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| Imagen:El Pais. Protestan usando pañoletas |
Tomado de El
País
El Gobierno plantea aprobar una norma de respeto a la
convivencia ciudadana y la oposición se muestra escéptica ¿La experiencia de
Venezuela?
En Argentina es fácil cortar la avenida principal de Buenos
Aires o cualquier autopista. Basta con reunir a unas decenas de personas y pararse
en medio de la vía. La impunidad física y jurídica suele estar garantizada. En
contadas ocasiones intervienen las fuerzas antidisturbios. Los automovilistas
han terminado aceptando estos contratiempos como si fueran como la lluvia.
A veces, algún conductor o motorista intenta pasar entre la
montaña de manifestantes. Y
entonces puede sobrevenir lo que le sucedió el
miércoles al motorista Raúl Lezcano, de 27 años. Intentó atravesar con su
esposa el puente de Avellaneda, en Buenos Aires, que se encontraba cortado por
miembros del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA). Los sindicalistas
le pegaron, lo tiraron desde el puente y Lezcano fue a dar con sus huesos al
hospital. Después se supo que intentaba pasar entre los manifestantes porque su
esposa se encontraba embarazada de cuatro meses y sufría pérdidas.
En 2010 hubo 340 interrupciones de tráfico en la capital,
pasaron a 356 en el 2011, subieron hasta 923 en el 2012 y el año pasado
llegaron a 677, según cifras facilitadas por el Ayuntamiento. En total, más de
dos cortes de tráfico por cada día laborable. Desde que Néstor Kirchner inició
su mandato en el 2003 y cuando le siguió Cristina Fernández en el 2007, el
Gobierno garantizó que no iba a “criminalizar la protesta social”, que no iba a
reprimir.
“Yo no voy a levantar la mano contra otro argentino, tengo
que persuadir”, advirtió Kirchner en noviembre de 2006. “Ya vimos lo que nos
pasó [en la dictadura] por levantar la mano contra otros argentinos. Si esta
gente que escribe cree que hay que reprimir, que no sean cobardes, que
escriban: ‘hay que reprimir’. No lo voy a hacer”. Cristina Fernández también se
propuso ese objetivo. Pero el pasado 1 de febrero, en su discurso de apertura
del año legislativo, la presidenta señaló: “Vamos a tener que sacar alguna
normativa de respeto a la convivencia ciudadana, porque no puede ser… (fue
interrumpida por aplausos). No puede ser que diez personas te corten una calle,
por más razones atendibles que tengan. No puede ser. Y que no pase nada”.
"Yo no voy a levantar la mano contra otro argentino,
tengo que persuadir"
Las palabras causaron sorpresa en Argentina. Pero la jefa
del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Juliana Di Tullio, ya aclaró,
por si alguien interpretó mal a Cristina Fernández, que ninguna protesta va a
ser reprimida. “Mientras estemos nosotros no se reprimirán las protestas; no lo
han visto ni lo van a ver”. No obstante, Di Tullio confirmó que Fernández le
pidió que preparen una norma para regular las manifestaciones.
Cualquier vecino de Buenos Aires podría contar decenas de
anécdotas sobre cortes de tránsito. Fernández también tenía una reciente:
“Había salido yo de la casa de Gobierno una tarde, cosa rara porque eran las
ocho de la noche, y pude ver que había banderas rojas del PST (Partido
Socialista de los Trabajadores, a la izquierda del oficialismo peronista).
‘¿Por qué protestan?’, les digo. ‘No’, me dicen, ‘protestan por lo de Las
Heras’. ‘¿Lo de Las Heras?’ Yo les voy a contar a los que no saben qué es lo de
Las Heras. En 2006, en un conflicto, un policía que salió a defender su
comisaría en la localidad de Pico Truncado fue muerto a palazos en el piso. Fue
muerto a palazos, pero a palazos; lo patearon y murió. Le reventaron todos sus
órganos. Era un chico muy joven. (..) Como un perro murió. 2006. Bueno,
transcurrió desde aquel 2006 a la fecha y –fíjense, 2006 a la fecha– la Justicia
finalmente llegó y condenaron a los responsables de ese homicidio terrible.
