Por Pablo Ruiz [1]
En los últimos años, el clamor público por una mejor
seguridad ciudadana ha generalizado el recurso a soluciones rápidas y
efectistas -como sacar el ejército a la calle o reformar los códigos penales-.
Lamentablemente, los resultados de estas intervenciones son mucho más
cuestionables que la popularidad inicial de las mismas.
Frente a estas medidas, con frecuencia aisladas y de visión
cortoplacista, algunos países han iniciado la búsqueda de soluciones más
integrales: combinar una mejor capacidad coercitiva del Estado, con un esfuerzo
notable en la prevención social de la violencia. Ciertos países –como Bolivia,
Brasil, Costa Rica, Honduras, República Dominicana o Venezuela- han logrado
incluso elaborar políticas públicas integrales de seguridad ciudadana,
con medidas tanto a corto, como a medio y largo plazo.
El apoyo al diseño y la evaluación de dichas políticas es
una de las áreas que el PNUD ha priorizado en los últimos años, con una atención
especial al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la violencia de
género. Los diferentes ámbitos de intervención de las políticas (regional,
nacional, local) y alguno de sus componentes clave serán abordados en mayor
profundidad en los siguientes artículos de esta serie de Humanum. Para
los propósitos de este artículo, nos focalizaremos en dos casos particulares:
Brasil y Costa Rica. En ambos casos los procesos de participación popular son
una referencia para toda la región, y pueden servir por tanto como ejemplo para
otros países.
En Brasil, la convocatoria de la 1ª Conferencia Nacional de Seguridad Pública
(CONSEG) marcó un hito histórico al congregar a municipios, estados,
profesionales de la seguridad, entidades sociales y gestores públicos de la
seguridad ciudadana mediante un amplio proceso participativo que llegó a
movilizar a 1.5 millones de personas en todo el país. El objetivo de todo este
proceso fue definir los principios y las directrices orientadoras de la Política Nacional de Seguridad Pública, así como el fortalecimiento de la
seguridad como un derecho humano fundamental. El PNUD participó en todo ese
proceso, así como en la organización de una Feria de Conocimiento sobre
prácticas y políticas de seguridad ciudadana donde se mostró la sistematización
de 470 iniciativas novedosas en materia de seguridad ciudadana en Brasil.
En Costa Rica, el primer decreto firmado por su Presidenta
Laura Chinchilla fue la convocatoria de un proceso
de consulta nacional que contribuyera a la elaboración de una política
pública para atender la principal preocupación de la ciudadanía: la seguridad
ciudadana. Dicho proceso incluyó además a los principales partidos políticos
del país. Para su desarrollo se contó con el PNUD como organismo independiente,
técnico y especializado.
A través de diversas modalidades, que incluyeron grupos de
discusión con comunidades y grupos sociales, redes sociales,
y una línea telefónica gratuita específica para recibir insumos, se elaboró la Política
Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social
(POLSEPAZ), que representa una herramienta de elaboración de políticas y
articulación del quehacer estatal. La política está dirigida a atender cuatro
ámbitos de actuación:
- Prevención: entendida como el conjunto de medidas destinadas a impedir la comisión de delitos o a limitar su alcance.
- Atención y protección: respuesta del Estado ante la amenaza inminente, concreción o consecuencias inmediatas de la violencia y el delito.
- Control: actividades y procesos policiales y judiciales encaminados a garantizar la aplicación efectiva de las sanciones previstas en la ley por la comisión de una conducta delictiva.
- Reparación y reintegración: acciones dirigidas a restaurar, restituir y sanar en lo posible las consecuencias de la violencia y el delito, en víctimas y victimarios.
El proceso no estuvo exento de críticas tras su lanzamiento,
tales como que algunos objetivos apuntaban a largo plazo, lo que podía dar la
sensación de que se desatendían las preocupaciones más inmediatas. Lo cierto es
que tras tres años de implementación se percibe una evidente reducción en la
tasa de homicidio, que pasa de 12,4% en 2010, a 8,8% en 2012[1]. En
materia de percepción, el porcentaje de personas que consideran a la
inseguridad el mayor problema del país, pasó de un 49% en julio de 2011, a 18%
en marzo de 2013[2].
Ambas experiencias nos ofrecen aprendizajes importantes
acerca de la participación ciudadana, el involucramiento de las personas en la
vida comunitaria y la necesaria cercanía de las instituciones a las
comunidades. Sugieren también que el nivel de popularidad inicial de una
política no es sinónimo de impacto real y continuado, o que la amplia
participación de la población puede mejorar la calidad de las respuestas a la
inseguridad ciudadana. Cuestiones sobre las que, sin duda alguna, hay que
seguir aprendiendo a través de la experiencia.
Para más información sobre este trabajo, contactar a: rsclac.cpr@undp.org
[1] Coordinador del Área de
Prevención de Crisis y Recuperación para América Latina y el Caribe del
PNUD.
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