Publicado en Aljazeera
Traducción Jorge
Contreras[1]
Debido a que ciudadanos Australianos
combaten en el “nuevo estado islámico”, en Australia se prevén nuevas leyes
para ampliar las capacidades de investigación, control
policial y proteger a las comunidades y
grupos de la amenaza que representaran los combatientes cuando retornen a sus países.
Recientemente el nuevo estado islámico ha lanzado amenazas contra Occidente y
contra las comunidades que profesan la religión católica. Las medidas incluyen aspectos jurídicos procesales
y apuntan a la Cruz Roja, ONGs promotoras de derechos de las comunidades
musulmanas, periodistas y sistemas informáticos y redes de comunicación social.
Por Miran Hosny
En Sydney, Australia, el primer ministro,
Tony Abbott y Julie Bishop, ministro de Relaciones Exteriores, advirtieron el último martes que el Gobierno de Australia está reforzando
las medidas
contra el terrorismo debido a que decenas de ciudadanos “extremistas” que luchan en el llamado “Estado Islámico” en
Irak y Siria, representan una seria amenaza a su regreso. Abbott agregó que
cerca de 100 australianos estan apoyando al grupo terorista de línea dura.
Las propuestas legislativas fueron presentadas
al parlamento a principios de este mes en respuesta a lo que Abbott y agencias
de la ley denominan una amenaza "real y creciente". Los partidos de la oposición han reservado el
emitir una opinión hasta ver el proyecto de ley
La preocupación nace en que ciudadanos
australianos luchan en conflictos en el extranjero y van a retornar a su país,”endurecidos”
y pueden utilizar su experiencia y habilidades, para llevar a cabo ataques en
este país".
Disponiendo más de $ 557 millones en
fondos adicionales para las agencias de inteligencia y de control de fronteras
en los próximos cuatro años, el gobierno propuso ampliar poderes y capacidades
de búsqueda policial, detención sin
orden judicial y permitiendo a la organización de Inteligencia y Seguridad de
Australia (ASIO) el suspender pasaportes cuando sea necesario.
Acciones
con la comunidad musulmana local…
La comunidad musulmana local ha sido
invitada mediante un comunicado de prensa a la consulta a puerta cerrada sobre
las propuestas.
David Irvine, Jefe de la ASIO, a través de
la estación de radio comunitaria “La Voz del Islam” ha emitido declaraciones asegurando
que las leyes anti-terroristas no están planificadas contra la comunidad
musulmana australiana.
"El gobierno de Australia ... no está
previendo leyes que discriminan a los miembros de la comunidad musulmana de
Australia", aclaró Irvine. "Se está introduciendo leyes que permitan
a la policía - y hasta cierto punto a ASIO – el proteger mejor a la comunidad contra
un pequeño número de gente que podría hacerle daño."
"Problema
musulmán"…
Mohamad Tabbaa, profesor de criminología
en la Universidad de Melbourne, dijó que la campaña transmite un mensaje en el
que se percibe que estas leyes son una respuesta a un "problema
musulmán".
"En un sentido estrictamente
jurídico, las leyes se deben aplicar a todos los ciudadanos por igual". "La experiencia concreta, sustentada en investigaciones,
es que la discriminación se produce cuando las leyes se aplican de forma
desigual, cualquiera sea el tipo de igualdad que tengamos, la desigualdad
sustantiva se produce, cuando ciertos grupos, “En este caso musulmanes” sientan
más fuertemente las leyes que otros".
Según académicos, activistas y abogados,
el enfoque políticos y de medios en las
propuestas, que carecen de claridad y detalle, podrían afectar negativamente variadas
facetas de la sociedad australiana,
Una medida legislativa propuesta considera
“delito” el hecho de viajar a las "regiones calientes de terror", a
menos que la legitimidad de los motivos del viaje se pueda demostrar, lo cual
sería una carga de las organizaciones de ayuda humanitaria.
Medidas
limitaran a la Cruz Roja Internacional…
En un informe de Sky News, se citó el
consejo de un alto funcionario de inteligencia, en el sentido de que sería
prudente que los trabajadores de la Cruz Roja consideraran el tipo de pruebas
que deberían presentar para explicar que estaban haciendo en esas regiones.
De acuerdo con Ewan Watson, portavoz del Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR) esto contrasta con el funcionamiento
ordinario de la organización.
"Para poder llevar a cabo su mandato
humanitario independiente, confidencial y eficiente, tanto el CICR y su
personal gozan de inmunidad funcional de jurisdicción, y eso también era en
Australia".
Pero bajo las medidas propuestas, la
inmunidad no es completa. David Kinley, un profesor de derechos humanos en la
Universidad de Sydney, aclaró que la protección terminaría si un trabajador del
CICR actúa fuera de su ámbito de competencias.
"El CICR puede emprender su papel
humanitario de proporcionar a un detenido sospechoso de asociación terrorista
con alimentos, información relativa a la
posibilidad comunicar un mensaje a un familiar, amigo o abogado. ¿Quién puede
decir que la información que es se trasmite entre el colaborador del CICR y el
detenido, no podría ser de alguna manera la actividad de una organización
terrorista, aun esta sea improvisada o involuntaria? "
Se
limita la ayuda de ONGs…
Pequeñas ONG no gozaran de protección.
