Indignación y tristeza por el hecho
ocurrido en Cajamarca. Debemos
comprender que el hecho que da lugar a este caso es entre "dos personas civiles",
cuyo acto jurídico concluye en un desalojo que tiene que ser ejecutado por la
autoridad judicial y la Policía. Que estos últimos, juez y grupo policial solo debían
ejecutar la Ley.
Enfrentamiento
directo...
La diligencia judicial, con
protección policial, llegó a un enfrentamiento de consecuencias en el rango de
"grave a mortal" para cualquiera de los allí presentes.
El desalojado recibió un disparo de escopeta, (proyectiles
fragmentados) que agravaron su
estado de manera inmediata convirtiéndose en víctima
y ocasionándole posteriormente la muerte.
El resultado, el mecánico Fidel
Flores Vásquez, un padre de familia de 62 años, muerto por herida mortal
causada por arma de fuego, así como otros heridos y contusos producto del enfrentamiento.
Imágenes
de violencia.....
Las imágenes propaladas por televisión y
de otros ocasionales testigos de este hecho, demuestran un terrible interés
en la violencia y el sensacionalismo de la noticia antes que evitar calmar los
hechos. No hay un solo llamado a la calma. Ni autoridades, ni políticos, ni prensa, ni vecinos, ni rondas.
Podemos constatar que la prensa ha obviado presentar la versión de
la parte demandante. La solidaridad con las personas involucradas y la
victima surge luego de que todo se ha consumado.
Operativo
sin liderazgo ni preparación…
El operativo judicial - policial, no
contaba con un elemento de decisión que evaluara el desalojo a cada paso. Tampoco contaba con armas no letales, ni bomberos, ni personal de salud, o ambulancia
a pesar que las personas desalojadas lanzaron piedras, botellas incendiarias y
otros objetos peligrosos.
Excesos
en los hechos y en los comentarios...
Consideramos que existe responsabilidad y
exceso en los hechos por ambas partes. Debemos reconocer que tanto en "el
hecho" como en "los comentarios en las redes", se llega a la
"histeria" y hasta a la propagación de insultos y versiones fantasiosas, como
que el caso tiene relación con alguna empresa minera.
Acusaciones
graves...
Las rondas no estuvieron presentes, sin
embargo han hecho una acusación grave que deberá unirse a las investigaciones,
en el sentido que a los desalojadores le habrían pagado a la policía y a otros
sujetos la suma de cincuenta soles a cada uno para llevar a cabo el desalojo.
Investigación…
Estos hechos ameritan una investigación prolija pues las
evidencias y las acusaciones agravan la participación de la fuerza judicial y pública.
Una solución...
Es necesario que la sociedad intervenga en la solución. Creemos pertinente sugerir que un Comité
de Vecinos y autoridades se reúna para emitir sus comentarios a través de un
pronunciamiento, una vez que se den los resultados de la investigación.
Las
ley “es para todos”, “sin impunidad...”
Hechos como estos no deben volver a
ocurrir, pues no son símbolos de la educación, del profesionalismo, de la
responsabilidad, ni de la solidaridad que debe existir entre los miembros de una
misma comunidad que tiene las "mismas leyes" para todos.
Por
ello abogamos para que una investigación imparcial se inicie y evitemos la
impunidad de cualquier forma o parte.
[1] Jorge
A. Contreras Ríos, DNI 09582230, ICAC Nº 897, administrador, licenciado en
ciencias militares, abogado, magíster en ciencias militares, magíster en
derecho penal, estudios de doctorado en derecho penal.
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