Por Jorge Contreras
Viena ( AFP) – Las intenciones en Uruguay de legalizar la
producción y venta de marihuana es contraria al derecho internacional, advirtió
el organismo mundial contra las drogas
el ultimo miércoles, añadiendo que significa alentar la adicción.
"Uruguay está trasgrediendo las convenciones
internacionales sobre fiscalización de drogas con la legislación cannabis
aprobada por su congreso, declaró un portavoz de la Junta Internacional Contra
Estupefacientes, (JICE) organismo de la ONU que supervisa la aplicación de los
tratados internacionales en materia de drogas.
Raymond Yans, presidente de la JICE añadió que estaba
"sorprendido" de que desde Montevideo "conociendo los tratados
internacionales, habían decidido romper con los tratados refrendados."
Acusó a los legisladores del país de ignorar la evidencia
científica sobre los riesgos para la salud de la marihuana, y dejó entrever que
las afirmaciones de que la ley ayudaría a reducir el crimen se basa en
"supuestos precarios y sin fundamento."
La medida "no va a proteger a los jóvenes, sino más
bien tendrá un efecto perverso, el
alentar el consumo temprano, promoviendo a que menores de edad se inicien en el
consumo , y contribuyendo a más adicción y otros trastornos", declaró Yans
.
El Parlamento de Uruguay votó el ultimo martes para
legalizar la marihuana , convirtiéndose en la primera nación en el mundo que
busca supervisar la producción y venta de la droga.
"La guerra contra las drogas ha fracasado", dijo
el senador Roberto Conde , al presentar el proyecto de ley en nombre del Frente
Amplio de izquierda.
La ley no sólo autoriza la producción , distribución y venta
de cannabis, sino que también permite a las personas llevar a cabo sus propios cultivos
a pequeña escala, y crear clubes de consumo bajo la supervisión y el control
del Estado.
La oficina contra las drogas y el crimen de la ONU, declaró el
miércoles que está de acuerdo con la declaraciones de la JECE y criticó la
disposición unilateral de Uruguay
sobre las drogas.
"Al igual que las drogas ilegales son una responsabilidad
compartida de todos, existe la necesidad de que cada país de trabajar en estrecha
colaboración y ponerse de acuerdo sobre el camino a seguir para hacer frente a
este desafío global", dice el comunicado.
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