Seguridad Ciudadana: La Policía en la atención a la Salud mental

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jueves, 27 de octubre de 2011

La atención con la enfermedad de Alzheimer, por Robert Schaefer, MPA, y McNiff Julie, MSEd.

Acechando en las sombras, una amenaza a menudo no reconocida e indeterminada se enfrenta a la policía. A veces, las agencias dedicadas al cumplimiento de la ley disminuyen su importancia debido a la falta de entendimiento y falta de deseo de hacerle frente, así como la insuficiencia de recursos y los escasos fondos disponibles. Este enemigo, la enfermedad de Alzheimer, "relacionada con la edad, degenerativa en sí y con un deterioro cerebral progresivo que va afectando la memoria, el pensamiento, el comportamiento, la personalidad, y el control muscular", fue identificada por el Dr. Alois Alzheimer, un neuropatólogo alemán/psicólogo, en 1906[1].

Esta amenaza imprevista que se presenta sin invitación, en la actualidad impregna casi todos los segmentos de nuestra sociedad y representa un grave problema. Un investigador estima que en promedio la operación de búsqueda y rescate de una víctima de la enfermedad de Alzheimer tiene una duración de 9 horas y cuesta alrededor de unos 1.500 dólares por hora[2]. De acuerdo con la Asociación Nacional de Alzheimer, 6 de cada 10 personas con esta afección pasean en algún momento durante su progresión[3]. Cuarenta y seis por ciento de los que no se les encuentra dentro de un período de 24 horas, más tarde se les encuentra muertos[4]. Claramente, los organismos policiales se enfrentan a desafíos únicos, como resultado de esta enfermedad.

Enfrentando el Desafío

La seguridad pública es en primer lugar la primera respuesta, incluido el personal de policía, normalmente se ocupan de personas que presentan síntomas de la enfermedad de Alzheimer, tales como confusión, desorientación, o errantes. Las personas con estas condición, a menudo no puede pedir auxilio, o incluso pueden no reconocer que necesitan ayuda. Pueden caminar o conducir durante horas, sin darse cuenta del paso del tiempo o de su propia desorientación. Estas personas se convierten en blancos fáciles de depredadores. Mientras que otras personas desaparecidas, como los niños, los cazadores o excursionistas, puede alertar a las autoridades que los buscan, las personas con la enfermedad de Alzheimer que deambulan podrían activa e inconscientemente intentar no ser encontrados por los que los buscan.

Existe poca información a nivel nacional para ayudar a desarrollar, coordinar y difundir instrucciones sobre cómo responder a las personas con enfermedad de Alzheimer. Además, no existen normas de notificación obligatoria sobre adultos desaparecidos que tienen esta condición. Sin embargo, cada año, se estima que 125.000 personas con la enfermedad de Alzheimer o una condición similar dejan la seguridad de su hogar y familia y son incapaces de encontrar su camino de regreso[5].

Conductas comunes que los socorristas deben reconocer incluyen la repetición, paranoia, ansiedad, pérdida de inhibiciones, las actitudes de hurgar en algo, ocultamiento o acaparamiento de objetos, el ritmo y movimientos nerviosos, y la deambulación. Muchos de estos estados son el resultado de la progresión de la enfermedad y puede llegar agravarse por el aburrimiento, la falta de ejercicio, la confusión sobre el tiempo y lugar, el cambio en el ambiente físico o social, los argumentos con los cuidadores, el miedo provocado por los delirios y las alucinaciones, los medicamentos y las condiciones medicas. Adicionalmente, las autoridades han descubierto que los pacientes con enfermedad de Alzheimer en un porcentaje están probablemente relacionados con llamadas telefónicas de solicitudes de servicio técnico o de emergencias.

Preparando una respuesta

El estado de Virginia se ha mantenido activo, y actúa como líder y ejemplo en la creación de conciencia para atender casos de emergencia en las áreas de la enfermedad de Alzheimer y la demencia. La asamblea general de 1998 dio un paso audaz e importante cuando se modificó la Sección 9-170 del Código de Virginia que otorgó al Departamento de Servicios de Justicia Criminal (DCJS) y a la Junta de Servicios de la Justicia Penal (CJSB), la Directiva para establecer estándares de capacitación para el cumplimiento de las leyes oficiales relacionadas con la enfermedad de Alzheimer. Así como otorgó un financiamiento apropiado del valor de $ 75.000. El poder legislativo local se aseguró que todos los funcionarios de policía de Virginia recibieron capacitación.

En 1998, la formación del Comité Asesor de Alzheimer, reunidos por el DCJS desarrolló y distribuyó un programa de formación de entrada a todas las academias de formación. Desde entonces, el nivel de entrada en la formación se ha producido con regularidad. DCJS no incorporó cambios inmediatos en la capacitación obligatoria para los funcionarios en servicio, pero, en cambio, instruyó a las academias para impartir esta formación a los funcionarios titulares de forma voluntaria. Luego, el Comité centró su atención en la formación en el servicio de los funcionarios. En 2000, la Sección 9-170 del Código de Virginia sufrió modificaciones para cambiar la numeración de 9.1-102 y fortalecer su lenguaje, dando al DCJS y al CJSB "el poder y el deber de" dictar las normas y los reglamentos. Esto creó una directiva base para establecer los mandatos de la formación según lo establecido por la Asamblea General.

Durante los últimos 12 años, el programa de capacitación de Alzheimer DCJS ha cobrado impulso y notoriedad. A partir de 1999, el DCJS ha desarrollado un programa de formación integral de instructores y se lo ofreció a agentes policiales en toda Virginia. Además, las sesiones regionales de capacitación se han centrado en la comunicación entre oficial, agentes / y controladores de central (despachadores), empleados personal médico, abogados de la comunidad, los secretarios judiciales y magistrados. Durante el 2009 y 2010, la formación se ha centrado en los problemas inherentes con el creciente número de presos con enfermedad de Alzheimer ubicado en las instalaciones del Departamento Correccional de Virginia. Sesiones de formación especializada también se han presentado anualmente en el Simposio de EMS y el Proyecto de conferencias internacionales para Salvavidas y para estudiantes de la Academia Nacional del FBI en Quantico, Virginia. Hasta la fecha, más de 10.000 especializados para brindar primeros auxilios han recibido capacitación[6].

