Perú: Reflexión sobre Protección Legal en la aplicación de la Fuerza Mortal

A casi 40 años del terrorismo interno de los 80s, y otro tanto de años afectados por corrupción, el Ministerio del Interior, ha anunciado medidas de protección legal a Policías que empleen ”la Fuerza Mortal contra el delito agravado” luego que representantes del sector Justicia decretaran la

detención a un policía que en cumplimiento de sus funciones victimara a un delincuente. Lo que parecería, dejar la complacencia social ante el delito, o una singular visión judicial, o las airadas protestas de una sociedad pidiendo enervar el tono de la Política Criminal, nos dio pie para las reflexiones que los invito a leer en este breve artículo.

n  Sobre los factores intervinientes

Una reflexión sobre el empleo de armas, en un comentario sucinto, breve, no puede dejar pasar factores entre una multiplicidad como tendría toda comunidad académica. Por esta razón considero en este artículo como prioritarios los siguientes:  1) las experiencias y el nuevo escenario social; 2) la influencia del cambio climático; 3) el aumento de zonas grises y crimen organizado; 4) la magnitud del daño sobre los actores involucrados; y 5) las condiciones de reflexión sobre la medida, para arribar a una breve conclusión.

n  Experiencias y nuevo escenario social

Debemos tomar en cuenta que en nuestro Perú, cuarenta años de violencia interna y otro tanto de corrupción no quedan en el pasado.

1.      El conflicto de las décadas del 80 y 90 ha sido una de las experiencias mas crueles y dolorosas que ha vivido la sociedad peruana, se concentró en las regiones andinas de la sierra centro sur y la región selvática, los daños y secuelas produjeron cambios en la sociedad civil y el Estado. Hace una decena de años, el Instituto de Defensa Legal hacía referencia a “la necesidad de considerar las secuelas del conflicto interno”[1]. Según la investigadora Cecilia Rivera Vera[2] “las cifras señalan la muerte de 30 mil personas, 4 mil desaparecidos, 40 mil huérfanos, 20 mil viudas, 600 mil desplazados, 435 comunidades arrasadas o abandonadas y perdidas económicas superiores a los 30 mil millones de dólares. Se asume, que la violencia política afectó directamente a más de 1’600,000 personas, la mayoría de las cuales pertenece a los departamentos de Ayacucho, Apurimac, Huancavelica y Junín”. El resultado generaciones enteras afectadas por la violencia y el terror. Comunidades completas (indígenas y selváticas) desplazadas desde el interior, terminando en la costa sobreexponiendo su vulnerabilidad, cuyos niños, jóvenes y adultos jóvenes en las nuevas generaciones, fueron afectados desde temprana edad y hoy constituyen el pensar de la generación del milenio.

2.      A partir del 2000, una Reforma Social un tanto enredada, “bien o no” trató de equilibrar los derechos humanos, sin notar corrientes interesadas en “procesos de libertad” y de “nueva corrupción” algunos con fundamento, otros sustentados en intereses políticos y otras en inversiones “non santas” que fueron endeudando al fisco a futuro, sirviendo  en su momento para mantener a variadas camarillas políticas. Todo esto fue parte de un singular  proceso de democratización y desarrollo en la primera decena del 2000.

3.      A partir del 2011, el aumento de la corrupción por financiamiento externo desde Venezuela (dinero de Chávez y de Maduro)  y por negociado de inversiones desde Brasil (Caso Odebrecht), agravaron la situación de los gobiernos y las obras involucradas, terminando el año 2018 con un presidente en prisión, uno fugado en Estados Unidos y otro cuyo cargo fue declarado vacante.

4.      Esta situación se expresa en los reportes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), de la Defensoría del Pueblo y del Instituto Bartolomé de las Casas IBC, quienes hasta Junio del 2018, señalaban alrededor de un 21,7% de la población (unas 6´906,000 personas) en condición de pobreza, lo que implicaba aumentos porcentual con relación a los años anteriores.

n  Incremento de Zonas Grises y crimen organizado

Cambios en los centros de gravedad políticos y económicos internacionales y nacionales , legales e ilegales, muestran una dinámica que constantemente afecta nuestra geografía. Los casos prioritarios son:

1.      El Valle de los Ríos Apurimac, Ene y Mantaro (VRAEM), ultimo reducto terrorista y de narcotráfico, mantiene el mismo estatus de  “zona peligrosa” bajo estado de emergencia y control militar y policial los últimos 40 años, constituyendo la primera región con grupos armados ilegales, de producción de coca ilegal y región cortina a la región de producción de oro ilegal (Manu - Cusco). Región considerada prioritaria bajo la amenaza de Trata de Persona. Sin considerar los efectos actuales y futuros de dos proyectos clave en estas zonas como son:  la Vía Interoceánica y el aeropuerto de Chincheros.

