La ausencia de una política de Estado y la ausencia de una
política de recursos humanos única, unidas a la prevalencia de diversas políticas partidarias (Fujimori,
Toledo y García), cada una en su turno correspondiente, han marcado el desarrollo
durante los últimos veinte años, de los servicios públicos peruanos, donde
todos somos testigos del problema, de limitadas eficiencias interesadas y de la
necesidad de una solución técnica para resolverlo.
Marchas, contramarchas, despidos, contrataciones, de
características masivas, sucesivas y continuas, acompañadas de cierres y
aperturas de regimenes, caracterizaron a la administración pública, donde la
oportunidad nacía y moría con las nuevas administraciones políticas del estado,
por ello el estado no ha sido el mejor beneficiado.
Este interés político de cada gobierno de turno, por
mantener una franja de seguidores e incondicionales opuesto a la necesidad de
un cambio planificado a mediano plazo es lo que no ha permitido consolidar un
sistema de administración pública único, en una sola estructura.
Contario a lo deseado, la Carta Constitucional ha servido
para establecer diversas escalas salariales invocando la existencia de
características particulares a cada sector y para aprobar por sobre todo la
estabilidad laboral en perjuicio de la eficiencia y la capacidad.
La situación es más grave a nivel regional donde cada gobierno
elegido hace un buen tiempo entra con su propio personal y donde los
presupuestos del estado pueden verse afectados por su derivación a objetivos
diferentes.
Los años nos han permitido presenciar casos de funcionarios
que ingresaron a trabajar e inmediatamente se jubilaron, otros que ingresaron y
salieron al poco tiempo con jugosas indemnizaciones, y otros que habiendo
servido simplemente no recibieron sus pagas correspondientes, solo para señalar
los más publicitados entre otros.
El resultado es el panorama actual: caótico, en el que actualmente,
trabajan alrededor de 1.4 millones de servidores públicos. Quienes al 2011, tenían
un costo de planilla pública que ascendía a 22,300 millones de soles (cerca
al 30% del presupuesto público).
Hoy tenemos 15 regímenes laborales en las entidades del Estado, entre
generales y especiales, lo que inevitablemente favorece el desorden en la
administración pública, pues cada uno de ellos contempla distintos derechos y
deberes para los servidores públicos. Estos coexisten con tres regímenes laborales
generales, generando un desorden
administrativo, distorsiones y desmotivación del personal.
El Decreto Legislativo 276 (carrera pública), el Decreto
Legislativo 728 (Régimen de acuerdo a normas para el sector privado) y el
Contrato Administrativo de Servicios (Decreto Legislativo 1057, conocido como CAS) hace que "Tres personas que trabajan en la
misma institución haciendo lo mismo están regidas por tres regímenes distintos,
ganando distinto". En otras palabras,
existe caos y desorden en materia de contrataciones, remuneraciones, derechos y
deberes de los actuales servidores públicos.
Existan más de 500 normas sobre empleo público, más de
102 escalas remunerativas y una planilla pública con 400 diferentes conceptos
de pago. Los servidores con régimen privado y CAS ganan más que los de la
carrera pública (D.Leg. 276), pese a realizar funciones similares.
El sistema actual ahuyenta a los talentos, influencia en la
mala administración, los ascensos se otorgan hoy por “antigüedad” (años
acumulados) o por el número de capacitaciones (“cartones”) o el nivel de
formación con el que cuente el servidor, situaciones que no aseguran la
eficiencia y cumplimiento.
Adicionalmente las evaluaciones solo han quedado en
diagnostico de la problemática actual. En los servidores con bajos ingresos no
hay incentivo para mejorar.
Por ello, una reforma, planificada, gradual, a largo plazo
orientada a servir al estado, y una Ley marco, que evite los diversos intereses de las fragmentadas
organizaciones políticas peruanas es necesaria.
Los alcaldes deben tomar en cuenta que una fuga de gas podría
ser parte de la consecuencia trágica de un sismo o de un incendio, con graves
daños, como ya se ha sucedido en otros países como en el
caso de Taiwán, el ultimo 2 de agosto del 2014 cuando exploto una línea de
gas en una zona urbana, o en el caso
de la Torre Ejecutiva PEMEX en México el 2 de febrero del 2013. 