Formación de Instructores

Estructura

Todos los estudiantes en el curso de dos días reciben un manual de capacitación con un CD que contiene las presentaciones utilizadas durante el programa. El curso consta de tres secciones.

Sección I: Desempeño requerido y objetivos.

Sección II: Esquema de Formación en Alzheimer y comprensión del plan de lección para la enfermedad de Alzheimer. Notas de los estudiantes en el plan de lección

Módulo 1: Introducción y definición de la enfermedad de Alzheimer / demencia

Módulo 2: Comportamientos comunes y llamadas de servicios de emergencia

Módulo 3: Recursos Mayores (Retorno Seguro y Proyecto Salvavidas)

Módulo 4: Búsqueda de una persona desaparecida con la enfermedad de Alzheimer

Módulo 5: Retorno Seguro. Presentación

Módulo 6: Plan de Lección: Ejemplos. Bloque de 3 a 4 horas de entrenamiento

Módulo 7: Roles en Primeros Auxilios, entrenamiento según los roles desempeñados.

Módulo 8: Tratamiento de la Enfermedad de Alzheimer el interior de la cárcel.

Prueba y clave de respuestas para los módulos 1 a 4

Módulo 9: Administración de una búsqueda y estudio de casos

Sección III: Folletos y Recursos

Comentarios de los estudiantes

"Esta clase me ha abierto los ojos después de mucho tiempo. Todos deberían ser obligados a asistir, tanto nuevos como antiguos."

"Una de las mejores clases que he asistido en mis 35 años en la policía, un gran trabajo."

"Este curso es tan importante para la policía. Este curso es tan importante que creo que tiene que ser parte de todas las clases básicas porque todos hacemos frente a estas personas en algún momento." "Tenemos que conocer esta información. El conocimiento es conciencia, la conciencia es alerta y la alerta es poder."

"Un gran entrenamiento. Estoy contenta de haber aprovechado esta clase, muy necesaria para la academia básica."

"Disfrutamos de todos los aspectos de la formación y la encontre muy importante para mi puesto."

Agenda del día

Día 1,

07:00 a.m. Registro y Presentación

07:45 a.m. Introducción a la demencia y a la enfermedad de Alzheimer:, signos, síntomas y etapas

10:00 a.m. Respondiendo a las llamadas de servicio: Comunicación y Evaluación

12:30 a.m. Perspectiva personal de Cuidado de personas con la enfermedad de Alzheimer

14:15 Recursos en la Comunidad

Local de Servicios Sociales / APS (según disponibilidad)

La Asociación de Alzheimer (capítulo local): Retorno Seguro/Alerta Médica y zona de confort

Proyecto Salvavidas: Introducción y demostración

15:30 p.m. Comentarios de Cierre

Día 2

07:00 a.m. Recuperación de las víctimas: En busca de alguien con la enfermedad de Alzheimer

12:15 a.m. Respuesta a las llamadas de servicio: Cómo manejar personas con la enfermedad de Alzheimer – Casos, Escenarios

15:30 p.m. Comentarios de Cierre y Evaluación

De cara al futuro

El futuro de este agresivo programa de formación está sujeta a fuertes restricciones presupuestarias experimentada en la mayoría de los estados en la actualidad.

La financiación DCJS en la cantidad de 75.000 dólares en esta área fue cortada. Afortunadamente, el apoyo generalizado de los primeros en responder a través de Virginia a la enfermedad de Alzheimer y trastornos relacionados con la Comisión dio lugar a la restauración de parte de los fondos del DCJS para continuar con este programa hasta el año fiscal 2011. DCJS actualmente está consiguiendo otras fuentes de financiamiento para el año fiscal 2012.

Si el financiamiento permanente cortado, la formación en este ámbito es probable que caiga totalmente dentro en el ámbito de la Asociación de Alzheimer, que tradicionalmente ha llevado a cabo primero la capacitación de respuesta en muchas áreas en los Estados Unidos, sin embargo, este generalmente consiste en 30 minutos o menos hasta un máximo de 4 horas, la excepción, a la regla. Sesiones de entrenamiento mas largas requieren de financiación adecuado y personal.

Conclusiones

Las fuerzas del orden y otros rescatistas de seguridad pública dedicados a los primeros auxilios se ocupan normalmente de atender a personas que padecen la enfermedad de Alzheimer. Estos individuos presentan desafíos únicos. Con este fin, los funcionarios deben entender la enfermedad y la mejor manera de abordar las situaciones que podrían suscitarse. La formación en esta área es necesaria para los agentes del orden a fin de reconocer y manejar mejor las llamadas de servicios relacionadas a esta terrible enfermedad.

Para obtener información adicional[7]

[1] Joanne K. Coste, Learning to Speak Alzheimer’s: A Groundbreaking Approach for Everyone Dealing with This Disease (New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2003), 12-18. 

[2] Robert Koester, Lost Person Behavior: A Search and Rescue Guide on Where to Look – for Land, Air, and Water (Charlottesville, VA: dbS Productions LLC, 2008). 

[3] National Alzheimer’s Association, Basics of Alzheimer’s: What It Is and What You Can Do (Chicago, IL: National Alzheimer’s Association, 2007), 22. 

[4] Robert Koester and David Stooksbury, Behavioral Profile of Possible Alzheimer’s Disease Patients in Virginia Search and Rescue Incidents (Charlottesville, VA: dbS Productions LLC, 1995), 34-43. 

[5] Robert Koester and David Stooksbury, “Lost Alzheimer’s Subjects: Profiles and Statistics,” Response 11, no. 1 (1992): 20-26. 

[6] Virginia Department of Criminal Justice Services Training Report, August 2010. For additional information pertaining to Project Lifesaver, see Douglas A. Bryant, “Community Policing: Implementing Programs to Keep Citizens Safe,” FBI  Law Enforcement Bulletin, June 2010, 23-25.

