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martes, 26 de agosto de 2014

Australia adopta Política de Seguridad Ciudadana antiterrorista

Publicado en Aljazeera
Traducción Jorge Contreras[1]
Debido a que ciudadanos Australianos combaten en el “nuevo estado islámico”, en Australia se prevén nuevas leyes para ampliar las capacidades de investigación, control policial y proteger a  las comunidades y grupos de la amenaza que representaran los combatientes cuando retornen a sus países. Recientemente el nuevo estado islámico ha lanzado amenazas contra Occidente y contra las comunidades que profesan la religión católica. Las  medidas incluyen aspectos jurídicos procesales y apuntan a la Cruz Roja, ONGs promotoras de derechos de las comunidades musulmanas, periodistas y sistemas informáticos y redes de comunicación social.    

En Sydney, Australia, el primer ministro, Tony Abbott y Julie Bishop, ministro de Relaciones Exteriores,  advirtieron el último martes  que el Gobierno de Australia está reforzando las medidas
contra el terrorismo debido a que decenas de ciudadanos “extremistas”  que luchan en el llamado “Estado Islámico” en Irak y Siria, representan una seria amenaza a su regreso. Abbott agregó que cerca de 100 australianos estan apoyando al grupo terorista de línea dura.

Las propuestas legislativas fueron presentadas al parlamento a principios de este mes en respuesta a lo que Abbott y agencias de la ley denominan una amenaza "real y creciente".  Los partidos de la oposición han reservado el emitir una opinión hasta ver el proyecto de ley

La preocupación nace en que ciudadanos australianos luchan en conflictos en el extranjero y van a retornar a su país,”endurecidos” y pueden utilizar su experiencia y habilidades, para llevar a cabo ataques en este país".

Disponiendo más de $ 557 millones en fondos adicionales para las agencias de inteligencia y de control de fronteras en los próximos cuatro años, el gobierno propuso ampliar poderes y capacidades de búsqueda policial,  detención sin orden judicial y permitiendo a la organización de Inteligencia y Seguridad de Australia (ASIO) el suspender pasaportes cuando sea necesario.

Acciones con la comunidad musulmana local…
La comunidad musulmana local ha sido invitada mediante un comunicado de prensa a la consulta a puerta cerrada sobre las propuestas.

David Irvine, Jefe de la ASIO, a través de la estación de radio comunitaria “La Voz del Islam” ha emitido declaraciones asegurando que las leyes anti-terroristas no están planificadas contra la comunidad musulmana  australiana.
"El gobierno de Australia ... no está previendo leyes que discriminan a los miembros de la comunidad musulmana de Australia", aclaró Irvine. "Se está introduciendo leyes que permitan a la policía - y hasta cierto punto a ASIO – el proteger mejor a la comunidad contra un pequeño número de gente que podría hacerle daño."

"Problema musulmán"…
Mohamad Tabbaa, profesor de criminología en la Universidad de Melbourne, dijó que la campaña transmite un mensaje en el que se percibe que estas leyes son una respuesta a un "problema musulmán".

"En un sentido estrictamente jurídico, las leyes se deben aplicar a todos los ciudadanos por igual".  "La experiencia concreta, sustentada en investigaciones, es que la discriminación se produce cuando las leyes se aplican de forma desigual, cualquiera sea el tipo de igualdad que tengamos, la desigualdad sustantiva se produce, cuando ciertos grupos, “En este caso musulmanes” sientan más fuertemente las leyes que otros".

Según académicos, activistas y abogados, el enfoque políticos y de medios en  las propuestas, que carecen de claridad y detalle, podrían afectar negativamente variadas facetas de la sociedad australiana,

Una medida legislativa propuesta considera “delito” el hecho de viajar a las "regiones calientes de terror", a menos que la legitimidad de los motivos del viaje se pueda demostrar, lo cual sería una carga de las organizaciones de ayuda humanitaria.

Medidas limitaran a la Cruz Roja Internacional…
En un informe de Sky News, se citó el consejo de un alto funcionario de inteligencia, en el sentido de que sería prudente que los trabajadores de la Cruz Roja consideraran el tipo de pruebas que deberían presentar para explicar que estaban haciendo en esas regiones.

De acuerdo con Ewan Watson, portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR​​) esto contrasta con el funcionamiento ordinario de la organización.
"Para poder llevar a cabo su mandato humanitario independiente, confidencial y eficiente, tanto el CICR ​​y su personal gozan de inmunidad funcional de jurisdicción, y eso también era en Australia".

Pero bajo las medidas propuestas, la inmunidad no es completa. David Kinley, un profesor de derechos humanos en la Universidad de Sydney, aclaró que la protección terminaría si un trabajador del CICR ​​ actúa fuera de su ámbito de competencias.

"El CICR ​​puede emprender su papel humanitario de proporcionar a un detenido sospechoso de asociación terrorista con alimentos,  información relativa a la posibilidad comunicar un mensaje a un familiar, amigo o abogado. ¿Quién puede decir que la información que es se trasmite entre el colaborador del CICR y el detenido, no podría ser de alguna manera la actividad de una organización terrorista, aun esta sea improvisada o involuntaria? "

Se limita la ayuda de ONGs…
Pequeñas ONG no gozaran de protección. Tamer Kahil, presidente de la Asociación Australiana Siria, una ONG que está empujando la democracia en Siria, declaró que estas medidas disuaden a sus trabajadores. "¿Qué pasa si ellos ven que las pruebas que ofrecemos no es suficiente?". "Definitivamente van a ahuyentar todo esfuerzo para ir allí, porque nadie quiere que lo  apunten con un dedo apuntándolos con preguntas de si usted es un criminal o un terrorista, y tener que demostrar lo contrario.”