Tamer Kahil, presidente de la Asociación Australiana Siria, una ONG que está
empujando la democracia en Siria, declaró que estas medidas disuaden a sus trabajadores.
"¿Qué pasa si ellos ven que las pruebas que ofrecemos no es
suficiente?". "Definitivamente van a ahuyentar todo esfuerzo para ir
allí, porque nadie quiere que lo apunten
con un dedo apuntándolos con preguntas de si usted es un criminal o un
terrorista, y tener que demostrar lo contrario.”
La
carga de la pueba…
Robert Stary, abogado penal, declaró que
bajo estas leyes propuestas, “la carga de la prueba se invierte”. En lugar de que
la autoridad establezca la culpabilidad, el acusado deberá probar su inocencia,
y se le niega la libertad bajo fianza.
"Habrá un gran riesgo en las
personas que viajan a cualquiera de esos lugares pues podrán ser acusado de delito,
y tendrán que probar su inocencia, muy probablemente mientras están bajo
custodia. Si son exonerados, no tendrán ninguna recompensa, y eso será una
enorme injusticia".
Periodistas
limitados…
Los periodistas también tienen motivo de
preocupación. En virtud de las propuestas legislativas, la promoción y fomento
del terrorismo constituye un delito. Diaa Hadid, un periodista australiano que
trabaja en el Medio Oriente señaló que necesita definiciones más claras. "¿Es
twitteando y manteniendo correspondencia con presuntos terroristas y miembros
de ISIS?", preguntó. "¿Será transmitiendo puntos de vista en las
historias? Ambos son partes importantes de mi trabajo."
En el estado australiano de Victoria,
hubo un intento de reforzar una interpretación más estricta de las leyes
antiterroristas del país. Tratar de crear un nuevo precedente en el derecho
común, los fiscales presentaron un argumento a la Corte Suprema de Victoria que
concluyo que “la mera posesión de publicaciones relacionadas con el terrorismo, es un delito punible”.
Robert Stary, afirma para decirlo
simplemente, que "El Estado” dice que no importa cuando y donde un acto
tiene lugar, el hecho de “la posesión de material” significa que uno está suscribiéndose a una ideología 'Yihadista'
y por lo tanto uno es culpable de delito", lo que tiene un alto perfil en
la defensa de australianos acusados de terrorismo desde que ocurrieran los
ataques del 11 de septiembre del 2001 contra Estados Unidos.
Uno de sus clientes, Adnan Karabegovic,
fue llevado ante el Tribunal Supremo por la posesión de una revista de al-Qaeda
llamada “Inspire”. El tribunal no estuvo de acuerdo con los fiscales y falló para
aplicar la ley tal como está, demandando
que debe existir una estrecha relación entre la posesión de un elemento
y un acto terrorista contemplado.
Se
comprometen todas las computadoras…
Una de las propuestas podría afectar a
cada australiano que usa una computadora. Actualmente, ASIO está obligado a
solicitar una nueva orden por computadora que desea examinar, y el proyecto de
ley permitiría una orden judicial para acceder a múltiples ordenadores y redes
informáticas a las que un usuario está conectado. Una de las secciones del
proyecto de ley incluso permite a ASIO el agregar, borrar o alterar datos en el
ordenador de terceros con el fin de llegar a la máquina de destino.
"Las nuevas leyes permiten que las
agencias de espionaje interfieran en el ordenador de un inocente, e incluso
redes completas", dijo el director de Libertades Civiles Australia Tim
Vines.
"No hay obligación en la ley para exigir
a las agencias de espionaje que empleen métodos menos invasivos antes de
solicitar una orden judicial para interrumpir un equipo de terceras personas inocentes",
agregó.
Mohamad Tabbaa agrega que mientras algunos
australianos sostienen que los inocentes no tienen de qué preocuparse, las
experiencias de una década de "guerra contra el terror" ha
desdibujado los límites entre las esferas internacionales, nacionales y
domesticas del delito y el control.
Un ejemplo en Australia es el debate “sobre
el asilo”, que ya no es, un asunto de inmigración. Se ha convertido en un “problema
de seguridad nacional” y está estrechamente vinculado a la amenaza terrorista.
Algunos estados ya han recogido los
mecanismos destinados a la lucha contra el terrorismo y están utilizándolos contra
el crimen organizado.
George Williams, profesor abogado
constitucionalista, de la Universidad de Nueva Gales del Sur declaró que "Las
órdenes de control se introdujeron en la legislación de Australia en el año 2005
para hacer frente a terroristas. Las leyes estatales buscaron la manera de
hacer frente a las pandillas de motociclistas “bikies” y adaptaron y copiaron estas medidas anti-terrorismo".
"Un primer ministro, llegó a declarar que los “bikies” eran terroristas en sus comunidades.
Vines expresó su preocupación, por algo
más, que por las disposiciones del proyecto. Declaró
que "Los derechos y libertades se van cortando lenta y seguramente".
"Creemos que es hora de traer de
vuelta las leyes a una posición sensible con la comunidad, tener su opinión sobre
cómo podemos hacer frente al terrorismo, manteniendo el estado de derecho, la
presunción de inocencia y el derecho a la intimidad que tanto queremos".
[1] Jorge A. Contreras Ríos, DNI 09582230, ICAC Nº 897, administrador,
licenciado de las fuerzas armadas, abogado, magíster en ciencias militares,
magíster en derecho penal, estudios de doctorado en derecho penal.
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