[7] Alzheimer’s Association: http://www.alz.org Virginia Department of Criminal Justice Services: http://www.dcjs.virginia.gov Virginia Department of Emergency Management: http://www.vdem.state.va.us Alzheimer’s—The Identity Thief of the 21st Century: http://www.alzmindthief.com

Awareness of Alzheimer’s Disease  by Robert Schaefer, M.P.A.,  and Julie McNIFF, M.S.Ed.

Lurking in the shadows, an often unrecognized and unacknowledged threat faces law enforcement. Sometimes, law enforcement agencies diminish its importance because of a lack of understanding and desire to face it, as well as insufficient resources and training funds. This enemy, Alzheimer’s disease—“an age-related, degenerative, progressive brain disorder affecting memory, thought, behavior, personality, and muscle control”—was identified by Dr. Alois Alzheimer, a German neuropathologist/psychologist, in 1906.[1]

This unanticipated and uninvited menace currently permeates almost every segment of society and represents a serious problem. One researcher estimated that an average search-and-rescue operation for a victim of Alzheimer’s disease lasts about 9 hours and costs approximately $1,500 per hour.[2] According to the National Alzheimer’s Association, 6 out of 10 persons with the condition will wander at some time during its progression.[3] Forty-six percent of those not found within a 24-hour period later will be found deceased.[4] Clearly, police agencies face unique challenges as a result of this disease.

Facing The Challenge 

Public safety first responders, including law enforcement personnel, regularly deal with individuals exhibiting Alzheimer’s disease symptoms, such as confusion, disorientation, or wandering. Persons with the condition often cannot ask for or even may not recognize that they need help. They could walk or drive for hours, unaware of the passage of time or their own disorientation. These individuals also can become easy targets for predators. While other missing persons, such as children, hunters, or hikers, may try to assist authorities looking for them, people with Alzheimer’s disease who are wandering might actively and unconsciously attempt not to be found by searchers.

Little information exists nationally to help develop, coordinate, and disseminate instruction on how to respond to individuals with Alzheimer’s disease. Further, there is no mandatory reporting of missing adults who have the condition. However, each year, an estimated 125,000 people with Alzheimer’s disease or a related condition leave the safety of their home and family and are unable to find their way back.[5]

Common behaviors that first responders need to remain aware of include repetition, paranoia, anxiety, loss of inhibitions, rummaging, hiding or hoarding of objects, pacing and fidgeting, and wandering. Many of these result from the progression of the disease and can become exacerbated by boredom, lack of exercise, confusion about time and place, change in physical or social environment, arguments with caregivers, fear brought about by delusions and hallucinations, medications, and medical conditions. Further, authorities will find that Alzheimer’s disease patients most likely may be involved with certain calls for service.

Developing the Response 

The Commonwealth of Virginia has remained proactive, serving as a leader and an example in creating awareness for first responders in the areas of Alzheimer’s disease and dementia. The 1998 general assembly took a bold and major step when amending Section 9-170 of the Code of Virginia to give the Department of Criminal Justice Services (DCJS) and the Criminal Justice Services Board (CJSB) the directive to set training standards for law enforcement officers pertaining to Alzheimer’s disease. Appropriated funding totaled $75,000. The legislature intended to ensure that all officers in Virginia received training.

In 1998, the Alzheimer’s Training Advisory Committee assembled by DCJS developed and distributed an entry-level training package to all training academies. Since then, entry-level training has occurred regularly. DCJS did not incorporate immediate changes to the mandated training for in-service officers but, instead, instructed academies to provide this training to incumbent officers voluntarily.  The committee then focused its attention on training in-service officers. In 2000, Section 9-170 of the Code of Virginia underwent modification to renumber it to 9.1-102 and strengthen its language, giving DCJS and CJSB the “power and duty to” promulgate rules and regulations. This created a stronger directive to set training mandates as set forth by the general assembly.

 Over the last 12 years, the DCJS Alzheimer’s training program has gained momentum and notoriety. Beginning in 1999, DCJS developed a comprehensive instructor training program and offered it to law enforcement instructors across Virginia. Also, regional training sessions have focused on communications officer/dispatchers, jail officers and their medical staff, commonwealth attorneys, court clerks, and magistrates. During 2009 and 2010, training has centered on the problems inherent with the increasing number of inmates with Alzheimer’s disease housed within Virginia Department of Corrections’ facilities. Specialized training sessions also have been presented annually at the EMS Symposia and Project Lifesaver International conferences and for FBI National Academy students at Quantico, Virginia. To date, over 10,000 first responders have received training.[6]

Training the Trainers

Structure 

All students in the 2-day course receive a training manual with an accompanying CD containing presentations used during the program. The course consists of three sections.

Section I: Performance Outcomes and Objectives Section II: Alzheimer’s Training Outline and Understanding Alzheimer’s Disease Lesson Plan

Student Notes Lesson Plan

Module 1: Introduction and Definition of Alzheimer’s Disease/Dementia

Module 2: Common Behaviors and Calls for Emergency Services

Module 3: Major Resources (Safe Return and Project Lifesaver)

Module 4: Searching for the Missing Person with Alzheimer’s Disease

Module 5: Safe Return. Presentation

Module 6: Lesson Plan: Example 3- to 4-Hour Block of Training

Module 7: First Responder Training Scenarios for Role Play

Module 8: Dealing with Alzheimer’s Disease Inside the Jail Environment

Test Questions and Answer Key for Modules 1 to 4

Module 9: Search Management and Case Studies

Section III: Handouts and Resources

Compliments from Students

“This class is the biggest eye opener that I have been to in a long time. Everyone should be required to attend—both new and old.”  

“One of the best classes I’ve attended in my 35 years in law enforcement—great job.”  

“This course is so important to law enforcement. This course is important enough that I feel it needs to be part of all basic classes because we all deal with these people at some point in time. We need to get this info out. Knowledge is awareness, and awareness is power.”  

“Great training. I’m so glad I took this class—a must need for basic academy.”  

“Enjoyed all aspects of the training and found it  extremely relevant to my position.” 