2.      La Zona del Rio Putumayo en Loreto, constituye hoy un bolsón latente de inseguridad, debido a la presencia en la frontera, de grupos armados colombianos desplazados de las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las llamadas Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC). En esta región, no existe violencia como en otras zonas ante la aparicion de estas amenazas (lo que tendría un significado particular), también hay un aumento considerable de cultivos de coca, intervención de laboratorios ilegales que demandan un tratamiento especial .

3.      Perú esta afectado por el área de influencia de dos triples fronteras, conocidas como Los Triángulos del crimen organizado[3]. Según el experto Augusto Álvarez, la triple Frontera entre Perú, Chile y Bolivia, (El tripartito)  y  la triple Frontera entre Perú, Colombia y Brasil (Leticia, Tabatinga y Santa Rosa), son espacios geográficos y socio - económico que combinan una serie de particularidades, que propician variados flujos transnacionales y condiciones vulnerables para que organizaciones criminales saquen provecho de su permeabilidad y las limitaciones estatales al  control efectivo^[4]

4.      Conflictos sociales por la corrupción

n  La magnitud de daños en los actores involucrados,

1.      La situación de Perú es similar a la de Colombia y a la de México, el Perú adopta aspectos de Política Criminal que respeten el marco normativo constitucional, los Tratados  de Derechos Humanos ratificados  y la realidad particular de la sociedad,  Al igual que en Colombia, “persiste una zona de conflicto armado cruel y de larga duración que el Estado no controla integralmente, con otras amenazas graves de violencia”[5], y de forma similar aunque no tan grave como en México “interviene con las fuerzas armadas en el enfrentamiento con el crimen organizado[6].”

2.      Existe aumento de delincuencia, violencia e inseguridad, según nuestro INEI (Boletín de Seguridad Ciudadana  2019) entre el 25.5% y el 26.1% de ciudadanos fueron afectados por la delincuencia entre junio a diciembre del año 2017 y de manera similar en el 2018. Llegando a un 27.8% de afectados en ciudades de más de 20 mil habitantes y de entre 18.7 a 19.4% en comunidades de entre 2 mil y hasta 20 mil habitantes.  Las modalidades mas comunes incluyen el robo a personas, el robo a casas (que no cuenta con estadísticas reales), el robo de vehículos, el robo a negocios (cuyas estadísticas nacionales son de 0.7%, existiendo una cifra negra de los que no reportan el delito), el Secuestro y la Extorsión, y la creciente Violencia Domestica y Ofensa Sexual.  El 26.1% de las victimas han sido de 15 años a más a nivel nacional. La percepción de inseguridad creció a nivel nacional del 87.9% al 88.7% (entre el 2017 y el 2018). En cuanto a denuncias contabilizadas, en el 2017 se registraron 355,876 (2016), 399,869 (2017) y solo en 10 meses del 2018 sobrepasaron el total del año 2017. En el 2018 un riesgo adicional se añade. Por causa y efectos de la migración internacional estarían llegando delincuentes. (Evidencias en países latinoamericanos señalan que el dictador Maduro en Venezuela habría liberado las cárceles de delincuentes).

3.      Incremento del crimen organizado. El general Álvarez, nos alerta que el terrorismo y el crimen organizado son las grandes preocupaciones colectivas de este nuevo milenio[7]. Al Trafico de Drogas y al Terrorismo se ha agregado la Trata de Personas y el contrabando de órganos.

En cuanto a Trafico de Drogas.- Entre los meses de enero y octubre del año 2018, la Policía Nacional del Perú decomisó 46 109,2 kg. de droga a nivel nacional. A nivel departamental, Huánuco (6 311,1 kg.), Lima (6 290,4 kg.), Ayacucho (5 372,2 kg.) y la Provincia Constitucional del Callao (5 146,4kg) presentaron los mayores volúmenes de droga decomisada. Es preciso señalar que los departamentos que registraron menor cantidad de droga decomisada fueron Moquegua, Amazonas y Huancavelica, con menos de 100 kg.. cada uno. Las mayores detenciones por tráfico ilícito de drogas, se dieron en el departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao (7 mil 936 y 1 mil 327 personas, respectivamente), en el periodo enero-octubre 2018.

