Hace unos meses, la Contraloría General de la República señaló que en los últimos tres años del gobierno que se fue, cerca de dos mil funcionarios públicos del país fueron denunciados penalmente, luego que fueran hallados responsables de diversos delitos y actos contra la administración pública que ocasionaron un grave perjuicio al Estado y, por lo tanto, a todos los peruanos.
Hoy existe una ola de criticas recientes y sustentadas de congresistas cuya elección está bajo revisión por la comisión de ética del congreso, debido a que existen denuncias, investigaciones y procesos judiciales contra ellos. Un número aproximado de 40 casos estarían bajo la lupa.
A esta situación se le agrega en las ultimas semanas, diversas denuncias, de casos de presidentes regionales y alcaldes, entre los que se podrían resaltar el del presidente regional del Cuzco, quien tendría una treintena de expedientes fiscales en su contra y el reciente caso de la congresista Anicama, a quien se le denunció a nivel nacional, con pruebas a la vista, por vender servicios de cable ilegales.
A ello, el último fin de semana se suman encuestas llevadas a cabo en Lima, que muestran la caída de la aprobación de la gestión presidencial, la denuncia de injerencias del vicepresidente y la desaprobación de la gestión de la alcaldesa de Lima.
En el caso de la aprobación presidencial
Según encuesta de Ipsos Apoyo, llevada a cabo entre el 12 y 14 de octubre, para el diario El Comercio, en una muestra de 1,200 personas entrevistadas, el respaldo al presidente Ollanta Humala habría pasado del 65% al 62%, sin embargo, este, desde Loreto, el último sábado invocó a las autoridades regionales y locales “a ponerse la camiseta” contra la corrupción en la administración pública.
En el caso del vicepresidente
Fue denunciado por ejercer influencia en reciente purga policial y por servir de enlace entre oficiales de la institución y familiares suyos vinculados al grupo Wong, con interés en solucionar un problema de control de una empresa azucarera. En este caso existen las declaraciones de un general de la policía en retiro y la confirmación de un lobby.
En el caso de la alcaldesa de Lima
Reciente encuesta de empresa Datum, muestra descontento de la población con la gestión de Susana Villarán, solo tendría una aprobación del 14% mientras un 82% la desaprueba. Según esta encuesta, la ausencia de obras, las promesas incumplidas y la sensación de desgobierno habrían generado que un 60% no la quiera en el sillón edil. Un dato de interés es que el sector que abrumadoramente rechaza a la alcaldesa es el de menores ingresos económicos (D) y el que más la apoya es el de mayor poder adquisitivo (A/B).
Conclusiones respecto a la Seguridad Ciudadana
- Consideramos que el procedimiento de selección y elección de candidatos a la administración pública es inseguro.
- De igual manera el procedimiento de remoción de funcionarios públicos, es un proceso inseguro, lento, y demanda el trabajo de funcionarios que deberían estar dedicados a las necesidades del país.
- Las recientes declaraciones del presidente de la república, orientan a combatir la corrupción en la administración pública.
- La percepción de la prensa nacional y su audiencia, nosotros, la sociedad esta pendiente de estos casos.
- Queda solo esperar la actuación de la comisión de ética del congreso y del poder judicial.
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