La carga de la pueba…
Robert Stary, abogado penal, declaró que bajo estas leyes propuestas, “la carga de la prueba se invierte”. En lugar de que la autoridad establezca la culpabilidad, el acusado deberá probar su inocencia, y se le niega la libertad bajo fianza.

"Habrá un gran riesgo en las personas que viajan a cualquiera de esos lugares pues podrán ser acusado de delito, y tendrán que probar su inocencia, muy probablemente mientras están bajo custodia. Si son exonerados, no tendrán ninguna recompensa, y eso será una enorme injusticia".

Periodistas limitados…
Los periodistas también tienen motivo de preocupación. En virtud de las propuestas legislativas, la promoción y fomento del terrorismo constituye un delito. Diaa Hadid, un periodista australiano que trabaja en el Medio Oriente señaló que necesita definiciones más claras. "¿Es twitteando y manteniendo correspondencia con presuntos terroristas y miembros de ISIS?", preguntó. "¿Será transmitiendo puntos de vista en las historias? Ambos son partes importantes de mi trabajo."

En el estado australiano de Victoria, hubo un intento de reforzar una interpretación más estricta de las leyes antiterroristas del país. Tratar de crear un nuevo precedente en el derecho común, los fiscales presentaron un argumento a la Corte Suprema de Victoria que concluyo que “la mera posesión de publicaciones relacionadas con el terrorismo,  es un delito punible”.

Robert Stary, afirma para decirlo simplemente, que "El Estado” dice que no importa cuando y donde un acto tiene lugar, el hecho de “la posesión de material” significa que uno  está suscribiéndose a una ideología 'Yihadista' y por lo tanto uno es culpable de delito", lo que tiene un alto perfil en la defensa de australianos acusados ​​de terrorismo desde que ocurrieran los ataques del 11 de septiembre del 2001 contra Estados Unidos.

Uno de sus clientes, Adnan Karabegovic, fue llevado ante el Tribunal Supremo por la posesión de una revista de al-Qaeda llamada “Inspire”. El tribunal no estuvo de acuerdo con los fiscales y falló para aplicar la ley tal como está, demandando  que debe existir una estrecha relación entre la posesión de un elemento y un acto terrorista contemplado.

Se comprometen todas las computadoras…
Una de las propuestas podría afectar a cada australiano que usa una computadora. Actualmente, ASIO está obligado a solicitar una nueva orden por computadora que desea examinar, y el proyecto de ley permitiría una orden judicial para acceder a múltiples ordenadores y redes informáticas a las que un usuario está conectado. Una de las secciones del proyecto de ley incluso permite a ASIO el agregar, borrar o alterar datos en el ordenador de terceros con el fin de llegar a la máquina de destino.

"Las nuevas leyes permiten que las agencias de espionaje interfieran en el ordenador de un inocente, e incluso redes completas", dijo el director de Libertades Civiles Australia Tim Vines.

"No hay obligación en la ley para exigir a las agencias de espionaje que empleen métodos menos invasivos antes de solicitar una orden judicial para interrumpir un equipo de terceras personas inocentes", agregó.

Mohamad Tabbaa agrega que mientras algunos australianos sostienen que los inocentes no tienen de qué preocuparse, las experiencias de una década de "guerra contra el terror" ha desdibujado los límites entre las esferas internacionales, nacionales y domesticas del delito y el control.

Un ejemplo en Australia es el debate “sobre el asilo”, que ya no es, un asunto de inmigración. Se ha convertido en un “problema de seguridad nacional” y está estrechamente vinculado a la amenaza terrorista.

Algunos estados ya han recogido los mecanismos destinados a la lucha contra el terrorismo y están utilizándolos contra el crimen organizado.

George Williams, profesor abogado constitucionalista, de la Universidad de Nueva Gales del Sur declaró que "Las órdenes de control se introdujeron en la legislación de Australia en el año 2005 para hacer frente a terroristas. Las leyes estatales buscaron la manera de hacer frente a las pandillas de motociclistas “bikies” y adaptaron  y copiaron estas medidas anti-terrorismo". "Un primer ministro, llegó a declarar que los  “bikies” eran terroristas en sus comunidades.

Vines expresó su preocupación, por algo más, que por las disposiciones del proyecto.  Declaró  que "Los derechos y libertades se van cortando lenta y  seguramente".

"Creemos que es hora de traer de vuelta las leyes a una posición sensible con la comunidad, tener su opinión sobre cómo podemos hacer frente al terrorismo, manteniendo el estado de derecho, la presunción de inocencia y el derecho a la intimidad que tanto queremos".





[1] Jorge A. Contreras Ríos, DNI 09582230, ICAC Nº 897, administrador, licenciado de las fuerzas armadas, abogado, magíster en ciencias militares, magíster en derecho penal, estudios de doctorado en derecho penal.

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