Por Jorge Contreras[1]
Las autoridades políticas en España iniciaron una campaña
anticorrupción. En la cruzada han resultado arrestados más de 50 personajes entre
políticos y representantes oficiales incluyendo al ex secretario del
conservador Partido Popular de Madrid. La operación representa unas 400 cuentas
bancarias intervenidas/congeladas y unas 260 empresas investigadas. Comisiones
ilegales (coimas) en Licencias y dinero envuelve a una red de funcionarios y
empresas, principalmente de construcción y arquitectura. Como es singular en
estos casos, las redes no pueden cubrir su rastro.
La operación
contra la corrupción ha llegado al arresto de medio centenar de personas y se
ha llevado a cabo de manera simultánea en varias ciudades. Francisco Granados,
considerado una prominente figura
política y exsecretario del Partido Popular y Marcos Martínez, ex presidente de
la Diputación de León, figuran entre los detenidos e investigados, Granados tenía una
cuenta con 1.5 millones de euros. Las intervenciones incluyen funcionarios
del Partido Popular (PP) en el gobierno y socialistas de la oposición (PSOE), incluyendo seis
alcaldes.
David Marjaliza, un empresario
de la construcción actuaba como intermediario entre empresas que querían
ser beneficiadas con licitaciones de servicios públicos y los funcionarios.
Para ello, las empresas pagaban una comisión de entre 2 y 3% del total del
contrato. Hay un sinumero de empresas involucradas y más empresarios,
principalmente de la construcción y de grandes corporaciones de servicios, como
Cofely España (filial de la energética francesa GDF Suez).
Las investigaciones involucran los municipios y
comunidades de Madrid, Valencia, León, y Murcia.
Las acusaciones incluyen delitos de blanqueo de dinero,
falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias,
malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones
prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y organización
crimina e incluyen autorización de licencias de negocios, de construcciones y
coimas.
Obras por 250 millones. Los empresarios implicados
habrían logrado, mediante el pago de "comisiones ilegales" a ediles
municipales y funcionarios, la adjudicación de obras por unos 250 millones de
euros en los últimos dos años.
259 Mandamientos a Registros de la Propiedad. Estas eran
peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender,
gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de
iniciar las acciones de recuperación de activos.
400 Mandamientos dirigidos a entidades bancarias y
compañías aseguradoras. En estas, las autoridades han acordado bloqueos de
cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición
expresa de realizar cualquier movimiento de fondos.
30 Embargos preventivos de Vehículos. Los coches, destaca
la Fiscalía, son de alta gama y pertenecen a los principales investigados.
Un operativo de 150 agentes. La Guardia Civil ha
desplegado un total de 150 efectivos entre agentes de la Unidad Central
Operativa (UCO) y de las unidades de Seguridad Ciudadana territoriales para
llevar a cabo la macrooperación
[1]
Jorge A. Contreras Ríos, DNI 09582230, ICAC Nº 897, administrador, licenciado
en ciencias militares, abogado, magíster en ciencias militares, magíster en
derecho penal, estudios de doctorado en derecho pen
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