En Latinoamérica, es poco lo que puede lograr un gobierno
sin mayoría
parlamentaria.
Por Jorge Contreras[1]
El mooning, esta simbólica irreverencia etic de “mostrar el trasero” al oponente, como una forma de manifestarle
rechazo, ha venido siendo la figurativa actitud de algunos gobiernos
autoritarios latinoamericanos, como Venezuela y en menor grado Perú, en la que
funcionarios oficiales, dejaban de escuchar a sus opuestos y ejecutaban sus
planes.
En el Perú, la continua
negación del otro, el rechazo a sus ideas, ha resultado en el abandono de las
filas del gobierno y ha ido engrosando a la oposición, a tal punto, que esta
delicuescencia de gobiernos anteriores ha alcanzado un punto de no retorno. Hoy
el actual gobierno, ha perdido su mayoría y la decisión está en manos de la
oposición parlamentaria. A esta
situación, se han sumado “acusaciones” contra funcionarios, que ahora, a modo
de tabla de salvación, ensaya una “propuesta de dialogo”, “un estudio de gobernanza”
y pide un trato “separando lo jurídico de lo político”, para algunos
considerado falaz. Llegando así a una situación, en la que indignados entre políticos
y población, no le muestran sus traseros, sino la espalda, y le exigen cambios.
En el colmo de la insensatez, un
miembro de la familia de gobierno, ha alcanzado a sugerir, claro está, con ribetes
de esquizofrenia, que como salida al gobierno solo le queda la posibilidad de “un
autogolpe”[2].
Lo que se ve cuando
abrimos los ojos…
Quizás las más grandes criticas al actual gobierno en el
2015 incluyen 1) sus carencias de compromiso con lo prometido; 2) de visión
compartida; 3) la presencia de un fantasma de desvalores y de ausencia de ética
de gobierno; y 4) del notorio afán de tratar de aprovechar el liderazgo y logros
de algunos ministros para mejorar su popularidad. Aspectos que han ido enviando
una imagen negativa muy similar a anteriores regimenes.
Hoy en día, ha crecido la desconfianza y es difícil
interpretar lo que buscan, lo que desean, lo que un filosofo como Heidegger definiría
como los “tesoros verdaderos que buscan proteger en esta nación”[3].
Los logros y los inconvenientes….
Los logros en “seguridad policial”, no han servido para
contrarrestar la incapacidad en seguridad ciudadana, el intento
de imposición de una Ley Laboral, los escasísimos avances en materia
anticorrupción, la mediocre atención de casos públicos de justicia que
involucran a representantes oficiales, son hechos que reciben el rechazo de
casi la totalidad de políticos y sociedad.
A ello se agrega que este gobierno,
ha sido denunciado
ante varias instancias, incluyendo la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y mantiene miles de denuncias por el
desconocimiento de derechos pensionarios de las Fuerzas Armadas y Policiales.
La dicotomía de la
Seguridad, una escopeta de dos cañones…
Como dirían nuestros hermanos Mexicanos, un desmadre recorre
las jerarquías de poder, seguridad, justicia, y cultura de las autoridades del país.
El Control de la conducta desviada es disfuncional e
inconsistente. La seguridad policial no ha superado las necesidades de la Ley
de Seguridad Ciudadana. Mientras los Policías tienen fuerza pública[4],
(intervienen, controlan, colocan multas), los Serenazgos no tienen esa
capacidad y los Municipios anulan las multas por infracciones de transito.
En el nombre de los Derechos Humanos, no hay sanción para
los que están en el poder. En determinados niveles, los hechos adquieren
similitud con el crimen organizado[5],
y en este tema hay escasos logros, los casos están relacionados con
organizaciones empresariales[6]
y muestran un modelo evolutivo[7],
ejercen el
poder o la influencia (manipulación) son denunciados y se consideran espejismos,
los
sospechosos escapan, los procuradores
son despedidos, las pruebas
financieras e inmobiliarias
abundan y al ser tildadas falazmente como “refritos” o como “falsas” no son tomadas
en cuenta, o pero aún, se
pierden, los tramites
oficiales para extraditar y procesar delincuentes son equívocos e interminables,
los procesos se caen de viejos, y hasta los “antes culpables” se van tornando en
“actuales
inocentes”.
