Cargo Público, Interés Privado, denuncia de todos

Un artículo reciente publicado por el Diario El Comercio, refiere que el primer ministro y representantes del Poder Ejecutivo  han señalado que se están iniciando acciones conjuntas con la Contraloría ante el doble papel del –hasta anoche – director general de hidrocarburos quien resulta es también propietario de la principal extractora de oro del país.

En realidad el caso nos muestra como en nuestro país se confunde “cultura de pobreza” con “pobreza de cultura”.  El binomio Cargo Público – Interés Privado representa conflicto de interés, la posibilidad de corrupción en toda su magnitud y simplemente no debe tener posibilidades abiertas.  Es tema nacional y tenemos que reconocer, que solo se reconoce en algunas aristas, algunos se inclinarían a decir en las que conviene, para muestra un botón, el gobierno acaba de dar una norma en similar sentido al decidir que no se otorgará cargos públicos a terroristas ni violadores.

Lo interesante del asunto y que algunos consideran representa un insulto a la inteligencia humana es que en el caso de los funcionarios públicos, muy similar al de las organizaciones políticas, existe la característica de la no existencia de un protocolo normativo y preventivo para evitarlo, ni siquiera un compromiso de responsabilidad que lo convierta en riesgo para la persona que tiente a quebrarlo, consideramos que la sola posibilidad de una norma que sancione con prisión podría ahuyentar a más de uno de tentar a un cargo en el que se mantiene un conflicto de interés. Por ello es que los casos están a la orden del día.

Por ello, la denuncia de un conflicto de interés resultante de un cargo público en donde existe el interés privado es tarea de todos, de las autoridades, de la sociedad, de los militares, de la policía y de la prensa.  El tema no es nuevo, es antiguo y el riesgo no solo se presenta entre autoridades, sino en todos los nodos donde existe poder. 

Sin embargo a buen entendedor pocas palabras, “la pobreza de cultura” en nuestro país ha arribado a situaciones tan disímiles como las que representa la  ley de la mordaza o el reciente proceso en que la Justicia sanciona a los interceptadores ilegales y  deja pasar lo ilegal denunciado.

El fenómeno se presenta en el congreso, en los ministerios, las municipalidades, las fuerzas armadas,  los medios de comunicación, en las organizaciones políticas, en los clubs de futbol y hasta en los colegios. Donde mas caracterización adquiere es en el sector político, se nutre e invierte en las organizaciones políticas, crece y sigue invirtiendo durante los procesos electorales, entonces ganadas las contiendas busca cobrar lo invertido. Todos lo conocemos buenos y malos, y como dicen los más experimentados, solo basta ver como finalizaran las investigaciones para darnos cuenta de los entuertos.

Por ello  la situación esta como esta, con casos numerosos en los que por lo menos en el sector público, el Estado gasta en investigar, procesar y sancionar.