Agenda

Day 1

 7:00 a.m. Registration and Introduction

7:45 a.m. Overview of Dementia and Alzheimer’s Disease: Signs, Symptoms, and Stages

10:00 a.m. Responding to Calls for Service: Communicating and Assessing

12:30 p.m. A Personal Perspective of Caring for Someone with Alzheimer’s Disease

2:15 p.m. Community Resources

Local Social Services/APS (as available)

Alzheimer’s Association (local chapter): Safe Return/Medic Alert and Comfort Zone

Project Lifesaver: Introduction and Demonstration

3:30 p.m. Closing Comments

Day 2

7:00 a.m. Casualty Reduction: Searching for Someone with Alzheimer’s Disease

12:15 p.m. Responding to Calls for Service: How to Manage Individuals with Alzheimer’s Disease—Case Scenarios

3:30 p.m. Closing Comments and Evaluations

Facing the Future 

The future of this forward-thinking, proactive, and aggressive training program is subject to severe budgetary constraints as experienced in most states today. The DCJS funding in the amount of $75,000 in this area was cut. Fortunately, widespread support from first responders across Virginia and the Alzheimer’s and Related Disorders Commission resulted in restoring some of the DCJS funding to continue this program through fiscal year 2011. DCJS currently is pursuing other sources of funding for fiscal year 2012.

If funding is permanently cut, training in this area likely will fall totally within the purview of the Alzheimer’s Association, which traditionally has conducted first responder training in many areas across the United States; however, this usually consists of from 30 minutes or less at roll call to, possibly, a maximum of 4 hours—the exception, rather than the rule. Longer training sessions depend on adequate funding and personnel.

Conclusion 

Law enforcement personnel and other public safety first responders regularly deal with people suffering from Alzheimer’s disease. These individuals present unique challenges. To this end, officers need to understand the disease and how best to address situations in which it is involved. Training in this area is needed for law enforcement officers to recognize and best handle calls for service involving this terrible illness.

For Additional Information[7]

[1] Joanne K. Coste, Learning to Speak Alzheimer’s: A Groundbreaking Approach for Everyone Dealing with This Disease (New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2003), 12-18. 

[2] Robert Koester, Lost Person Behavior: A Search and Rescue Guide on Where to Look – for Land, Air, and Water (Charlottesville, VA: dbS Productions LLC, 2008). 

[3] National Alzheimer’s Association, Basics of Alzheimer’s: What It Is and What You Can Do (Chicago, IL: National Alzheimer’s Association, 2007), 22. 

[4] Robert Koester and David Stooksbury, Behavioral Profile of Possible Alzheimer’s Disease Patients in Virginia Search and Rescue Incidents (Charlottesville, VA: dbS Productions LLC, 1995), 34-43. 

[5] Robert Koester and David Stooksbury, “Lost Alzheimer’s Subjects: Profiles and Statistics,” Response 11, no. 1 (1992): 20-26. 

La Policía atendiendo casos de personas con enfermedad mental

Por Abigail S. Tucker, Psy.D., Vincent B. Van Hasselt, Ph.D.,

Gregory M. Vecchi, Ph.D., and Samuel L. Browning, M.S.

Interesante artículo del Boletín “En cumplimiento de la Ley” del FBI, edición Octubre 2011, que nos introduce a la función policial en atención de los enfermos de salud mental en lugares públicos.

Mientras que los agentes de policía no pueden considerar entre sus principales funciones, el prestar servicios a las personas con enfermedades mentales, ellos deben estar preparados a responden a los retos y peligros que los ciudadanos comunes y otros servicios sociales no están preparados para atender. Adicionalmente a su rol de investigadores y protectores, la policía aún debe mantener la paz.[1]

Sin embargo, una revisión de los expedientes , nos ilustra de los frustrantes y muchas veces trágicos resultados de llamadas sobre casos ocurridos a la policía atendiendo asistencias relacionadas con las enfermedades mentales. Una mirada más de cerca de estos casos nos demuestra que los agentes de policía suelen ser el primer contacto e intermediar, entre los representantes de la justicia penal y los sistemas de servicio social. Desafortunadamente, existe una desconexión entre el proceso de la respuesta policial con el siguiente nivel de atención que requieren los pacientes debido en gran parte a la falta de formación adecuada, de los recursos y colaboración de la comunidad.[2]

Perspectivas históricas

La tendencia hacia la desinstitucionalización entre los años 1960 y 1980 contribuyó a un mayor contacto entre la policía y personas con enfermedad mental.[3] Adicionalmente, el recorte de fondos federales para salud mental y la introducción de reformas legales dieron lugar a que estas personas tengan derecho a vivir en la comunidad sin el tratamiento correspondiente[4]. Sin embargo, algunas de las reformas legales en la década del 1970 afectaron a personas con enfermedades mentales mediante el establecimiento de leyes para el tratamiento involuntario, así como los de infracciones no peligrosas (por ejemplo, atender casos de personas con alucinaciones verbales en los parques públicos, dormir en parques públicos sobre bancas). A partir de la década de 1950, los agentes de policía oficiales añadieron a sus estándares profesionales, las experiencias de expertos de otros campos (por ejemplo, de psicólogos, abogados defensores) para impulsar la reforma policial y tener respuestas de atención a la enfermedad mental.[5] Tales objetivos, si bien loables, a menudo no se llevaron a cabo por las agencias de policía debido a limitaciones financieras, a la ausencia de necesidad de una aplicación real, y a la incapacidad de los mismos consultores profesionales para ofrecer pautas de tratamiento útiles.

Para la confrontación con personas con enfermedad mental, la policía tiene tres opciones principales: 1) Transportarlas a un centro psiquiátrico que reciben tratamiento, 2) el empleo de habilidades verbales informales con el fin de frenar el riesgo de la situación, y 3) el arresto/detención del individuo[6]. Estas acciones se derivan de los conceptos básicos de trato que guía a la policía de guía en todas sus intervenciones con los ciudadanos, el deber de un agente de policía es el deber de un funcionario público de proteger y servir a la comunidad y contribuir a las reformas de gobierno que establecen que el poder de un agente de policía es para proteger involuntariamente a aquellos que se comporten irracionalmente, o que puedan lastimarse o lastimar a otros[7]

Recientemente, han surgido, enfoques más amplios y flexibles, sin embargo, aún son pocos. Los ejemplos incluyen capacitación especial a agentes de policía y a unidades especializadas, así como programas de apoyo a la comunidad y capacitación para el manejo de crisis. Como resultado de una amplia cobertura mediática en los últimos diez años se ha puesto de manifiesto, que estas opciones a pesar de ser limitadas, pueden llevar a casos con resultados de muerte o lesiones.

