Por Jorge Contreras[1]
Desde los tiempos de la colonia, la Política Criminal en esta parte del mundo se rige por la
muestra de criminalidad en las calles, y no muestra resultados en los sectores medios
y altos (privados y de gobierno). A ello se suma que tiene escasa capacidad para atender los
delitos menores. A pesar que esta demostrado que los delitos se cometen en
todos los sectores y clases, existe una clara tendencia a tener mas condenados
de los sectores inferiores
La Política Criminal y la Política de Seguridad Ciudadana
son políticas decimonónicas y de reciente creación en Latinoamérica. En el
Perú, estas políticas se establecen a partir de la
ultima década.
La Política Criminal históricamente adolece de un carácter preventivo,
por lo general se adopta “a
posteriori” y ante los
efectos de hechos ya ocurridos. La ausencia de un diagnostico temprano y la
necesidad de optar por una solución rápida (incluyendo la evaluación por indicadores internacionales), nos hacen tomar decisiones sin un
diagnostico adecuado, pues sus cifras no representan la realidad. Posteriormente en la evaluación de los
resultado, las cifras tampoco
representan la eficacia en el tratamiento.
Uno de los problemas político – criminales más acuciantes es
la ausencia de una dimensión normativa político - criminológica y social de la
Política Criminal, que oriente los esfuerzos en estas dimensiones en la
Seguridad Ciudadana.
La Política Criminal actual contiene aspectos normativos de
Justicia e Interior o Policía, cuyas
limitaciones no cubren las necesidades de
Seguridad Ciudadana. Más
aún cuando superando el limite del Derecho Penal, la Política Criminal deja de
ser criminal para convertirse en Política Social.
Necesidad de enfoque
en todos los sectores….
Dado los dos hitos fundamentales de la criminología, la
publicación del “Lúomo Delinquente”
de Lombroso, autor de la teoría del delincuente neto; y el discurso que
pronunciara Sutherland en 1939 titulado “White Collar Criminality”, sobre el
crimen de cuello blanco en los sectores privados y públicos (de gobierno) estos
le imprimieron al fenómeno delictivo un “acontecer normal en a sociedad”. Al
que el pensamiento de Durheim sostiene que “siendo la conducta social regulada,
es inevitable la producción de comportamientos irregulares”.
Dicho de otra manera, podemos aseverar que el conjunto de normas penales determinan el fenómeno delictivo de una
sociedad y por ello debe ser motivo de diagnostico en todos sus niveles. Las
estadísticas comprobadas muestran
que miembros de todas las clases sociales delinquen, que en las clases
superiores se registra delincuencia
al mismo nivel que en otras clases sociales.
Necesidad de sanción
en todos los sectores…
Es notorio el hecho de que la población reclusa de las
prisiones resulte fundamentalmente de las clases inferiores, esto se debe a un
anómalo proceso de selección a través de mecanismos sociales en los que el
riesgo de ser condenados no se distribuyen por igual a todas las clases
sociales. En las clases altas y
medias (sectores privados, gobierno y parlamentos) el sometimiento a la ley
podría ser menor.
Los resultados se dan en un tratamiento en el que pareciera
que los delincuentes de la clase media y alta no requieren de la aplicación de
la pena, no necesitan reeducación, ni tienen dificultades de reinserción social, para ellos es
poco común el someterse al peso de la ley.
Por ello, la ausencia de un enfoque normativo –
criminológico social afecta las dimensiones de comunicación, lenguaje, diagnostico,
organización, tratamiento, costos y
participación en las Políticas de Seguridad Ciudadana.
[1] abogado,
administrador, militar retirado , magíster en Ciencias Militares, magíster en
Derecho Penal, con estudios de doctorado.
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