El presidente Ollanta Humala sabe bien que una de las
razones por las que fue elegido fue por su promesa de restablecer el orden
público. La inseguridad ya era uno de los mayores problemas del país en el 2011
y el electorado votó por él por considerar que era el más calificado para
enfrentarla. Hasta el momento, la opinión pública ha valorado que Humala
continúe con el crecimiento económico y se comprometa con la inclusión social,
pero ya han pasado casi dos años de su elección y la presión por ver resultados
en el campo de la seguridad será creciente”, dice Alfredo Torres, presidente
ejecutivo de Ipsos Perú. A continuación, compartimos su análisis sobre el
reciente Barómetro de las Américas, que permite dilucidar si la inseguridad es
percepción o realidad.
Hace algunas semanas, el
Ministro del Interior Wilfredo Pedraza sostuvo que la inseguridad ciudadana era
esencialmente una percepción y que la situación no era tan grave. La
desafortunada declaración generó un rechazo muy amplio y casi le cuesta el
puesto.
La pregunta, sin embargo, quedó
flotando en el ambiente: ¿Es tan grave la delincuencia en el Perú como, por
ejemplo, en Méjico o Venezuela?
El Barómetro de las Américas [1]
del 2012 tiene la respuesta.
En primer término, no cabe duda
que los peruanos tenemos una elevada percepción de inseguridad. De hecho es la
más alta entre los 26 países investigados. El Perú, seguido de Venezuela, es el
país donde la población expresa una mayor preocupación por la posibilidad de
ser víctima de un asalto. Pero se equivoca profundamente el Ministro cuando
sostiene que es sólo una percepción. A la pregunta de si el entrevistado ha
sido víctima de algún acto de delincuencia en los últimos 12 meses, el Perú
ocupa nuevamente el primer lugar, con 28%, empatado con Ecuador. La respuesta a
esta crucial pregunta, que mide la victimización, es de 23% para México y 19%
para Venezuela. Es decir, la delincuencia es más grave en el Perú que en casi
cualquier otro país de la región.
La percepción del Ministro de
que la inseguridad no es tan grave en nuestro país puede deberse a que, según
el Barómetro, solo el 17% de los robos en el Perú son a mano armada mientras
que en Venezuela son el 50%. O a que la tasa de homicidios en el Perú ha sido
habitualmente menor que en otros países de la región. La mala noticia es que
esta situación está cambiando aceleradamente.
En realidad, son por los menos
cuatro las “bombas de tiempo” que el gobierno debe desactivar en el campo de la
seguridad. Naturalmente a la ciudadanía lo que más le preocupa es la
delincuencia común, de la que es víctima cotidiana. Menos evidentes pero
potencialmente más graves son el narcotráfico, el terrorismo y los conflictos
sociales. El narcotráfico es especialmente dañino por su poder corruptor y por
el incremento de la violencia que genera, de la cual el sicariato es solo una
faceta. En el caso del terrorismo, la “bomba de tiempo” puede estallar
literalmente en cualquier momento: Los remanentes de Sendero Luminoso que
operan en el VRAEM pueden atentar contra recursos estratégicos – como el
gaseoducto de Camisea – y eventualmente desarrollar otras acciones armadas.
Los conflictos sociales son
quizá la “bomba de tiempo” más compleja de desactivar porque movilizan a muchas
personas humildes y honestas, que han sufrido maltratos históricamente y que
por ello son profundamente desconfiadas. Por lo tanto, su solución no es
primordialmente policial. El problema surge cuando estas personas, azuzadas por
grupos extremistas, se integran en una turba que bloquea carreteras o atenta
contra bienes públicos y privados. En este caso, se transforma en un problema
de seguridad, que además tiene un impacto inmediato en la actividad productiva.
El presidente Ollanta Humala
sabe bien que una de las razones por las que fue elegido fue por su promesa de
restablecer el orden público. La inseguridad ya era uno de los mayores
problemas del país en el 2011 y el electorado votó por él por considerar que
era el más calificado para enfrentarla. Hasta el momento, la opinión pública ha
valorado que Humala continúe con el crecimiento económico y se comprometa con
la inclusión social, pero ya han pasado casi dos años de su elección y la
presión por ver resultados en el campo de la seguridad será creciente.
Enfrentar la inseguridad
requiere especialización: No es lo mismo enfrentar la delincuencia común que el
crimen organizado, un movimiento subversivo o los conflictos sociales. Son
especialidades diferentes. Pero en todas ellas se requiere liderazgo, estrategia,
recursos y apoyo político. El respaldo del Ejecutivo es fundamental pero no es
suficiente.
De la misma manera como la
controversia marítima con Chile generó un equipo multipartidario de muy alto
nivel que representó al Perú ante el tribunal de la Haya, del mismo modo, el
Presidente debería convocar a los mejores especialistas – sin distingos de su
posición política – y el apoyo de la oposición para lograr revertir el
deterioro de la seguridad interna. Es difícil que una idea así prospere cuando se
cocina una interpelación al Primer Ministro, pero quizá sea justamente la
oportunidad para plantearla.
Entrevistas al autor de la nota (Haga clic en las imágenes para ir al video)
Video 1 (Primera Parte)
Video 2 (Segunda Parte)
[1] El Barómetro de las Américas forma parte del Latin American Public
Opinion Project (LAPOP) de Vanderbilt University que representa el Instituto de
Estudios Peruanos (IEP) en el Perú. Las encuestas del Barómetro las aplica
Ipsos en el Perú.
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