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domingo, 11 de mayo de 2014

Reflexiones sobre la Política Criminal y la Política de Seguridad Ciudadana

Por Jorge Contreras[1]
Desde los tiempos de la colonia,  la Política Criminal en esta parte del mundo se rige por la muestra de criminalidad en las calles, y no muestra resultados en los sectores medios y altos (privados y de gobierno).  A ello se suma que tiene escasa capacidad para atender los delitos menores. A pesar que esta demostrado que los delitos se cometen en todos los sectores y clases, existe una clara tendencia a tener mas condenados de los sectores inferiores 

La Política Criminal y la Política de Seguridad Ciudadana son políticas decimonónicas y de reciente creación en Latinoamérica. En el Perú, estas políticas se establecen a partir de la
ultima década. 

La Política Criminal históricamente adolece de un carácter preventivo, por lo general se adopta  “a posteriori”  y ante los efectos de hechos ya ocurridos. La ausencia de un diagnostico temprano y la necesidad de optar por una solución rápida  (incluyendo la evaluación por indicadores internacionales),  nos hacen tomar decisiones sin un diagnostico adecuado, pues sus cifras no representan la realidad.  Posteriormente en la evaluación de los resultado,  las cifras tampoco representan la eficacia en el tratamiento.

Uno de los problemas político – criminales más acuciantes es la ausencia de una dimensión normativa político - criminológica y social de la Política Criminal, que oriente los esfuerzos en estas dimensiones en la Seguridad Ciudadana.

La Política Criminal actual contiene aspectos normativos de Justicia e Interior o Policía,  cuyas limitaciones no cubren las necesidades de  Seguridad Ciudadana.  Más aún cuando superando el limite del Derecho Penal, la Política Criminal deja de ser criminal para convertirse en Política Social.

Necesidad de enfoque en todos los sectores….
Dado los dos hitos fundamentales de la criminología, la publicación del “Lúomo Delinquente”  de Lombroso, autor de la teoría del delincuente neto; y el discurso que pronunciara Sutherland en 1939 titulado “White Collar Criminality”, sobre el crimen de cuello blanco en los sectores privados y públicos (de gobierno) estos le imprimieron al fenómeno delictivo un “acontecer normal en a sociedad”. Al que el pensamiento de Durheim sostiene que “siendo la conducta social regulada, es inevitable la producción de comportamientos irregulares”.

Dicho de otra manera, podemos aseverar  que el conjunto de normas penales  determinan el fenómeno delictivo de una sociedad y por ello debe ser motivo de diagnostico en todos sus niveles. Las estadísticas  comprobadas muestran que miembros de todas las clases sociales delinquen, que en las clases superiores se registra delincuencia  al mismo nivel que en otras clases sociales.

Necesidad de sanción en todos los sectores…
Es notorio el hecho de que la población reclusa de las prisiones resulte fundamentalmente de las clases inferiores, esto se debe a un anómalo proceso de selección a través de mecanismos sociales en los que el riesgo de ser condenados no se distribuyen por igual a todas las clases sociales.  En las clases altas y medias (sectores privados, gobierno y parlamentos) el sometimiento a la ley podría ser menor.

Los resultados se dan en un tratamiento en el que pareciera que los delincuentes de la clase media y alta no requieren de la aplicación de la pena, no necesitan reeducación, ni tienen dificultades  de reinserción social, para ellos es poco común el someterse al peso de la ley.

Por ello, la ausencia de un enfoque normativo – criminológico social afecta las dimensiones de comunicación, lenguaje, diagnostico, organización, tratamiento, costos y  participación en las Políticas de Seguridad Ciudadana.





[1] abogado, administrador, militar retirado , magíster en Ciencias Militares, magíster en Derecho Penal, con estudios de doctorado.

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