Tomado del Boletín
del FBI
Por Kevin Chechak, J.
D.
Traducción Jorge Contreras
En esta oportunidad se presenta una serie de decisiones en
casos vistos por la Corte Suprema que resaltan por su particular importancia
para los encargados de hacer cumplir la ley y el orden en los Estados Unidos.
Debido a que estos casos pertenecen a la Justicia de los
Estados Unidos, sus especificaciones no se aplican en otros países, sin embargo
se presentan por la importancia y el avance de los contenidos. Los oficiales de policía de que no son
de la jurisdicción federal en Estados Unidos que están interesados en este
artículo deben consultar a sus asesores legales. Adicionalmente, Algunos
procedimientos policiales permisible bajo la ley constitucional federal en los
Estados Unidos, pueden se cuestionados bajo leyes estatales o no permitidos en absoluto.
Durante el periodo 2012-2013, la Corte Suprema de los
Estados Unidos decidió en una serie de casos judiciales de interés para la
comunidad “dedicada a hacer cumplir las leyes”, incluyendo varios relacionados
con la Cuarta Enmienda. Estos casos resaltan: dos casos referidos a
búsquedas con canes entrenados fuera de la Florida, un caso DUI [1]
que obligó a tomar una muestra de sangre, y un caso de cuestionamiento en la
colección de ADN de sujetos arrestados. Asimismo, la Corte decidió en un caso
referente a la
aplicación de la Quinta Enmienda en los interrogatorios sin
custodios y en un caso de responsabilidad civil subsidiaria de interés para las
fuerzas del orden, en los roles de los empleadores.
Este artículo proporciona una breve sinopsis de cada uno de
estos casos, así como un resumen
de casos de interés para los encargados de hacer cumplir la ley, que la Corte
Suprema admitió tratar en el periodo 2013-2014. Como siempre, los organismos
encargados de hacer cumplir la ley deben garantizar que sus propias leyes y
constituciones estatales proporcionen una mayor protección que las normas
constitucionales de los Estados Unidos .
Casos Presentados
Haga clic en los títulos para ir a cada caso
Florida contra Jardines, (Olfateo de drogas por un perro)
133 S Ct 1409 (2013)
La cuestión que se plantea en este caso es “si la acción de
olfatear, hecha por un perro
entrenado en reconocer narcóticos en la puerta principal de una casa donde se
sospecha hay cultivo,” era una búsqueda que requería una “causa probable” y por
ende permitía la protección de la Cuarta
Enmienda[2].
Una Corte dividida sostenía que la búsqueda de narcóticos se produjo cuando el
agente de policía llevó al perro por el pórtico de la casa donde se sospechaba se hacía crecer plantas cuya sustancia (droga)
se usa con el propósito ilegal de inhalación. El juez Scalia , en nombre de la
mayoría, aplicó el mismo razonamiento utilizado en la decisión final del caso “Estados
Unidos contra Jones” [3], en la cual se
encontró que fue una intromisión arbitraria (prevaricación) por parte del
gobierno en la propiedad privada con el propósito de buscar y recabar información
estando protegido por la Cuarta Enmienda. En el caso de Jones el delito en
cuestión fue el haberle fijado un rastreador GPS en el automóvil del acusado.
La cuestión de prevaricación en el caso de “Jardines” se
centraba en si los agentes del gobierno podían entrar en el pórtico de la casa,
que, como parte de las dependencias de la residencia, se encuentra bajo el derecho
a la protección de la Cuarta Enmienda, en contraste con lo que sucede a campo
abierto, situación en la que no se está protegido bajo la Cuarta Enmienda.[4]
El gobierno argumentó que el
acusado no contaba con ninguna expectativa razonable de privacidad en el caso
de Katz contra Estados Unidos [5]
en el que los olores emanaban de su casa y ninguna expectativa razonable de
privacidad para que los oficiales de policía o sus perros vayan a su pórtico a
olfatear los olores.
