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miércoles, 8 de enero de 2014

La Seguridad Ciudadana, por una política contra el crimen con enfoque de Derechos Humanos

Tomado de la Revista Jurídica
Transcrito por Karin Vigo
“Una visión multidisciplinaria del delito y la búsqueda de soluciones eficaces será uno de los retos más importantes de este gobierno. Así, el Minjus viene transitando por esas líneas previstas en los principios de la Declaración de Bangkok: sinergias y respuestas en materia de prevención del delito y justicia penal."

La región latinoamericana se ha establecido firmemente en el escenario
internacional, y avanza en la reducción de la pobreza y la desigualdad, en el crecimiento económico y la estabilidad financiera.

Sin embargo, algunos desafíos persisten: en su conjunto, la región sufre la pesada carga de la violencia
y la criminalidad. La mayoría de los países de la región tienen tasas de homicidio con niveles de epidemia, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, con niveles mucho más altos que en otras regiones. Los costos humanos y sociales de esta violencia son demasiado altos.
La delincuencia es un fenómeno social de graves consecuencias para el país, pues incide en la seguridad de las personas, integridad, salud y patrimonio, así como en la estabilidad del Estado y de las regiones que lo conforman, constituyéndose actualmente en una seria amenaza a la sociedad democrática y a los índices de riesgo país. Las actividades de la criminalidad son una realidad y nuestra respuesta como Estado debe ser no solo rápida, sino efectiva, articulada e inteligente.

La Convivencia Pacífica
La política criminal y la seguridad ciudadana no debe entenderse solo como una simple reducción de los índices de delito y violencia. Debe ser el resultado de una política que se oriente hacia una estrategia integral, que incluya la mejora de la calidad de vida de la población, la acción comunitaria para la prevención del delito y la violencia, una justicia accesible, ágil y eficaz, una educación que se base en valores de convivencia pacífica, en el respeto a la ley, en la tolerancia y en la construcción de una sociedad con inclusión social.
Esta es una tarea de mediano y largo plazos. Debemos abordarla con energía y seriedad. Promover un país con bienestar y seguridad constituye, sin duda alguna, una responsabilidad de todos.

Sistema Penitenciario
Un indicador actual de esta realidad es nuestro sistema penitenciario, que está saturado con un 117% de sobrepoblación. En el país existían 24,297 presos en 1997; hoy esa cifra se ha elevado a más de 67,000 privados de libertad.
Por cada un millón de habitantes existen 2,122 privados de libertad. En los últimos 14 años, la población reclusa aumentó en más del 100%.Pero no solo se ha producido un incremento cuantitativo. La población se ha tornado más compleja y diversa: 1,670 son extranjeros; 22,860 son jóvenes entre los 18 y 29 años de edad; 8,666 ingresan por delitos de tráfico ilícito de drogas; 4,881 están denunciados por delito de violación sexual; 5,417 acusados por violación sexual a menores de edad, en tanto que 25,415 están acusados por delitos contra el patrimonio.
Por otro lado, el problema de la violencia, criminalidad y delincuencia es expresión de los desequilibrios que afectan a la estructura de la sociedad, donde no resulta ajeno para nadie que estos comportamientos han encontrado condiciones para ampliarse bajo la sombra de la impunidad y una respuesta quizá poco articulada del Estado.
Ante el crecimiento de este flagelo, ha llegado el momento de identificar, analizar y desmantelar los problemas que la sociedad aún no ha podido resolver y, en otros casos, no sabe afrontar: la drogadicción, la enfermedad mental, la crisis de la familia, el desarraigo, la deserción escolar, la desocupación, la soledad, la apología, la violencia, la marginación, la exclusión, la ambición desmedida, la ausencia de valores, la pobreza.
El 14 de noviembre de 2011 se promulgó la Ley Nº 29807, disposición que crea el Consejo Nacional de Política Criminal como un ente técnico encargado de planificar, articular, supervisar y dar seguimiento a la política criminal del Estado peruano. La concepción de este mecanismo contra la criminalidad y la delincuencia responde a una necesidad democrática.
Esta entidad, que responde a un enfoque intersectorial será asesorada por un gabinete de expertos (sociólogos, juristas, estadísticos, politólogos, penitenciaristas, entre otros) que estudiarán los factores asociados a la delincuencia con base en un sistema de información estandarizado e integrado de datos para compartir y cruzar información estadística sobre los casos de delincuencia registrados. El 11 de mayo de 2012, el ex jefe del Gabinete Juan Jiménez Mayor encabezó la instalación formal del Consejo Nacional de Política Criminal y ahora lo lidera Daniel Figallo R., ministro de Justicia y Derechos Humanos.


