sábado, 8 de junio de 2013

La Ley del Servicio Militar, muestra que el Estado requiere de mayor inclusión


Declaraciones en Panel de RPP
Luego de escuchar las declaraciones del panel conformado por invitación de la cadena RPP y la interesante entrevista de Raúl Vargas a  Gisela Vignolo secretaria adjunta de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, al congresista José Urquizo (presidente de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso), al congresista y ex contralmirante Carlos Tubino y al congresista y ex ministro de Defensa Daniel Mora es que escribo estas líneas sobre la reciente Ley del Servicio Militar y su anunciado sorteo nacional el próximo 19 de junio.

Así las declaraciones de Gisela Vignolo (Defensoría del Pueblo) siguen las recientes declaraciones de Eduardo Vega (Defensor del Pueblo) que asientan que siendo el servicio militar “voluntario”, esto se desnaturaliza al haber sorteo, pues existen padres de familia que ven los derechos de sus hijos amenazados, peor aún,  ante la amenaza de una “muerte ciudadana” si es que no acuden a filas a servir y que ofrece un “trato de carácter discriminatorio” para los que pagan la multa para librarse del servicio.
La Señorita Vignolo también afirma que las Fuerzas Armadas no son un reformatorio, en las que se hace participar a personas con problemas de conducta, que aquí no se coloca a los jóvenes para corregirlos o formarlos, que para ello existen otras instituciones especializadas.
Adicionalmente a ello, las investigaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo reflejan una carencia de presupuesto externa para cumplir las metas propuestas como son por ejemplo la educación y entrenamiento, la salud, y a ellos se le añaden otros casos internos de mala administración del actual presupuesto asignado en el que la Defensoría a llegado a verificar que estos incluyen deficiencias en sus beneficios y  hasta malos manejos de las propinas de los soldados, propinas que son ya menores al sueldo mínimo vital.

El contralmirante Carlos Tubino declaró que la Marina tiene un sistema que corresponde a su presupuesto asignado, que el presupuesto incluye las actividades de cada grumete y demás personal.  Que la actual ley es discriminatoria, que está es más una medida de emergencia. Que el mayor problema esta en el Ejercito, que las diferentes disposiciones gubernamentales en los últimos años fueron debilitando su sistema para llegar a los que es ahora, un sistema cuyo presupuesto no corresponde a las tareas que cumplirán.

El exministro de Defensa Daniel Mora declaró que el caso de la Marina es diferente al del Ejercito, que la Marina tiene pocos grumetes y basa su sistema en la cantidad de oficiales y suboficiales que cuentan con un presupuesto. Agrega que cuando el fue Ministro de Defensa, los soldados acudían a un centro de entrenamiento de reclutas para su formación y que antes de licenciarse acudían a centros de entrenamiento industrial para especializarse técnicamente antes de salir de filas.
El general Mora cierra su comentario afirmando que todo el sistema que existía en su tiempo en el ministerio, ya no esta funcionando.

El congresista José Urquizo, declaró que la reciente Ley del servicio militar no es discriminatoria, que exceptúa a estudiantes universitarios, discapacitados, residentes en el extranjero y hasta a los que cumplen condenas judiciales, y que evaluará las recientes modificaciones, que abarca a las comunidades nativas e indígenas y que ha incluido a todos aquellos que participan en los comités de autodefensa en la lucha contra el crimen organizado (terrorismo, narcotráfico, etc).

Conclusiones
Las declaraciones de los invitados reflejan posiciones un tanto individuales de la defensoría del pueblo (Gisela Vignolo), de lo que podría interpretarse como una defensoría de la Marina de Guerra del Perú (Carlos Tubino), de la defensoría del Ejército en el tiempo del ejercicio de su ministerio de defensa (Daniel Mora), de lo que sería una defensoría política del partido oficialista para el caso de las Fuerzas Armadas (José  Urqiuzo)  y hasta graciosamente podríamos afirmar que toma las posiciones de una defensoría de RPP que buscaría con esta entrevista aparecer  como un ente que guía hacia una meta (Raúl Vargas).

Dado el carácter individualista de las declaraciones, notamos que el Estado se queda huérfano, que se requiere una Defensoría del Estado. Alguien que sustente el ¿por qué? se debe servir a la Patria, que haga conocer el carácter de “deber” para con esta, que sustente el ¿por qué? se le debe asignar un presupuesto, en educación, en salud,  y que deslinde de las posiciones opuestas.
Quizás así también podríamos comprender que aquel cuyo deber lo ha llevado a servir a la Patria, también podría obtener el derecho para seguirla sirviendo a través de sus ministerios, parlamentos y poderes.

Todos los entrevistados coinciden en que debe corregirse la norma. Que el servicio sea competitivo, voluntario, que se otorgue mayor presupuesto. Que en los soldados las propinas igualen al sueldo mínimo. Que existan incentivos y oportunidades de capacitación técnica en el servicio militar.

Todos coinciden también que la actual norma tiene errores de categoría constitucional y es vulnerable a diversas acciones legales.

Entonces comprendemos que las declaraciones establecen claramente que el Servicio Militar en el Perú, tiene en la actualidad un “proyecto de vida” tan firme como el de su reciente ley. 

Y que la norma y el sorteo en realidad, toman el espíritu de un dispositivo para satisfacer las necesidades inmediatas, un tanto de emergencia y sin variaciones presupuestales. Por ello un alto funcionario habría declarado hace algunos días que respecto a algunos cuestionamientos al reglamento de la Ley del Servicio Militar, este,  no va más allá de los alcances de  la norma misma.  De donde podemos concluir que la actual Ley de Servicio Militar Voluntario no satisface las necesidades de efectivos de personal y de las organizaciones del Ejercito.

También comprendemos que la lógica de los legisladores en la presente ley está  influenciada más por afluentes económicos y políticos que militares.  Que coincide con una visión escasa  en que “la mina de oro está en la extrema pobreza”, donde habría jóvenes (de comunidades nativas e indígenas, o de comités de autodefensa) que quieren salir adelante, quienes podrían ver las actuales oportunidades de las Fuerzas Armadas como positivas y ¿como no?, quienes también pueden apoyar con sus votos, sin más gastos.

Por ello, creemos que el actual gobierno deberá corregir está situación.


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