El Tribunal encontró que normalmente existe una licencia
implícita que permite a las
personas, como visitantes acercarse a la puerta en el caso de niñas scouts vendiendo galletas, o niños
pidiendo caramelos en Halloween. Que este tipo de licencia implícita también
podría permitir que un agente de policía se acerque a la puerta principal de
cualquiera para tocar y pedir hablar con la persona, pero no es razonable pensar
que sea típico que la gente confiera licencia para permitir a la policía entre en
un área interior de su propiedad con el propósito de que un perro olfatee drogas
alrededor. [6]
La Corte además, yendo más allá en este caso, expuso que la gente no puede esperar
que alguien se acerque a su puerta de entrada y utilice un detector de metales
a lo largo del camino de entrada o que un sabueso entre en su jardín sin
primero haber pedido permiso. [7]
al igual que en el caso de Jones, la opinión de la mayoría se basó en el
análisis tradicional de la culpa para llegar a la conclusión de que era una
búsqueda que violaba la Cuarta Enmienda, donde el gobierno se llegó a introducir
en una zona protegida por la Constitución para buscar información. [8]
Florida contra Harris, (detección de drogas con perro)
133 S. Ct 1050 (2013)
En otro caso relacionado a la detección de drogas con perro
en la Florida, la Corte Suprema de los EE.UU. revocó la decisión de la Corte
Suprema de la Florida, en el que se había empleado una estricta lista de
control de evidencias para evaluar la fiabilidad de alerta de un perro a la
droga, como base para sustentar que “existía una causa probable” y poder
realizar la búsqueda. Esta lista incluía el entrenamiento del perro y registros
de certificación, pruebas relativas a la experiencia y formación del agente en
el manejo del perro, haciendo especial hincapié en los registros de campo de la
actuación del perro, incluyendo el número de veces que el perro alertó, pero
ningún contrabando fue encontrado posteriormente. [9]
En este caso, el Tribunal no les dio la razón, sostuvo que la causa probable se
debe determinar sobre la base de la totalidad de las circunstancias y no sobre la base de una lista de
control de la fiabilidad de un
perro.[10]
El acusado también quiso utilizar los registros de la
actuación de campo del perro y falsos positivos donde el perro alertó, pero no
se encontró drogas, para desacreditar la fiabilidad de los perros, como base
para convencer que no existía una causa probable y así estar bajo la protección
de la IV enmienda. El Tribunal sostuvo que la ausencia de tales registros no era
decisiva para el caso del estado y más importante aún, fue que señaló, que los registros de
rendimiento de los perros en las pruebas y la certificación de control eran probatorios
de la fiabilidad del perro.
El tribunal reconoció que los perros pueden alertar en el
campo, pero en las búsquedas posteriores donde no se puede localizar el
contrabando, no son prueba alguna, si el contrabando estuvo allí hace poco o si
son los residuos que persisten. Estas alertas no son en realidad falsos
positivos y no constituyen prueba
para utilizarlas en desacreditar
la fiabilidad en un perro, como si podrían ser los registros de operación
de los perros en circunstancias cuidadosamente
controladas durante su continua formación y en sus pruebas de certificación. [11]
Bailey contra los Estados Unidos, (orden de registro)
133 S. Ct 1031 (2013)
En este caso, el Tribunal aclaró su decisión basándose en el
caso Michigan contra Summers, que
establece la autoridad de la policía para detener a las personas que se
encuentran en el lugar donde se ejecuta una orden de registro. [12]
En el caso Summers, la policía se acercaba a una casa para llevar a cabo una orden
oficial de búsqueda de drogas ilegales en momentos que el acusado, Summers, bajaba
caminando por los escalones de la entrada principal. La policía detuvo a
Summers como parte de la ejecución de la orden y luego lo arrestó cuando se encontraron estupefacientes
en la búsqueda. El Tribunal consideró que la detención fue un acto de ataque
limitado, pero que fue razonable. El Tribunal consideró que la detención
legitimó los intereses del gobierno que incluían el facilitar la ordenada
realización de la búsqueda, garantizando la seguridad oficial y prevenía cualquier intento de fuga si se encontraba evidencia durante la
búsqueda. [13]
En el caso de Bailey,
la Policía estaba vigilando una casa a la espera de la ejecución de una
orden oficial de registro por un arma de fuego, sobre la base de la información