Articulación de Estrategias
La Secretaría Técnica de dicho consejo es asumida por la Dirección Nacional de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia, que tendrá como responsabilidad la ejecución y seguimiento de los mandatos previstos en la Ley Nº 29807, como es: analizar el fenómeno criminal y la delincuencia en el país; aprobar un Plan Nacional de Política Criminal. Además, articulará las estrategias de lucha contra la criminalidad; evaluará el funcionamiento del sistema penal; elaborará propuestas legislativas en materia penal, sugerirá programas regionales de prevención del delito.
Hoy, el Estado ya cuenta con un Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en conflicto con la Ley Penal 2013-2018, documento rector, con un enfoque de prevención, cuya implementación beneficiará a un millón y medio de adolescentes en riesgo. Además, por DS N° 013-2013-JUS, se ha creado un Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad, que tendrá como función central generar estadística oficial relacionada a la violencia y la criminalidad.
El Estado ha generado por primera vez –como lo han hecho otros países desarrollados– un marco legal que permitirá la adopción de decisiones de un nivel técnico y político especializado en materia de criminalidad, asegurando, de esta manera, la ejecución efectiva y articulada de las mismas. Como parte de la política criminal, un cambio en el sistema penitenciario, como ya se viene dando, podrán ser diseñadas a partir de reformas legislativas, institucionales y de políticas.
De esa manera, el gobierno, junto a las acciones que adopte el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, expresa su firme voluntad política de concebir una moderna y eficaz política criminal y penitenciaria, entendida como una sistematización sociopolítica y jurídica de las prioridades, recursos, actividades y medios dirigidos al control de la criminalidad.
El Ministerio de Justicia, en cumplimiento de la Ley que crea el Consejo Nacional de Política Criminal, definirá una política de Estado coherente e integral para combatir la delincuencia y la criminalidad a partir de un enfoque multisectorial. La actuación del Poder Judicial, el Congreso de la República, el Ministerio Público, la Policía Nacional, la administración penitenciaria y los actores sociales mejorarán sus niveles de coordinación y de ejecución de recursos con resultados.
La política criminal estará orientada a la preparación racional de los objetivos y medios necesarios en cinco ejes claves: prevención de factores asociados a la delincuencia, mejoramiento de los niveles de intervención policial, juzgamiento penal, políticas de reinserción social y asistencia de las víctimas.
Vivimos una sociedad en transformación; hoy en día, las ciencias se legitiman por su capacidad de resolver problemas sociales; se hace necesario que el conocimiento se oriente a la efectividad, lo que en el ámbito de la intervención penal pasa por una racionalización de la política criminal y la búsqueda de respuestas no solo punitivas o aparentes, sino institucionales, sociales y educativas.
Política y derecho son los dos más grandes sistemas de regulación de la vida social que deben buscar caminos convergentes para "racionalizar" la estrategia de intervención penal. El derecho debe ofrecer a la política líneas de equilibrio entre el ius puniendi, el valor de la eficacia, el respeto de principios constitucionales y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Una visión multidisciplinaria del delito y la búsqueda de soluciones eficaces será uno de los retos más importantes de este gobierno. De esa manera, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos viene transitando por esas líneas previstas en los Principios de la Declaración de Bangkok: sinergias y respuestas en materia de prevención del delito y justicia penal (ONU).

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