Terrorismo.- La Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior- MININTER, ha registrado 651 acciones terroristas, entre enero y octubre 2018. En el período enero - octubre 2018, el departamento de Ayacucho registró 347 acciones terroristas. Otros departamentos que reportaron terrorismo fueron Junín, La Libertad, Huancavelica, Huanuco, Cusco y San Martín. Se registraron 20 víctimas de acciones terroristas, de las cuales 19 fueron no terroristas (15 de las Fuerzas Armadas y 4 de la PNP) y 1 terrorista, entre enero y octubre de 2018.

Trata de Personas.- Los distritos fiscales de Lima, Puno, Madre de Dios y Arequipa registraron mayor número de denuncias por el delito de trata de personas (entre 70 y 227). Los distritos fiscales de Cañete (4), Huaura (4), Moquegua (4), Apurímac (3), y Pasco (3) reportaron menor número de denuncias, en el periodo enero - setiembre 2018.

4.      Victimas Militares y Policiales.

Entre los años 1980 – 2000, se calcula entre 40 y 60 mil victimas en la sociedad como resultado del terrorismo.

Las victimas en defensa de la constitucionalidad, en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional desde el 2008 incluyen: 29 fallecidos (20 de las Fuerzas Armadas y 9 Policías muertos); el 2009, fueron 23 de las Fuerzas Armadas y 3 Policías muertos, el 2010, fueron 45 de las Fuerzas Armadas y 18 Policías muertos; el 2011, fueron 49 de las Fuerzas Armadas muertos;  el 2012, fueron 51 de las Fuerzas Armadas y  20 de la Policía muertos; y en el 2013, 6 de las Fuerzas armadas y 3 de la Policía muertos[8]; Datos más recientes, en el 2018,  21 uniformados fueron asesinados por delincuentes, 19 de ellos por el uso de armas de fuego y dos por arma blanca, por lo que asentimos que la tendencia no varía, se incrementa como consecuencia del accionar de la delincuencia agravada. Este 2019, el lunes 14 de enero sujetos atacaron la comisaría de Tacalá, en el distrito de Castilla (Piura), donde laboraba un agente de policía que mató a un delincuente. 

n  Cambio Climático y Desastres

1.      El Perú en particular ha estado afectado por el fenómeno del Niño, en dos años consecutivos el 2016 y 2017, en especial las comunidades adyacentes a los ríos costeros que desembocan en el mar en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash.  Un Plan de reconstrucción en el papel tentó una solución que hasta el año 2019 muestra resultados parciales, afectados de mas a menos por una incipiente participación de gobierno, regional y local, siendo la local la minima y mas riesgosa.

2.      Los efectos del clima han traído cambios. Algunos no lo notan. Acaso la incorporación de palomas y aves en las principales ciudades costeras no es un hecho?, o  la invasión de especies salvajes en comunidades remotas, no va en aumento?. Las celebres observaciones de Charles Darwin con respecto al clima, reafirman su verdad,  según  Darwin, “el clima (…) desempeña un papel importante en determinar el número de individuos de una especie” y “lleva a la lucha por la existencia entre especies” [9]. Por estas razones nn la mayoría de estudios señalan que los efectos del clima influencian desde la conducta, al stress y  en la mortalidad de la población.

n  Reflexiones finales antes de una breve conclusión.

1.      Entre los antecedentes del Sistema Penitenciario, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) estipula que [10],, una Ley que prohíbe “de manera general a los agentes del Estado proceder a homicidios arbitrarios sería en la práctica ineficaz si no existiera un procedimiento que permitiera controlar la legalidad del recurso a la fuerza mortífera por parte de las autoridades”. Además a obligación de proteger el derecho a la vida “implica y exige realizar una investigación eficaz cuando el recurso ala fuerza, por parte de agentes del Estado, ha tenido como consecuencia la muerte de una persona”[11]. El propósito esencial de la investigación es que los agentes del Estado “respondan de las muertes ocurridas bajo su responsabilidad”. A tales efectos “las autoridades deberán actuar de oficio, una vez que el asunto haya llegado a su conocimiento. No pueden dejar a iniciativa de los familiares el presentar una queja formal o el responsabilizarse de llevar a cabo un procedimiento de investigación».[12]

