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viernes, 7 de junio de 2013

El Servicio Civil, una reforma necesaria e impostergable


La ausencia de una política de Estado y la ausencia de una política de recursos humanos única, unidas a  la prevalencia de diversas políticas partidarias (Fujimori, Toledo y García), cada una en su turno correspondiente, han marcado el desarrollo durante los últimos veinte años, de los servicios públicos peruanos, donde todos somos testigos del problema, de limitadas eficiencias interesadas y de la necesidad de una solución técnica para resolverlo.

Marchas, contramarchas, despidos, contrataciones, de características masivas, sucesivas y continuas, acompañadas de cierres y aperturas de regimenes, caracterizaron a la administración pública, donde la oportunidad nacía y moría con las nuevas administraciones políticas del estado, por ello el estado no ha sido el mejor beneficiado.

Este interés político de cada gobierno de turno, por mantener una franja de seguidores e incondicionales opuesto a la necesidad de un cambio planificado a mediano plazo es lo que no ha permitido consolidar un sistema de administración pública único, en una sola estructura.

Contario a lo deseado, la Carta Constitucional ha servido para establecer diversas escalas salariales invocando la existencia de características particulares a cada sector y para aprobar por sobre todo la estabilidad laboral en perjuicio de la eficiencia y la capacidad.

La situación es más grave a nivel regional donde cada gobierno elegido hace un buen tiempo entra con su propio personal y donde los presupuestos del estado pueden verse afectados por su derivación a objetivos diferentes.

Los años nos han permitido presenciar casos de funcionarios que ingresaron a trabajar e inmediatamente se jubilaron, otros que ingresaron y salieron al poco tiempo con jugosas indemnizaciones, y otros que habiendo servido simplemente no recibieron sus pagas correspondientes, solo para señalar los más publicitados entre otros.

El resultado es el panorama actual: caótico, en el que actualmente, trabajan alrededor de 1.4 millones de servidores públicos. Quienes al 2011, tenían un costo de planilla pública que ascendía a 22,300 millones de soles (cerca al 30% del presupuesto público).

Hoy tenemos 15 regímenes laborales en las entidades del Estado, entre generales y especiales,  lo que inevitablemente favorece el desorden en la administración pública, pues cada uno de ellos contempla distintos derechos y deberes para los servidores públicos. Estos coexisten con  tres regímenes laborales generales,  generando un desorden administrativo, distorsiones y desmotivación del personal.

El Decreto Legislativo 276 (carrera pública), el Decreto Legislativo 728 (Régimen de acuerdo a normas para el sector privado) y el Contrato Administrativo de Servicios (Decreto Legislativo 1057,  conocido como CAS) hace que  "Tres personas que trabajan en la misma institución haciendo lo mismo están regidas por tres regímenes distintos, ganando distinto".  En otras palabras, existe caos y desorden en materia de contrataciones, remuneraciones, derechos y deberes de los actuales servidores públicos.

Existan más de 500 normas sobre empleo público, más de 102 escalas remunerativas y una planilla pública con 400 diferentes conceptos de pago. Los servidores con régimen privado y CAS ganan más que los de la carrera pública (D.Leg. 276), pese a realizar funciones similares.

El sistema actual ahuyenta a los talentos, influencia en la mala administración, los ascensos se otorgan hoy por “antigüedad” (años acumulados) o por el número de capacitaciones (“cartones”) o el nivel de formación con el que cuente el servidor, situaciones que no aseguran la eficiencia y cumplimiento.

Adicionalmente las evaluaciones solo han quedado en diagnostico de la problemática actual. En los servidores con bajos ingresos no hay incentivo para mejorar.

Por ello, una reforma, planificada, gradual, a largo plazo orientada a servir al estado, y una Ley marco, que  evite los diversos intereses de las fragmentadas organizaciones políticas peruanas es necesaria.

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