En el Perú, los
delitos y faltas de autoridades oficiales carecen de un sistema de registro.
Solo se registran aquellos casos que llegan al Poder Judicial.
En el Congreso, el
procesamiento de faltas y delitos adolece de defectos. El resultado ante una
falta o delito, es un proceso largo, tedioso, irrelevante, moroso, oneroso para
los fines institucionales, y en el que la sanción impuesta da la impresión de
ser negociada por los bandos intervinientes, disminuida y luego de un tiempo
olvidada.
El proyecto de ley vendría
a ser una solución limitada de lo que constituye la verdadera dimensión problemática
referida a las faltas y hasta delitos de las autoridades oficiales en todos sus
estratos, no solo de los congresistas. Por
lo pronto, las estadísticas reales ponen en