proporcionada por un informante que indicaba que el arma pertenecía a un
traficante de drogas conocido como " Polo", que vivía en la casa. [14]
Dos hombres que coincidían con la descripción de Polo salieron de la casa y
fueron seguidos por la policía mientras se alejaban de la casa. Cinco minutos
después de salir de la residencia, los hombres fueron detenidos, arrestados e interrogados
casi a una milla de distancia. El Tribunal sostuvo que esta detención no fue razonable,
que fue distinta a la del caso Summers. La Corte declaró lo importante que es
para los agentes a cargo de hacer cumplir la ley, de actuar basados en las
reglas que establece el caso Summers, que se aplica a las personas que se
encuentran en los locales donde se “ejecuta” una orden oficial de registro y no
en casos donde se detiene con la suposición que se contará con una orden oficial
a futuro y lejos. El interés de una parte, es insuficiente para justificar la
ampliación de la norma en el caso Summers, y permitir la detención de alguien,
donde quiera que se encuentre, lejos de la escena de la búsqueda. [15]
Por lo tanto, la autoridad resaltó que en el caso Summers la detención de personas
en el lugar donde se ejecuta una orden oficial de registro se limita solo a la
inmediata vecindad donde se realizará la búsqueda.
Missouri contra McNeely, (muestra de sangre sin consentimiento)
133 S. Ct 1552 (2013)
En el caso McNeely el gobierno hizo una excepción al
requerimiento para la orden de una prueba de sangre sin consentimiento en casos
DUI[16]
en la teoría de que la metabolización natural del alcohol en el cuerpo humano
(y por tanto la destrucción de lo que podría ser una prueba) constituía una
circunstancia apremiante . En Schmerber contra California [17]
el acusado había estado en un accidente de tráfico grave en el que se lesionó a
sí mismo y a otros y estaba en el hospital alrededor de 2 horas más tarde,
cuando el oficial encargado del arresto se presentó con un médico para que
llevarle a cabo una extracción de sangre sin consentimiento. Limitando
expresamente la sentencia a los hechos de este caso, la Corte sostuvo que en el
caso Schmerber, el oficial de policía podría haber creído razonablemente que tenía
que hacer frente a una emergencia en la que la necesaria demora para obtener
una orden en virtud de las circunstancias amenazaba con la destrucción de las
pruebas, porque el cuerpo humano procede a eliminar el alcohol del sistema. [18]
La Corte Schmerber señaló que la determinación existía, que la exigencia fue
hecha en estas circunstancias concretas, de este caso en particular y que se había tomado tiempo para llevar
al acusado a un hospital para recibir tratamiento y para investigar la escena
del accidente. [19]
La Corte Supremo en el caso McNeely se negó a aplicar la
exigencia basada en el metabolización del cuerpo humano sobre el alcohol por lo
tanto, causando la destrucción de la evidencia para todos los casos. En McNeely
el acusado fue detenido por violaciones de tráfico, porque parecía en estado de
embriaguez , y porque no paso satisfactoriamente las pruebas de sobriedad . El
acusado se negó a tomar una prueba de alcoholemia y fue trasladado a un
hospital donde se le practicó una extracción de sangre sin consentimiento tomada
menos de media hora después de que fuera detenido. [20]
La Corte Suprema sostuvo que la determinación de que si existía una exigencia para
excusar la necesidad de obtener una orden en cada caso se basa en la totalidad
de las circunstancias. El Tribunal argumentó frente a la constatación de
exigencia categórica al señalar que había circunstancias en las que conseguir una orden no causará un
retraso en la prueba del contenido de alcohol en la sangre de la parte
demandada , y que las pruebas de alcohol en sangre se van perdiendo a un ritmo
gradual y relativamente predecible. La Corte también reconoció que es importante
reconocer los avances tecnológicos en los 47 años desde que se decidiera sobre
el caso Schmerber , tomando en
cuenta el hecho, de que los agentes
de policía pueden usar teléfonos celulares y aplicaciones electrónicas para
obtener órdenes que resultan en algunos casos, en poco o ningún retraso para la
obtención de pruebas . [21]
Este reconocimiento por parte de la Corte de que a tecnología ha hecho que el
proceso de solicitud para la orden más conveniente es probable que se aplique
en el futuro en otras situaciones en las que el gobierno alega una
circunstancia apremiante justifica una excepción a la norma que obliga una
orden para una búsqueda.
