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We know our actual risks and threats and offer specific solutions at national level. We can diagnose and help you finishing your Security Plan, whether if you are a Person or a representative of an institution.

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lunes, 31 de octubre de 2011

Revista Mercado Latino, Versión Digital Noviembre 2011


Llegó la revista Mercado Latino desde Japón, invitamos a leer los interesantes artículos sobre la comunidad Peruana en Japón. 

domingo, 30 de octubre de 2011

Osiptel eliminaría opción de número desconocido, y la opción que empresas de telefonía restrinjan la identificación de llamadas entrantes


Preocupación por opción de número desconocido….
Una nota reciente publicada en el Diario Perú 21, en el Diario La República y propalada por RPP, dice: que Osiptel , eliminaría opción de número desconocido, que tomaría esa decisión debido a que varios usuarios lo utilizan para realizar llamadas amenazantes o perturbadoras. Agrega que así Osiptel busca garantizar el derecho de los usuarios de identificar las llamadas entrantes.

Osiptel se preocupa por impedir que empresas restrinjan la identificación de las llamadas entrantes.
De igual manera, se añaden en esta nota que en el proyecto de resolución del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), publicado hoy en El Peruano, se plantea que las empresas de telefonía se encuentren impedidas de restringir la identificación de las llamadas entrantes.

Medida alcanzaría a clientes que no hayan cancelado recibos…
Esta restricción se daría inclusive cuando el cliente prepago no haya rehabilitado o recargado el servicio, o para el caso del paquete control y postpago los abonados no hayan cancelado el recibo.

Osiptel asegura que propuesta esta destinada a mejorar seguridad pública….
El regulador mencionó que la propuesta está destinada a mejorar las condiciones para la seguridad pública, garantizando los derechos de los usuarios y abonados de los servicios públicos de telecomunicaciones.  Explicó que con esta modificación se garantiza el derecho del abonado a acceder en su equipo terminal a la identificación del número telefónico de las llamadas entrantes, antes de ser contestadas y durante el establecimiento de la comunicación.  Esto considerando que los servicios públicos móviles vienen siendo empleados en actos que contribuyen al menoscabo de la seguridad ciudadana, y no se puede identificar a aquellos abonados que realizan llamadas amenazadoras o perturbadoras.

Así mismo se incluyen medidas para garantizar la debida inscripción de los usuarios….
Asimismo, se incluyen medidas destinadas a garantizar la debida inscripción de los usuarios que contratan un servicio. “Dado que la responsabilidad del registro de los datos personales del abonado está a cargo de las empresas operadoras, se ha precisado que estas se encuentran impedidas de trasladar al abonado dicha responsabilidad”, mencionó el Osiptel.  Para ello, las empresas de telefonía móvil deberán contar con una herramienta informática en su página web que permita a los abonados realizar consultas sobre el detalle de los números telefónicos que tiene asignados, omitiendo los tres últimos dígitos como mecanismo de protección de información de datos personales.  También se podrán realizar consultas sobre la modalidad de contratación de cada servicio (sea prepago, control o postpago). Igualmente, el abonado podrá pedir a la empresa operadora que emita un documento en el cual se detallen los números que aparezcan bajo su titularidad. La solicitud deberá ser realizada en forma presencial.

En ese sentido, se propone crear un procedimiento expeditivo para el abonado que desconozca la titularidad de algún servicio contratado a su nombre bajo la modalidad prepago. La persona que aparezca como poseedor de un número que no es suyo podrá cuestionar dicha titularidad, ya sea en forma verbal o por escrito.

Adicionalmente, el cambio de titularidad se sujetará a nuevas reglas que obliguen a la empresa operadora a la cabal identificación del nuevo titular del servicio. Así las solicitudes solo podrán efectuarse en las oficinas de las empresas operadoras y a través de sus páginas Web.   En ambos casos, solo podrá procederse a la atención de la solicitud si existe plena identificación del nuevo titular del servicio.

Comentarios:
“Todas las llamadas deben ser posibles de identificar”, las hechas desde teléfonos fijos; de teléfonos públicos; las hechas por contratistas de servicios de las mismas empresas telefónicas que utilizan las líneas donde hacen mantenimiento;  las hechas a través de tarjetas; las que hacen los call center de las mismas empresas telefónicas cuando envían grabaciones automáticas ofreciendo sus servicios.

“El proyecto sugerido es un paso adelante”, sin embargo, la experiencia nos muestra que con el actual desarrollo tecnológico y en la actual situación de inseguridad, constituye un tímido avance en pro de la seguridad pública.

Por los casos que se aprecian a diario, algunos tipos de llamadas deberían ser “registrados obligados” por las empresas operadoras de teléfonos. Hoy en día las telecomunicaciones son empleadas como un complemento para el delito, para el  robo de en casas,  secuestro, localización,  y los registros de llamadas podrían servir a investigaciones posteriores. Los registros reflejarían las llamadas recibidas en un periodo y servirían de evidencia a posteriores investigaciones.  O como en el caso de recibir llamadas telefónicas promocionales, a pesar de haberse inscrito en el programa de Indecopi “Gracias, No insista”, donde supuestamente las empresas no deberían llamar para ofrecer servicios o publicidad y lo hacen.

También se debe pensar en la “identificación de mensajes de texto”. Estos en algunos casos solo consignan un número de envío, o pueden ser originados en la Web, sin previa identificación, pudiendo ser de naturaleza publicitaria, promocional, de recuerdo de facturación y otras. Por lo general, si no amenazantes, son tomadas como un fastidio, una molestia, o un abuso a la privacidad si no de todos, de una gran mayoría de usuarios.

La restricción en la identificación de llamadas y mensajes de texto, siempre servirá a algún interés de parte.  Luego de muchos años Osiptel se inclina a favor de la identificación de las llamadas, sin embargo, es necesario y prudente aún un cabal reconocimiento de los riesgos tecnológicos actuales.


La Unión de Hecho


La unión de hecho en el Perú fue uno de los casos silenciados  del derecho de familia, pese a que forma parte de nuestra tradición y cultura en el servinacuy[1] , que en el idioma quechua significa convivencia de parejas heterosexuales con el propósito de formar una familia equivalente al matrimonio cuya práctica se da hasta la actualidad en las serranías del país y que, con vergüenza ajena, reconocemos que es repudiada por otros sectores de la sociedad.

La continua práctica determina una realidad social tangible e innegable, cuya existencia genera consecuencias patrimoniales y no patrimoniales que hacen necesario su reconocimiento legal, lo que motiva este artículo.

Regulación Jurídica de las Uniones de Hecho
 El principio que ampara las uniones de hecho se encuentra contemplado actualmente en el "articulo 5 de la Constitución de 1993", sustenta la regla de que la unión voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, sin impedimento matrimonial, produce determinados efectos, sean estos personales y/o patrimoniales, que son reconocidos en la ley y que son similares a los del matrimonio.

Nuestro ordenamiento jurídico se ciñe a la tesis de la Apariencia al Estado Matrimonial, así trasciende el artículo 326 del Código Civil cuando señala que con la unión de hecho se persigue "alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio". Por tanto en el Perú no se ha adoptado la teoría de la  equiparación al estado matrimonial, según la cual la unión de hecho produce los mismos electos que el matrimonio.

Así la Cas, Nº 2623-1998 señala que "La declaración judicial de convivencia o unión de hecho tiene como propósito cautelar los derechos de cada concubino sobre los bienes adquiridos durante la unión, entendiéndose que por la unión de hecho se ha originado una sociedad de gananciales sujeta
al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto le fuera aplicable”.

