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jueves, 12 de junio de 2014

Perú: Política Criminal y Política de Seguridad Ciudadana actual han fracasado para asegurar un modelo preventivo de participación organizada de la sociedad en Seguridad Ciudadana

Comite De Seguridad Ciudadana VMT
Por Jorge Contreras[1]
El balance de junio del Instituto Bartolomé de las Casas[2]  señala una “creciente inseguridad ciudadana”.  A ello se suma una encuesta de Ipsos en la que se señala que un 87% de los peruanos esta insatisfecho con la forma como el estado maneja el tema de la seguridad ciudadana[3].

Antecedentes….
La Política Criminal del estado, yace en la Constitución de 1993  y su más reciente normatividad fue la constitución del Consejo Nacional de Política Criminal CONAPOC, (Ley no. 29807  2011), al año siguiente, se encargó al Ministerio de Justicia las tareas de planificar, articular, supervisar y dar seguimiento a la política pública en materia criminal (Decreto Supremo no 008-2012 –JUS 2012, reglamento del CONAPOC).

En materia de Seguridad Ciudadana en el año 2003, se promulgó la Ley de Seguridad
Ciudadana (Ley no. 27933, 2003); luego en Junio del año 2013, se modificó la Ley no. 27933 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Ley no. 30055 2013)  haciéndosele dependiente de la presidencia de la República, presidida por el Presidente del Consejo de Ministros (artículo 6°); y finalmente en julio del 2013, se aprobó la Política Nacional y el Plan de Seguridad Ciudadana 2013 – 2018, (Decreto Supremo no. 012-2013-IN 2013), que establece las metas, objetivos y actividades para enfrentar la inseguridad, la violencia, y el delito en el país, encargándole la implementación, monitoreo y evaluación de la política nacional al Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana (artículo 3°). 

Problemas de enfoque….
Para el Instituto Bartolomé de las Casas, una de las causas, y con sustento, sería el “enfoque de control” de la conducta desviada (represivo[4] para el Instituto), el cual aseguran estaría orientado más a las consecuencias que a la prevención y que trae consigo diversas medidas de justicia e interior como es el reimplantar la pena de muerte, aumentar las penas carcelarias, reducir los beneficios penitenciarios, colocar más policías en las calles, construir nuevos penales y hasta incluir a las Fuerzas Armadas  en el combate al delito. 

Otra de las causas sería la “Opinión Publica”,  que demanda que los mismos sectores de justicia e interior, emitan leyes más duras para combatir la delincuencia[5], mayor rigor por parte de los jueces,  y mayor presencia policial. 

En este punto, la encargatura de la Política Criminal (al Consejo Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia) y la correspondiente función en Política de Seguridad Ciudadana (a la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior), adolecen de un diagnostico multidisciplinario e intersectorial. El diagnostico del problema solo habría tomado en cuenta sus sectores de responsabilidad, habiendo obviado otros aspectos indispensables que exceden a sus responsabilidades, lo que ha resultado como es conocido  en “medidas” sectoriales en Justicia e Interior y ninguna medida en otros sectores, como por ejemplo en educación[6].
Las conclusiones no favorecen al Sistema, traen como consecuencias una perdida de credibilidad en el sistema nacional de seguridad ciudadana, una mayor percepción de criminalidad y mayores niveles de inseguridad.

Carencia de un modelo preventivo con participación organizada de la población….
La Seguridad Ciudadana es de responsabilidad de las autoridades y de la población en una razón de 50/50%. El sistema preventivo se basa en su mayoría en la participación de la sociedad y el sistema de control en la participación de las autoridades. Es de responsabilidad de los encargados del Sistema de su organización y funcionamiento.
Podríamos afirmar que “Distritos Seguros” es donde funciona el binomio autoridad-sociedad, sin embargo la realidad es otra, los sistemas de Seguridad Ciudadana no funcionan y es poco lo que se ha avanzado en este campo.
A ello, podemos agregar que aún son limitadas las “estrategias[7]” en materia de trabajo participativo conjunto entre la Policía Nacional, el Serenazgo, los Comités de Seguridad Ciudadana y en la captación de otros elementos que podrían integrarse al sistema.
Donde la actividad es incipiente aún es en los informes sobre las actuales organizaciones de seguridad ciudadana y las formas de medir su efectividad en el sistema, en este aspecto, del sistema nacional, los regionales y distritales,  son pocos los sistemas que caminan. 

Algunas deficiencias están a la vista
  • Actuales Sistemas de Seguridad Ciudadana carecen de “estrategias” para asegurar un modelo preventivo de participación organizada de la sociedad en la Seguridad Ciudadana
  • Algunos comités de Participación Vecinal, no todos, son considerados allegados políticos al alcalde de turno del distrito, su participación es más política que de seguridad ciudadana.
  • Algunos Comités de Seguridad Ciudadana organizados por la Comisaría de la Policía Nacional son más comités “de apoyo” a la Policía Nacional.
  • Es muy reducido el porcentaje de los Comités de Participación Vecinal que trabajan en cada distrito.
  • Es muy reducido el numero de Comités de Participación Vecinal que han recibido capacitación en aspectos relacionados a Justicia, Policía o Serenazgo, jueces, fiscales, vigilancia, observación, y reporte de sospechosos.
  • En casos, los mismos agentes de Serenazgo no han recibido capacitación en los sectores de Justicia y Policía.
  • Finalmente son pocas las municipalidades que cuentan con un sistema de medición de efectividad de sus sistemas de participación organizada de la población en  seguridad ciudadana


[1] abogado, administrador, militar retirado , magíster en Ciencias Militares, magíster en Derecho Penal, con estudios de doctorado.
[2] Informe de Coyuntura Junio del Instituto Bartolomé de las Casas.
[3] Cf. Boletín Ipsos Perú, Año 14, Nº 179 (Mayo 2014).
[4] La palabra represión proviene de la terminología marxista y revolucionaria y en todo caso no podría el estado llamarla represiva sino sus opositores, un enfoque común y errado que cometen las autoridades, incluyendo la Presidencia del Consejo de Ministros en sus documentos oficiales.
[5] Cf. PNUD Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina (Nueva York, noviembre 2013) Figura 5.1 

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