Maryland contra King, (muestras de ADN)
133 S. Ct 1958 (2013)
La corte Supremo tuvo que volver a lidiar con el impacto de
la evolución de la tecnología bajo la Cuarta Enmienda en el caso de Maryland
contra King. Este caso constituyó un desafío a las leyes de Maryland que exigen
que se tome de manera rutinaria muestras de ADN con un hisopo bucal como parte
del registro oficial en sujetos con delitos graves. King fue arrestado en el 2009
y sus referencia y detalles criminales registrados oficialmente en un cargo de
asalto. Como parte del procedimiento estándar bajo la ley de Maryland, una
muestra de las células de su piel fueron tomadas a través de la introducción de
un hisopo en el interior de su mejilla interna para obtener su ADN. El resultado del ADN de
King posteriormente fue
contrastado con una base de datos de crímenes sin resolver y resultó que tenía relación con una
violación sin resolver en el año 2003, por la que más tarde fue declarado culpable.[22]
En una decisión de 5 contra 4, la Corte decidió, que tales pruebas de ADN eran
admisibles y validas bajo la Cuarta Enmienda. [23]
El Tribunal hizo referencia a los sustentos que garantiza la
ley en apoyo de su decisión. La ley de Maryland establece que la muestra de ADN
de cualquiera no se deben procesar o contrastar en una base de datos mientras
no haya una lectura de cargos en contra del sujeto y mientras un funcionario
judicial asegure que haya causa probable para el arresto. Si no existe una
causa probable o la fiscalía no da lugar a una condena, la muestra ha de ser
destruida. [24]
La ley también contiene protecciones que limitan los usos de
las muestras de ADN, las muestras sólo pueden ser utilizadas con fines de identificación, [25]
y no se permite realizar pruebas para encontrar lazos familiares. [26]
La Corte consideró que bajo lo establecido en los estatutos sobre el ADN, la
muestra se obtuvo de una manera mínimamente intrusiva y la colección de la
muestra se justificaba por el interés del gobierno en el procesamiento y la
identificación de aquellos sujetos que son tomados en custodia por los agentes encargados
de hacer cumplir la ley. Identificar plenamente a las personas bajo custodia ,
para hacer su registro de antecedentes criminales, incluir su historia conocida
y desconocida, es muy importante en la toma de decisiones con respecto a los
riesgos de seguridad a que estos sujetos
deben ser sometidos durante su detención, el nivel de seguridad al que deben
estar sujetos y si se les debe conceder libertad bajo una fianza penal. En
otras palabras, si las personas detenidas por robo, están implicadas en una
violación según las pruebas de su ADN, entonces se les debe manejar durante su
detención con un nivel de seguridad acorde con su delito más grave y de la
misma manera la libertad bajo fianza dependerá de decisiones que tomen en
cuenta la seguridad de la comunidad y la probabilidad de vuelo deberá
considerar el delito más grave al
que están vinculados estos individuos. [27]
el Tribunal argumentó , además, que el perfil de ADN de una persona es otra
faceta de su identidad, al igual que sus huellas dactilares, fotografías o tatuajes.
