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El Decreto Legislativo Nº 1352 amplía la
responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Así, incorpora en el
ámbito de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, al
delito de cohecho activo genérico y cohecho activo específico y los delitos de
lavado de activos y financiamiento del terrorismo, además del cohecho activo
transnacional. Las sanciones por aplicarse por estas causas implican la
disolución de las empresas partícipes de estos ilícitos, y también la
imposibilidad de que estas puedan volver a contratar con el Estado.
