
considerado una prominente figura política y exsecretario del Partido Popular y Marcos Martínez, ex presidente de la Diputación de León, figuran entre los detenidos e investigados, Granados tenía una cuenta con 1.5 millones de euros. Las intervenciones incluyen funcionarios del Partido Popular (PP) en el gobierno y socialistas de la oposición (PSOE), incluyendo seis alcaldes.

David Marjaliza, un empresario de la construcción actuaba como intermediario entre empresas que querían ser beneficiadas con licitaciones de servicios públicos y los funcionarios. Para ello, las empresas pagaban una comisión de entre 2 y 3% del total del contrato. Hay un sinumero de empresas involucradas y más empresarios, principalmente de la construcción y de grandes corporaciones de servicios, como Cofely España (filial de la energética francesa GDF Suez).


Las investigaciones involucran los municipios y comunidades de Madrid, Valencia, León, y Murcia.  
Las acusaciones incluyen delitos de blanqueo de dinero, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y organización crimina e incluyen autorización de licencias de negocios, de construcciones y coimas.

Obras por 250 millones. Los empresarios implicados habrían logrado, mediante el pago de "comisiones ilegales" a ediles municipales y funcionarios, la adjudicación de obras por unos 250 millones de euros en los últimos dos años.

259 Mandamientos a Registros de la Propiedad. Estas eran peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos.

400 Mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras. En estas, las autoridades han acordado bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos.

30 Embargos preventivos de Vehículos. Los coches, destaca la Fiscalía, son de alta gama y pertenecen a los principales investigados.

Un operativo de 150 agentes. La Guardia Civil ha desplegado un total de 150 efectivos entre agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de las unidades de Seguridad Ciudadana territoriales para llevar a cabo la macrooperación




[1] Jorge A. Contreras Ríos, DNI 09582230, ICAC Nº 897, administrador, licenciado en ciencias militares, abogado, magíster en ciencias militares, magíster en derecho penal, estudios de doctorado en derecho pen

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