Tomado del IRDH
2013-2014
El informe pone a la disposición de los encargados de la toma de
decisiones y de la ciudadanía latinoamericana el siguiente decálogo de
recomendaciones para América Latina:
1. Alinear los
esfuerzos nacionales para reducir el delito y la violencia, con base en las
experiencias y lecciones aprendidas. Establecer en cada país un Acuerdo
Nacional por la Seguridad Ciudadana como política de Estado, apoyado en
consensos nacionales y con la participación de la sociedad civil. Asegurar que
los presupuestos sean congruentes con la magnitud del reto que representa la
inseguridad. Profesionalizar la gestión en seguridad ciudadana, creando
capacidad profesional, especialmente para quienes asumen tareas de
dirección y ejecución de políticas en el ámbito del gobierno central y de
los gobiernos locales. Poner en funcionamiento mecanismos adecuados de
gestión intergubernamental, que permitan la acción coordinada entre los
distintos órdenes de gobierno: central, regional o estatal y local.
2. Prevenir el delito
y la violencia, impulsando un crecimiento incluyente, equitativo y con
calidad.
Concentrar y optimizar el uso de programas de prevención en atender
los principales factores de riesgo y las necesidades más urgentes identificadas
en conjunto con las comunidades. Ejecutar intervenciones urbanísticas y
ambientales que propicien el uso del espacio público, la interacción y
convivencia pacífica y que reduzcan las oportunidades para la comisión de
delitos. Instrumentar programas específicos dirigidos a aquellos grupos o
sectores que estén expuestos particular y desproporcionadamente a la violencia
en el hogar y en el espacio público, como niños, jóvenes y mujeres.
3. Disminuir la
impunidad, fortaleciendo las instituciones de seguridad y justicia, con
respeto a los derechos humanos. Mejorar sustantivamente los procesos de
selección y reclutamiento policial y fortalecer la profesionalización de las
policías con base en una visión que fomente el trabajo próximo con las
comunidades y el respeto a los derechos humanos. Promover la formación
permanente de jueces y ministerios públicos y optimizar la calidad de la
investigación criminal. Diseñar una nueva política penitenciaria con énfasis en
la reinserción social, la utilización restrictiva de la prisión preventiva y la
creación de condiciones carcelarias dignas apegadas a estándares
internacionales. Establecer mecanismos de supervisión interna y de contraloría
ciudadana que permitan identificar, procesar y sancionar de manera
efectiva casos de corrupción, abusos de autoridad y violaciones a derechos
humanos.
4. Generar políticas
públicas orientadas a proteger a las personas más afectadas por la violencia
y el delito. Fortalecer la presencia policial en las zonas más críticas a
partir del conocimiento previo de la concentración territorial de la violencia
y el delito. Dicha presencia debe ir acompañada de programas sociales y del
trabajo cercano con las comunidades y los grupos en situación de
vulnerabilidad. Para los delitos de mayor impacto- homicidios, secuestro,
extorsión, trata de personas, explotación sexual y desapariciones- deben
impulsarse respuestas intersectoriales que involucren a las policías,
ministerios públicos y demás instancias competentes
5. Potenciar la
participación activa de la sociedad, especialmente de las comunidades
locales, en la construcción de la seguridad ciudadana. Asegurar la
participación de las comunidades en la identificación y diagnóstico de las
necesidades a nivel local así como en el diseño y aplicación de políticas
públicas en materia de seguridad ciudadana. Crear incentivos para que las
universidades y los centros de investigación realicen evaluaciones independientes
sobre las políticas de seguridad, con pleno acceso a los datos e información
estadística de las instituciones públicas. Generar programas de investigación y
docencia en políticas públicas de seguridad ciudadana que fomenten el
intercambio de experiencias y lecciones entre los países de la región. Alentar
la colaboración del sector privado en programas de seguridad ciudadana,
asegurando la transparencia y garantizando la imparcialidad de la fuerza
pública.
