Apuntes sobre la naturaleza del proceso penal, a
propósito del nuevo CPP
La entrada en vigencia del
"nuevo" Código Procesal Penal, en el Distrito Judicial de Lima, para
delitos cometidos por funcionarios públicos viene generando discusiones sobre
diversas normas en ella contempladas [1],
lo cual ciertamente no tiene por qué causar extrañeza, teniendo en cuenta que
no se trata de un simple cambio de Código Procesal, sino de todo el modelo de
investigación y procesamiento de personas imputadas por la comisión de un
ilícito penal, por lo que no se requiere de un cambio de actitud solo de
quienes intervienen de manera directa en la secuela de un proceso penal, sino
de todos los actores sociales que coadyuvan a la debida realización de este.
■ A
este respecto es preciso recordar que se está procediendo a un cambio de modelo
procesal penal después de más de 65 años [2],
lo cual evidentemente genera la necesidad de repensar diversas instituciones y
actos de carácter procesal que ya formaban parte de nuestro quehacer cotidiano
y que consecuentemente se aplicaba de
manera casi "automática", lo
que resulta aún más imperioso atendiendo al paso de un Estado de Derecho a un
Estado Constitucional de Derecho, donde los derechos se protegen no solo de
conformidad con la ley, sino también por encima de esta, cuando no encuentre
armonía con preceptos constitucionales.
■
Ahora bien, para quienes actuamos de manera directa en el proceso penal, es
necesario recordar que la interpretación de las normas procesales no deben
efectuarse de manera asistemática; en efecto, estas no constituyen normas
aisladas sino partes de un sistema normativo, como lo es un Código Procesal y
deben ser interpretadas en concordancia con el conjunto, lo que evidentemente
permitirá se tenga coherencia, en este caso, con todo el modelo que se está
implementando; ciertamente este es un tema de interpretación sistemática de la
norma, muy consabida por los operadores, pero a veces relegada por la
aplicación práctica y mecánica de la norma, pero que dada la coyuntura requiere
ser, con mayor necesidad, siempre tomada en cuenta.
■
Sin perjuicio de lo expuesto, toda interpretación debe realizarse también en
consonancia con la naturaleza del cuerpo normativo que acoge a la norma por
interpretar. Así, las interpretaciones que corresponden realizar de las normas
contenidas en el Código Procesal Penal, deben encontrar armonía con la
naturaleza de la misma, esto es, si el código es entendido como un complejo
normativo orientado a establecer las pautas procedimentales que racionalmente
se establezcan para dilucidar un conflicto, con respecto a los derechos de los justiciables,
entonces comprenderemos que el proceso no es un fin en sí mismo, sino es solo
un medio [3]
creado artificialmente para resolver de manera racional y con respecto del
derecho de las partes, un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica.
■
En el ámbito penal, debemos afirmar entonces que el proceso es: "[...] el
instrumento previsto por el Estado para la realización del derecho
punitivo"[4].
Debemos resaltar entonces la calidad instrumental del proceso, en este caso del
proceso penal, para lograr la realización del ius puniendi del Estado, es
decir, como medio para ejercitar la facultad sancionadora del Estado, en
realidad el único medio, atendiendo al carácter monopolizador del Estado, para
el ejercicio del derecho a castigar [5].
■
El carácter instrumental del proceso conforme ha quedado anotado, es resaltado
por diversos autores; así la profesora Armenta Deu ha expuesto que: "El
proceso penal es, como el civil, el laboral o el contencioso-administrativo, un
instrumento esencial de la jurisdicción [...]" [6];
por su parte, Eduardo M. Jauchen, considera al proceso como "el
instrumento jurídico idóneo para hacer efectiva la ley penal" [7].
Entonces debemos tomar en cuenta que el proceso tiene una finalidad práctica,
las formalidades que se establezcan siempre estarán orientadas a resguardar de
manera especial algún derecho de las partes o el cumplimiento de algún
principio esencial del proceso.
■
Así, es imprescindible tener en cuenta o claramente delimitada la naturaleza
del proceso, a efectos de poder entender la finalidad de un determinado acto o
procedimiento; el que los jueces apliquemos las normas procesales sin tener en
cuenta los fines que persiguen estas es hacer del proceso un fin en sí mismo, y
a nosotros unos meros "gestores de trámites", lo que más temprano que
tarde convertirá al proceso en una secuencia de actos burocráticos, engorrosos,
apáticos, que como no podrá ser de otra manera generará crisis en el propio
modelo procesal que las acoge. Nada de ello pretende desconocer la naturaleza
pública de las normas de carácter procesal, todo, por el contrario, pretende
que les otorguemos la función pública que les corresponde; la eficiencia y
dinamicidad del proceso es aspiración del legislador, pero obligación práctica
del magistrado.
