Foto: Stephenjohnbryde /
Flickr bajo licencia Creative Commons
Por Claudia Gazol [1]
En las últimas dos décadas, la inseguridad y la violencia se
han convertido en dos de los mayores flagelos de América Latina y el Caribe.
Entre 2000 y 2010, la tasa de homicidios tuvo un crecimiento de un 11%,
registrándose más de 100.000 homicidios por año en la región, según el reciente
Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014: Seguridad Ciudadana con Rostro
Humano, y alcanzando niveles de epidemia en la mayoría de los países. Asimismo,
los registros de violencia intrafamiliar, violaciones y femicidios han
aumentado en la región posicionándola como uno de los lugares
más violentos e inseguros del mundo.
más violentos e inseguros del mundo.
Lejos de quedarse de brazos cruzados, gobiernos, cooperación
y sociedad civil han canalizado cientos de millones de dólares a través de la
inversión pública, la ayuda oficial al desarrollo y la inversión privada
buscando variadas soluciones a la inseguridad.
Como parte del abanico de
soluciones propuesto ha habido un fuerte énfasis en el aumento del poder
coercitivo de las fuerzas de seguridad y en el endurecimiento de las penas, sin
una clara evidencia sobre la efectividad de dichas medidas. El PNUD ha abogado
por un enfoque más integral de la seguridad ciudadana en el marco de los
derechos y el desarrollo humano, lo que ha contribuido a que cada vez más se
aborde la seguridad desde la prevención y ha dado lugar a políticas
integrales
de seguridad que incluyen la dimensión preventiva en casi una decena de países
de la región. A pesar de los notables avances, la magnitud de los recursos y
los esfuerzos realizados no han logrado frenar la violencia y la delincuencia
con mayor celeridad.
Un factor crítico ausente en la mayoría de estas iniciativas
es su capacidad para demostrar o tener evidencia de la efectividad de esas
soluciones. Cuando hablamos de evidencia nos referimos en gran parte a
indicadores que podemos monitorear y evaluar. Aunque no se trata de cualquier
tipo de indicadores, sino de aquellos enfocados en los problemas (impacto) y
causas (efectos) de la inseguridad ciudadana.
En primer lugar, los problemas o manifestaciones de la
inseguridad que se han usado para la medición han dependido en gran medida de
cómo se ha entendido y conceptualizado la seguridad ciudadana. En la región se
han dado avances notables en la medición de la inseguridad, por ejemplo con una
inclusión progresiva de indicadores subjetivos -percepción y victimización-
como complemento a los indicadores más tradicionales -registros de denuncias y
casos-; así como con la incorporación de temáticas claves antes invisiblizadas
por enfoques más estrechos como la violencia basada en género, la trata de
personas, el abuso infantil y la violencia contra minorías como los grupos de
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI). Este avance
se ha promovido desde el PNUD a través de la realización de diagnósticos
situacionales integrales de seguridad ciudadana, así como del apoyo a la
institucionalización de encuestas de percepción y victimización. Algunos buenos
ejemplos incluyen el InformeEstadístico de la Violencia de Guatemala y las encuestas de Costa
Rica (Encuesta deSeguridad Ciudadana 2006; MóduloVictimización de Encuesta a Hogares 2008).
La segunda dimensión, la de las causas, es donde se han
presentado mayores retos. Como muchos problemas de desarrollo, la inseguridad
es un fenómeno de múltiples causas que no se puede atribuir a una sola raíz. No
obstante, la experiencia ha identificado algunos de los principales factores
asociados a la inseguridad, es decir, factores que combinados contribuyen a
generar las dinámicas violentas y delictivas. Es sobre estos factores que las
soluciones de políticas, programas y proyectos buscan incidir, y es
analizándolos que se puede determinar la efectividad de dichas soluciones.
Unos de los ejemplos más destacables e innovadores en
incluir estos dos niveles de indicadores es el proceso que el PNUD ha venido
apoyando con el Sistema de la IntegraciónCentroamericana (SICA) y su Estrategia de Seguridad de Centroamérica
(ESCA), a través de la creación del Sistema de Indicadores de Impacto y Efecto
de la ESCA. El mismo incluye indicadores de impacto, desde homicidios hasta
femicidio, así como indicadores de factores asociados: las condiciones de
desarrollo (ej. socioeconómicas), de comportamiento social (ej. creencias y
actitudes hacia la violencia); y del desempeño y la confianza en las
instituciones de seguridad y justicia. Así, este esfuerzo apunta a proporcionar
no solo un estado de situación de la seguridad en Centroamérica, sino también
brindar información sobre la efectividad de la estrategia y sus proyectos.
Cabe subrayar que generar este tipo de indicadores y
análisis no es suficiente. Todo este esfuerzo puede quedar relegado a producir
informes llenos de estadísticas a los cuales se les acaba dando poco uso salvo
para llenar las estanterías. Se tienen que establecer los procesos a través de
los cuales esa información es canalizada a los tomadores de decisión. La
información es poder, como dice el famoso adagio, pero solo si es usada.
Por tanto, el objetivo del seguimiento y la evaluación
(S&E) es informar la toma de decisiones, ya que permite ajustar la
implementación sobre la marcha cuando no se están alcanzando los resultados
esperados. Asimismo, es la que permite seleccionar experiencias y prácticas que
han demostrado con evidencia un éxito en reducir la inseguridad ciudadana,
proponer intervenciones mejoradas, evitar errores del pasado e inversiones poco
efectivas de los recursos públicos.
El apoyo del PNUD a los indicadores de la ESCA ha incluido
establecer una estrategia de S&E que define cómo la información alimentará
de manera permanente la toma de decisiones del Mecanismo de Coordinación,
Seguimiento y Evaluación de la ESCA, y la Comisión de Seguridad de
Centroamérica. El buen aprovechamiento de estos instrumentos orientará en buena
medida la efectividad que pueda llegar a tener la ESCA y sus 22 proyectos sobre
la seguridad ciudadana en Centroamérica. ¡Es sin duda una experiencia a tener
en la mira!
Para más información sobre este trabajo, contactar a: rsclac.cpr@undp.org
[1] Especialista en Gestión de Proyectos y Políticas Públicas del
PNUD para América Latina y el Caribe.
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