Es más trágico el incremento de la participación policial en los casos de “suicidio usando a la policía”, definido según los estándares y entrenamiento policial como "un incidente en que un individuo se involucra en una conducta que supone un riesgo evidente de lesiones graves o de muerte, con la intención de precipitar al agente de policía, a que haga uso de su fuerza mortal (arma) contra el mismo individuo. "Las investigaciones muestran que un número significativo de personas que han llevado a cabo este acto tiene alguna forma de enfermedad mental[8].

Modelos Especializados de respuesta policial

Los agentes de policía son a menudo culpados de los resultados mortales en situaciones de enfermedad mental. Hace cuatro décadas, la policía era descrita como sujetos con limitada amplitud (encasillados) en relación a la toma de decisiones relacionadas al aspecto médico clínico, con carencia de entrenamiento y dado el caso, con pocas opciones de respuesta[9]. Irónicamente, esta importante conclusión, hoy en día se mantiene vigente, y es considerada en gran medida .

Como una posibilidad, las agencias policiales cuentan con programas de referencia para la policía. Una evaluación de estos programas policiales refiere que una unidad admitida en un centro comunitario de salud mental (CMHC) mejoró la aptitud y el proceso de cómo los oficiales deben atender los casos de personas con enfermedades mentales y a la vez, reforzó los programas y eficacia en los hospitales[10]. Además, el análisis mostró que un respuesta con la colaboración entre la policía y las acciones de los centros comunitarios de salud mental reducían las tasas de reincidencia en los pacientes psiquiátricos.

La policía también puede incorporar programas especializados. Un informe señaló que, aunque más del 50 por ciento de los departamentos de policía a nivel nacional, no cuentan con un programa/respuesta, la mayoría de ellos conocen el manejo de crisis para atender llamadas de servicio relacionadas con enfermedades mentales[11]. Esto se contradice con resultados de investigaciones que apuntan a la eficacia de los programas de respuesta especializada[12]. Como tendencia alentadora, se señala que esfuerzos recientes muestran que el número de agencias de policía que cuentan con formación y unidades especializadas para tratar con las personas con enfermedad mental es cada vez mayor[13]^.

“La tendencia hacia la

desinstitucionalización entre los años 1960 y 1980 contribuyó a la mayor contacto entre la policía y las personas con

las enfermedades mentales.”

Equipos de Intervención en Crisis

El Modelo del equipo de Intervención de Crisis (CIT) de Memphis proporciona un marco para una respuesta oficial especializada de la policía basada y establecida por experiencias de campo. La CIT creada en Memphis, Tennessee, en 1988, tras la trágica muerte de un suicida con esquizofrenia[14]. A pesar de muchos oficiales del Departamento de Policía de Memphis conocían de su enfermedad mental, los que respondieron al incidente no estaban familiarizados con este. Cuando la policía lo confrontó y le pidió que soltara el cuchillo, el joven se molestó e hizo un movimiento brusco hacia los oficiales, obligándolos a disparar (Tal como los policías habían sido entrenados para reaccionar ante este tipo de situaciones) y el sujeto fue fatalmente herido. Luego de este incidente, la comunidad exigió una respuesta.

Desafortunadamente, esto no representa un hecho aislado, las interacciones entre los representantes del orden público con personas con enfermedades mentales con mayor frecuencia resultan en el uso de la fuerza policial y incluyen personas que no sufren de enfermedades mentales[15]. Esto conduce a lesiones de ambos bandos de los individuos y de los agentes de policía. Sin embargo, hay casos en que no se pueden evitar los resultados de los incidentes que resultaron en la muerte de ciudadanos a manos de las fuerzas del orden, así como en el caso de las personas que cometen suicidio por acción de la policía. CIT ofrece información a los investigadores en estas personas y, quizás, las opciones de llevar a cabo durante sus intercambios con ellos. El modelo CIT incorpora dos componentes principales: 1) un marco de colaboración entre los recursos de salud mental de la comunidad, los beneficiados de estos servicios, y las agencias locales de policía, y 2) la formación especializada de agentes con las guías del modelo CIT en materia de salud mental, manejo de crisis, y de retorno al sujeto afectado la no violencia[16].

Marco de colaboración

La colaboración entre el gobierno, la policía, y la Alianza Nacional para los Enfermos Mentales (NAMI), que comprende a las personas con un problemas de salud mental, y otros en la comunidad comenzó a formarse en las etapas iniciales de planeamiento del modelo CIT. Un ejemplo de estas colaboraciones en Memphis fue la formación de una instalación de salud mental para dejar a los detenidos por la policía, a los que llamaron los Med[17]. Esta instalación aprobaba una política de de admisión y no rechazo de personas con enfermedad mental para que la policía pueda internar sujetos detenidos y volver a patrullar en no menos de 30 minutos.

Entrenamiento de Oficiales

Además de las colaboraciones y los cambios de políticas, algunos agentes son seleccionados o voluntario para recibir formación especializada, como parte de un programa de capacitación de 40 horas CIT. El plan de estudios CIT incluye reconocimiento y comprensión de los signos/síntomas de enfermedades mentales (por ejemplo, esquizofrenia, depresión, trastornos de la personalidad); el reconocimiento y comprensión de aquellos pacientes con intervenciones farmacológicas y sus efectos secundarios; intervención y manejo de crisis y las habilidades de retorno de un sujeto a un punto de no violencia; y el conocimiento de los recursos disponibles de fácil uso para individuos afectos en su salud mental. Adicionalmente, el rol da a los agentes les da la oportunidad de practicar en diversas situaciones de crisis que afecten a las personas con enfermedad mental. Retroalimentación y refuerzo es proporcionado a lo agentes de policía al recibir sus informes verbales y no verbales sobre los casos atendidos.

