La palabra cohecho proviene etimológicamente del vocablo
latino “confectus”, siendo el participio del verbo “confiere”, cuya significación
es negociar o acabar. Ya los romanos, para evitar el abuso de ciertos
funcionarios, habían creado una figura penal llamada “crimen repetundae”, que
castigaba la aceptación de la dádiva.
El Delito de Cohecho
En la actualidad, este un delito contra la administración
pública que constituye un acto bilateral que ataca a la rectitud y buen
proceder propios del funcionario o servidor público en el cumplimiento de sus
funciones, corrompiéndole a base de dinero, donativo o promesa, para obtener el
cohechador un beneficio justo o injusto, a través de la acción u omisión de
dicho funcionario.
Se le considera bilateral, (aunque se tipifica por separado
el “Cohecho activo” –Art. 397º y 398º del Código Penal – y “Cohecho pasivo”
–Art. 393º y siguientes del Código Penal–) porque supone la concurrencia de dos
voluntades en un mismo actuar: la del cohechador o cohechante y la del
cohechado. El primero es quien ofrece donativo, promesas o cualquier acto
análogo para que el cohechado haga o deje de hacer algo relacionado con sus
funciones. El segundo es el funcionario o servidor público que por recibir
cualquier donativo va a hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones,
perfeccionándose con el sólo acuerdo o pacto de las partes, basta que el agente
acepte la promesa o reciba el donativo o presente, es decir, no se exige que el
contenido del acuerdo se ejecute, esto es, que se haga o no alguna cosa en la administración
pública.
En la actualidad
En los últimos tiempos, con mayor frecuencia se da la
intervención de funcionarios y/o servidores públicos, por haber recibido o
solicitado algún tipo de dádiva, dinero u otras especies, en el ejercicio de
sus funciones, actitud que no sólo ocurre en el Perú, sino también en todo el
mundo, puesto que, poco a poco, se ha ido introduciendo y enraizando en la
sociedad hasta convertirse en una forma natural de obrar y vivir, que es como
actual y lamentablemente lo conciben muchas personas, quienes bajo el
convencimiento de que los empleados del Estado están mal pagados, coadyuvan a
eliminar sus escrúpulos creyendo que todos los demás tienen un precio y que esa
es la forma como se debe “arreglar” a cualquiera.
Este modus vivendi se ha dado por la falta de valores,
debido a la precaria formación ética que ofrece el sistema educacional; por la
difícil situación económica y social que viven algunos funcionarios y, en otros
casos, por el afán de dinero fácil o por la ley del menor esfuerzo, etcétera,
es decir, por razones o causas que toman al dinero como la medida de todas las
cosas, y que, a la vez, dan como resultado una inmoralidad administrativa, que
más que afectar a bienes jurídicos individuales ataca a intereses colectivos y
al Estado, en el ámbito de la recta administración de justicia.
A pesar de los intentos que se ha hecho por eliminar la
corrupción o al menos disminuirla, sus resultados han sido desalentadores, ya
que más bien sigue creciendo descontroladamente y se va convirtiendo en una
forma de vida, a la cual todos se están acostumbrando, por no decir que lo
están tomando como una costumbre social ya arraigada. De ahí la importancia de
su denuncia y el más absoluto rechazo a este delito.
Su Punibilidad
Lo que se busca con su punibilidad es reprimir la venalidad
(actitud inmoral de la que comercia con procederes ilícitos) del funcionario o
servidor público, porque su sola existencia constituye una amenaza para el
funcionamiento normal de la administración, sin importar que el acto sea justo
o injusto, puesto que no interesa tanto la naturaleza del acto sino su motivo,
que es la recompensa de cualquier tipo, incluso honorífica (ejemplo una
condecoración), que se convierte en el móvil que induce al funcionario a actuar
de determinada manera, cuando su proceder no debe ser por ella.
Conclusión
El delito de cohecho es una de las representaciones de la
corrupción imperante en nuestro medio, que ataca al Estado y directamente a su
administración, porque impide el funcionamiento normal y correcto de ella, a
través de una actitud contraria a la rectitud, honestidad y probidad que debe
caracterizar a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y
deberes. Conducta dolosa que va creciendo cada vez más en sus diversas clases y
modalidades, y si bien no está en nuestras manos solucionar de manera absoluta
el problema, es un deber nuestro el denunciar los casos que lleguen a nuestro
conocimiento y, fundamentalmente, no caer en este sistema o forma de vida, ya
que si colocarnos en el plan de que el cohecho existe por necesidad o porque
nadie puede terminar con él, es una forma de convalidarlo y el callar o cubrir
con un silencio culpable es un error que coadyuva al fracaso en la búsqueda de
la justicia y de la paz social.
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