Entre enero y abril nuestra sociedad estará expuesta a la “Estafa Política”, un delito no clasificado en nuestros códigos, que lamentablemente se inicia en períodos de elecciones y en nuestro país desde hace un buen tiempo se presenta durante el reinado de los últimos gobiernos.
Debido a que, no existe, para esta modalidad una institución que nos proporcione estadísticas, los funcionarios involucrados en denuncias y los grupos políticos en escándalos, continúan como si no hubiera pasado nada, como si tuvieran el derecho a borrón y cuenta nueva. En estos casos, simplemente no hay críticas, y hasta hay a quienes les incomoda el solo pronunciamiento sobre el tema.
Durante los últimos gobiernos
El tema de la estafa política ha ido de la mano con la corrupción ha estado presente y a dado lugar a escándalos mayúsculos. Se han destapado lobbys de contratos internacionales por un lado y por otro se han producido ingentes pérdidas por los paros y huelgas, el lector puede sacar sus conclusiones como y donde están los responsables. Los Ministros encargados de la problemática de seguridad son todo, menos experimentados policías o militares. En el Perú, la legislación por los derechos humanos avanzó, sin embargo, las zonas de narcotráfico y cocaleras continúan en estado de emergencia durante los últimos 20 años. En estas zonas, las áreas cocaleras mantienen su producción y hoy en día hay parlamentarios representantes de los grupos dedicados al cultivo de la hoja de coca.
Tratando de hacer un análisis de la lentitud con la que ha avanzado durante los últimos años la legislación sobre el tema de seguridad ciudadana y seguridad privada, pudimos comprobar que la Ley de Seguridad Ciudadana se dió en el 2003 y esta aún no se implementa, la organización ni siquiera ha alcanzado niveles de desarrollo parejos. En Lima, es común la conducción hostil y hace poco un conocido reincidente en atropellos y accidentes se dio el lujo de negarse a pasar un examen de sangre.
Es anecdótico, como las bases de datos de los organismos públicos y privados se venden en la galerías de software piratas de Lima y como los turistas toman fotos del cogestionado tránsito de la avenida Abancay y del dispendio de piratería en “El Hueco” para llevárselas de ejemplo.
Con respecto a la Ley de Seguridad Privada, esta se dió el año 2006, sin embargo el reglamento que aprobaría su puesta en ejecución no se ha dado aún. Lo que si se abrió paso en el año 2006 fueron los diversos dispositivos legales normando la exclusión de empresas estatales para no ceñirse a los procesos de selección de seguridad privada, indudablemente contrario a la Ley de Seguridad en mención, y a la que se añadió la contratación de mercenarios en el país durante estos años, temas que se hubieran detenido de haberse promulgado la ley de marras, pero en nuestra sociedad esto es solo una coincidencia.
Recientemente un dispositivo legal para incrementar el número de Policías de patrulla en las calles de Lima debido al aumento de violencia llevó a algunos a argumentar acerca del empleo de agentes de seguridad privada para enfrentar este problema, sin embargo para los conocedores, sus argumentos son demagógicos y discutibles debido a que la seguridad privada tienen otros fines.
Tratando de hacer un análisis de la lentitud con la que ha avanzado durante los últimos años la legislación sobre el tema de seguridad ciudadana y seguridad privada, pudimos comprobar que la Ley de Seguridad Ciudadana se dió en el 2003 y esta aún no se implementa, la organización ni siquiera ha alcanzado niveles de desarrollo parejos. En Lima, es común la conducción hostil y hace poco un conocido reincidente en atropellos y accidentes se dio el lujo de negarse a pasar un examen de sangre.
Es anecdótico, como las bases de datos de los organismos públicos y privados se venden en la galerías de software piratas de Lima y como los turistas toman fotos del cogestionado tránsito de la avenida Abancay y del dispendio de piratería en “El Hueco” para llevárselas de ejemplo.
Con respecto a la Ley de Seguridad Privada, esta se dió el año 2006, sin embargo el reglamento que aprobaría su puesta en ejecución no se ha dado aún. Lo que si se abrió paso en el año 2006 fueron los diversos dispositivos legales normando la exclusión de empresas estatales para no ceñirse a los procesos de selección de seguridad privada, indudablemente contrario a la Ley de Seguridad en mención, y a la que se añadió la contratación de mercenarios en el país durante estos años, temas que se hubieran detenido de haberse promulgado la ley de marras, pero en nuestra sociedad esto es solo una coincidencia.
Recientemente un dispositivo legal para incrementar el número de Policías de patrulla en las calles de Lima debido al aumento de violencia llevó a algunos a argumentar acerca del empleo de agentes de seguridad privada para enfrentar este problema, sin embargo para los conocedores, sus argumentos son demagógicos y discutibles debido a que la seguridad privada tienen otros fines.
Durante estas elecciones
La estafa política esta presente y su propaganda es más cínica. Tenemos que reconocer que durante este período, debido a la presión del momento, "todos bailan huayno", la propaganda aumenta y la corrupción disminuye. En este período los cartelones de los candidatos no son de fiar, las fotos y poses están angelizadas, nos horrorizaría el solo hecho de ver sus reacciones en persona o como a algunos candidatos cantando, bailando y bebiendo en tragos. A algunos, el cinismo los ha llevado a expresarse abiertamente contrarios a una prueba de dopaje y a otros los ha llevado a declarar sus abiertas intenciones de liberar algunos de sus directos contactos encarcelados.
En general, los candidatos, tratan de mostrar "santitud" y "familia sana" a prueba de balas, algunos más populistas que otros. También es notorio el reavivamiento de viejos y tradicionales políticos que aparecen publicando artículos extensos con el objeto de atraer las miradas del elector, por supuesto solo aparecen en este período. Algunos luego de acusados penosamente por sus faltas y errores solo han atinado a la falacia de reacusar por “mala intenciones” a sus denunciantes. Son pocos, contados con los dedos los casos en que alguno de los candidatos renuncia a sus intenciones de candidatear y da ejemplo ante la participación de personajes negativos en su lista, al otro extremo, los candidatos cínicos, que quieren continuar, aún acusados por sus propios compañeros, organizan sus listas para participar y ejercer su influencia.
Esperemos que la sociedad madure y se oriente a un voto de idoneidad más que al de una “solución por un mal menor”. El lector tendrá que escoger más por el perfil del candidato, sus conocimientos técnicos y su idoneidad demostrada, que por sus características y recursos políticos. Y quizás en un futuro no muy lejano, tengamos en nuestro código penal finalmente un título referente al delito de estafa política, a aquellos sinvergüenzas que lo cometan se les quite la inmunidad parlamentaria, se les juzgue y no se les permita volver a candidatear.