1.      El caso “Bagua”.  En el Perú, en el año 2009, (Gobierno del presidente Alan García) “el Paro Amazónico” constituyó un conflicto de grave magnitud, que involucró algunos Frentes Regionales de Defensa en el norte Peruano, cuyos sucesos más graves recayeron en Bagua, El conflicto en los primeros días de junio del 2009  involucró los departamentos de Cajamarca, San Martín, Ucayali, Loreto, y Amazonas. En este conflicto grupos de personas armados con armas de fuego y lanzas, atacaron comisarías intentando tomar las armas, asesinaron agentes de policía, y en los mismos días un helicóptero de las fuerzas Armadas fue atacado en el departamento de Ayacucho.   La gravedad se puede apreciar por el saldo inicial del conflicto registrado el 5 de junio  por la Defensoría del Pueblo: 33 personas fallecidas (23 efectivos policiales, cinco pobladores y cinco indígenas); 83 personas detenidas; 200 personas heridas que recibieron atención médica de hospitales del Ministerio de Salud y de EsSalud; y 1,244 indígenas que retornaron a sus comunidades nativas, luego de haber sido empadronados por el Ministerio Público. La Defensoría del Pueblo manifestó su especial preocupación por la situación del Mayor PNP Felipe Bazán Soles, cuyo paradero se desconoce desde el último 5 de junio a la fecha.[13]

2.      El caso Tía María.  En el año 2015, previendo las experiencias de Bagua, el Decreto Legislativo Nº 1186 del 16 de agosto del 2015, reguló el empleo de las armas en el ejercicio de las funciones del personal policial. Esta ley fue promulgada  en momentos de conflictos en la región sur del Perú, en el proyecto Tía María, Cocachacra, Arequipa. La Ley fue presentada por el Poder Ejecutivo (Gobierno del Presidente Ollanta Humala), en el marco de las facultades que otorgó el Congreso para legislar en materia de Seguridad Ciudadana.

3.      Necesidad de prevención y la fiscalización

La Protección al empleo del arma, no debe impedirnos reconocer que la violencia ilegítima y el abuso policial están en el núcleo del propio sistema y que, por tanto, la cultura de la legalidad demanda de una actitud de prevención y fiscalización frente a los aparatos que ejercen con carácter exclusivo el empleo de la coacción en nombre del Estado. La experiencia histórica nos dice que cuando no se adopta esa actitud de alerta, el aparato estatal encargado del uso de la fuerza se convierte en fuente de vulneración sistemática de los derechos y de las libertades. Es la vieja cuestión del control de los custodios.[14]

4.      La aplicación de la Fuerza Mortal  siempre traerá victimas. No pueden estar ausentes los afectados, que siempre existirán y que demandan un trato especial.

5.      n  Conclusión.

Las experiencias y el nuevo escenario social; El aumento de zonas grises y crimen organizado; la magnitud del daño en los autores involucrados, unida a nuestras experiencias; y a la influencia del cambio climático,  son señal de una realidad social, que va mermando nuestras capacidades y provocando una situación que demanda con urgencia “salir del escollo de Inseguridad y Descontrol”.  Por estas razones, consideramos que la solución esta en la actitud de “prevención y fiscalización”. Y en este caso, en particular ante el empleo de la fuerza mortal, la medida abarca a “todos los operadores de la “Política Criminal”, porque es la sociedad la que la demanda y a la vez la que lo sufre.

Declaro que no tengo conflicto de interés en el contenido de este artículo

n  Bibliografía.

ALVAREZ TORRES, A. M. (2018). "Crimen Organizado Transnacional en las Triples fronteras de Sud America". Revista Escuela Superior de Guerra del Perú .

ALVAREZ TORRES, A. M. (2018). "ENTENDIENDO AL TERRORISMO Y SU SIMBIOSIS CON EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL". (A. M. ALVAREZ TORRES, Ed.) Revista Escuela Superior de Guerra del Perú , 3-18.

COMISION ASESORA DE POLITICA CRIMINAL. (2012). "Diagnóstico y propuesta de lineamientos de política criminal para el Estado colombiano". (Comisión Asesora de Política Criminal del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, Ed.) Bogotá, Bogotá, Colombia: Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, Unión Europea.

DARWIN, C. (1859). "El Origen de las Especies". Londres, Londres, Reino Unido.

DEFENSORIA DEL PUEBLO. (2009). INFORME DE ADJUNTÍA Nº 006-2009-DP/ADHPD. ACTUACIONES HUMANITARIAS REALIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO CON OCASIÓN DE LOS HECHOS OCURRIDOS EL 5 DE JUNIO DEL 2009, EN LAS PROVINCIAS DE UTCUBAMBA Y BAGUA, REGIÓN AMAZONAS, EN EL CONTEXTO DEL PARO AMAZÓNICO . Defensoría del pueblo, Comisión en las Zonas Afectadas. Lima: Defensoría del pueblo.