Elementos Esenciales para el reconocimiento de la unión de hecho
La unión de hecho constitucional y normativamente desarrollada en nuestro
ordenamiento jurídico, reconoce como elementos esenciales:

A. Concubinato en sentido estricto(denominado por la doctrina puro o propio), significa que la pareja no debe tener impedimento para contraer matrimonio. Este requisito exige la ausencia de impedimentos matrimoniales en los sujetos que componen la unión de hecho. Esta situación ha determinado que se distinga entre unión de hecho propia, aquella en la que no media impedimento matrimonial entre la pareja; y unión de hecho impropia, aquella en la que existe impedimento matrimonial

Confirma esta posición la Corte Suprema de la República del Perú, cuando precisa "Solo dan lugar a la sociedad de bienes a que se refiere el artículo trescientos veintiséis del Código Civil la unión de hecho entre dos personas sin impedimento matrimonial"

B. Se exige la unión monogámica heterosexual, es decir la pareja debe ser  constituida por hombre y mujer, pues aún no se reconoce a la unión heterógama ni
Homosexual.

C. Fidelidad y exclusividad. Comprende compartir habitación, lecho, techo, como
si fuesen cónyuges, compartiendo la intimidad, fuente de lazo afectivo. Se excluye a los casados que tengan otra unión de hecho.

D. Obligaciones de permanencia de tipo no patrimonial. La norma de desarrollo de la Constitución Peruana (artículo 326 del Código Civil) establece el tiempo mínimo
de existencia y generador de derechos, el mismo que debe ser de dos años de con vivienda. La permanencia como característica de la institución brindará la seguridad necesaria para el desarrollo adecuado de la familia y, por ende, la necesaria protección del Estado.

E. Comunidad de Vida. Comprende coincidencias, formas de apreciar el mundo de modo que comparten la realización de su vida en un aparente matrimonio. La unión de hecho genera una dinámica a partir de la cual se origina una vida conyugal estable , un deber de asistencia mutua y de cohabitación, por lo que esta comunidad de vida implica una comunidad de lecho.

F. Debe ser pública y notoria. Dando la apariencia de vida conyugal y no soterrada, siendo susceptible de público conocimiento ya que podría interpretarse como una simple apariencia al estado matrimonial y posteriormente la carencia de este elemento podría repercutir en efectos que interesen a terceros.

G. Singularidad. Es otro de los elementos de la unión de hecho y esta referida a que los elementos que constituyen la unión de hecho deben realizarse únicamente  entre un varón y una mujer, es decir una relación heterosexual y monogámica.

Dicho reconocimiento les permite a los cónyuges reclamar sus derechos sustantivos y patrimoniales a su compañero o  un tercero.

Efectos Jurídicos
  • La constitucionalidad de la entidad reconoce ciertos efectos jurídicos entre quienes conforman la unión de hecho y que son efectos similares a los del matrimonio.
  • El reconocimiento se fundamenta en la autonomia de la voluntad de quienes la entregan y en puridad se caracteriza por su informalidad en cuanto a su inicio (enamoramiento) y su fin (abandono), de allí las dificultades para aprobarla en el proceso familiar de declaración de unión de hecho.
  • El Estado solo interviene y regula conductas no deseadas.
  • Evita que el aporte realizado por la pareja sea apropiado por uno de ellos reconociendo el régimen de gananciales a estas uniones, brindando dimensión de equidad.


Obligaciones Patrimoniales (Efectos Patrimoniales)

1. Comunidad de Bienes
Como consecuencia de la formación del hogar de hecho entre personas con capacidad nupcial se le reconoce la comunidad de bienes que implica que el patrimonio adquirido durante la unión de hecho pertenece a los dos convivientes, con ello se asegura ante el término de la relación, el reparto equitativo, erradicándose el abuso. A dicha comunidad de bienes se le aplican las reglas del régimen de sociedad de gananciales cuando sea pertinente.

El artículo 326º del Código Civil, así como el artículo 5º de la Constitución de  1993 condicionan la aplicación de las reglas del régimen de sociedad de gananciales siempre y cuando hayan transcurrido dos años continuos de convivencia, ya que si no se dio este plazo, solo someterán sus relaciones patrimoniales  a la comunidad de bienes.
Para esta aplicación se tiene que tener en cuenta el régimen patrimonial de  las uniones de hecho.

2. Cohabitación
Siendo la convivencia el elemento esencial de la vigencia de la unión de hecho, su incumplimiento de tal origina la culminación de la unión de hecho.

3. Obligación de Cooperación-Solidaridad frente a la dependencia económica.
A elección del abandonado se genera una obligación de cooperación, yo diría de solidaridad ante la necesidad, por lo que corresponde al abandonado pretender.

A. Indemnización. El Código Civil ha señalado que ante la terminación de la unión de hecho, por decisión unilateral la pareja abandonada puede solicitar la indemnización, y más aún si esta se dedicó a las tareas del hogar, en tanto que el otro se dedicó al espacio profesional.    

B. Alimentos. En caso de que el abandonado se encuentre incapaz de satisfacer sus necesidades, el concubino tiene derecho a los alimentos, bajo los parámetros de la institución (artículo 481º del Código Civil). Es decir, el deber natural de preservar el sentimiento familiar se trasforma en una obligación legal de prestar alimentos a cargo del que abandona, cuando el concubino opta por esta pretensión.

¿Cómo probar la unión de hecho?
La existencia de una unión de hecho se acredita por cualquier medio probatorio permitido por nuestro ordenamiento pero el mismo artículo 326º del Código Civil en su segunda parte aclara que prevalecerá “la prueba escrita[2]” con el objeto de demostrar que un varón y una mujer, sin estar casados, hacen vida de tales.

Al reconocimiento judicial de la unión de hecho se puede acumular pretensiones acumulativas, tales como alimentos o indemnizaciones.


[1] El profesor Roberto Mac Lean y Estenos define esta institución desde diversos puntos de vista: jurídicamente se define como ‘un compromiso entre el padre y el pretendiente de la futura novia’, este último contrae el compromiso de recibir a su hija como parte de su prole, el padre por su parte adquiere la obligación de devolver al pretendiente los obsequios o su equivalente en dinero o en trabajo en caso de que no llegará a formalizarse la relación, socialmente se basa en la necesidad de un previo conocimiento íntimo y completo, sin reserva alguna, aún de índole biológico, para construir después de esta convivencia y siempre que la misma tuviera éxito, un hogar estable y feliz, finalmente etimológicamente servinacuy es un vocablo hibrido, castellano quechuizado que significa ‘mutuos servicios’.
[2] Artículo 238 del Código Procesal Civil. Requisitos de Prueba Escrita: 1. Que el escrito emane de la persona a quien se opone, o a quien representa o haya representado; y, 2. Que el hecho alegado sea verosímil.

El Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional

El Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional contempla nueve artículos y genera dos interrogantes inmediatas: ¿Cuántos de ellos sirven como estándares de los procesos constitucionales? ¿Cómo la doctrina ha desarrollado el enfoque de los mismos de cara a los procesos sobre los derechos fundamentales? Son interrogantes cuyas respuestas habremos de esbozar a nivel de aproximación fundamentalmente pragmática, en el medida que el derecho procesal Constitucional  constituye una realización de la Constitución.
 
De la misma forma, los principios contenidos en el Titulo Preliminar citado definen el marco de los caracteres de acción , jurisdicción y proceso, que identifican las controversias en sede constitucional, y constituyen el punctum dolens, esto es, el punto sensible de referencia obligada para los interpretes, jurisdiccionales o no, de la Constitución.

Cuanto queremos significar con esta afirmación sencillamente reside en que la interpretación de los conflictos sobre derechos fundamentales no se puede desvincular de las ideas base y reflexiones marco que identifican las litis iusfundamentales, y de ahí la acusada importancia de destacar algunas líneas de pensamiento sobre dichos principios.    

