#Perú: Las #Bambas #conflicto, desinterés del #gobierno y #violencia delictiva

“Una modelo de Política Criminal Nacional que de prioridad a la protección de una actividad económica sobre otras,

como en el caso de la política  económica extractiva,

enfrentará las amenazas de aquellas  actividades que descuide”.

Jorge Contreras[1]

El origen del conflicto en el Proyecto las Bambas, nace en cambios al proyecto original llevados a cabo por

empresa y MEM en el 2015. Estos cambios no han sido aceptados por algunas “familias involucradas”, tienen sustento legal en asesores técnicos  (ONG´s) y han sido llevados a la protesta y violencia  por el Frente de Defensa de Cotabambas, que incluye la participación de personas que no están entre las familias involucradas.

El 16 de octubre, miembros del Frente de Defensa de Cotabambas cometieron el delito de bloquear y destruir (hacer zanjas) en una vía nacional que lleva a la mina ante el poco interés del gobierno en absolver sus demandas.

La Fuerza Pública cuyo deber constitucional es actuar ante el delito, fue empleada en el despeje de la vía y tuvo que enfrentar una turba de cientos de campesinos alcanzando un nivel de violencia que ha dejado una victima mortal y más de una veintena de heridos de cada bando.

Para alguien en Lima, es difícil 1) imaginarse la violencia generada en un enfrentamiento a campo abierto entre cientos de comuneros y unos pocos policías, o 2) la intención de empleo de vehículos para reparar la vía dañada. En este blog, el autor de esta nota, considera que la Policía actuó conforme a sus normas.

El problema está en que el gobierno no mostró públicamente la intención de solucionar las demandas. ¿Por eso habrá renunciado recientemente un asesor del gobierno? El resultado hoy, muestra que es más fácil acusar a los jefes policiales de fallas en el planeamiento y las ordenes.

En este blog, consideramos que la Policía cumple su rol y función al intervenir como fuerza publica ante un delito, es su función el brindar protección si existe convenio con una empresa, y especialmente si se considera que se puede llegar a inusitados niveles de violencia como en este caso.

La actitud de nuestras autoridades demuestra que “inicialmente no tuvieron interés en solucionar las demandas”, y que contradictoriamente “la Fuerza Publica no debe intervenir ante un delito”. Solo nos queda “interpretar este mensaje” para la policía y para los bloqueadores de carreteras.

<Antes del conflicto, no hubo intención de solución

A pesar que esta prescrito que“…..La gestión de los conflictos sociales es una tarea de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para lo cual cuenta con el apoyo de Interior y de otros sectores”[2](Ciudad Nuestra, 2011, p. 82). 

<La fuerza publica soluciona conflictos, no sus causas    

Acaso no conocemos que emplear a la fuerza pública, en la solución de un conflicto es “resolver los problemas de violencia y que ello no soluciona las causas que lo generan”[3]. (Tanaka, Huber, Revesz, Diez, Ricard, & De Echave, 2007).

<Convenio policial ...

Bien o mal, el convenio de protección de un contingente policial en las Bambas, es el resultado de un diagnostico de seguridad en la empresa y de todo un plan de acción para proteger no solo sus activos, sino su el normal desenvolvimiento de sus actividades en un contexto determinado de riesgo. 

<No se puede decir que no se contaba con información

Diversas instituciones se han pronunciado acerca de las causas del problema en este proyecto en producción.  El Instituto Bartolomé de las Casas, La Defensoría del Pueblo, organizaciones de derechos humanos y ong´s relacionadas con estas actividades.

En el año 2015 se registró un conflicto con otras victimas mortales.

A ello podemos añadir que los últimos gobiernos han elegido jefes de inteligencia nacional, dedicados por años a este mismo sector privado, con experiencia en estos conflictos, lo que hace fácil suponer que en el caso de las demandas de los pobladores de las Bambas deben haber sido conocidas por el gobierno.

<Los hechos demuestran que…

1.      No contamos con una Política Criminal  definida para la atención de Conflictos en los Proyectos de Inversión y Desarrollo. Estos conflictos están ubicados  en el campo de la Seguridad Privada, son diferentes a las necesidades de Seguridad Ciudadana, y a los del Crimen organizado u otros,  por tanto, tienen diferentes actores, intereses, necesidades de información y demandan otros estándares de eficiencia, claro, con la misma fuerza publica (policía).

2.      La demanda de los Frentes de Defensa es diferente de la demanda de las familias involucradas.

3.      Las autoridades y otros representantes intermedios no tienen credibilidad.

4.      Solucionar el origen de los conflictos no es tarea de la fuerza publica.

5.      Solucionar la violencia que acarrea un conflicto es tarea de la fuerza publica. La fuerza publica no aplaca demandas.

6.      Soluciones a la violencia en un conflicto demandan liderazgo y responsabilidad. Ninguna Carta Constitucional otorga responsabilidad a la fuerza publica y luego la deja sola abandonada a su suerte.

7.      En todos los casos se debe buscar una solución dialogada antes de que ocurra violencia y se generen muertos, y heridos. Nadie quiere escuchar una tardía intención de negociar, después de la violencia.

8.      Desde los 90s, el conflicto social incluye conductas delictivas, una variedad de comportamientos peligrosos, una diversidad de situaciones y ambientes, medios  de prensa, y representa múltiples riesgos[4] (Clarke & John, 2003). 

9.      Los gobiernos son disfuncionales en conflictos, según Levitsky,  el …”Perú es uno de los Estados más disfuncionales de América Latina, donde muchas instituciones estatales no funcionan, y donde en algunas zonas ni siquiera existen”[5]. (Levitsky, 2012)

10.  Finalmente emplear a la policía sin dar muestras de interés en el dialogo,  podría interpretarse como que la policía intenta cumplir con el convenio policial con la empresa y que esta decisión es parte del convenio privado entre gobierno y empresa, y que no hay interés en negociar con los pobladores.  Que el resultado será resolver, sin responsabilidad para las partes negociadoras, solo entre policía y pobladores.

Esta situación no es nueva.

Y ya es tiempo que se transparente

Por una inversión segura, sin violencia y por un buen desarrollo en las comunidades.

Jorge Contreras

DNI 09582230

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[1] CONTRERAS, Jorge, (2015) Proyecto de Tesis “POLÍTICA CRIMINAL NACIONAL VIGENTE EN EL CONFLICTO SOCIAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DESARROLLO EN CAJAMARCA Y PIURA

DESDE EL 2002. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pág 6.

[2] Ciudad Nuestra. (2011). "Inseguridad en el Perú".

[3] Tanaka, M., Huber, L., Revesz, B., Diez, A., Ricard, X., & De Echave, J. (2007). "MIneria y Conflicto Social" de IEP, CIPCA y CBC (Revista Economía y Sociedad Nº 65 ed.). Perú: CIES Octubre 2007.

[4] Clarke, R., & John, E. (2003). Como ser un analista delictivo. (J. Dando, Ed.) London, Reino Unido: Institute of crime and Science. University College London 29/30 Tavstock Square.

[5] Levitsky, S. (2012). "Una Paradoja Peruana" (Citado en el Decreto Supremo N° 004 -2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. ed.).