Nos llama la atención una nota reciente del Diario La República en el sentido que los representantes de empresas de telefonía móvil asistirán al congreso, debido a que la venta de chips al público se hace sin solicitar DNI al comprador. La citación la hace la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso.
Es nuestra humilde opinión, consideramos que esta situación nos revela el limitado conocimiento de la situación real de los servicios a los clientes, la incauta forma de indagar acerca de una problemática y el inapropiado tratamiento de las principales demandas de las empresas de telefonía.
La citación, según la nota, sería en este caso para ver la problemática existente en la venta de chips y con el objetivo de tomar medidas correctivas en el asunto, lo más pronto posible y evitar así, que delincuentes se aprovechen de esta falta de control y sigan adquiriendo líneas prepago para cometer delitos. Agrega que días atrás, Jaime Delgado, ex presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor comprobó que cualquiera puede comprar una línea prepago a nombre, sin que le fuera exigido el documento de identidad.
Antes que nada queremos aclarar que en este artículo, no existe afán alguno de critica, al Sr. Jaime Delgado, quien acaba de darse cuenta de los problemas de los chips, siendo congresista ahora y expresidente de la Comisión de Defensa del Consumidor en la última decena de años.
Pasando al tema en detalle, consideramos que existen diversos y extensas necesidades que requieren solución, correspondientes a la seguridad ciudadana que es “necesario revisar, en el trabajo de las empresas de telefonía en general”, Acudiendo al dicho “No necesariamente lo comercial significa seguridad”, consideramos que buscamos servicios confiables y con seguridad para la ciudadanía, que se requieren especialistas de seguridad para los requerimientos y legales para los contratos, de tal manera que se aseguren que los servicios que se brinden a la ciudadanía sean los más adecuados y se eviten brechas que den posibilidad al riesgo.
Solo para mencionar algunos servicios y sus requerimientos mínimos "de seguridad" entre los que estarían el referido a los chips del artículo, señalamos algunos: la instalación de antenas en general y en lugares especiales (penales, zona de turismo, etc. ), medidas de seguridad ciudadana para la regulación de procedimientos y control de las contratas de estas empresas (forma de trabajo, identificación), servicios necesarios o considerados esenciales para la ciudadanía (mensajes, identificador de llamadas, conferencia, red de emergencia, red de desastre, entre otros, etc.), servicios restringidos (en penales por ejemplo), regulación y administración de crisis en el empleo de números privados (para reaccionar ante una llamada de amenaza de un número privado, por ejemplo), identidad, registro y control en el empleo de las tarjetas de llamadas de venta al público (de estas tarjetas y de los teléfonos desde donde se emplean también salen las llamadas de extorsión), cambio de números telefónicos (condiciones y requerimientos de seguridad), control de aparatos telefónicos robados (identificación por el número de procedencia), quizás si exigiéramos estos servicios antes de aceptarlos, no daríamos lugar a la existencia de oficinas para la liberación de números y teléfonos robados.
Entre los “servicios a los consumidores“ y sus requerimientos mínimos tenemos que reconocer existe una inmensa cantidad de denuncias, solo viendo los comentarios que los lectores al artículo publicado en el Diario La República han escrito, podemos fácilmente ver problemas de tarifas, velocidades de Internet, costos a determinados países, a los que podríamos agregar mejora en los plazos de solución a los apesadumbrados ciudadanos que presentan su queja en OSIPTEL, o al INDECOPI, que por lo general llegan a una Hoja de Apelaciones y Resoluciones, que cuando a favor no logran obtener resultado y dejan abierta la posibilidad a juicio, o resuelven el problema luego de 8 meses.
Mientras tanto, cada vez que veamos a una autoridad investigar en el campo de otra y no en la suya, como es el caso del artículo en que la Comisión de Defensa del Consumidor ve un problema de seguridad ciudadana y no ve la realidad de los problemas en su respectivo campo, pensando en el buen sentido de la palabra y brindándole la honestidad a su alta investidura seguiremos pensando en el limitado conocimiento que tiene de la situación real de los servicios a los clientes, la incauta forma de indagar acerca de una problemática y el inapropiado tratamiento de las principales demandas en su campo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario