Tomado de la Revista Jurídica
Transcrito por Karin Vigo
“Una visión multidisciplinaria del delito y la búsqueda de
soluciones eficaces será uno de los retos más importantes de este gobierno.
Así, el Minjus viene transitando por esas líneas previstas en los principios de
la Declaración de Bangkok: sinergias y respuestas en materia de prevención del
delito y justicia penal."
La región latinoamericana se ha establecido
firmemente en el escenario
internacional, y avanza en la reducción de la
pobreza y la desigualdad, en el crecimiento económico y la estabilidad financiera.
■Sin
embargo, algunos desafíos persisten: en su conjunto, la región sufre la pesada
carga de la violencia
y la criminalidad. La mayoría de los países de la región
tienen tasas de homicidio con niveles de epidemia, según la clasificación de la
Organización Mundial de la Salud, con niveles mucho más altos que en otras
regiones. Los costos humanos y sociales de esta violencia son demasiado altos.
■La
delincuencia es un fenómeno social de graves consecuencias para el país, pues
incide en la seguridad de las personas, integridad, salud y patrimonio, así
como en la estabilidad del Estado y de las regiones que lo conforman,
constituyéndose actualmente en una seria amenaza a la sociedad democrática y a
los índices de riesgo país. Las actividades de la criminalidad son una realidad
y nuestra respuesta como Estado debe ser no solo rápida, sino efectiva,
articulada e inteligente.
La Convivencia Pacífica
■La
política criminal y la seguridad ciudadana no debe entenderse solo como una
simple reducción de los índices de delito y violencia. Debe ser el resultado de
una política que se oriente hacia una estrategia integral, que incluya la
mejora de la calidad de vida de la población, la acción comunitaria para la
prevención del delito y la violencia, una justicia accesible, ágil y eficaz,
una educación que se base en valores de convivencia pacífica, en el respeto a
la ley, en la tolerancia y en la construcción de una sociedad con inclusión
social.
■Esta
es una tarea de mediano y largo plazos. Debemos abordarla con energía y
seriedad. Promover un país con bienestar y seguridad constituye, sin duda
alguna, una responsabilidad de todos.
Sistema Penitenciario
■Un
indicador actual de esta realidad es nuestro sistema penitenciario, que está
saturado con un 117% de sobrepoblación. En el país existían 24,297 presos en
1997; hoy esa cifra se ha elevado a más de 67,000 privados de libertad.
■Por
cada un millón de habitantes existen 2,122 privados de libertad. En los últimos
14 años, la población reclusa aumentó en más del 100%.Pero no solo se ha
producido un incremento cuantitativo. La población se ha tornado más compleja y
diversa: 1,670 son extranjeros; 22,860 son jóvenes entre los 18 y 29 años de
edad; 8,666 ingresan por delitos de tráfico ilícito de drogas; 4,881 están
denunciados por delito de violación sexual; 5,417 acusados por violación sexual
a menores de edad, en tanto que 25,415 están acusados por delitos contra el
patrimonio.
■Por
otro lado, el problema de la violencia, criminalidad y delincuencia es
expresión de los desequilibrios que afectan a la estructura de la sociedad,
donde no resulta ajeno para nadie que estos comportamientos han encontrado
condiciones para ampliarse bajo la sombra de la impunidad y una respuesta quizá
poco articulada del Estado.
■Ante
el crecimiento de este flagelo, ha llegado el momento de identificar, analizar
y desmantelar los problemas que la sociedad aún no ha podido resolver y, en
otros casos, no sabe afrontar: la drogadicción, la enfermedad mental, la crisis
de la familia, el desarraigo, la deserción escolar, la desocupación, la
soledad, la apología, la violencia, la marginación, la exclusión, la ambición
desmedida, la ausencia de valores, la pobreza.
■El 14
de noviembre de 2011 se promulgó la Ley Nº 29807, disposición que crea el
Consejo Nacional de Política Criminal como un ente técnico encargado de
planificar, articular, supervisar y dar seguimiento a la política criminal del Estado
peruano. La concepción de este mecanismo contra la criminalidad y la
delincuencia responde a una necesidad democrática.