Profesionales en salud mental de la comunidad de enseñan la mayoría de las materias del curso, los pacientes y sus familias también participan en la educación de los agentes de policía y contribuir a mejorar la perspectiva sobre el problemas de salud mental en la comunidad. La Policía aprende a reconocer las enfermedades mentales graves y cómo estos trastornos afectan de manera diferente a las personas. Al final del curso, los oficiales de graduados reciben la certificación CIT y un pin para usar en sus uniformes, que los identifica como especialistas de CIT. Esto permite que las personas con enfermedad mental en crisis reconocer a los capacitados en CIT y también sirve como una fuente de orgullo para los profesionales de la ley.

Apoyo a la Investigación

Los expertos evaluaron el modelo de Memphis CIT mediante la comparación de la preparación recibida, la calidad de la respuesta a las personas con enfermedad mental, la desviación de la cárcel, el tiempo dedicado a atender estas llamadas, y la seguridad de la comunidad y encontró apoyo para la eficacia de este enfoque[18]. Investigaciones adicionales ampliaron los resultados de estos trabajos mediante el empleo de tasas de arresto/detención y empleando los comentarios de fuentes de referencia[19]. Los resultados proporcionaron más apoyo para el modelo de Memphis CIT y los resultados fueron tasas de respuesta más altas y menos detenciones. Además, parece que un componente integral de la formación CIT es el uso de la intervención y manejo de crisis y las habilidades de escucha activa (por ejemplo, parafraseando, reflejando las emociones, haciendo preguntas abiertas), que son esenciales para situaciones de crisis y para el retorno a un punto de no violencia en general empleado en estas situaciones con personas con enfermedad mental en particular[20]. Al parecer, la evaluación psicológica sobre problemas de salud mental, así como la formación y entrenamiento en intervención de crisis y manejo de habilidades de tratamiento, constituyen los aspectos más importantes de la CIT.

Obstáculos y preocupaciones

Una de las barreras en el desarrollo del entrenamiento especializado de la policía es la respuesta del agente especializado en el campo de aplicación de la ley. La formación básica de agentes resulta inadecuada para hacer frente a este problema, incrementa la volatilidad de la reacción de los agentes y la reacción sin reflexión y empleo de habilidades. Los investigadores señalan que existe la misma percepción errónea en todos los policías producto de su misma formación debida a las características de su entrenamiento y recursos disponibles[21]. Otros expertos sostienen que para que los programas de respuesta especializada den resultados requieren un trabajo de capacitación eficaz, que ellos es un crucial. La formación policial es más eficaz cuando se incluye la consulta con profesionales de la salud mental y otros sistemas administrativos y de servicios sociales[22].

El sistema de cuidado de la salud mental es en sí otro obstáculo para el desarrollo de esta política policial. Esta relacionado con las situaciones relacionadas a la salud mental. Las agencias de servicio social a menudo se niegan a admitir personas intoxicadas o sicóticas remitidas por la policía. Además, la "puerta giratoria" entrada y salida, da lugar al fenómeno de la reincidencia, admite la realidad de personal sobrecargado de trabajo y mal pagados en las instalaciones de recepción, tales como hospitales y centros comunitarios de salud mental. En concreto, muchas instalaciones de tratamiento requieren custodia policial en la zona de espera para las personas transportadas con una perturbación mental. Además, no hay una estructura sistemática y jerárquica que haga el vínculos entre los que proporcionan la primera respuesta (por ejemplo, la policía, otros) con el nivel adecuado de atención en el sistema de salud mental (por ejemplo, los hospitales psiquiátricos con médicos, centros de acogida de servicios sociales, centros de rehabilitación de drogas).

Resultados

En general, la investigación apoya el uso de una respuesta policial especializada que atienda las necesidades de las personas con enfermedad mental. En particular, el modelo de Memphis CIT es funcional, está generalmente aceptado por los departamentos de policía, y, sobre todo, es importante porque es eficaz[23].

“... La investigación recomienda

el empleo de agentes de

policía especializados

para atender las necesidades

de personas con

las enfermedades mentales.”

La utilidad de estos programas se ve reforzada por el uso de instalaciones donde se puede dejar a los sujetos. Estas permiten una mayor flexibilidad, ofrecen la facilidad y rapidez en su aplicación, y servir como una opción más económica. Sin embargo, algunas pautas importantes pueden hacer una diferencia sustancial en la eficacia. Por ejemplo, los investigadores recomendaron un trato amigable de la policía, con procedimientos que incluyan una política de no rechazo, un proceso de admisión con papeleo simplificado y un coherente procedimiento[24].

Conclusión

Los agentes de policía mantenen y hacen cumplir el orden público.
Su papel como primera respuesta y pacificadores es un reto en muchos sentidos.
La respuesta policial a los llamados trastornos mentales con una estrategia ética, práctica y eficaz requiere de la colaboración interinstitucional.
Numerosos ejemplos demuestran la eficacia de la policía en las intervenciones y las políticas y procedimientos de colaboración.
En particular, las investigaciones actuales recomiendan el empleo de una respuesta policial especializada para satisfacer las necesidades y demandas de las personas con enfermedad mental al mismo tiempo asegurando su seguridad y dignidad.

[1] G.W. Cordner, “A Community Policing Approach to Persons with Mental Illness,” Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law 28 (2000): 326-331. 

[2] A.S. Tucker, V.B. Van Hasselt, and S.A. Russell, “Law Enforcement Response to the Mentally Ill: An Evaluative Review,” Brief Treatment and Crisis Intervention 8 (2008): 236-250. 

[3] M. Zdanowicz, “A Sheriff’s Role in Arresting the Mental Illness Crisis,” Sheriff 53 (2001): 2-4. 

[4] L.A. Teplin, “Keeping the Peace: Police Discretion and Mentally Ill Persons,” National Institute of Justice Journal 244 ^{(2000): 8-15.} 

[5] Cordner. 

[6] Teplin. 

[7] Ibid. 

[8] H.R. Hutson, D. Anglin, J. Yarbrough, K. Hardaway, M. Russell, J. Strote,  M. Canter, and B. Blum, “Suicide by Cop,” Annals of Emergency Medicine 32 (1998): 665-669; V.B. Lord, “Law Enforcement-Assisted Suicide,” Criminal Justice and Behavior 27 (2000): 401-419; and A.J Pinizotto, E.F Davis, and C.E. Miller, “Suicide by Cop: Defining a Devastating Dilemma,” FBI Law Enforcement Bulletin, February 2005, 8-20. 

