En el Perú, no existe un sistema de registro nacional “oficial” de delitos y faltas, se desconoce la situación real de estas ofensas menores en sus aspectos de violencia “social y criminal”.
Debido a que a esta situación no se le ha hecho frente de manera técnico – científica, las causas de la violencia no se han caracterizado, las medidas, métodos, estrategias y presupuestos para contrarrestarlas son ineficientes como sus costos, las perdidas causados simplemente no se pueden calcular y la población tiene un bajo nivel de confiabilidad en las autoridades y un consecuente temor en la delincuencia.
Otros países, como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Chile y Australia, han implementado sistemas de registros de hechos de violencia y de los aspectos subjetivos que afectan a la sociedad. Estos países, con la información obtenida, combaten el fenómeno de la inseguridad de diversas maneras y desde diferentes sectores, sus decisiones son más eficientes y han dado paso a nuevas posibilidades.
Como ejemplo, podemos citar que países como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá han implementado centros de informaciones de crimen y normado la uniformidad de reportes de crimen, en estos países se incluye la especialidad de criminología en los estudios superiores de las universidades y existe la especialidad de analistas delictuales, otros países, utilizan los resultados de sus estudios sobre las faltas y el presupuesto de la ayuda internacional en la implementación de programas, como ejemplo citaremos a Australia, que lleva a cabo con dinero de apoyo internacional programas de reeducación y resociabilización de los internos en las prisiones.
Esta situación de desconocimiento de las cifras de criminalidad y delincuencia en algunas regiones de nuestro país ha llegado a tal extremo, que, en algunas zonas se considera una situación normal, tal es el caso del Valle del río Huallaga o del Valle del río Ene, que por más de 20 años se encuentran en Estado de Emergencia bajo el control de narcotraficantes y terroristas, o zonas bajo control de redes de corrupción, bandas de robo de vehículos, de explotación ilegal de recursos naturales como es la minería informal y de contrabandistas cercanas a determinadas fronteras.
El desconocimiento “oficial” de esta situación no permite identificación de los problemas, ni la adopción de medidas de solución. En este contexto, en las sociedades regionales en las que debe nacer la necesidad de paz y tranquilidad, no se tiene confianza en las autoridades, dado que los perfiles de delincuencia no están caracterizados, pasan desapercibidos. La falta de cifras oficiales en estas sociedades regionales y la inacción de las autoridades hace que solo se responsabilice al gobierno y a sus instituciones de todos los males.
A nivel Gobiernos Locales la violencia ha crecido, los delincuentes salen libres luego de la comisión de faltas y reinciden. Los vecinos ante el incremento de los robos, desconfían de las autoridades y colocan rejas en las calles, puertas y ventanas. El problema sigue sin un tratamiento técnico científico.
Las faltas, diferenciadas de los delitos en nuestro Derecho, ubicadas en la escala más baja, constituyen el origen de las conductas desviadas, debido a que son consideradas delitos de poca monta, sus cifras, los costos de sus perdidas económicas no se toman en cuenta, y su tratamiento a través de un registro técnico científico deberían ser tomadas en cuenta.
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