En el sector justicia, Jueces, Procuradores, Fiscales,
Reeducadores y Penitenciarios, no reflejan lo la sociedad o las victimas desean,
cada quien maneja su visión y su diversa solución al problema. Para los opuestos
al sistema, no existen los derechos, pueden ser procesados y reprocesados, aun
enfermos. En casos, la justicia llega a ser implacable solo para algunos.
Entre el desorden, algunos burlan al régimen, otros lo
tienen comprado, terroristas y delincuentes pasan estadías en hospitales,
en cárceles doradas, de cualesquiera condición, ahí coordinan.
Aspectos de
Inteligencia…
No corresponde describir un tema tan sensible públicamente,
solo nos limitamos a decir que el deshacer un organismo de inteligencia en un tris, es quizás una
de las razones por las que el Perú mantiene una región como el VRAE con un
estatus de peligro de mas de 20 años.
Adicionalmente, se fomentan espectáculos
que siembran el odio, que mantienen latente la información parcializada de
una época de terror, que no la conoce apropiadamente nuestra juventud a través
de los programas educativos. Estos espectáculos incluyen ofensas sexuales. Omitiendo
que la politización del arte se manifiesta en estrategias y prácticas muy
diversas[8]
con fotografías[9] y “obras,
donde la subversión es la máquina del entretenimiento”[10], en el colmo de males, algunas representaciones
son llamados “cultura” por los mismos representantes del gobierno.
La justicia para
algunos….
En cuanto al sector privado, no hay sanción para algunas
empresas que cometen infracciones a la salud. (caso Domino
Pizza, Pizza
Hut) Todo termina cuando estas empresas se disculpan públicamente al ser
encontradas infraganti.
En casos notorios, la sociedad presencia como algunos de los
mayores delincuentes escapan y otros, capturados, se nutren de los mejores
abogados y declaran con desparpajo sus desvergüenzas, como si fueran
inocentes.
Finalmente el anti-sistema
de elecciones…
En cuanto a elecciones, todo seguiría igual, esta permitida
la elección de todo tipo de individuos, los “que roban y que hacen obra”, el
sistema avala los “vientres de alquiler” partidario y les otorga “viabilidad”, el
resultado, algunos elegidos tienen antecedentes de narcotráfico y otros carecen
de educación.
Las autoridades elegidas se publicitan anulando obras de
anteriores regimenes, retirándole
las placas, y hasta disponen la
anulación
de papeletas/multas de transito, cometiéndose el grave error de olvidar las
faltas[11].
Este cuadro es el resultado de este tipo de gobierno.
Por eso el mooning a la latina, es una respuesta emic real.
[1] Jorge A.
Contreras Ríos, DNI 09582230, ICAC Nº 897, administrador, licenciado en
ciencias militares, abogado, magíster en ciencias militares, magíster en
derecho penal, estudios de doctorado.
[2] ARRIVILLAGA,
Edgardo, (1976) “Un genuino golpe cívico militar que nadie quiere escribir”,
Revista Inteligencia Estratégica, marzo de 2005. Golpe de Estado (calco del francés coup d'État).
[3] FARIAS, Víctor
(1987) “Heidegger y el Nazismo” Muchnik Editores. Francia.
[4] POLINSKY, A.M., Shavell, S.
(2000a). “The Economic Theory of Public Enforcement of Law”. Journal of Economic
Literature 38, 45–76.
[5] ALBANESE, J. (2000) The Causes of
Organized Crime: Do Criminals Organize Around Opportunities for Crime or Do Criminal
Opportunities Create New Offenders? Journal of Contemporary Criminal Justice 16
(4): 409–423.
[6] BLANCO, C.I.
(1997): Criminalidad organizada y mercados ilegales, Eguzkilore: Cuaderno del
Instituto Vasco de Criminología, San Sebastián 11, 213-231.
[7] JAMIESON, A. (1995) The
Transnational Dimension of Italian Organized Crime. Transnational
Organized Crime (1:2), 151–172.
[8] RANCIERE, Jacques (2008) Le spectatore
emancipé. La Fabrique editions. Argentina. Pág. 54.
[9] RANCIERE, Jacques (2008) Le spectatore
emancipé. La Fabrique editions. Argentina. Pág. 56.
[10] RANCIERE, Jacques (2008) Le
spectatore emancipé. La Fabrique editions. Argentina. Pág. 71.
[11] FREIBERG, A and KRASNOSTEIN S
(2011) Statistics, damn statistics and sentencing. Journal of Judicial Administration
21: 73–92.
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