[9] A.R. Matthews, Jr., “Observations on Police Policy and Procedures for Emergency Detention of the Mentally Ill,” The Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science 61 (1970): 283-295. 

[10] L.A. Teplin and E.P. Sheridan, “Police-Referred Psychiatric Emergencies: Advantages of Community Treatment,” Journal of Community Psychology 9  (1981): 140-147. 

[11] M.W. Deane, H.J. Steadman,  R. Borum, B.M. Veysey, and J.P. Morrisey, “Emerging Partnerships Between Mental Health and Law Enforcement,” Psychiatric Services 50 (1999): 99-101.

[12] Teplin and Sheridan; R. Borum, M.W. Deane, H.J. Steadman, and J. Morrissey, “Police Perspectives on Responding to Mentally Ill People in Crisis: Perceptions of Program Effectiveness,” Behavioral Sciences and the Law 16 (1998): 393-405; T.M. Green, “Police as Frontline Mental Health Workers: The Decision to Arrest or Refer to Mental Health Agencies,” International Journal of Law and Psychiatry 20 (1997): 469-486; and H.J. Steadman, M.W. Deane, R. Borum, and J.P. Morrissey, “Comparing Outcomes of Major Models of Police Responses to Mental Health Emergencies,” Psychiatric Services 51 (2000): 645-649. 

[13] J. Hails and R. Borum, “Police Training and Specialized Approaches to Respond to People with Mental Illness,” Crime and Delinquency 49 (2003): 52-62.

[14] B. Vickers, U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Assistance, “Memphis, Tennessee, Police Department’s Crisis Intervention Team,” Bulletin from the Field: Practitioner Perspectives, http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/bja/182501.pdf (accessed August 20, 2010). 

[15] R.S. Engel and E. Silver, “Policing Mentally Disordered Suspects: A Reexamination of the Criminalization Hypothesis,” Criminology 39 (2001): 225-253. 

[16] R. Dupont and S. Cochran, “Police Response to Mental Health Emergencies: Barriers to Change,” Journal of American Academy of Psychiatry and the Law 28 (2000): 338-344; and Vickers.

[17] Vickers.

[18] Borum, Deane, Steadman, Morrissey, “Police Perspectives on Responding to Mentally Ill People in Crisis.” 

[19] Steadman, Deane, Borum, and Morrissey, “Comparing Outcomes of Major Models of Police Responses to Mental Health Emergencies.”

[20] G.M. Vecchi, V.B. Van Hasselt, and S.J. Romano, “Crisis (Hostage) Negotiation: Current Strategies and Issues in High Risk Conflict Resolution,” Aggression and Violent Behavior: A Review Journal 10 (2005): 533-551. 

[21] DuPont and Cochran. 

[22] H.J. Steadman, K.A. Stainbrook, P. Griffin, J. Draine, R. DuPont, and  C. Horey, “A Specialized Crisis Response Site as a Core Element of Police-Based Diversion Programs,” Psychiatric Services 52 (2001):  219-222. 

[23] Dupont and Cochran.

[24] Steadman, Stainbrook, Griffin, Draine, DuPont, and Horey.

Responding to persons with mental illness

Por Abigail S. Tucker, Psy.D., Vincent B. Van Hasselt, Ph.D.,

Gregory M. Vecchi, Ph.D., and Samuel L. Browning, M.S.

Published at the FBI Law Enforcement Bulletin October 2011

While police officers may not consider providing services to persons with mental illness one of their primary functions, they respond to challenges and dangers that ordinary citizens and social service agencies are not equipped to manage. In addition to their roles as investigators and protectors, police still must keep the peace.[1] However, a review of case records illustrates the frustrating and often tragic outcome of police calls for assistance pertaining to mental illness. A closer look at these instances demonstrates that officers usually serve as an initial contact for both the criminal justice and the social service systems. Unfortunately, a disconnect exists in the process from the first police response to the next level of appropriate care due largely to a lack of proper training, resources, and collaborative community support.[2]

Historical Perspectives

The trend toward deinstitutionalization between the 1960s and 1980s contributed to the increased contact between police and individuals with mental illness.[3] Further, the curtailment of federal mental health funding and the introduction of legal reforms have given these persons the right to live in the community without treatment.[4] However, many of the legal reforms in the 1970s affected people with mental illness by instituting laws for involuntary treatment, as well as those for nondangerous offenses (e.g., responding verbally to auditory hallucinations in public parks, sleeping on park benches). Beginning in the 1950s, officers adhered to the professional model, which used experts from other fields (e.g., psychologists, advocacy lawyers) to bolster police reform and response to mental illness.[5] Such goals, while highly commendable, often were not realized by police agencies due to financial constraints, a lack of realistic application, and the inability of the consulting professionals to offer useful guidelines.

Upon confrontation with individuals with mental illness, police have three main options: 1) transport them to a receiving psychiatric facility; 2) use informal verbal skills to de-escalate the situation; or 3) arrest the individual.[6] These possible actions stem from basic concepts that guide police in all citizen encounters—the duty of the officer to protect and serve the community and the governing reforms that stipulate the power of an officer to involuntarily protect those behaving irrationally who may harm themselves or others.[7]

 Recently, more comprehensive and flexible approaches have arisen; however, they are in the minority. Examples include specialized police training and units, community-collaborative programs, and crisis intervention training. As widespread media coverage in the past decade has underscored, these limited options can lead to cases resulting in death or injury.

Even more tragic is the increase in police-assisted suicide, defined by Police Officer Standards and Training as “an incident in which an individual engages in behavior which poses an apparent risk of serious injury or death, with the intent to precipitate the use of deadly force by law enforcement personnel toward that individual.” Research shows that a significant number of persons committing this act have some form of mental illness.[8]

Specialiazed Police Response Models

Officers often receive blame for lethal outcomes in situations involving mental illness. Four decades ago, police were described as often being pigeonholed into making medical decisions with little training and few, if any, response options.[9]Ironically, this conclusion still proves largely relevant today.