La colección de esta información sirve para arrestar, para servir al interés
del gobierno en la identificación de los detenidos que por mucho tiempo se ha
mantenido razonable, [28]
y el ADN es simplemente un medio más eficaz de identificación. La ley de
Maryland , con limitaciones en la recolección y el uso del ADN obtenido de sujetos detenidos, es razonable
bajo lo prescrito en la Cuarta Enmienda. [29]
Salinas contra Texas, (proceso Miranda)
133 S. Ct 2174 (2013)
Salinas era un sospechoso en los asesinatos con escopeta de
dos hermanos. La policía lo visitó en su casa y él proporcionó una escopeta
para pruebas de balística. Salinas también accedió voluntariamente a acompañar
a agentes de policía a la estación de policía para ser interrogado . Todas las
partes están de acuerdo en que la entrevista que se le hizo, fue sin custodia
con fines al llamado procedimiento “Miranda”[30].
La entrevista duró aproximadamente una hora . Durante la mayor parte de la
entrevista , el solicitante respondió a las preguntas de los oficiales. Pero,
cuando se les preguntó si las pruebas de balística correlacionarían unas
conchas de su escopeta con otras conchas recuperadas en la escena del asesinato,
Salinas no contesto [31] En lugar de
responder, Salinas miró hacia el suelo, movió los pies, se mordió el labio
inferior, apretó las manos en su regazo, y comenzó a crisparse. [32]
Después de unos momentos de silencio, el oficial le hizo preguntas adicionales,
que Salinas respondió. [33]
En el juicio a los agentes de policía testificaron con respecto a Salinas que no
proporcionó una respuesta a la pregunta relativa a la prueba de balística, y su
silencio en la respuesta se mencionó en el argumento de cierre de la acusación
del gobierno. Salinas fue condenado y apeló, alegando que el uso del testimonio
del gobierno (cuando el opto por el silencio en respuesta a la preguntas sobre las pruebas de balística a las
conchas y la correspondencia a las armas
del asesinato), habían violado sus derechos de la Quinta Enmienda.
En una decisión de 5 a 4 , la Corte sostuvo que el silencio
de Salinas como reacción a la pregunta podría ser usada contra él porque no
invocó expresamente el privilegio contra la autoincriminación. La Corte señaló
que durante mucho tiempo ha sido resuelto que el privilegio no es de aplicación
directa, y un testigo que busca la protección del privilegio debe reclamarlo. [34]
La Corte ha reconocido dos excepciones a esta regla. Un acusado en juicio tiene
un absoluto derecho a no declarar
y las razones del acusado para ejercer este derecho son irrelevantes, que
el demandado invoque expresamente el privilegio por una razón determinada no sirve
a ningún propósito. [35] La segunda
excepción es cuando la coerción de la acción gubernamental se sustrae involuntariamente
el privilegio de leerle sus derechos, tal como en un interrogatorio bajo
custodia en que no le explican o le leen sus derechos. [36]
Ninguna de estas dos excepciones en las que un testigo pide la protección de la
Quinta enmienda se aplican al caso.
Salinas pidió a la Corte la adopción de una tercera
excepción a la expresa invocación de la exigencia que cuando un
acusado se queda mudo y se niega a dar una respuesta. La Corte señaló que un
acusado podría tener un buen número de razones para permanecer en silencio, por
ejemplo, para ganar tiempo, para pensar en una mentira, para proteger a otra
persona, o porque le da vergüenza . Mientras que la Quinta Enmienda garantiza
que ninguna persona podrá ser obligado a declarar contra sí mismo, no establece
un derecho incondicional a permanecer en silencio. [37]
La Corte declaró , "Un testigo” tiene el derecho constitucional a negarse
a responder preguntas y esto dependerá de su razones para hacerlo y los
tribunales requieren conocer estas razones, para evaluar los méritos de una
demanda de la Quinta Enmienda ". [38]
En respuesta a la invocación del privilegio, el gobierno puede argumentar que
el testimonio no debe ser para incriminar al testigo o concederle inmunidad . Pero, esto es sin una
invocación expresa, el gobierno puede entonces intuir la razón del silencio del
testigo . Por lo tanto, la Corte se negó a aceptar la tercera excepción a la
regla propuesta por Salinas, su
invocación como testigo a estar protegido al "derecho contra la
autoincriminación” por no haberlo indicado expresamente . Por lo tanto , el
gobierno también puede comentar en el juicio sobre la negativa del acusado a
responder a preguntas fuera del juicio sin invocar la Quinta Enmienda y en donde
no hubo una sustracción involuntaria de su privilegio por coerción alguna del
gobierno.
