Por Jorge Contreras
Aprueban el anteproyecto de ley de la “Seguridad Ciudadana”,
en realidad un nuevo marco jurídico contra el ultraje al Estado y las
representaciones de su institucionalidad. Incluye sanciones y multas contra el
fenómeno de la violencia social.
"el espíritu que ha guiado al Gobierno es
proponer un texto legal que permita la convivencia cívica y
pacífica",
se persigue "erradicar la violencia, el vandalismo e identificar
los derechos y libertades de reunión, y manifestación del resto de conductas
violentas".
Jorge Fernández Díaz
Ministro del Interior
de España
Según Luis
Lorca, de la Vanguardia, este anteproyecto aprobado incluye la rebaja hasta
en un tercio de las infracciones muy graves que acarrean multas de entre 30 a
600 mil euros.
Una escala de
sanciones y multas…
Entre las sanciones “muy graves” se consideran el ultraje
a través de la protesta no
autorizada contra el Estado. Incluye actos que van desde quemar
una bandera de España hasta la toma de un local. Además, el texto contempla el
manejo de armas prohibidas o explosivos no catalogados, la celebración de
espectáculos públicos o actividades recreativas prohibidas o la proyección de
dispositivos luminosos como los clásicos punteros láser contra vehículos y
otros medios de transporte como aviones. También se interpondrá una sanción muy
grave cuando una persona sume tres faltas graves en el periodo de dos años.
Los actos “graves” serán penadas con multas que van desde
los mil a 30 mil euros. Entre las faltas “graves” están consideradas las
protestas no autorizadas, las violaciones del orden y tranquilidad pública y el
daño urbano. También se considera grave la participación en alteraciones de la
seguridad ciudadana con el rostro cubierto o la obstrucción a las autoridades
en el ejercicio de sus funciones. Incluye las exhibiciones de fotos u homenajes
a terroristas cuando estos actos no sean constitutivos de delito contemplado en
el Código Penal. En este supuesto podría entrar el 'boicot' a un Pleno municipal
o incluso los actos para impedir desahucios si es que estos no constituyen
delito. Además, incluye la sanción por ofrecer o aceptar servicios de
prostitución en la vía pública cerca de espacios frecuentados por menores o en
aquellos lugares que puedan afectar a la seguridad vial, aunque la conducta no
será sancionada si la persona es víctima de la trata de seres humanos.
Las “Faltas” serán penalizadas con multas que van desde
los 100 a los mil euros e incluyen todo tipo de amenazas, coacciones, injurias
o vejamientos contra los encargados del orden público. Un ejemplo: "Una
manifestación, por ejemplo, en la que se lleven pancartas u consignas contra
sus símbolos, instituciones, las banderas de las instituciones públicas, del
Estado o de las comunidades autónomas, siempre y cuando no sean constitutivas de
delito y se produzcan de forma pública"
Derechos y
libertades, y también responsabilidades puntuales…
En declaraciones de Soraya Sáenz de Santamaría,
vicepresidenta del Gobierno, esta ley destaca el refuerzo y la protección de
los derechos y libertades que supone este anteproyecto.
Según Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior de España,
esta ley “actualiza el marco jurídico”, para garantizar y responder de
manera más eficaz actitudes que suponen una amenaza para seguridad ciudadana, “incorpora
el principio de responsabilidad solidaria de los padres, tutores o guardadores
legales o de hecho”, por las infracciones cometidas por los menores de
edad; además, se “incrementan las garantías” con respecto a la ley vigente de
1992 y se “amplía el plazo de caducidad de los expedientes sancionadores” de
seis meses a un año .
Polémica de las conclusiones…
Según Carlos
Cué, de “El País”, esta ley sanciona las ofensas a España y atiende al
sector de población considerado “conservador”. La norma ofrece un importante
poder a la policía y al Ejecutivo y una gran discrecionalidad que antes no
tenían.
Desde el punto de vista político, el actual Gobierno ha
definido su estrategia a través de un mensaje y la disposición de autoridad frente
a las protestas ciudadanas y sus daños.
Por lo pronto, ya se anuncia entre los grupos de oposición la
conformación de un consenso de derechos y libertades para oponerse a esta
corriente, a la que han empezado a tildar de autoritaria.
Según Global
Voices, Joan Coscubiela, diputado de Iniciativa per Catalunya- Verds (ICV)
y portavoz de Izquierda Plural, ha declarado que esta ley sustituirla a la
llamada “Ley
Corcuera”, que fuera aprobada por el Gobierno socialista de Felipe González
en 1992, y que en su época ya era conocida como la “Ley de la patada en la
puerta” porque permitía que las fuerzas y cuerpos de seguridad entraran y
registraran un domicilio sin previo paso por la vista de un juez.
Esta nueva versión se llamaría la “Ley de la patada en la boca a la democracia”.
Esta nueva versión se llamaría la “Ley de la patada en la boca a la democracia”.
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