As one possibility, law enforcement agencies can employ police-referral programs. An examination of a police-referral program that designated an intake unit at a community mental health center (CMHC) found that streamlining the process of how officers refer individuals with mental illness to hospitals bolstered the program’s effectiveness.[10] Additionally, the analysis showed that a collaborative response between police and the CMHC reduced recidivism rates in referred psychiatric patients.

Police also can incorporate specialized programs. One report noted that although more than 50 percent of departments nationwide do not have such a program/response, most rate themselves as effective in managing service calls pertaining to mental illness.[11]This contradicts research that points to the efficacy of specialized response programs.[12] In an encouraging trend, more recent efforts suggest that the number of law enforcement agencies reporting specialized training and units for dealing with persons with mental illness is increasing.[13]

"The trend toward

deinstitutionalization between the 1960s and 1980s contributed to the increased contact between police and individuals with

mental illness."

Crisis Intervention Teams 

The Memphis Model of Crisis Intervention Team (CIT) provides a framework for a police-based specialized officer response now well established in the field. CIT was created in Memphis, Tennessee, in 1988 following the tragic death of a suicidal man with schizophrenia.[14] Although many officers of the Memphis Police Department knew of his mental illness, the ones responding to the particular incident were unfamiliar with him. When police confronted him and demanded that he drop his knife, the young man became upset and made a sudden move toward the officers, forcing them to shoot (as they had been trained to do in such situations) and fatally wound him. Following this incident, the community demanded a response.

Unfortunately, this does not represent an isolated incident; law enforcement interactions with persons with a mental illness more frequently result in the use of force by police than incidents involving individuals who do not suffer from a mental condition.[15] This can lead to injury of both the individuals and the officers. However, some of the incidents that result in the death of citizens at the hand of law enforcement personnel cannot be avoided, as in the case of individuals who commit suicide by cop. CIT offers investigators insight into these persons and, perhaps, options to pursue during their exchanges with them. The CIT model incorporates two main components: 1) a collaborative framework between the community mental health resources, recipients of those services, and local law enforcement agencies; and 2) specialized training for CIT officers in mental health issues, crisis intervention, and de-escalation.[16]

Collaborative Framework 

Collaborations between policy makers, law enforcement, the regional division of the National Alliance for the Mentally Ill (NAMI), persons with a mental health issue, and others from the community began to form in the initial CIT planning stages. One example of these collaborations in Memphis was the formation of a single-location mental health care facility for police drop-offs, called the Med.[17] This facility enacted for police a no-refusal policy for officer referrals and streamlined the intake process to allow them to admit someone with mental illness and get back on patrol within about 30 minutes.

Officer Training  

In addition to collaborations and policy changes, certain officers are selected or volunteer to receive specialized training as part of the 40-hour CIT training program. The CIT curriculum includes recognition and understanding of the signs/symptoms of mental illnesses (e.g., schizophrenia, depression, personality disorders); pharmacological interventions and their side effects; crisis intervention and de-escalation skills; and knowledge of the user-friendly mental health resources available to individuals. In addition, role playing gives officers opportunities to practice crisis situations involving persons with mental illness. Feedback and reinforcement are provided concerning the officers’ verbal and nonverbal behaviors in these scenarios.

Mental health professionals from the community teach the majority of the course components; patients and their families also participate in educating the officers on relevant mental health challenges and issues to add perspective. Police learn how to recognize severe mental illness and how these different disorders affect the individuals. At the end of the course, officers graduate with CIT certification and receive a pin to wear on their uniforms, identifying them as CIT officers. This allows persons with mental illness in crisis to recognize CIT officers and also serves as a source of pride for the law enforcement professionals.

Research Support 

Experts evaluated the Memphis CIT model by comparing perceived preparedness, quality of response to persons with mental illness, diversion from jail, officer time spent on these calls, and community safety and found empirical support for the effectiveness of this approach.[18] Additional researchers expanded on this work by using arrest rates and feedback from referral sources.[19]Their results provided further support for the Memphis CIT model with findings of higher response rates and fewer arrests. Also, it appears that an integral component of CIT training is the use of crisis intervention and active listening skills (e.g., paraphrasing, reflecting emotions, asking open-ended questions), which are critical for de-escalating crisis situations in general and situations involving individuals with mental illness in particular.[20] Apparently, psychological evaluation concerning mental health issues, as well as crisis intervention skills training, both comprise important aspects of CIT.

Barriers and Concerns 

One barrier in the development of police-based specialized officer response is the definition of training in the field of law enforcement. Basic officer training will prove inadequate in addressing this growing and volatile problem without ongoing review and skill maintenance. Researchers note the common misperception that all police officers have the same mandated training and available resources.[21] Other experts contend that for specialized response programs to work effectively, training is a crucial element. Law enforcement training is most effective when it includes consultation with mental health professionals and other administrative and social service systems.[22]

The mental health care system itself appears to be another barrier to policing progress involving mental health situations. Social service agencies often refuse to admit intoxicated or psychotic persons referred by police. In addition, the “revolving door” phenomenon of recidivism supports the reality of overworked and underpaid staff in receiving facilities, such as hospitals and community mental health centers. Specifically, many treatment facilities require police custody in the waiting area for individuals transported for a mental disturbance. Also, no systematic and hierarchical structure exists that links first responders (e.g., police, EMS) with the appropriate level of care in the mental health system (e.g., medical versus psychiatric hospitals, social service shelters versus drug rehabilitation centers).

Findings 

Overall, research supports the use of a specialized law enforcement response to address the needs of persons with mental illness. In particular, the Memphis CIT model is functional, generally accepted by police departments, and, most important, effective.[23]

"…research supports

the use of a

specialized law

enforcement response

to address the needs

of persons with

mental illness."

The utility of such programs is enhanced by the use of collaborative drop-off sites. These allow for greater flexibility, provide ease and speed in application, and serve as a more economical option. However, a few important guidelines can make a substantial difference in effectiveness. For example, researchers recommended police-friendly procedures that include a no-refusal policy, an intake process with streamlined paperwork, and consistent procedural steps.[24]