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Foto: Josh Jokes/Flickr bajo licencia Creative Commons
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Tomado de Humanum
Por Daniel Luz [1]
De los aproximadamente 100,000 homicidios que se registran
en América Latina y el Caribe cada año, más de un 80% son cometidos con armas
de fuego. Es por ello que parecería sensato que toda política pública decidida
a combatir este flagelo debiera considerar medidas para cortar la proliferación
de armas (IDH,
2013).
Es importante dejar muy claro una idea fuerza: las armas
como tal no son el origen ni de las guerras ni de la violencia. Las guerras y
la violencia responden a motivaciones y a raíces muchísimo más complejas y
difíciles de responder. Sin embargo, a nadie se le escapa el hecho de que con
una presencia masiva y descontrolada de armas[1], estas raíces se vuelven más
difíciles de gestionar, más complejas y más letales en términos humanos.
Las armas son el principal factor de contagio en la epidemia
de la violencia armada. En el tratamiento de las epidemias los esfuerzos se
encaminan en dos direcciones: por un lado se trata de reducir las condiciones
en las que ésta se reproduce (con medidas de fomento de la higiene o de la
potabilización del agua, por ejemplo), y por el otro, se hace todo lo posible
para erradicar el agente multiplicador (el mosquito, pongamos por caso). Es por
esto por lo que para avanzar en el camino de la construcción de la sana
convivencia ciudadana, también hace falta realizar esfuerzos en ambas
direcciones: incidir en las raíces -tanto culturales como estructurales que
generan violencia- y controlar (si no se puede erradicar) los aceleradores de
dicha violencia -como podría ser el fácil acceso a las armas.
América Latina es una región líder en los esfuerzos de
controlar las armas de fuego. Prueba