Procesos regulados en sede constitucional
Resulta necesario definir cuando aludimos a procesos constitucionales de la libertad y cuándo a procesos de control normativo. El sistema peruano ha considerado dos grupos, previstos por el artículo I del Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional; dentro del grupo de procesos de la libertad, figuran los procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento, en tanto que son procesos de control normativo los procesos de inconstitucionalidad y competencia. 

Nota aparte merece el proceso de acción popular, el cual siendo de control normativo  reglamentario, sin embargo, es potestativo solo del Poder Judicial. En consecuencia, solo estos procesos tienen naturaleza cognoscible en sede constitucional y para su conocimiento, son competentes los jueces constitucionales.

Una inquietud a menudo planteada en los foros académicos es la atingencia respecto a que si todos los jueces  son constitucionales, ¿por qué se habría de diferenciar a estos de los demás jueces? ¿Por qué se habría de optar por designar a jueces exclusivamente constitucionales para el conocimiento de procesos constitucionales? En principio, la objeción reseñada tendría visos de validez en tanto si un juez penal conoce un proceso de hábeas corpus, el mismo es primigeniamente juez constitucional. Igualmente, si un juez civil, conoce un proceso de amparo, nada obsta para que se le estime previamente juez constitucional.    

Praxis en Salas Constitucionales
Sin embargo, la tesis de la competencia de los jueces constitucionales ha ganado arraigo en ciertos ordenamientos jurídicos. En el caso del Perú, la Sala Constitucional de Lambayeque[1], así como el Juzgado Constitucional de Ayacucho[2], representan las primeras experiencias pioneras en materia de competencia constitucional definida[3], y constituyen el primer intento afianzado de delegar materias constitucionales en jueces constitucionales. Esta iniciativa denota, pues, la construcción firme y acentuada de una verdadera especialización constitucional y justifica, de suyo, que exista no solo una jurisdicción constitucional en su sentido abstracto, sino una competencia en asuntos constitucionales prevista por una norma procesal, delegando la responsabilidad de resolver controversias constitucionales en órganos constitucionales especializados.

A esto debe sumarse la existencia de 12 juzgados constitucionales en Lima, para el conocimiento de procesos de amparo, hábeas data y cumplimiento, así como la existencia de una Sala Constitucional y Social en el Distrito Judicial del Cusco, con competencia para asuntos constitucionales y laborales, elementos que marcan una especialización en el ámbito constitucional, premisa que asume el Titulo preliminar desde la referencia implícita a la labor de los jueces constitucionales.

Una rápida revisión del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional trasunta la idea de que los derechos fundamentales se encuentran en permanente proceso de construcción jurisprudencial, en la medida que las decisiones jurisdiccionales constitucionales van afianzando una tutela de urgencia determinada de los derechos fundamentales, en propiedad, cuando corresponde estimar pretensiones, así como a su vez, se va trazando aquella necesaria línea definitoria de exclusión de las pretensiones que no revisten afectación a los derechos protegidos por la Carta Fundamental, esto es, el establecimiento de los marcos de las proscripciones interpretativas en cuanto lecturas contrarias a la esencia, naturaleza y vigencia de los derechos fundamentales. 


[1] Año de Creación: 2006. Su competencia se circunscribe a conocer en segunda instancia los procesos de amparo, hábeas corpus, hábeas data y cumplimiento. Conoce en primer instancia procesos de acción popular.
[2] Conoce procesos de amparo, hábeas corpus, hábeas data y cumplimiento
[3] La proyección apunta a continuar la creación de órganos constitucionales. El Distrito Judicial de Lima prevé la creación próxima de dos Salas Constitucionales.  

sábado, 29 de octubre de 2011

Los Escándalos



Es alarmante y cotidiano, la denuncia y el escándalo. El juego de la prensa y el papel de algunos de nuestros dignos representantes “políticos del país”. Ambos  están de mala noche, influenciados por lo que llamaríamos “las resacas de sus propias concepciones” ofrecen a nuestros escolares, atónitos universitarios y público en general, como se puede ir utilizando y cambiando el orden de las cosas, para alcanzar objetivos.

Diríamos que si no todos, una gran numero de nosotros, de nuestros funcionarios públicos, y hasta en lo que incluyo algunos residentes extranjeros, estamos siendo afectados por un “coctel de actualidad”, que no lo ha preparado nuestro eminente Gastón, sino que es el resultado de una añeja receta, de vieja data conteniendo una  mezcla dañina con poco de ética, agria de política y con signos de precaria salud mental.

Ya Picasso había intuido en sus famosas obras surrealistas, como, nosotros los humanos, pasamos por la influencia del poder a transformarnos, de sujetos sanos, a un enjambre de enajenados, que vive y aprovecha el paraíso de país en que nos toca vivir.  

Así llegamos a los recientes escándalos…..
Claro esta, que todo obedece a un grupo de suertudos periodistas e investigadores que se encuentran con la noticia al paso, o al menos eso es lo que el común observador cree entender.

Por ello, vemos a diario, funcionarios, que no se dan cuenta que hay temas que deben ser tratados abiertamente y en provecho del país, y tratan de arreglarlos incurriendo en conflictos de interés privado, otros con supuestos de interés familiar, otros que “arreglan” componendas a nivel internacional, algunos que proyectan crear al "controlador de los controladores", los selectos que presionan por lobbies, los que creen que hacen lo que “ellos” consideran justo, los que trabajan con procesos legales en su contra, los que candidatearon con títulos comprados, los aceptados por su  apoyo económico, los que fueron seleccionados después de copiar y pegar sus planes de gobierno y los que, después de haber sido elegidos aún continúan con sus promesas.

La Hoja de ruta del gobierno se ha detenido, ha sido afectada por la hoja de ruta de escándalos de funcionarios,  del poder ejecutivo, llegó al parlamento, paso a Justicia, gobiernos regionales y locales, ha llegado a los militares y esta aterrizando en las comisarías. Nadie escapa. Los casos se cuentan por cientos.

El tratamiento……
Y es que, de esta realidad producto de “afecciones productos de mentes contrarias” que solo Picasso y unos pocos has tenido el arte de mostrar, muchos sugieren tiempo y tratamiento, algo medicado, de lo que, se podrá salir luego de estudio, una dosis de cambio y continuar. Creemos que requerirá más que eso para salir.

El resultado…..
El más impactado es el país, pues avanza a paso lento, afectado por las marchas y contramarchas políticas,  el ciudadano común, y hasta Jhon Malkovich, quien llegara a presentar su obra la “Comedia Infernal, y que hasta ahora no sale de su asombro de los escándalos diarios.

Esperemos que se detengan estas presentaciones en el Congreso, en el Palacio de Justicia, en las Comisarías, donde todos llegan a representar sus “resacas”,resultado de un coctel con poco de ética, agrio en política y con carencias de salud mental, y que la prensa se encarga de hacer llegar a la atónita mirada nacional, sin mucha medicina de por medio.

jueves, 27 de octubre de 2011

Enfoque en ética.

Reflexionando sobre la ética en la aplicación de la ley por Brian D. Fitch [1], Ph.D.

"Conocer el bien es hacer el bien"
Sócrates [2].

Las fuerzas del orden se esfuerzan por reclutar, contratar y capacitar a aquellos que demuestren sólidos valores morales antes de entrar en las academias. Sin embargo, incluso los mejores esfuerzos de los departamentos no pueden prevenir que sucedan casos de mala conducta policial. Estos incidentes debilitan la confianza de la sociedad, ponen en peligro importantes investigaciones, y exponen a las organizaciones a procesos legales por responsabilidad. Muchos departamentos responden a estos incidentes mediante la adopción de programas formales de capacitación en virtudes ética que apuntan al desarrollo del carácter, lo que Aristóteles denominó ética de la virtud[3].   Como en la cita de Sócrates, la filosofía de Aristóteles enseña que la conducta de los oficiales refleja su carácter y, por tanto, las formas en que responderan a los dilemas morales, esto pone fundamentalmente de manifiesto las diferencia en cuanto a sus valores personales.

