Tomado del IRDH
2013-2014
Nueva York, 12 de noviembre del 2013. La inseguridad es
un reto compartido y un obstáculo para el desarrollo social y económico en
todos los países de América Latina según un nuevo informe del Programa
de Desarrollo de la ONU (PNUD) lanzado hoy en su sede en Nueva York. Pero
no basta sólo con medidas de control del delito; para una reducción duradera de
la inseguridad en la región, el Informe Regional de Desarrollo Humano (IDH)
recomienda políticas orientadas hacia la mejora de la calidad de vida de la población
con prevención del delito y la violencia por medio de un crecimiento
incluyente; instituciones de seguridad y justicia eficaces y medidas para
estimular la convivencia social.
El IDH “Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y
propuestas para América Latina”
revela una paradoja: en la última década la
región ha sido escenario de dos grandes expansiones, la económica pero también
la delictiva. Pese a las mejoras sociales, la región sigue siendo la más
desigual y la más insegura del mundo. Mientras los índices de homicidio
disminuyen en otras regiones, el problema ha aumentado en América Latina, que
registra más de 100 mil asesinatos por año, con un total superior a un millón
de asesinatos entre 2000-2010. Si bien la tasa de homicidios se ha estabilizado
e incluso ha disminuido en algunos países, todavía es alta: en 11 de los 18
países, la tasa es mayor a los 10 asesinatos por cada 100,000 habitantes, nivel
considerado epidémico. Y en todos los países analizados, la percepción de
seguridad se ha deteriorado, con el robo convirtiéndose en una de las
principales amenazas.
“La seguridad ciudadana es un tema delicado que preocupa a
tomadores de decisión y repercute en el calor de las campañas electorales,”
dijo la Administradora del PNUD Helen Clark. “Es un tema crucial para varias
regiones, incluso América Latina y el Caribe, porque sin paz no puede haber
desarrollo, y sin desarrollo no puede haber una paz duradera (TBC).”
“No hay una solución mágica para la inseguridad ciudadana en
América Latina, pero este grave problema sí tiene remedio y requiere visión y
voluntad política de largo plazo,” dijo el Subsecretario General de la ONU y
Director del PNUD para América Latina y el Caribe Heraldo Muñoz. “Se requiere
en cada país una gran movilización para un Acuerdo Nacional por la Seguridad
Ciudadana entre gobierno, partidos políticos y sociedad civil de modo que sea
una política de Estado.”
El estudio se concentra en seis amenazas principales que se
entrecruzan e impactan negativamente la región: el delito callejero; la
violencia y el delito ejercido en contra y por los jóvenes; la violencia de
género; la corrupción (la apropiación indebida de los bienes públicos, cuya
provisión es responsabilidad del Estado); la violencia ilegal por parte de
actores estatales y la delincuencia organizada.
“Si bien algunas amenazas—como la delincuencia organizada, y
especialmente el narcotráfico— suelen ser utilizadas para explicar la
inseguridad, las dinámicas regionales, nacionales y locales son mucho más
diversas”, explica el principal autor del IDH, Rafael Fernandez de Castro.
“Incluso, muchas se originan y se manifiestan en el ámbito local.”
Una de las principales lecciones de la región es que las
políticas de “mano dura” no funcionan: la fuerte represión policial y penal a
menudo ha coincidido con altos índices de criminalidad, dice el informe. Las
experiencias analizadas confirman que un enfoque que proteja los derechos a una
vida digna y la integridad física y material es la base de la seguridad
ciudadana, que es un bien público al cual todas las personas deben tener acceso
y, como tal, su provisión es responsabilidad del Estado, resalta el IDH.
MAPA DE LA INSEGURIDAD
Mientras que en la mayoría de los países de América Latina
la pobreza y la desigualdad disminuyeron en el periodo de 2004-2010, en más de
la mitad de los países analizados la tasa de homicidio subió, incluso en
aquellos países con menores niveles de pobreza. Además, uno en cada tres
latinoamericanos señaló haber sido víctima de un delito con violencia en el año
2012, revela el informe del PNUD.
El aumento de las expectativas de consumo y relativa falta
de movilidad social en la región impulsan lo que se denomina un “delito
aspiracional”, dice el IDH. Además, las transformaciones causadas por el
crecimiento urbano acelerado y desordenado, así como los cambios en la
estructura familiar y deficiencias en el sistema escolar han generado condiciones
que inciden en la criminalidad. El porte de armas de fuego, el consumo de
alcohol y el tráfico de drogas, sin ser sus causales, también impulsan el
delito según el estudio, que señala que “las capacidades de los Estados
latinoamericanos no han estado a la altura del desafío de la inseguridad: la
corrupción y la impunidad, así como la falta de proporcionalidad en las
sanciones, han mermado su efectividad y legitimidad.”
La encuesta de cárceles que el PNUD realizó en Argentina,
Brasil, Chile, México y Perú evidencia persistentes retos sociales. Uno en cada
tres internos se fue de la casa antes de los 15 años (en Chile uno en cada
dos), y entre 13% (Argentina) y 27% (El Salvador) nunca conocieron a su padre o
madre. La encuesta también reveló que un 40% de los internos en Chile no acabó
la educación primaria. En todos los países, más de un 80% de los internos
encuestados no completó 12 años de escolaridad.