Vance contra Universidad Estatal de Ball (Acoso racial en el trabajo)
133 S. Ct 2434 (2013)
En un caso de interés desde la perspectiva de derecho
laboral, la Corte define quién es un "supervisor" para efectos de responsabilidad
indirecta en los casos de acoso en el trabajo. Vance fue empleado en un
departamento de catering de una universidad y alegó acoso racial por parte de
un compañero de trabajo . Bajo el Título VII , si el acosador es solo un
compañero de trabajo, el empleador puede ser responsable de un ambiente de
trabajo hostil racialmente si es negligente al permitir que esta situación
persista (es decir, si el empleador sabía o debería haber sabido sobre el medio
ambiente hostil y no toma las medidas correctivas) . [39]
Por otro lado, si el acosador es un supervisor , el empleador es responsable
subsidiario, pero puede ser capaz de valerse de ciertas defensas . [40]
Por lo tanto, el primer paso en el análisis de la posible responsabilidad del
empleador es determinar si el presunto acosador es un supervisor o un mero
compañero de trabajo.
La Corte sostuvo que a alguien se le considera un supervisor
para efectos de determinar la responsabilidad del titulo VII únicamente cuando
el empleador le ha otorgado poder a ese empleado a tomar medidas tangibles en
el empleo contra la víctima (por ejemplo, darle poder para efectuar cambios
significativos en la situación de empleo, tales como la contratación, el
despido , la promoción, la reasignación significativamente de diferentes
responsabilidades o de tomar una
decisión que cause un cambio significativo en los beneficios ). [41] El compañero de trabajo que era el presunto acosador era otro
especialista de catering que trabajó con Vance en la cocina. Mientras que este
compañero de trabajo se suponía que era uno de los líderes en la cocina y a
veces asignaba el trabajo o dirigía a otras personas, ella no tenía la
autoridad para tomar cualquiera de estas acciones tangiblemente más importantes
contra Vance , la Corte las identificó como que significaban un grado de supervisión.
[42]
La Corte indicó así a quien calificó como supervisor que era algo más simple
que tener, en cada caso, al considerar todo el espectro de las formas en que
los compañeros de trabajo interactúan entre sí y que, en muchos casos, la
cuestión de la condición de supervisor se podría determinar antes del juicio
como cuestión de ley. [43]
[1] DUI
significa driving under the influence, manejar bajo los efectos
[2] IV Enmienda:
El derecho de los habitantes de
que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas
y aprehensiones arbitrarias, será inviolable, y no se expedirán al efecto
mandamientos que no se apoyen en un motivo verosímil, estén corroborados
mediante juramento o protesta y describan con particularidad el lugar que deba
ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas.
[3] Los Estados
Unidos contra Jones, 132 S. Ct 945 ( 2012).
[4] Véase Oliver
contra los Estados Unidos , 466 EE.UU. 170 ( 1984 ) .
[5] Katz contra
Estados Unidos, 389 EE.UU. 347 ( 1967).
[6] Florida v
Jardines, 133 S. Ct en 1415/16 .
[7] Ibid . en
1416.
[8] Tres
magistrados coincidieron también que habrían encontrado que en el olfateo del
perro de la droga en la puerta puede haber sido una violación de la expectativa
razonable de privacidad de los acusados como en el caso de Katz contra
Estados Unidos, 389 EE.UU. 347 ( 1967 ) y, por tanto , una búsqueda en ambos
casos. Florida v Jardines, 133 S. Ct 1409 , 1418-1420 .
[9] Florida
contra Harris, 133 S. Ct 1050, 1055 (2013).
[10] Ibid . en
1056 .
[11] Ibid . en
1056/57 .
[12] Michigan v
Summers , 452 EE.UU. 692 (1981).
[13] Ibid . en
702-703 .