Las virtudes éticas se basan en las cualidades de la persona, tales como los rasgos de personalidad, valores, actitudes. Para explicar una conducta desviada, por ejemplo, si un agente fabrica evidencia para obtener órdenes de cateo, sus acciones reflejaran su carácter deshonesto. De acuerdo con este punto de vista, el carácter predispone a los funcionarios a actuar de cierta manera, independientemente de la situación. Un funcionario honesto se siente obligado a decir la verdad, mientras que uno deshonesto se siente inclinado a robar. Del mismo modo, un oficial valiente  se esfuerza por actuar con coraje, mientras que uno cobarde retrocederá ante el peligro. En cualquier caso, los agentes de policía tienen una vida que se desenvuelve con disposiciones estables por un largo periodo de tiempo, y se deberán comportar de acuerdo a ello.

Lamentablemente, décadas de investigación contradicen la teoría de que las personas difieren fuertemente en sus caracteres básicos, casi todo el mundo es virtuoso en el nivel abstracto, y la mayoría de las personas asume un elevado nivel de valores morales[4].  Por ejemplo, estudios han descubierto que los delincuentes juveniles poseen el mismo conjunto de valores conceptuales, que cualquier otro joven tiene, con menos problemas, y que a pesar de ello su comportamiento rebelde, indica que sus elevados valores morales les importan mucho menos de lo que creemos[5].

Los defensores de las virtudes éticas sostienen que ciertos funcionarios se portan mal porque les falta carácter. Estas "manzanas podridas" logran "pasar por alto" sobre sus valores éticos. Ellos argumentan que el abuso policial se produce en casos aislados e involucra a unos pocos oportunistas inmorales que son corruptos desde antes de convertirse en agentes. Por desgracia, esta interpretación no explica cómo, el caso de agentes ejemplares, sin antecedentes ni mala conducta, muchos de los cuales son  modelos en sus familias, iglesias y comunidades, pueden estar envueltos en mala conducta.

"La reducción del riesgo de mala conducta en un agente  requiere una completa comprensión del comportamiento humano y de su motivación.”

Sin duda, el carácter de los agentes, o sus virtudes éticas, son vitales para su éxito. Sin embargo, esta estrecha visión  se centra exclusivamente en los valores morales  e ignora factores situacionales y psicológicos que influyen en el comportamiento. Reducir el riesgo de mala conducta en los agentes y oficiales requiere de una comprensión más completa del comportamiento humano y de su motivación. En este artículo se ofrece una nueva manera de pensar acerca de la mala conducta. Esta explicación hace hincapié en el desarrollo moral, en el aprendizaje social, en la racionalización cognitiva y sugiere tácticas para fomentar una cultura de ética las agencias.

Desarrollo moral
Antes de que los agentes puedan comportarse de manera ética, deben reconocer los aspectos morales en juego, deben entender los principios y valores en juego, y elegir la forma de acción apropiada [6]. Para explicar este proceso de razonamiento, el psicólogo Lawrence Kohlberg propuso quizás la teoría más influyente de desarrollo moral. Él sostiene que el desarrollo moral avanza a través de tres niveles previsible e invariables, denominados pre convencional, convencional y post convencional, y cada uno de ellos consiste de dos etapas distintas[7]. Según Kohlberg, en cada etapa, las personas emplean explicaciones y estrategias de solución de problemas cada vez más sofisticadas para hacer frente a los dilemas morales.

En el más simple nivel de razonamiento, las consecuencias externas pre convencionales, guían los sentidos de los individuos entre el bien y el mal, el castigo al que se exponen y al interés propio en la segunda etapa. En este punto, los agentes no poseen valores o normas internalizadas que guíen su comportamiento.

A medida que las personas avanzan al nivel convencional, determinan lo correcto e incorrecto basándose en las expectativas sociales (tercera etapa) y el deseo de mantener el orden social, siguiendo las leyes y respetando la autoridad (la cuarta etapa). Ellos determinan a través del razonamiento moral la conformidad con las reglas sociales, normas y expectativas.

Por último, en el nivel post convencional, la gente juzga la moral basada en el deseo de proteger las libertades básicas de todos los miembros de la sociedad. En la quinta etapa, los individuos respetan los principios legales que promuevan lo justo, la justicia y la equidad; y en la sexta etapa, siguen sus propios principios éticos y morales seleccionados que promuevan el respeto por la vida humana, la igualdad y la dignidad humana. Si estos principios tienen conflictos con las leyes de la sociedad, los principios éticos y morales están llamados a ser elegidos, a reinar.

Mientras que en las etapas de desarrollo moral, los oficiales obviamente, son impactados en su comportamiento en el trabajo, la mayoría de los adultos determinan su propio comportamiento adecuado, así como las implicaciones morales de sus acciones, después de observar a otros miembros de su grupo. Esto es cierto en circunstancias desconocidas o ambiguas, que a menudo se presentan en la situación de los agentes asignados recientemente que llegan a un grupo nuevo.

"... La mayoría de los adultos
determina su adecuado
comportamiento, así como la
implicaciones morales de
sus acciones, después de que
observar otros miembros
de su grupo.”

En la década de 1960, el psicólogo Stanley Milgram de la Universidad de Yale demostró luego de una serie de experimentos en obediencia[8] que los factores externos influyen en el juicio moral.  El experimento involucró equipos de tres personas: Un investigador, un "aprendiz", y un profesor (el único sujeto real de el experimento). El investigador instruía al profesor a que prueba a cada alumno aprendiz, un cómplice del investigador, presentaba una lista de palabras en pares. Cada vez que el estudiante se equivocaba, el profesor le aplicaba unas descarga eléctrica, que los alumnos pensaban,  era un generador de electroshock. El aprendiz, ubicado en otra habitación y oculto a la vista, pretendía expresar su malestar cada vez mayor, incluso golpeaba las paredes y le recordaba a los profesores sobre una "afección cardíaca preexistente." A medida que las descargas de electroshock se acercaban a los 135 voltios, muchos de los profesores comenzaron a cuestionar el experimento. Casi invariablemente, los profesores buscaban en los investigadores una orientación ética. Cuando el  investigador instruía a los profesores a persistir, la mayoría de los profesores aplicaban descargas, llegando hasta el nivel máximo de 450 voltios a pesar de las desesperadas súplicas de los alumnos.

Los descubrimientos de Milgram fueron inquietantes, por decir lo menos. Sin embargo, un conjunto de experimentos que siguieron a continuación y que fueron  diseñados para probar la influencia de una segunda persona en el comportamiento de los participantes dio resultados muy diferentes. Cuando el segundo "profesor" (otro aliado de Milgram) se negó a administrar choques más alla de los 210 voltios, la gran mayoría de sujetos participando en los experimentos también se negó. Estas pruebas dieron como resultado que la mera presencia de una segunda persona es suficiente para motivar a los sujetos a "votar según su conciencia" (es decir, a seguir su mejor juicio y detener el experimento).

A pesar del que un grupo de psiquiatras adelanto opinión que sólo un 1 por ciento de los sujetos serian los que administren la descarga máxima de 450 voltios, 2/3 de los sujetos (65 por ciento) aplicaron las descargas de nivel máximo. Durante los siguientes experimentos y cuando el segundo profesor rechazó aplicar descargas más allá de los 210 voltios, solo un 10% de los sujetos continuaron hasta un nivel de 450 voltios. Milgram concluyó que la presencia de una figura de autoridad (investigador) influyó significativamente en las decisiones de los profesores a continuar las descargas en el primer conjunto de experimentos, sin embargo, la mera presencia de otro observador concienzudo sirvió para superar esos efectos.