6. Incrementar las
oportunidades reales de desarrollo humano para los jóvenes. El impacto
desproporcional de la inseguridad en los jóvenes como principales víctimas y
victimarios de la violencia requiere de políticas públicas que hagan de
la atención a la juventud una prioridad. Se deben acrecentar los esfuerzos
públicos y privados para mejorar la cobertura y calidad educativa, la creación
de empleos y la capacitación de jóvenes, a fin de que se inserten en el campo
laboral, especialmente en contextos urbanos de pobreza persistente. Priorizar
la reinserción social de los niños y jóvenes que entran en contacto con los
sistemas de justicia penal, evitando la imputabilidad penal de menores y
dando prioridad a los mecanismos de justicia alternativa. Convocar campañas de
sensibilización que permitan blindar a niños y jóvenes de la influencia
cultural o mediática que puedan llegar a tener los grupos criminales.
Establecer espacios accesibles y fortalecer las capacidades de los jóvenes para
asegurar su participación en las políticas y programas de seguridad ciudadana.
7. Atender y prevenir
de modo integral la violencia de género en el espacio doméstico-privado y en el
ámbito público. Garantizar la aplicación efectiva de las leyes vigentes
para prevenir y sancionar la violencia en contra de las mujeres en la región,
incluidas las leyes en contra la violencia intrafamiliar, la violencia sexual y
las leyes que tipifican el feminicidio. Formular e implementar políticas de
Estado con un enfoque integral, un presupuesto específico y la coordinación
interinstitucional y multisectorial, adecuadas para atender las múltiples
causas de la violencia contra las mujeres. Promover campañas de sensibilización
desde la niñez, que fomenten relaciones de respeto e igualdad entre mujeres y
hombres, y que promuevan masculinidades no violentas.
8. Salvaguardar
activamente los derechos de las víctimas. Formular una política nacional y
un marco legal -con participación activa de las víctimas- que aseguren la
atención, protección y reparación oportuna del daño. Poner en marcha mecanismos
efectivos para su aplicación. Definir los mecanismos de reparación del daño y
el conjunto de prestaciones y servicios que otorgará el Estado a las víctimas
de delitos violentos mediante un esfuerzo intersectorial. Capacitar y
profesionalizar a los funcionarios públicos que entran en contacto directo con
las víctimas y sus familias, definiendo protocolos de atención, cursos de
acción y responsabilidades.
9. Regular y reducir
los disparadores del delito -como armas, drogas y alcohol- desde una
perspectiva integral y de salud pública. Regular la tenencia de armas por parte
de civiles, mediante el fortalecimiento del registro de los usuarios y la
definición legal de los requisitos para la adquisición, porte y tenencia de
armas. Fortalecer la cooperación entre los Estados para interrumpir el flujo
ilícito de armas entre las fronteras e impedir que las organizaciones
criminales tengan acceso a armas de alto poder. Abordar el consumo de drogas
como un problema de salud pública, mediante programas de prevención, tratamiento,
reducción del daño y rehabilitación de consumidores. Establecer una restricción
en los horarios de compra de alcohol en los bares y negocios que lo
distribuyen, y fortalecer el control estricto de la venta de alcohol a menores
de edad.
10. Fortalecer los
mecanismos de coordinación y de evaluación de la cooperación internacional.
Impulsar la cooperación Sur-Sur entre las instituciones de seguridad y
justicia. Impulsar una visión latinoamericana de la seguridad ciudadana a
partir de un Foro de Seguridad Ciudadana de América Latina y el Caribe,
que permita intercambiar experiencias públicas y privadas, coordinar
iniciativas y prevenir las externalidades, como el efecto globo, que puedan
generar las políticas de seguridad de un país o ciudad en otros de la región.
Fortalecer el intercambio de información e inteligencia entre países y fomentar
la coordinación efectiva de las operaciones policiales en la región, con
especial énfasis en la desarticulación de las redes criminales transnacionales.
Mejorar la comparabilidad de los datos sobre seguridad a nivel regional y
fortalecer los sistemas de transmisión de información entre gobiernos locales
de la región. Dirigir de manera prioritaria los esfuerzos de la cooperación
internacional hacia los países, jurisdicciones subnacionales y municipios con
menores recursos. Evaluar el impacto de la cooperación internacional con base
en criterios de reducción de la violencia y fortalecimiento de las capacidades
locales.
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