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domingo, 1 de marzo de 2015

Chile: Hijo de presidenta renunció al Partido Socialista, tras "nueragate" y denuncias de "uso de información privilegiada" y "tráfico de influencias"

Sebastián Dávalos, de 36 años, con 15 años de militancia política  y su esposa, Natalia Compagnon, renunciaron a su militancia en el Partido Socialista, luego de que fueran pasados al Tribunal Supremo de la colectividad en la que también milita su madre, por el millonario negocio inmobiliario en que habrían hecho uso de "información privilegiada" y "tráfico de influencias".  Adicionalmente, Dávalos, renunció a su cargo en organizaciones sociales del gobierno. A ello se agregan denuncias y mayor polémica, segun denuncias, el caso no sería el único y las denuncias de políticos solo serían para “lucir” como fiscalizadores, y no harían nada más.   

El negocio....
El hijo de la mandataria quedó envuelto en un escándalo tras conocerse que gestionó
personalmente con uno de los hombres más ricos e influyentes del país un crédito por 10 millones de dólares para que la empresa de su esposa comprara terrenos que luego aumentaron su valor por el cambio en el uso de suelos. La operación le reportó finalmente una ganancia de unos cuantos millones de dólares.

Las criticas, no se han hecho esperar...
“Como ahora son millonarios Compagnon y Dávalos ya no necesitan al Partido Socialista”
René Saffirio, diputado de la Democracia Cristiana
"La renuncia de Dávalos al Partido Socialista “Es súper facil con $3000 millones en el bolsillo”
Gustavo Hasbún, diputado UDI
"Son gestos de grandeza, con la renuncia se busca “no contaminar y no afectar al Partido Socialista, a su historia y a su proyección”.
Fulvio Rossi, senador socialista

El nueragate no sería el unico....
Según la publicación de Patricio Herman que se puede leer en el enlace "Caso Caval: Hipocresía y doble estándar"
Esta operación mercantil no sería la primera. Sería un caso más.
Caval incursionó en un especulativo negocio de compraventa de terrenos rurales de 44 hectáreas en la comuna de Machalí con un préstamo del Banco de Chile, ordenado por Andrónico Luksic, su controlador. Para concretar el negocio la empresa se relacionó oportunamente con un síndico de quiebras para comprar esos predios en $ 6 mil quinientos millones y los vendió en un corto período de tiempo a un inversionista de la zona en $ 9 mil quinientos millones, es decir, con la no despreciable diferencia de $ 3 mil millones. Después del pago de intereses al solemne y poderoso prestamista, más otros gastos menores, estos nuevos emprendedores deben haber ganado unos $ 2 mil seiscientos millones, lucrativa y semejante operación, guardando las debidas proporciones, de las que hicieron tiempo atrás Paul Tudor Jones, George Soros y John Paulson, por nombrar solo algunos de los más conocidos.

Agrega que este caso está escalando a instancias penales porque unos diputados de Renovación Nacional entregaron algunos antecedentes al fiscal regional de O’Higgins, quien con sus adjuntos, en una operación tipo blitzkrieg, incautaron todos los registros computacionales y legajos del Seremi de Vivienda y Urbanismo, información vital para que investiguen si hubo delitos.

Sin embargo hay mas, cientos, del gobierno de Piñeira y del primer gobierno de Bachelet (Ver artículo original)

Según Patricio Herman: Ningún medio de prensa hasta ahora, se ha atrevido a decir que estas operaciones de ganancia fácil, vía el cambio de uso de suelo son recurrentes en Chile, las que siempre se han originado por la colusión entre privados interesados y funcionarios públicos débiles de carácter, quienes por lenidad o por compromisos de alto nivel, generalmente acceden a las peticiones de los primeros.

Ello, con el mentiroso argumento de que al interior del límite urbano ya no quedaban terrenos para construir viviendas, materia que ha sido desmentida por el académico Pablo Trivelli, quien es experto en catastro de suelos. En el primer gobierno de Bachelet los privados favorecidos le habían solicitado al  Minvu este cambio y después de una polémica y larga tramitación estos pedigüeños lo obtuvieron como consecuencia de una resolución administrativa del Estado.

Agrega que los en general los políticos de RN y la UDI, quienes son los mayores críticos de la operación en Machalí, no iniciarán las acciones judiciales en contra de todos aquellos que se han visto beneficiados patrimonialmente con los casos ocurridos, No lo harán porque la situación es transversal y ellos lo único que querían con esta batahola era obtener cámaras de televisión y reportajes en la prensa para aparecer como servidores públicos fiscalizadores.


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