Los descubrimientos de Milgram proporcionan una fuerte evidencia en la teoría que sustenta que la mayoría de la gente mira a otros en la búsqueda de una guía moral, especialmente en situaciones desconocidas. Para los funcionarios y agentes dedicados a la ley, la lección es clara- la mayoría de los oficiales necesitan ser conducidos con ética. Además, los líderes formales e informales que ofrecen esta orientación juegan un papel fundamental en el desarrollo de la moral y de la conducta de los agentes.

Aprendizaje Social
La mayoría de los agentes entran a las organizaciones policiales con una mínima experiencia de campo y en el manejo de los dilemas morales que tendrán que enfrentar.  Ellos aprendan a llevar a cabo sus trabajos, así como a reconocer las normas de su organización, valores y cultura, de sus compañeros y supervisores. Mientras que los supervisores proporcionan un refuerzo directo, formal, otros agentes y compañeros ofrecen amistad y recompensas informales, que, en muchos casos, ejercen gran influencia en el reconocimiento del agente en la agencia. Además, la policía a menudo pasa mucho tiempo socializando con otros agentes, tanto dentro como fuera del trabajo. Este sentido de comunidad guía a las unidades de agentes a adoptar los comportamientos, valores y actitudes del grupo con el fin de lograr la aceptación.

Dado que los resultados son las consecuencias del comportamiento, los policías aprenden sobre prácticas aceptables e inaceptables a través de un sistema consistente, oportuno y significativo de recompensa y castigo. Los Oficiales y agentes es probable que repitan comportamientos que conducen a los resultados de refuerzo, mientras que rara vez se duplicarán los comportamientos que conducen a la pena, un hecho conocido como la ley del efecto[9].  Si los oficiales reciben un refuerzo positivo después de realizar ciertas acciones, aunque sean ilegales, es probable se comportan de manera similar en el futuro a pesar de las políticas de la organización o prohibiciones.

Los Oficiales y agentes  observan cómo otros miembros del grupo reciben reconocimiento, tanto formal de la organización y de manera informal por sus compañeros, para aprender lo que constituye un comportamiento adecuado en un proceso conocido como aprendizaje vicario[10]. Los psicólogos descubrieron que los modelos más eficaces de aprendizaje vicario poseen atributos específicos.

Competencia: La mayoría de los agentes de policía se sienten orgullosos de desempeñar sus funciones con una mínima supervisión, incluso en circunstancias difíciles. Por lo tanto, ellos desarrollan un modelo de comportamiento de funcionarios competentes y experimentados.

Status: Los Oficiales y agentes respetan a aquellos con un status impresionante en la organización.  Un individuo aislado no tendrá status dentro de una agencia grande, a no ser que sea parte de un grupo informal o una unidad especializada. Los líderes de grupos especializados modelan la conducta de los agentes menos experimentados que aspiran a una posición igualmente destacada.

Poder: Los que pueden premiar o castigar el desempeño de un agente, ya sea de manera formal o informal, tienden a ejercer la mayor influencia. Como reconocimiento, el poder puede ser formal o informal, y a veces los que los que tienen poder no oficial tienen más dominio que las políticas oficiales de la organización o la supervisión formal.

Estas redes de poder informales puede exacerbar el comportamiento poco ético por la transmisión de un conjunto de valores, creencias y normas que se comparten como política en la organización. Las investigaciones han encontrado que los oficiales y agentes que participan en ciertas tareas en conjunto, desarrollas sus propias formas de conducta para asegurar y mantener su aprobación[11].  Si ellos no están seguros acerca de la legalidad o la moralidad de un comportamiento en particular, deben dirigirse a sus pares para asegurar la garantía, así como se demostró con los sujetos del experimento de Milgram en que se basaron en la orientación ética de otros para obtener guía. Cuando los oficiales y agentes participan en una conducta inmoral, a menudo justifican sus acciones a través de los valores y creencias de sus pares en el grupo.

Las racionalizaciones cognitivas
Independientemente de las influencias externas, la mayoría de los individuos se convencen  primero a si mismo de la moralidad de sus acciones. Los no éticos podrían emplear racionalizaciones cognitivas, estrategias mentales y lingüísticas para  tratar de desinfectar o neutralizar un comportamiento desviado, y que sus acciones parezcan socialmente aceptable. Curiosamente, la investigación en delitos de cuello blanco (corrupción) indica que los corruptos no se ven a sí mismos como tales, y que explican su comportamiento como parte de sus prácticas normales y aceptables de negocios. Estudios similares sobre agentes de la policía determinó que los agentes de policía defina la “mala conduct”a en términos muy estrechos, mientras que los ciudadanos la definen de manera más amplia. Los oficiales pueden emplear estrategias específicas para anular sus sentimientos negativos o arrepentirse de una mala conducta[12].  

La negación de la víctima: Con esta estrategia, los oficiales y agentes involucrados argumentan que la víctima merecía ser victimada. Por ejemplo, un funcionario que roba dinero de un narcotraficante sospechoso durante un registro sostiene que el concesionario tiene ningún derecho a ese dinero porque se lo ganó ilegítimamente.

Denegación de responsabilidad: El agente de policía se convence a si mismo que ellos actuaron mal, porque no existían otras opciones. Las circunstancias pueden implicar la presión de grupo, un supervisor no ético, o un ambiente en donde "todo el mundo lo estaba haciendo." Estos oficiales se ven a sí mismos como víctimas sin más remedio que participar en la mala conducta.

La negación de la lesión: En este tipo de racionalización, los culpables se convencen que sus acciones no causaron daño a nadie y, por tanto, no son corruptos. Por ejemplo, los agentes podrían sentir la tentación de justificar robar las ganancias de un traficante de drogas porque el distribuidor no se merece ganar legítimamente ese dinero, y porque le será difícil identificarse legalmente como parte agraviada. La Policía acostumbra neutralizar este comportamiento mediante la comparación de sus acciones con los crímenes que cometen los traficantes de drogas.

Ponderación social: Cuando se confía en esta forma de explicación, el agente de policía corrupto hace comparaciones sociales selectivas para justificar su conducta no ética. Por ejemplo, los oficiales que falsifican un informe de policía para condenar a un sospechoso de robo y evitar que se difame a un compañero de trabajo que "todo el tiempo miente en los informes."

Justificación moral: A veces, la gente dice que hay que romper ciertas reglas para lograr una meta más importante. Por ejemplo, los oficiales pueden violar las leyes de búsqueda y captura estricta para detener a un pedófilo porque, teniendo en cuenta los altos intereses del crimen, creen que el fin justifica los medios. Oficiales con esta actitud creen que si las leyes les impiden la ejecución de su trabajo, entonces deben cambiar las reglas o hacer una excepción para arrestar a un delincuente peligroso. A diferencia de otras racionalizaciones, estas justificaciones morales, no sólo buscan excusar la conducta desviada, sino que en realidad buscan glorificar tales actos en nombre de la justicia. Estos Oficiales y agentes están convencidos que su trabajo demanda acciones para el "bien de todos."

“... Los oficiales y agentes aprenden
acerca de las prácticas
aceptable e
 inaceptables
a través de un sistema constante,
oportuno y significativo
de recompensas y castigos.”

En cumplimiento de la ley, los oficiales pueden invocar estas racionalizaciones ya sea de forma prospectiva (antes del acto de corrupción) para evitar la culpa y la resistencia o retrospectivamente (después de ejecutada la mala conducta) para borrar los remordimiento. Los líderes deben estar alerta ante la presencia de la racionalización que afecta y altera la cultura de la agencia, modifica la definición de la conducta poco ética y hace que un comportamiento inmoral parezca socialmente aceptable.