El informe también revela una correlación directa entre el
crecimiento urbano y el delito: la mayoría de los países que tuvieron un
crecimiento de la población urbana superior al 2% anual (el crecimiento
demográfico natural), también tuvieron incrementos en las tasas de homicidio,
con la excepción de Colombia y Paraguay. “El problema no es el tamaño de la
ciudad, sino la capacidad institucional para incorporar a los sectores que se
encuentran en los barrios en condiciones de marginalidad”, señala el IDH.
Los jóvenes, principalmente los varones, son los más
afectados por la criminalidad y la violencia y a la vez son los responsables
más comunes de la violencia y los delitos, según el informe, que también hace
un llamado para evitar la criminalización y estigmatización de los jóvenes. El
Salvador (92.3), Colombia (73.4), Venezuela (64.2), Guatemala (55.4) y Brasil
(51.6) tienen las cinco tasas de homicidio juvenil más altas del mundo, según
datos del 2011.
El estudio del PNUD destaca la violencia de género como una
amenaza persistente y un obstáculo para el desarrollo humano, la salud pública
y los derechos humanos en la región. Los registros de violencia intrafamiliar,
violaciones y asesinatos de mujeres (feminicidio) han aumentado en casi todos
los países. De los internos que habían cometido delitos sexuales entre el 75% y
el 90% declararon conocer a sus víctimas antes del delito y entre el 20% y el
40% eran sus familiares, según el informe.
PERCEPCION DE INSEGURIDAD
El IDH regional muestra que en todos los casos analizados es
mayor la percepción de inseguridad que la victimización directa. Cinco de cada
10 latinoamericanos perciben que la seguridad en el país se ha deteriorado.
Pero en Honduras, por ejemplo, que tiene la mayor tasa de homicidios del mundo
(86.5 por 100,000 habitantes), ocho de cada 10 ciudadanos se sienten seguros en
sus barrios, siguiendo el promedio regional. En contraste, en Chile, el país
con menores tasas de homicidio de la región (2 por 100,000 habitantes) y
niveles bajos de victimización por robo, la percepción de seguridad es menor
que en Honduras: siete de cada 10 ciudadanos se sienten seguros en su barrio.
COSTOS DE LA INSEGURIDAD
El informe resalta que la inseguridad impacta en al menos
tres dimensiones del desarrollo humano: a la persona, a la convivencia social y
a las instituciones democráticas. También afecta el potencial económico de la
región: sin el exceso de muertes por homicidios el Producto Interno Bruto (PIB)
de la región hubiese sido superior en un 0,5%, lo que equivaldría a una
ganancia potencial de más de US$24 mil millones de dólares en el 2009. Además,
América Latina perdió 331 millones de años de vida en el año 2009 considerando
la pérdida en la expectativa de vida y la población, teniendo en cuenta las
tasas de homicidio para 15 países de la región, señala el IDH.
Asimismo, un estudio del PNUD y del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) para el informe analizó los costos de la delincuencia y los
niveles de victimización en cinco países y reveló que Honduras experimenta los
más altos costos con el delito y la violencia en porcentaje del PIB (10.54%),
seguido de Paraguay (8,7%), Chile (3.32%) Uruguay (3%) y Costa Rica 2.52%). En
todos estos países los gastos públicos como consecuencia (después) del delito
son más altos en todos los países, excepto en Uruguay, donde el costo antes de
la delincuencia es mayor.
RESPUESTAS
El IDH resalta que reformar las instituciones básicas de la
cadena de justicia -policía, jueces, ministerio público y cárceles- es esencial
para responder a la inseguridad ciudadana, con énfasis en reestructurar los
procesos de contratación, administración y profesionalización de los
funcionarios para lograr una seguridad ciudadana efectiva y respetuosa de los
derechos humanos. El estudio analizó la proporción de policías y de jueces en
distintos países y realizó encuestas que revelaron bajos niveles de confianza
de los ciudadanos en el sistema de justicia criminal. Excepto Nicaragua y
Panamá, más de la mitad de los latinoamericanos expresaron poca o ninguna
confianza en que los tribunales actuarían de manera confiable en el caso de ser
víctimas de un robo o asalto.
Según el estudio del PNUD el sistema penitenciario está en
crisis en prácticamente todos los países de la región, con distintas
intensidades. Algunos factores como las deficiencias institucionales de las
policías y los tribunales, la sobrepoblación y el abuso de la prisión
preventiva son retos clave. Además, la función rehabilitadora de los sistemas
penitenciarios no ha sido priorizada, según el informe, “luego las cárceles se
han vuelto espacios que potencian la violencia, los abusos de los derechos
humanos, las redes criminales y la reincidencia delictiva.” Asimismo, la
percepción de los ciudadanos del encarcelamiento como solución a los problemas
de seguridad ha limitado el avance de reformas para reducir la población
carcelaria, adoptar medidas alternativas y fomentar la reinserción social,
destaca el IDH.
MÁS ALLÁ DEL ESTADO
El informe resalta la importancia de la respuesta de
“actores no estatales”, incluso de los movimientos sociales, y de la
cooperación internacional, a nivel regional y con organismos internacionales.
Sin embargo, enfatiza que debido a la creciente percepción de inseguridad, a la
expansión de las clases medias y al “adelgazamiento” del Estado, la
contratación de vigilantes privados ha crecido en América Latina a una tasa estimada
del 10% anual. La región tiene hoy casi 50% más vigilantes privados (3.811.302)
que agentes de policía (2.616.753), siendo los agentes de seguridad privada de
la región los más armados del mundo, con una tasa de posesión de armas por
empleado diez veces mayor que la de Europa occidental. Este fenómeno aumenta la
desigualdad de la población en términos de capacidad de lidiar con el delito,
dice el IDH.
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