■Esta
entidad, que responde a un enfoque intersectorial será asesorada por un
gabinete de expertos (sociólogos, juristas, estadísticos, politólogos,
penitenciaristas, entre otros) que estudiarán los factores asociados a la
delincuencia con base en un sistema de información estandarizado e integrado de
datos para compartir y cruzar información estadística sobre los casos de
delincuencia registrados. El 11 de mayo de 2012, el ex jefe del Gabinete Juan
Jiménez Mayor encabezó la instalación formal del Consejo Nacional de Política
Criminal y ahora lo lidera Daniel Figallo R., ministro de Justicia y Derechos
Humanos.
Articulación de Estrategias
■La
Secretaría Técnica de dicho consejo es asumida por la Dirección Nacional de
Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia, que tendrá como
responsabilidad la ejecución y seguimiento de los mandatos previstos en la Ley
Nº 29807, como es: analizar el fenómeno criminal y la delincuencia en el país;
aprobar un Plan Nacional de Política Criminal. Además, articulará las
estrategias de lucha contra la criminalidad; evaluará el funcionamiento del
sistema penal; elaborará propuestas legislativas en materia penal, sugerirá
programas regionales de prevención del delito.
■Hoy,
el Estado ya cuenta con un Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del
Adolescente en conflicto con la Ley Penal 2013-2018, documento rector, con un
enfoque de prevención, cuya implementación beneficiará a un millón y medio de
adolescentes en riesgo. Además, por DS N° 013-2013-JUS, se ha creado un Comité
Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad, que tendrá como función
central generar estadística oficial relacionada a la violencia y la
criminalidad.
■El
Estado ha generado por primera vez –como lo han hecho otros países
desarrollados– un marco legal que permitirá la adopción de decisiones de un
nivel técnico y político especializado en materia de criminalidad, asegurando,
de esta manera, la ejecución efectiva y articulada de las mismas. Como parte de
la política criminal, un cambio en el sistema penitenciario, como ya se viene
dando, podrán ser diseñadas a partir de reformas legislativas, institucionales
y de políticas.
■De
esa manera, el gobierno, junto a las acciones que adopte el Consejo Nacional de
Seguridad Ciudadana, expresa su firme voluntad política de concebir una moderna
y eficaz política criminal y penitenciaria, entendida como una sistematización
sociopolítica y jurídica de las prioridades, recursos, actividades y medios
dirigidos al control de la criminalidad.
■El
Ministerio de Justicia, en cumplimiento de la Ley que crea el Consejo Nacional
de Política Criminal, definirá una política de Estado coherente e integral para
combatir la delincuencia y la criminalidad a partir de un enfoque
multisectorial. La actuación del Poder Judicial, el Congreso de la República,
el Ministerio Público, la Policía Nacional, la administración penitenciaria y
los actores sociales mejorarán sus niveles de coordinación y de ejecución de
recursos con resultados.
■La
política criminal estará orientada a la preparación racional de los objetivos y
medios necesarios en cinco ejes claves: prevención de factores asociados a la
delincuencia, mejoramiento de los niveles de intervención policial, juzgamiento
penal, políticas de reinserción social y asistencia de las víctimas.
■Vivimos
una sociedad en transformación; hoy en día, las ciencias se legitiman por su
capacidad de resolver problemas sociales; se hace necesario que el conocimiento
se oriente a la efectividad, lo que en el ámbito de la intervención penal pasa
por una racionalización de la política criminal y la búsqueda de respuestas no
solo punitivas o aparentes, sino institucionales, sociales y educativas.
■Política
y derecho son los dos más grandes sistemas de regulación de la vida social que
deben buscar caminos convergentes para "racionalizar" la estrategia
de intervención penal. El derecho debe ofrecer a la política líneas de
equilibrio entre el ius puniendi, el valor de la eficacia, el respeto de
principios constitucionales y de los tratados internacionales en materia de
derechos humanos.
■Una
visión multidisciplinaria del delito y la búsqueda de soluciones eficaces será
uno de los retos más importantes de este gobierno. De esa manera, el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos viene transitando por esas líneas previstas en
los Principios de la Declaración de Bangkok: sinergias y respuestas en materia
de prevención del delito y justicia penal (ONU). ◆
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