Cultura de la ética
Los líderes a cargo de la ley deben crear una cultura de ética en sus agencias. En primer lugar, la organización debe suscribirse a la declaración de una misión y a un conjunto claro de valores que representan más que promesas vacías, normas de comportamiento de los miembros en todos los niveles y pongan de manifiesto el papel crucial que juega la ética un el éxito de los oficial de la agencia[13].  Si los gerentes rechazan la ética o, peor aún, si se comportan mal ellos mismos, se demuestra que los funcionarios y la agencia tienen preocupación por el cuidado de una conducta apropiada. Un comportamiento moral sólido en todos los niveles oficiales, envía un mensaje claro y coherente, que la agencia no va a tolerar un comportamiento inapropiado.

Los supervisores deben trabajar diligentemente para recompensar las conductas apropiadas y corregir las conducta inapropiada[14].  Debido a que los líderes informales tienen un impacto significativo en las actitudes de los demás agentes,  los jefes formales deben enfrentar  los malos comportamientos y los problemas éticos de inmediato y sancionar las conductas inmorales de forma rápida y apropiada. Para una efectiva cultura de ética, todos deben observar que los que practican la ética avanzan en sus carreras y los inmorales reciben  castigo.

A menudo, los supervisores luchan para aceptar que en su agencia haya miembros con  conductas no éticas. Aun cuando reconocen abiertamente las malas conductas y desde la alta dirección culpan de la mala conducta a agentes corruptos y argumentan que afectan a la agencia. En estos casos los líderes deben aceptar la posibilidad de que se cometan conductas no éticas y deben dar rápida solución a este tipo de incidentes.

Finalmente, las agencias de policía deben discutir con frecuencia sobre la ética en el lugar de trabajo[15].  Al igual que la aptitud física, la aptitud ética requiere de una práctica constante. El estudios de casos ofrecen una variedad de herramientas eficaces para un refuerzo continuo, permite que los pongan a prueba sus habilidades de razonamiento moral, discutan sus puntos de vista y compartan sus experiencias en un ambiente adecuado.

Los supervisores que presentan  los casos de estudio deben seleccionar ejemplos reales e importantes que reten a los agentes a pensar críticamente. El facilitador no debe recitar un largo monólogo, teórico sobre la importancia de la ética, sino, más bien, desafiar a los estudiantes en temas clave, fomentar el debate, y examinar las consecuencias de diferentes acciones. Dependiendo del tema, el facilitador puede mostrar videos documentales, noticias, o ejemplos ficticios. En última instancia, un honesto intercambio de información e ideas estimula el desarrollo moral y la conducta ética adecuada.

Conclusión
Los agentes del orden deben mantener la confianza del público para realizar su trabajo eficazmente. Debido a que la conducta ética impacta en gran medida en la confianza del público, las agencias de policía deben examinar de cerca sus políticas, sistemas de recompensa, y la capacitación, para asegurar que sus agencia promuevan  una cultura de valores éticos. En lugar de esperar que los funcionarios ya posean un conjunto de valores firmemente arraigados (bueno o malo) cuando entran en la fuerza policial, los jefes deben recordar que todos los miembros tienen el potencial de actuar virtuosamente, pero cuando el ambiente de trabajo permite la mala conducta, ya sea implícita o explícitamente , la posibilidad que se dispara el abuso crece potencialmente.

Teognis de Megara, otro filósofo griego, dijo:
"Bastante bien examinado, y cabalmente bien comprendido,
nadie es completamente malo, ni bueno del todo[16]." 

Los agentes de policía no están exentos de esta idea. Los Líderes policiales efectivos obtendrán lo mejor de su personal, asegurandose que los agentes entiendan lo que hay que hacer, y que también realmente lo hagan.



[1] Dr. Fitch, a lieutenant with the Los Angeles, California, Sheriff’s Department, holds faculty positions in the 
Psychology Department at California State University, Long Beach, and with the Organizational Leadership Program at Woodbury University.
[2] Steven M. Cahn, Exploring Philosophy: An Introductory Anthology (New York, NY: Oxford University Press, 2000).

[3] George Bragues, “Seek the Good Life, Not Money: The Aristotelian Approach to Business Ethics,” Journal of Business Ethics 67 (2006): 341-57.

[4] Lee D. Ross and Richard E. Nisbett, The Person and the Situation: Perspectives in Social Psychology (New York, NY: McGraw-Hill, 1991).

[5] Alexander H. Jordan and Benoit Monin, “From Sucker to Saint: Moralization in Response to Self-Threat,” Psychological Science 8 (2008): 809-15.

[6] Rushworth M. Kidder, How Good People Make Tough Choices: Resolving the Dilemmas of Ethical Living (New York, NY: Harper, 1995).

[7] William Crain, Theories of Development: Concepts and Applications, 4th ed. (New York, NY: Prentice Hall, 2000).

[8] Stanley Milgram, Obedience to Authority: An Experimental View (New York, NY: Harper Collins, 1975).
[9] John R. Anderson, Learning and Memory: An Integrated Approach, 2nd ed. (New York, NY: John Wiley & Sons, Inc., 2000).

[10] Albert Bandura, “Social Cognitive Theory,” in Annals of Child Development. Vol.6: Six Theories of Child Development, ed. R. Vasta (Greenwich, CT: JAI Press, 1989), 1-60.
[11] Allison T. Chappell and Alex R. Piquero, “Applying Social Learning Theory to Police Misconduct,” Deviant Behavior 25 (2004): 89-108.

[12] Blake E. Ashforth and Vikas Anand, “The Normalization 
of Corruption in Organizations,” Research in Organizational 
Behavior, ed. R.M. Kramer and B.M. Staw 25 (Amsterdam: Elsevier, 2003), 1-52.

[13] Gary R. Weaver, “Ethics and Employees: Making the 
Connection,” Academy of Management Executive 18 (2004): 
121-125.

[14] James C. Wimbush and Jon M. Shepard, “Toward an Understanding of Ethical Climate: Its Relationship to Ethical Behavior and Supervisory Influence,” Journal of Business Ethics 13 (1994): 637-647.

[15] Brian Fitch, “Principle-Based Decision Making,” Law and Order 56 (2008): 64-70.

[16]  J. Banks, trans., The Works Of Hesiod, Callimachus And Theognis, London, UK: Kessinger Publishing, LLC, 2007, 457.

Focus on Ethics


Rethinking Ethics in Law Enforcement
 by Brian D. Fitch[1], Ph.D.


“To know the good is to do the good”
—
Socrates.[2]

Law enforcement agencies strive to recruit, hire, and train only those who demonstrate strong moral values before they enter the academy. Yet, even departments’ best efforts will not prevent instances of police misconduct from garnering attention. Such incidents undermine public trust, jeopardize important investigations, and expose agencies to considerable liability. Many departments respond to these events by adopting formal ethics training programs that focus on character development, which Aristotle referred to as virtue ethics.[3] Like the Socrates quote, Aristotle’s philosophy teaches that as conduct reflects officers’ character and, thus, the various ways that they respond to moral dilemmas, this illustrates fundamental differences in their personal values.

Virtue ethics relies on dispositional qualities, such as personality traits, values, or attitudes, to explain deviant behavior. For example, if officers fabricate evidence to obtain search warrants, their actions reflect their dishonest character. According to this view, character predisposes officers to act certain ways, regardless of the situation. An honest officer feels obligated to tell the truth, while a dishonest one feels inclined to steal. Similarly, a brave officer strives to act courageously, whereas a coward recoils at danger. In either case, officers possess long-term, stable dispositions, and they behave in highly predictable ways.

