De izquierda a
derecha, Alejandra Vicente, Mirtha Vásquez,
Rocío Silva Santisteban, David
Velazco y Mar Pérez.
En el marco del 147°
Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se llevó
a cabo el lunes 11 de marzo la audiencia titulada “Derechos humanos y protesta
social en Perú”. En la parte peticionaria, grupos de tendencia ambientalista y
de derechos humanos, entre los que figuran Rocío Silva Santisteban, secretaria
ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Mar Pérez,
directora del área DESC de la CNDDHH, David Velazco, director de Fedepaz,
Mirtha Vásquez, directora del área jurídica de la ONG Grufides, y Alejandra
Vicente, de CEJIL denunciaron al gobierno peruano.
Recordando la cifra
de 24 civiles muertos como resultado del accionar de las fuerzas del orden en
el marco de los conflictos sociales, incluyendo menores de edad, además de la
cifra de 649 heridos (cifra de la Defensoría del Pueblo), la Sra. Rocio Silva Santisteban explicó
que el Estado peruano ha movilizado centenares de efectivos policiales y
militares a pueblos pequeños, pero de forma más preocupante aún, que se han
firmado convenios entre la Policía Nacional y las diversas empresas
extractivas, “privatizando la Policía Nacional del Perú”.
Rocio Silva
Santisteban lamentó haber llegado a esta situación, producto de la defensa de
las inversiones de empresas y corporaciones multinacionales en industrias
extractivas, dado que se privilegia el modelo primario exportador como motor
del desarrollo del Perú.
Mar Pérez denunció
que se ha vulnerado el carácter excepcional de la declaratoria del estado de
emergencia, figura usada en los conflictos de Conga y Espinar, recurso que ha
servido como el “escenario de detenciones arbitrarias, torturas a defensores y
periodistas, así como un sistemático uso abusivo de la fuerza”.
David Velazco, director
de la ONG Fedepaz, por su parte, advirtió de una serie de normas que favorecen
en la práctica la criminalización de la protesta y la impunidad, como el DL
1095, que permite el uso de la fuerza por parte de las FF.AA. en el marco de
una protesta social en contra de civiles, creando un “escenario de guerra que
hace que para juzgar supuestos delitos que se puedan haber cometido en esas
circunstancias no se aplique el derecho internacional de derechos humanos sino
el derecho internacional humanitario, pensado para la guerra”.
Mirtha Vásquez hizo
énfasis en las leyes que permiten alquilar los servicios de la PNP a empresas
privadas, especialmente empresas mineras.
En realidad no existe
la protesta pacifica…
Lo cierto es que las victimas no aparecen de la nada, la “protesta
pacifica” en realidad no existe en la práctica, desde hace mucho las protestas organizadas
por los grupos opuestos a la minería acarrean violencia social, bloqueos a las
carreteras, incendios de instalaciones y vehículos, daños a la propiedad
pública y privada, asesinatos selectivos, sabotaje ambiental y detenciones en los plazos de trabajo
en los proyectos. Hechos reales que obligan a la intervención de la autoridad
con la finalidad de restablecer el orden y situación que probablemente
desconozca la Camisón de Derechos Humanos.
Dado que esta situación se ha hecho común en algunos
proyectos, las empresas para evitar las perdidas ocasionadas por las protestas,
acostumbran a solicitar la protección de la autoridad con la anticipación del caso, cuando se anuncian las
susodichas “marchas pacificas” pues acarrean violencia, daños y pérdidas.
Otro aspecto que no
dice la denuncia….
La situación se agrava debido a que la denuncia contra el
gobierno, favorece a determinados grupos que ya anuncian sus campañas
electorales para el 2016, y que son conocidos porque se promueven a través de las
protestas de rechazo a la minería y proyectos, porque utilizan la protesta como
formula de movilización,
propaganda y captación electoral, por lo que sinceramente consideramos
que ha llegado el momento de normar en detalle las condiciones de la protesta
pacifica.
A esta delicada situación se añade que algunos observatorios
de conflictos socioambientales, oficiales y no oficiales, difieren en los “conceptos
y definiciones” sobre lo que es una protesta pacifica, por lo que esta en ocasiones rebasa las
condiciones de la violencia social, y pasan a formar una estadística negativa de conflictos, que pareciera
que estan autorizados como protesta pacifica, pero que en realidad son ilegales por sus resultados de violencia.
Esperamos que el gobierno de pronta respuesta a esta
denuncia que más parece parte de una sistemática campaña de bullyng contra las
fuerzas policiales responsables de poner el orden en situaciones de violencia y
agresión.
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