Bueno, estaban protestando por la condena y cortaron la (autopista)
Panamericana”.
La presidenta concluyó: “Creo que además todo el mundo tiene
el derecho a protestar, pero no cortando las calles e impidiendo que la gente
vaya a trabajar; y no complicándole la vida al otro. Creo que vamos a tener que
legislar sobre una norma de respeto y convivencia urbana, donde todo el mundo
proteste”.
La oposición, en su mayor parte, acogió sus palabras con
gran escepticismo. Guillermo Dietrich, secretario de Transporte de la ciudad de
Buenos Aires, gobernado por el conservador PRO, cree que tanto Kirchner como
Fernández toleraron esas protestas porque los movimientos sociales o piquetes
que organizaba les eran de gran utilidad. “Y la sociedad ha terminado entrando
en este juego perverso donde se rompe el respeto a los demás, está anestesiada
y se ha acostumbrado a los cortes. Pero muchas veces la madre no llega al
colegio a la hora en que sale su hijo, se llega tarde a una reunión… Hubo un
día de este año que registramos 17 cortes en el día. Hay cientos de miles de
anécdotas que ilustran sobre el deterioro de la convivencia en los últimos 12
años”.
Dietrich recuerda que cuando se produjeron los cortes de luz
el pasado diciembre cientos de vecinos salieron a cortar las calles. “El
Gobierno nacional fue responsable por su falta de previsión. Pero hubo vecinos
que cortaron las vías del tren. Su fastidio era legítimo. Pero, ¿justifica su
enojo que perjudiquen a 200.000 personas que no tenían otra forma de volver a
casa? Cuando vas a otros países de la región como Chile o Uruguay ves que hemos
perdido mucho en la convivencia”.
¿Y no prosperan las denuncias contra quienes cortan las
calles? “Cuando algo lo hace tanta gente y la autoridad política nacional no lo
considera un hecho grave, la Justicia tampoco termina actuando. En la ciudad
desde que hicimos el metrobús de la Avenida 9 de julio (la principal arteria de
Buenos Aires), cada vez que lo cortan hacemos una denuncia penal. Y entiendo
que no termina en nada. Es muy positivo lo que dijo la presidenta el otro día
pero es opuesto a las políticas que ha venido practicando hasta ahora”.
El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel asume que
hay un abuso de cortes de tráfico, pero cree que no se debe penalizar las
protestas sino ayudar a regularlas. “Es cierto que puede haber abusos. Y al
final el más perjudicado, el que recibe las cachetadas es el pueblo. Se debe
protestar pero dejando carriles libres para que la gente pueda circular. Pero
no hay que olvidar que lo importante es solucionar los problemas que generan
las protestas. Y es probable que aumenten. Porque la situación del país es complicada
en estos momentos. La economía no se arregla con subsidios sino con políticas
sociales más acordes con las necesidades de las personas”.
Las palabras de la presidenta sobre la convivencia pueden
parecer nuevas pero no lo son. En noviembre de 2011 ya se lamentaba de que 50
personas pertenecientes a un sindicato cortaran una autopista de Buenos Aires y
fuera necesario desplazar a cien policías para que desplazaran “sin violencia,
“como ha sido siempre”, a los manifestantes. “Nunca vamos a criminalizar la
protesta social”, advirtió, “pero eso no es protesta social; eso es apenas un
cocoliche o un mamarracho de gente que quiere incomodar al resto de los
conciudadanos y, fundamentalmente, tal vez, afectar o pretender desgastar
políticamente a un Gobierno porque, obviamente, la gente se malhumora, se
malquista”.
La novedad es que el Gobierno se plantea, finalmente,
regular las manifestaciones. Aunque sea sin hacer uso de la “violencia”.
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