Unfortunately, decades of research contradict the theory that people differ strongly in their basic character; nearly everyone holds virtuous at the abstract level, and most individuals endorse a similar set of high-level moral values.[4] For example, studies have found that delinquent juveniles subscribe to the same set of conceptual values as their less troubled counterparts, despite their unruly behavior—which suggests that lofty moral values often matter much less than what is commonly believed.[5]

Proponents of virtue ethics argue that certain officers misbehave because they lack character. These “bad apples” managed to “slip through the cracks” despite their unethical values. They argue that police abuse occurs in isolated incidents and involves a few immoral opportunists who were corrupt before they became officers. Unfortunately, this interpretation fails to explain how otherwise exemplary officers with no prior history of wrongdoing, many of whom are sterling role models in their families, churches, and communities, can become involved in misconduct.

“Mitigating the
risk for officer
misconduct requires
a more complete
understanding
of human behavior
and motivation.
Certainly, officers’ character, or virtue ethics, still are crucial to their success. However, this narrow view concentrates almost exclusively on moral values and thus ignores the situational and psychological factors that influence behavior. Mitigating the risk for officer misconduct requires a more complete understanding of human behavior and motivation. This article offers law enforcement professionals a new way to think about misconduct. This explanation emphasizes moral development, social learning, and cognitive rationalization and suggests tactics to foster a culture of ethics in any agency.

Moral Development
Before officers can behave ethically, they must recognize the morals at stake in the situation, understand the principles and values involved, and choose the proper course of action.[6] To explain this reasoning process, psychologist Lawrence Kohlberg proposed perhaps the most influential theory of moral development. He believed that moral development proceeds along three highly predictable, invariant levels, termed preconventional, conventional, and postconventional, with each one organized into two distinct stages.[7] According to Kohlberg, at each stage, people employ increasingly sophisticated explanations and problem-solving strategies to address moral dilemmas.

At the simplest level of reasoning, the preconventional, external consequences guide individuals’ sense of right and wrong—punishment in stage one and self-interest in stage two. At this point, they possess no internalized values or rules to guide behavior.

As people progress to the conventional level, they determine right and wrong based on social expectations (stage three) and the desire to maintain social order by following laws and showing respect for authority (stage four). They determine moral reasoning through conformity to social rules, norms, and expectations.

Finally, at the postconventional level, people judge morality based on the desire to protect the basic liberties of all members of society. In stage five, individuals only uphold legal principles that promote fairness, justice, and equity; by stage six, they follow self-selected ethical and moral principles that encourage respect for human life, equality, and human dignity. If these internal principles conflict with societal laws, the self-chosen principles reign supreme.

While officers’ stages of moral development obviously impact their on-the-job behavior, most adults determine proper behavior, as well as the moral implications of those actions, after they observe other group members. This especially rings true in unfamiliar or ambiguous circumstances, which often describes the situation of newly assigned officers.

“…most adults
determine proper
behavior, as well as the
moral implications of
those actions, after they
observe other group
members.”

In the 1960s, Yale University psychologist Stanley Milgram demonstrated how external factors influence moral judgment in a series of experiments on obedience.[8] The experiment involved teams of three people: an experimenter, a “learner,” and a teacher (the only actual subject of the experiment). The experimenter instructed the teacher to quiz the learner, a confederate of the researcher, on a list of word pairs. Each time the learner answered incorrectly, the teacher administered shocks from what they thought was an electroshock generator. The learner, located in another room and hidden from view, pretended to express increasing discomfort, even banging on the walls and reminding the teacher of a “preexisting heart condition.” As the shocks approached 135 volts, many of the teachers began to question the experiment. Almost invariably, the subjects (teachers) looked to the experimenter for ethical guidance. When the experimenter instructed the teachers to persist, the majority of subjects delivered shocks to the maximum level of 450 volts despite the learner’s desperate pleas.

Milgram’s findings were unsettling, to say the least. However, a set of follow-up experiments designed to test a second person’s influence on participants’ behavior yielded very different results. When the second “teacher” (another confederate of Milgram) declined to administer shocks past 210 volts, the majority of experimental subjects also refused. This result implies that the mere presence of a second person sufficed to motivate the subjects to “vote their conscience” (i.e., to follow their best judgment and stop the experiment).

Despite the forecast of a group of psychiatrists who predicted that only 1 percent of subjects would administer the maximum shock of 450 volts, 2/3 of subjects (65 percent) in the original set of trials delivered the maximum shock. During the follow-up experiments, however, when a second teacher refused to proceed past 210 volts, only 10 percent of the subjects continued to the maximum level of 450 volts. Milgram concluded that the presence of an authority figure (experimenter) significantly influenced the teachers’ decisions to continue the shocks in the first set of experiments; however, the mere presence of another conscientious observer overcame those effects.

Milgram’s findings provide strong evidence for the theory that most people look to others for moral guidance, especially in unfamiliar situations. For law enforcement leaders, the lesson is clear—with ethics, most officers need to be led. Additionally, the formal and informal leaders who provide this guidance play a critical role in officers’ moral development and conduct.

Social Learning
Most officers enter law enforcement with minimal experience in the field or in handling the moral dilemmas that officers typically encounter. They learn how to perform their jobs, as well as recognize the organizational norms, values, and culture, from their peers and supervisors. While supervisors provide direct, formal reinforcement, officers’ peers offer friendship and informal rewards that, in many cases, hold greater influence than official recognition from the agency. Also, police often spend considerable time socializing with other officers, both on and off the job. This sense of community drives officers to adopt the behaviors, values, and attitudes of the group in order to gain acceptance.

Because behavior results from consequences, law enforcement officers learn about acceptable and unacceptable practices through a consistent, timely, and meaningful system of reward and punishment. Officers likely will repeat behaviors that lead to reinforcing outcomes, while they rarely will duplicate behaviors that lead to punishment—an occurrence referred to as the Law of Effect.[9] If officers receive positive reinforcement after they perform certain actions, even illegal ones, they likely will behave similarly in the future despite organizational policies or prohibitions.






Officers observe how other group members receive recognition, both formally by the organization and informally by their peers, to learn what constitutes appropriate behavior in a process known as vicarious learning.[10] Psychologists discovered that the most effective vicarious learning models possess specific attributes

Competence: Most police officers take great pride in the ability to perform their duties with minimal supervision, even in demanding circumstances. Therefore, they model the behavior of the most competent and experienced officers.

Status: Typically, officers respect those with impressive organizational status. In law enforcement, though, an individual may hold status not within the larger agency, but only among an informal group or specialized unit. Informal peer leaders shape the behavior of less experienced officers who aspire to a similarly prominent position.

Power: Those who can reward or punish an officer’s performance, either formally or informally, tend to wield the most influence. Like recognition, power can be either formal or informal, and sometimes those with unofficial power hold significantly more sway than official organizational policies or formal supervision.

These informal power networks can exacerbate unethical behavior by transmitting a set of shared values, beliefs, and norms that depart from agency policy. Research finds that officers engage in certain forms of conduct to secure and maintain peer-group approval.[11] If officers remain unsure about the legality or morality of a particular behavior, they look to the peer group for assurance, just as Milgram’s subjects relied on the experimenter for ethical guidance. When officers engage in immoral conduct, they often justify their actions through the values and beliefs of the peer group. 

Cognitive Rationalizations
Regardless of external influences, most individuals first convince themselves of the morality of their actions. Unethical officers might employ cognitive rationalizations, mental and linguistic strategies that sanitize or neutralize deviant behavior, to make their actions appear socially acceptable. Interestingly, research on white-collar crime indicates that corrupt individuals do not view themselves as such, and they explain their behaviors as part of normal, acceptable business practices. Similar studies of law enforcement found that police officers define misconduct in very narrow terms, while citizens define it more broadly. Officers may employ specific strategies to nullify their negative feelings or regrets about misconduct.[12]

Denial of victim: With this strategy, officers argue that the violated party deserved to be victimized. For example, an officer who steals cash from a suspected drug dealer during a search argues that the dealer holds no entitlement to the money because he earned it illegitimately.

