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Foto: Josh Jokes/Flickr bajo licencia Creative Commons
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Tomado de Humanum
Por Daniel Luz [1]
De los aproximadamente 100,000 homicidios que se registran
en América Latina y el Caribe cada año, más de un 80% son cometidos con armas
de fuego. Es por ello que parecería sensato que toda política pública decidida
a combatir este flagelo debiera considerar medidas para cortar la proliferación
de armas (IDH,
2013).
Es importante dejar muy claro una idea fuerza: las armas
como tal no son el origen ni de las guerras ni de la violencia. Las guerras y
la violencia responden a motivaciones y a raíces muchísimo más complejas y
difíciles de responder. Sin embargo, a nadie se le escapa el hecho de que con
una presencia masiva y descontrolada de armas[1], estas raíces se vuelven más
difíciles de gestionar, más complejas y más letales en términos humanos.
Las armas son el principal factor de contagio en la epidemia
de la violencia armada. En el tratamiento de las epidemias los esfuerzos se
encaminan en dos direcciones: por un lado se trata de reducir las condiciones
en las que ésta se reproduce (con medidas de fomento de la higiene o de la
potabilización del agua, por ejemplo), y por el otro, se hace todo lo posible
para erradicar el agente multiplicador (el mosquito, pongamos por caso). Es por
esto por lo que para avanzar en el camino de la construcción de la sana
convivencia ciudadana, también hace falta realizar esfuerzos en ambas
direcciones: incidir en las raíces -tanto culturales como estructurales que
generan violencia- y controlar (si no se puede erradicar) los aceleradores de
dicha violencia -como podría ser el fácil acceso a las armas.
América Latina es una región líder en los esfuerzos de
controlar las armas de fuego. Prueba
de ello es que de los primeros 11 países
en ratificar el nuevo Tratado
de Comercio de Armas, 7
proceden de la región: Antigua y Barbuda, Costa Rica, Granada,
Guyana, México, Panamá y Trinidad y Tobago. Este Tratado es el primer
instrumento legalmente vinculante que establece criterios de derechos humanos y
Derecho Internacional Humanitario para las transferencias internacionales de
armas.
Aunque también en el plano nacional son numerosos los
esfuerzos de los países latinoamericanos. Por ejemplo, el PNUD ha jugado un rol
fundamental para la adopción de una ley integral en materia de control de
armas y municiones en Venezuela
que ubica a este país en la vanguardia de los esfuerzos de control de armas.
Esto se debe a que dicha Ley es la más completa y única en el mundo al obligar
al marcaje de todas las armas y municiones en circulación; establecer un fondo
y crear institucionalidad para “compensar” a las víctimas de la violencia; y
establecer –por ley- una estrategia de recolección de incentivos para el
desarme. Además, a pesar del contexto polarizado en el que está el país, se
aprobó por unanimidad, aprobación que se sesionó en la oficina del PNUD en
Caracas. Incluso cabe destacar que la propuesta de ley venía de la oposición,
siendo la única propuesta de la oposición admitida a trámite en el periodo
legislativo.
En Nicaragua,
el PNUD trabaja con la Policía
Nacional de Nicaragua en la mejora de sus bodegas de almacenamiento y en el
establecimiento de un horno de incineración de armas y municiones excedentarias
para su destrucción. En El Salvador, los “Municipios
Libres de Armas” demostraron que es posible mejorar las condiciones de
seguridad y convivencia si se restringe la portación de armas de fuego por
aquellos lugares de mayor incidencia. La caída de los homicidios llegó hasta a
un 21,5% en los municipios que se acogieron a este programa.
En ocasiones hemos presenciado debates simplificados entorno
a si se está a favor o en contra de las armas. Esta no es la vía, pues lo que
de verdad debería discutirse es qué medidas son efectivas y sostenibles. En
eso, la evidencia demuestra que el control de armas funciona para luchar contra
la epidemia de la violencia.
[1] Daniel Luz es el Asesor
Regional de Seguridad Ciudadana del PNUD para América Latina y el Caribe. Como
parte del Centro Regional, acompaña la prestación de apoyo técnico a las
oficinas del PNUD en la región. Las áreas de intervención del PNUD en esta área
incluyen: la formulación de políticas públicas en materia de seguridad (tanto a
nivel nacional como local); programas de reducción de la violencia; acceso a la
justicia; programas de reforma del sector de seguridad; y gestión de la
información.
Formado
en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y Máster en Cultura de Paz
por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Está elaborando en estos
momentos su Tesis Doctoral sobre “La adaptación de herramientas de construcción
de paz a contextos de violencia urbana en América Latina”.
En
1998 empezó a trabajar en el Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos de la
UAB sobre cuestiones de desarme y control de armas ligeras, donde era docente
sobre materias relacionadas con seguridad humana. Ha sido asesor de la UNESCO,
de UNODA, del Parlamento Europeo y de UNICEF. También ha trabajado con diversas
organizaciones de la sociedad civil, como Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional,
Greenpeace, Save the Children e Intermón Oxfam. Antes de ingresar en el PNUD,
Daniel Luz era el coordinador de investigación e incidencia política de la ONG
brasileña Viva Rio, donde se encargaba de los programas de control de armas,
violencia juvenil organizada, reforma del sector de seguridad, operaciones de
paz y política de drogas.
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