FEDERACION IBEROAMERICANA DE OMBUDSMAN. (2007). "Sistema Penitenciario". (F. I. Ombudsman, Ed.) Madrid, Madrid, España: CICODE 2007- Trama Editorial 2007.

GRUPO DE ESTUDIOS DE POLITICA CRIMINAL. (2012). "Una propuesta alternativa de regulación del uso de la fuerza policial". (S. d. Criminología., Ed.) Valencia, Malaga, España: Grupo de Estudios de Política Criminal y Editorial Tirant lo Blanch.

INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL - JUSTICIA VIVA. (2007). "Acceso a la Justicia en el Mundo Real" (Primera Edición ed.). Lima, Lima, Perú: Instituto de Defensa Legal.

WILSON CENTER - CIUDAD NUESTRA. (2013). "¿A ónde Vamos? Análisis de las Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana en América Latina" (Primera Edición ed.). (C. BASOMBRIO, Ed.) Lima, Lima, Perú: Wilson center - Ciudad Nuestra.

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[1] INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL - JUSTICIA VIVA. (2007). "Acceso a la Justicia en el Mundo Real" (Primera Edición ed.). Lima, Lima, Perú: Instituto de Defensa Legal. Pág. 14.

[2] Comisión Andina de Juristas.

[3] ALVAREZ TORRES, A. M. (2018). "Crimen Organizado Transnacional en las Triples fronteras de Sud America". Revista Escuela Superior de Guerra del Perú .

[4]  TRONCOSO, Valeska, Una aproximación al CO en la triple frontera de Perú, Chile y Bolivia. En “El Crimen Organizado Trasnacional y el desafío de la seguridad en la Triple Frontera de Bolivia, Chile y Perú, desde la perspectiva de los actores estatales (2006-2015)”; y es parte de los estudios doctorales realizados en el Doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. 

[5] COMISION ASESORA DE POLITICA CRIMINAL. (2012). "Diagnóstico y propuesta de lineamientos de política criminal para el Estado colombiano". (Comisión Asesora de Política Criminal del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, Ed.) Bogotá, Bogotá, Colombia: Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, Unión Europea. Pág. 8 y ss.

[6] WILSON CENTER - CIUDAD NUESTRA. (2013). "¿A ónde Vamos? Análisis de las Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana en América Latina" (Primera Edición ed.). (C. BASOMBRIO, Ed.) Lima, Lima, Perú: Wilson center - Ciudad Nuestra. Pág. 22 y ss.

[7] ALVAREZ TORRES, A. M. (2018). "ENTENDIENDO AL TERRORISMO Y SU SIMBIOSIS CON EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL". (A. M. ALVAREZ TORRES, Ed.) Revista Escuela Superior de Guerra del Perú , 3-18.

[8] Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

[9] DARWIN, C. (1859). "El Origen de las Especies". Londres, Londres, Reino Unido. Pág. 43.

[10] FEDERACION IBEROAMERICANA DE OMBUDSMAN. (2007). "Sistema Penitenciario". (F. I. Ombudsman, Ed.) Madrid, Madrid, España: CICODE 2007- Trama Editorial 2007. Pág. 101.

[11] Casos McCann y otros c. Reino Unido(§161); Kaya c. Turquía, Sentencia de 19 de febrero de1998 (§87); Khachiev c. Rusia, Sentencia de 24 de febrero de 2005 (§153-155); y Fatma Kaçarc c. Tur-quía, Sentencia de 15 de julio de 2005 (§67).

[12] Shanaghn c. Reino Unido (§88); y Oneryildiz c. Turquía, Sentencia de 30 de noviembre de2004 (§94-94).

[13] DEFENSORIA DEL PUEBLO. (2009). INFORME DE ADJUNTÍA Nº 006-2009-DP/ADHPD. ACTUACIONES HUMANITARIAS REALIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO CON OCASIÓN DE LOS HECHOS OCURRIDOS EL 5 DE JUNIO DEL 2009, EN LAS PROVINCIAS DE UTCUBAMBA Y BAGUA, REGIÓN AMAZONAS, EN EL CONTEXTO DEL PARO AMAZÓNICO . Defensoría del pueblo, Comisión en las Zonas Afectadas. Lima: Defensoría del pueblo. Pág. 26.

[14] GRUPO DE ESTUDIOS DE POLITICA CRIMINAL. (2012). "Una propuesta alternativa de regulación del uso de la fuerza policial". (S. d. Criminología., Ed.) Valencia, Malaga, España: Grupo de Estudios de Política Criminal y Editorial Tirant lo Blanch. Pág. 11.