■ Entonces,
en cuanto a la finalidad del proceso, como ya lo adelantáramos, esta se dirige
en términos generales a la composición de un conflicto, en el caso del proceso
penal, según el profesor Claus Roxin, su finalidad estará orientada a la
condena del culpable, la protección del inocente, la formalidad del
procedimiento alejada de toda arbitrariedad y la estabilidad jurídica de la
decisión; la realización del derecho penal material es, entonces, uno de sus
fines esenciales, lo cual "(...) no es posible sin una administración de
justicia penal funcionalmente eficiente"[8].
■
En el sentido antes expuesto, todos quienes nos encontremos inmersos en la
tarea de aplicación del Código Procesal Penal debemos tener un amplio panorama
respecto de las normas que instituyen este modelo, así como no olvidar la
naturaleza instrumental de estas, lo cual, sin duda alguna, podrá permitirnos
darle dinamicidad al proceso, sin perder los fines que busca, impidiendo que en
la aplicación práctica de las normas procesales se vayan generando actos
"rituales" o meramente formales, sin ningún sentido o finalidad
práctica, logrando de esta manera la legitimidad social de esta nueva
herramienta procesal.
Ritualismo sin sentido
■
En el contexto de lo expuesto, el juez debe encontrarse atento de no ser o
convertirse en un mero gestor de ritualismos sin sentido, y que precisamente
por ese inadecuado entendimiento, en alguna antigua oportunidad, se haya
considerado al derecho que cobija al proceso como fuente de estudio:
"Desde mera Ley de ritos de la que nacería un Derecho rituario, hasta un
Derecho meramente adjetivo o tan solo formal (...)" [9].
Entonces, resulta más que evidente que la eficacia del proceso dependerá en
gran medida
[1] En
ese sentido incluso están siendo materia de diversos acuerdos plenarios, como
los referidos a la audiencia de tutela, de constitución de actor civil, de la
medida de incautación, etc; así como de pronunciamientos a mérito de recursos
de casación interpuestos al amparo del mismo CPP.
■
En el contexto de lo expuesto, el juez debe encontrarse atento de no ser o
convertirse en un mero gestor de ritualismos sin sentido, y que precisamente
por ese inadecuado entendimiento, en alguna antigua oportunidad, se haya
considerado al derecho que cobija al proceso como fuente de estudio:
"Desde mera Ley de ritos de la que nacería un Derecho rituario, hasta un
Derecho meramente adjetivo o tan solo formal (...)" [9].
Entonces, resulta más que evidente que la eficacia del proceso dependerá en
gran medida
[1] En
ese sentido incluso están siendo materia de diversos acuerdos plenarios, como
los referidos a la audiencia de tutela, de constitución de actor civil, de la
medida de incautación, etc; así como de pronunciamientos a mérito de recursos
de casación interpuestos al amparo del mismo CPP.
[2] El
Código de Procedimientos Penales fue promulgado por Ley N° 9024 del 16 de enero
de 1940, el cual, además de diversas modificaciones legales que ha sufrido en
el transcurso del tiempo, también ha sido pasible de diversos análisis de la
justicia constitucional, atendiendo a la diversa cobertura constitucional a la
que se ha encontrado sujeta (surgió bajo el amparo de la Constitución de 1936,
y se mantuvo vigente durante la Constitución de 1979, para estar ahora bajo el
sustento de la Constitución de 1993).
[3] Para
Juan Montero Aroca, el proceso es un "[...] instrumento puesto a
disposición de todas las personas para lograr la tutela judicial efectiva a que
se refiere la Constitución". Juan Montero Aroca, Derecho Jurisdiccional,
Tomo I, Tirant lo Blanch, España, 2002, Pág. 23.
[4] A.
Calderón Cerezo y J.A. Choclán Montalvo, Derecho Procesal Penal, Dykinson,
España, 2005. Pag. 18.
[5] "Sobresale
en el proceso penal su carácter necesario, en el sentido que es el único medio
existente para la actuación del derecho penal". A. Calderón Cerezo y J. A.
Choclán Montalvo. Op. Cit. Pag. 18.
[6] Teresa
Armenta Deu, Lecciones de Derecho Procesal Penal, Marcial Pons, España, 2003;
Pag. 31.
[7] Eduardo
E. Jauchen, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Rubinzal - Culzoni
Editores, Argentina, 2012, Pag. 522.
[8] Claus
Roxin, Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto SRL., Argentina, 2000, Pag.
4.
[9] Manuel
Cobo del Rosal, Tratado de Derecho Procesal Penal Español, Editorial CESEJ,
España, Pág. 37.
[10] Juan Montero Aroca. Op. Cit. Pág. 23
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