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| Comite De Seguridad Ciudadana VMT |
Por Jorge Contreras[1]
El balance de junio del Instituto Bartolomé de las Casas[2] señala una “creciente inseguridad
ciudadana”. A ello se suma una
encuesta de Ipsos en la que se señala que un 87% de los peruanos esta
insatisfecho con la forma como el estado maneja el tema de la seguridad
ciudadana[3].
Antecedentes….
La Política Criminal del estado, yace en la Constitución de
1993 y su más reciente
normatividad fue la constitución del Consejo Nacional de Política Criminal
CONAPOC, (Ley
no. 29807 2011), al año
siguiente, se encargó al Ministerio de Justicia las tareas de planificar,
articular, supervisar y dar seguimiento a la política pública en materia
criminal (Decreto
Supremo no 008-2012 –JUS 2012, reglamento del CONAPOC).
En materia de Seguridad Ciudadana en el año 2003, se
promulgó la Ley de Seguridad
Ciudadana (Ley no. 27933,
2003); luego en Junio del año 2013, se modificó la Ley no. 27933 del Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana (Ley no. 30055 2013) haciéndosele dependiente de la presidencia de la República,
presidida por el Presidente del Consejo de Ministros (artículo 6°); y finalmente
en julio del 2013, se aprobó la Política Nacional y el Plan de Seguridad
Ciudadana 2013 – 2018, (Decreto
Supremo no. 012-2013-IN 2013), que establece las metas, objetivos y
actividades para enfrentar la inseguridad, la violencia, y el delito en el país,
encargándole la implementación, monitoreo y evaluación de la política nacional
al Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Seguridad
Ciudadana (artículo 3°).
Problemas de
enfoque….
Para el Instituto Bartolomé de las Casas, una de las causas,
y con sustento, sería el “enfoque de control” de la conducta desviada
(represivo[4]
para el Instituto), el cual aseguran estaría orientado más a las consecuencias que
a la prevención y que trae consigo diversas medidas de justicia e interior como
es el reimplantar la pena de muerte, aumentar las penas carcelarias, reducir
los beneficios penitenciarios, colocar más policías en las calles, construir
nuevos penales y hasta incluir a las Fuerzas Armadas en el combate al delito.
Otra de las causas sería la “Opinión Publica”, que demanda que los mismos sectores de
justicia e interior, emitan leyes más duras para combatir la delincuencia[5],
mayor rigor por parte de los jueces,
y mayor presencia policial.
En este punto, la encargatura de la Política Criminal (al Consejo
Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia) y la correspondiente
función en Política de Seguridad Ciudadana (a la Dirección General de Seguridad
Ciudadana del Ministerio del Interior), adolecen de un diagnostico
multidisciplinario e intersectorial. El diagnostico del problema solo habría
tomado en cuenta sus sectores de responsabilidad, habiendo obviado otros
aspectos indispensables que exceden a sus responsabilidades, lo que ha resultado
como es conocido en “medidas”
sectoriales en Justicia e Interior y ninguna medida en otros sectores, como por
ejemplo en educación[6].
Las conclusiones no favorecen al Sistema, traen como
consecuencias una perdida de credibilidad en el sistema nacional de seguridad
ciudadana, una mayor percepción de criminalidad y mayores niveles de
inseguridad.
Carencia de un modelo
preventivo con participación organizada de la población….
La Seguridad Ciudadana es de responsabilidad de las
autoridades y de la población en una razón de 50/50%. El sistema preventivo se
basa en su mayoría en la participación de la sociedad y el sistema de control
en la participación de las autoridades. Es de responsabilidad de los encargados
del Sistema de su organización y funcionamiento.
Podríamos afirmar que “Distritos Seguros” es donde funciona
el binomio autoridad-sociedad, sin embargo la realidad es otra, los sistemas de
Seguridad Ciudadana no funcionan y es poco lo que se ha avanzado en este campo.
A ello, podemos agregar que aún son limitadas las “estrategias[7]”
en materia de trabajo participativo conjunto entre la Policía Nacional, el
Serenazgo, los Comités de Seguridad Ciudadana y en la captación de otros
elementos que podrían integrarse al sistema.
Donde la actividad es incipiente aún es en los informes
sobre las actuales organizaciones de seguridad ciudadana y las formas de medir su
efectividad en el sistema, en este aspecto, del sistema nacional, los
regionales y distritales, son pocos
los sistemas que caminan.
Algunas deficiencias están a la vista
- Actuales Sistemas de Seguridad Ciudadana carecen de “estrategias” para asegurar un modelo preventivo de participación organizada de la sociedad en la Seguridad Ciudadana
- Algunos comités de Participación Vecinal, no todos, son considerados allegados políticos al alcalde de turno del distrito, su participación es más política que de seguridad ciudadana.
- Algunos Comités de Seguridad Ciudadana organizados por la Comisaría de la Policía Nacional son más comités “de apoyo” a la Policía Nacional.
- Es muy reducido el porcentaje de los Comités de Participación Vecinal que trabajan en cada distrito.
- Es muy reducido el numero de Comités de Participación Vecinal que han recibido capacitación en aspectos relacionados a Justicia, Policía o Serenazgo, jueces, fiscales, vigilancia, observación, y reporte de sospechosos.
- En casos, los mismos agentes de Serenazgo no han recibido capacitación en los sectores de Justicia y Policía.
- Finalmente son pocas las municipalidades que cuentan con un sistema de medición de efectividad de sus sistemas de participación organizada de la población en seguridad ciudadana
[1] abogado, administrador,
militar retirado , magíster en Ciencias Militares, magíster en Derecho Penal,
con estudios de doctorado.
[2] Informe de Coyuntura Junio
del Instituto Bartolomé de las Casas.
[3] Cf. Boletín Ipsos Perú, Año
14, Nº 179 (Mayo 2014).
[4] La palabra represión
proviene de la terminología marxista y revolucionaria y en todo caso no podría
el estado llamarla represiva sino sus opositores, un enfoque común y errado que
cometen las autoridades, incluyendo la Presidencia del Consejo de Ministros en
sus documentos oficiales.
[5] Cf. PNUD Informe Regional de
Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico
y propuestas para América Latina (Nueva York, noviembre 2013) Figura 5.1
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