Denial of responsibility: Police convince themselves that they acted improperly because no other options existed. The circumstances may involve peer pressure, an unethical supervisor, or an environment where “everyone else was doing it.” These officers view themselves as victims with no real choice but to participate in the misconduct.

Denial of injury: In this form of rationalization, guilty parties convince themselves that their actions did not harm anybody and, thus, were not really corrupt. For example, officers might feel tempted to justify stealing profits from a drug dealer when the dealer did not rightfully earn the money, and it would be difficult to identify an aggrieved party. Police neutralize this behavior by comparing their actions to the crimes of the drug dealer.

Social weighting: When relying on this form of explanation, corrupt police make selective social comparisons to justify their unethical conduct. For instance, officers who falsify a police report to convict a robbery suspect might minimize their participation in the misconduct and vilify a coworker who “lies all the time on reports.”

Moral justification: At times, people claim that they must break certain rules to achieve a more important goal. For example, officers may violate strict search and seizure laws to arrest a pedophile because, given the high stakes of the crime, they believe that the ends justify the means. Officers with this attitude feel that if the laws prevent them from effectively executing their job, then they must bend the rules or make an exception to arrest a dangerous felon. Unlike other rationalizations, moral justification not only excuses deviant conduct but can actually glorify such acts in the name of justice. Officers often convince themselves that their jobs demand such actions for the “greater good.”

…law enforcement
officers learn about
acceptable and
unacceptable practices
through a consistent,
timely, and meaningful
system of reward and
punishment.

In law enforcement, officers can invoke these rationalizations either prospectively (before the corrupt act) to forestall guilt and resistance or retrospectively (after the misconduct) to erase any regrets. Law enforcement leaders must remain alert to the presence of rationalization in their agency’s culture because rationalization alters the definition of unethical conduct to make immoral behavior seem socially acceptable.

Culture of Ethics
Law enforcement leaders must create a culture of ethics within their agency. First, the organization must ascribe to a mission statement and a clear set of operating values that represent more than hollow promises, but, rather, establish standards for employees’ behavior at all levels and illustrate that ethics play a crucial role in an officer’s success in the agency.[13] If managers neglect ethics or, even worse, behave poorly themselves, this demonstrates to officers that neither the agency nor its leaders care about proper conduct. Strong moral behavior at all levels sends officers a clear, consistent message that the agency will not tolerate inappropriate behavior.

Next, supervisors should work diligently to reward appropriate conduct and correct inappropriate behavior.[14] Because informal leaders significantly impact officers’ attitudes and behaviors, formal managers must confront ethical problems immediately and penalize immoral conduct quickly and appropriately. For an effective culture of ethics, officers must observe that ethical officers advance their careers and immoral ones receive punishment.






Often, supervisors struggle to accept that members of their agency behave unethically. Even when they openly acknowledge wrongdoing, senior management can blame the misconduct on rogue officers and argue that they misrepresent the larger agency. Law enforcement leaders must accept the possibility of pervasive unethical conduct and quickly address such incidents.

Finally, law enforcement agencies should frequently discuss ethics in the workplace.[15] Like physical fitness, ethical fitness requires constant practice. Case studies provide an effective tool for this continual reinforcement; they allow officers to test their moral reasoning skills, discuss their views, and share their experiences in a safe environment.

Supervisors who facilitate case studies should select relevant, real-world examples that challenge officers to think critically. The facilitator should not recite a lengthy, theoretical monologue on the importance of ethics, but, rather, challenge students on key issues, promote discussion, and examine the consequences of different actions. Depending on the topic, the facilitator can showcase video documentaries, news stories, or fictional examples. Ultimately, an honest exchange of information and ideas stimulates moral development and proper ethical conduct.

Conclusion
Law enforcement officers must safeguard the public’s trust to perform their jobs effectively. Because ethical conduct greatly impacts public trust, law enforcement agencies must closely examine their policies, reward systems, and training to ensure that their agency fosters a culture of firm ethical values. Instead of expecting that officers already possess a firmly engrained set of values (good or bad) when they enter the police force, managers must remember that all officers have the potential to act virtuously; but, when the work environment allows misbehavior either implicitly or explicitly, the potential for abuse skyrockets.

Theognis of Megara, another ancient Greek philosopher, said, 
“Fairly examined, truly understood, 
no man is wholly bad, nor wholly good.”[16] 


Police officers are not exempt from this idea. Effective law enforcement leaders bring out the best in their staff by ensuring that officers not only understand the right thing to do but actually do it.

The Bulletin’s E-mail Address[17]


[1] Dr. Fitch, a lieutenant with the Los Angeles, California, Sheriff’s Department, holds faculty positions in the 
Psychology Department at California State University, Long Beach, and with the Organizational Leadership Program at Woodbury University.
Dr. Fitch can be reached for comments at bdfitch@lasd.org.
[2] Steven M. Cahn, Exploring Philosophy: An Introductory Anthology (New York, NY: Oxford University Press, 2000).

[3] George Bragues, “Seek the Good Life, Not Money: The Aristotelian Approach to Business Ethics,” Journal of Business Ethics 67 (2006): 341-57.

[4] Lee D. Ross and Richard E. Nisbett, The Person and the Situation: Perspectives in Social Psychology (New York, NY: McGraw-Hill, 1991).

[5] Alexander H. Jordan and Benoit Monin, “From Sucker to Saint: Moralization in Response to Self-Threat,” Psychological Science 8 (2008): 809-15.

[6] Rushworth M. Kidder, How Good People Make Tough Choices: Resolving the Dilemmas of Ethical Living (New York, NY: Harper, 1995).

[7] William Crain, Theories of Development: Concepts and Applications, 4th ed. (New York, NY: Prentice Hall, 2000).

[8] Stanley Milgram, Obedience to Authority: An Experimental View (New York, NY: Harper Collins, 1975).
[9] John R. Anderson, Learning and Memory: An Integrated Approach, 2nd ed. (New York, NY: John Wiley & Sons, Inc., 2000).

[10] Albert Bandura, “Social Cognitive Theory,” in Annals of Child Development. Vol.6: Six Theories of Child Development, ed. R. Vasta (Greenwich, CT: JAI Press, 1989), 1-60.
[11] Allison T. Chappell and Alex R. Piquero, “Applying Social Learning Theory to Police Misconduct,” Deviant Behavior 25 (2004): 89-108.

[12] Blake E. Ashforth and Vikas Anand, “The Normalization 
of Corruption in Organizations,” Research in Organizational 
Behavior, ed. R.M. Kramer and B.M. Staw 25 (Amsterdam: Elsevier, 2003), 1-52.

[13] Gary R. Weaver, “Ethics and Employees: Making the 
Connection,” Academy of Management Executive 18 (2004): 
121-125.

[14] James C. Wimbush and Jon M. Shepard, “Toward an Understanding of Ethical Climate: Its Relationship to Ethical Behavior and Supervisory Influence,” Journal of Business Ethics 13 (1994): 637-647.

[15] Brian Fitch, “Principle-Based Decision Making,” Law and Order 56 (2008): 64-70.

[16] J. Banks, trans., The Works Of Hesiod, Callimachus And Theognis, London, UK: Kessinger Publishing, LLC, 2007, 457.
[17] The FBI Law Enforcement Bulletin staff invites you to communicate with us via e-mail. Our e-mail address is leb@fbiacademy.edu.
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