Por Jorge Contreras
Solo nos basta dar una ojeada a los diarios para notar que
algunos hechos públicos en nuestra
sociedad, constituyen una muestra irreverente de lo que podríamos llamar un
Estado desbordado por rasgos de inconstitucionalidad.
Las secuelas de la guerra interna, la centralización social en
la gran Lima, el cambio hacia estructuras económicas de una clase media
mayoritaria, unidas a las atracciones de la sociedad de consumo, han dado lugar
a algunas situaciones a las que bien podríamos llamarla como una suerte de
invasión bárbara de libertinaje,
de intereses, que utiliza a su
favor los principios constitucionales., y en el que se priorizan intereses
menores, hasta partidarios más que nacionales.
A pesar, que hoy en día reconocemos voluntad en el gobierno para enmendar
las cosas y luchar contra la ilegalidad. Las características de los hechos, no
dejan de sorprendernos, como los:
- Grupos Políticos que se declaran públicamente anti constitucionales.
- Gobiernos Locales y Regionales que se oponen a los proyectos de inversión.
- Gobiernos que otorgan beneficios y liberan a sentenciados que no deberían ser beneficiados.
- Parlamentarios que cobran y no pagan impuestos.
- Ley de servicio militar imprecisa, superficial.
- Una ley de revocatoria de autoridades, sin la necesidad de faltas en las autoridades a ser revocadas
- Jueces que cuestionan y son cuestionados por sus actuaciones.
- Municipios obstaculizados en el reordenamiento por intereses individuales.
Los hechos vienen de la mano de personajes que se hacen
conocidos y hasta populares por liderar estrategias y artimañas, que se valen
de la pública argucia criolla, del tinterillaje desmedido y de un pseudo remedo de buena política.
Entre ellos podemos mencionar:
- Especialistas en leyes con fines particulares.
- Especializados en lobbies a favor de otros intereses.
- Especialistas en revocatorias.
- Especialistas en garantías constitucionales como el Hábeas Corpus.
- Estrategias para mediatizar autoridades mediante juicios.
- Especialistas en interpretación jurídica legal en provecho individual, sobre el interés de la sociedad.
Entonces, nos es mas claro interpretar el porque de la
necesidad de incidir en ciertos aspectos y situaciones en desmedro de otras. De
estas quisiéramos en esta oportunidad rescatar el caso de las Fuerzas de Seguridad,
el más notorio.
Las Fuerzas de Seguridad, por ser el recurso del Estado, para
hacer frente al desborde inconstitucional de violencia de origen social o
delincuencial, hace que estas estén condenadas a pagar los platos rotos de los
conflictos.
Están condenadas a priori a la critica y a un complejo nivel
de relaciones civiles – policiales/militares, por lo general se encuentran bajo
efectos de un permanente acoso que
busca mediatizarlas. Son acusadas de criminalizar las protestas, de violaciones
a los derechos, sus lideres son acusados y reacusados hasta hacerlos renunciar,
y lo anecdótico del caso es que todo sucede por no prestar las garantías a la
sociedad, cuando de esa misma sociedad salen los intereses encontrados.
Y como elemento final, estas situaciones vienen acompañadas
de hipótesis, reportajes y encuestas que aseguran que en el Perú habría más
violencia que en otros lugares, como Brasil o México, y que resaltan los altos
niveles locales de inseguridad, de
victimización, y de temor.
Sin duda, el interés de la sociedad que cede ante intereses particulares.
Por ello creemos que podemos decir que el sistema constitucional del país está
en juego...
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