[14] Bailey
contra los Estados Unidos , 133 S. Ct 1031, 1036 (2013).
[15] Ibid . en
1041 .
[16] DUI
significa driving under the influence, manejar bajo los efectos
[17] Schmerber v
California, 384 EE.UU. 757 ( 1966).
[18] Ibid . en
770 .
[19] Id. en
770-771.
[20] Missouri v
McNeely, 133 S. Ct 1552, 1556-1557 (2013) .
[21] Ibid . en
1561/62 .
[22] Maryland v
King, 133 S. Ct 1958 , 1965 ( 2013 ) .
[23] IV
Enmienda: El derecho de los
habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo
de pesquisas y aprehensiones arbitrarias, será inviolable, y no se expedirán al
efecto mandamientos que no se apoyen en un motivo verosímil, estén corroborados
mediante juramento o protesta y describan con particularidad el lugar que deba
ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas.
[24] Ibid . en
el año 1967.
[25] La Corte
señaló que las pruebas loci de ADN bajo el estatuto no contienen ni revelan
rasgos genéticos de la persona que suministró la muestra, tales como enfermedad
genética, predisposición a enfermedades médicas, o de herencia . Id . en
1979/80 .
[26] Ibid . en
el año 1967.
[27] Ibid . en
1972/73 .
[28] Ibid . en
1970/71 .
[29] El tribunal
en su dictamen señaló que todos los 50 estados y el gobierno federal recogen
ADN de los condenados por delitos graves . Id . en el año 1968. La ley de
Maryland confirmó permite que muestras de ADN se obtengan de las personas
detenidas por delitos de violencia y otros delitos graves. Id . en el año 1967.
La pregunta sigue siendo si una ley que permite la recolección de ADN para
detenciones o condenas por delitos menos graves se encuentra pueda ser
razonable bajo la Cuarta Enmienda a la luz de los intereses gubernamentales en
equilibrio con los intereses privados personales.
[30] La
advertencia Miranda, también conocida como los derechos Miranda , es una
advertencia dada por la policía en los Estados Unidos a los presuntos
delincuentes detenidos por la policía (o en un interrogatorio bajo custodia )
antes de ser interrogados, para preservar la admisibilidad de sus declaraciones
en contra de ellos en los procesos penales . La advertencia Miranda forma parte
de una norma procesal penal preventiva que demanda que los encargados de hacer
cumplir la ley deben cumplir para proteger a un individuo que se encuentra
detenido y sujeto a un interrogatorio con preguntas directas, si no se cumple su equivalente
funcional es una violación de su derecho de la Quinta Enmienda contra la
autoincriminación obligada. En Miranda contra Arizona, la Corte Suprema sostuvo
que la admisión de una declaración incriminatoria provocada por un sospechoso
no informado de estos derechos violó la Quinta y la Sexta Enmienda derecho a un
abogado . Por lo tanto , si los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
no ofrecen una advertencia “Miranda” a un individuo bajo su custodia, pueden
interrogar a esa persona y actuar sobre los conocimientos adquiridos, pero no
pueden utilizar las declaraciones de esa persona para incriminarlo en un juicio
penal .
[31] Salinas v
Texas, 133 S. Ct 2174 , 2178 ( 2013 ) .
[32] Ibid . en
2178 .
[33] Ibid . en 2178
.
[34] Ibid . en
2178, citando a Minnesota v Murphy, 465 EE.UU. 420 , 425, 427 (1984), citando
de Estados Unidos contra Monia , 317 EE.UU. 424, 427 (1943).
[35] Ibid . en
2179 .
[36] Ibid . en
2180.
[37] Ibid . en 2182-2183 .
[38] Ibid . en
2183 .
[39] Véase
Burlington Industries, Inc. v Ellerth , 524 EE.UU. 742, 760 ( 1998 ) .
[40] Ibid . en
764-765 .
[41] Vance
contra la Universidad Ball State , 133 S. Ct 2434, 2443 ( 2013 ) .
[42] Ibid . en
2439.
[43] Ibid . en
2450 .
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