Tacna. La Procuraduría
Anticorrupción embargó los bienes del ex congresista Gregorio Ticona
Gómez por no haber pagado ni un sol de reparación civil luego que fuera
condenado por recibir dinero de Vladimiro Montesinos en el 2000.
Según informó el procurador
anticorrupción Christian Salas Beteta, el ex legislador adeuda al Estado un
millón de soles luego de que aceptara dinero del ex asesor para conformar las
filas del entonces partido “Perú 2000″.
Entre los enseres embargados
figura un vehículo de propiedad de Ticona Gómez y artefactos y muebles que se
encontraron al interior de su vivienda en el departamento de Tacna. Por su
parte, el hijo del ex congresista sostuvo que la casa le pertenece a su tía.
El actual Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha
reestructurado las procuradurías públicas encargadas de la defensa del Estado
en temas de corrupción. La situación inicial era caótica: no existía una base
de datos que diera cuenta del número real de procesos de corrupción en los que
intervenía la defensa jurídica del Estado, no se sabía la situación jurídica de
los procesados ni cuántos de ellos habían pagado las reparaciones civiles
(exigidas en sus sentencias), ni cómo debía hacerse la distribución de las
causas entre un escaso número de abogados y una logística precaria.
Frente a esta realidad el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos impulsó – e impulsa todavía- la ejecución de tres medidas
fundamentales:
- La fusión de la Procuraduría Pública Ad Hoc para los casos Fujimori-Montesinos y la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción (la naturaleza temporal de la primera no podía prolongarse por mucho tiempo más, y la necesidad de contar con una sola base de datos era un requerimiento urgente)
- La creación de una Unidad de Análisis Financiero y Pericial, y de una Unidad de Análisis de Información (Observatorio Anticorrupción), para incorporar unidades de inteligencia ajenas a la labor de litigio
- Una nueva estrategia de defensa nacional, recomponer el sistema descentralizado desmantelado en los años previos.
Unidades de apoyo.-
Con la finalidad de hacer más
eficaz y estratégica la defensa jurídica del Estado en casos de corrupción, la
nueva gestión propuso y creó una nueva estructura de trabajo constituida por
unidades de litigio y dos nuevas unidades de apoyo técnico. En los últimos años
la labor de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción había
concentrado sus esfuerzos en la acción de sus procuradores y abogados (en el
marco de los respectivos procesos judiciales a su cargo), descuidando el
enfoque estratégico orientado a la sistematización y análisis de información
que potencie su labor. El litigio estratégico propuesto por la nueva gestión
descansa entonces en la labor de sus procuradores integrados en equipos de
litigio, asistidos por el enfoque técnico y estratégico de dos unidades de
apoyo:
- La Unidad de Análisis de Información (Observatorio Anticorrupción) y
- la Unidad de Análisis Financiero y Pericial.
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