Recientemente conocidas figuras del espectro político-religioso
nacional han sido llamadas para intermediar en un esfuerzo de dialogo ante las
protestas contra el proyecto Conga, ello nos permite entender con claridad que
el gobierno, no el estado, opta una vez más por un solución de dialogo y
pacifica, al incontenible desborde colectivo que durante los últimos días, alcanzó
la suma de cinco fallecidos y en la que cuyos lideres de oposición dan muestras
de mantener una postura terca e inmutable.
El conflicto antiminero abarcaría así una dimensión no
judicial, que sería la opción de resolución del conflicto a través del dialogo
y una dimensión judicial referida a los procesos iniciados contra los responsables
de las acciones de violencia cuyos
procesos continúan.
El estado no es el
gobierno, ni el gobierno es el estado…
Es necesario aclarar que no es el estado quien opta por el
dialogo.
Al ser todos nosotros el estado, la “polis” para los griegos
o las “civitas” para los romanos, debemos reconocer que no todos los que
componen el estado, son los que protestan en Cajamarca, y que para esa parte
que protesta, este gobierno, pese a reconocer la existencia de leyes violadas y
medidas tomadas, y deseoso de
arribar a una mejor solución opta
por dar una posibilidad adicional de dialogo.
El gobierno , sin embargo, debe sus obligaciones al Estado, el
gobierno es la institución encargada de velar por la paz, la justicia y la
seguridad nacional. De seguir lo establecido en la Constitución, esa carta
política definida para nosotros en la Constitución de 1993.
De igual forma como se establece que el derecho del Estado
esta dado por el contenido de la Carta Constitucional y las leyes, ninguna
parte, menos aún extremos radicales a ultranza, se pueden irrogar el discernir
y actuar sobre la base de derechos no establecidos, pues estos son claramente
ajenos al orden legal establecido y nos demuestran que algunas protestas
recientes como las del Movadef o las antimineras simplemente son violaciones al
orden instituido.
Los interlocutores en esta oportunidad…
Dos figuras religiosas, seguidoras del cura dominico
Bartolomé de las Casas famoso por sus denuncias contra los conquistadores por los abusos, injusticias y
barbaridades en perjuicio de los indios, de doctrina humanista y cristiana que
tomara el nombre de “lascasiana” serian los elegidos, ellos son, el Padre
Garatea y el Monseñor Cabrejos.
Para una mejor comprensión de las defensas de este sector de
la Iglesia, reproducimos este pensamiento que corriera por esos tiempos y que quizás
ya no sean venidos al caso en el presente.
“Vinieron.
Ellos tenían la Biblia y nosotros
teníamos la tierra.
Y nos dijeron:“Cierren los ojos y
recen”…
Y cuando abrimos los ojos,
ellos tenían la tierra y nosotros
teníamos la Biblia.”
Razones habrá para elegir a dos interlocutores cuyas
posturas político – religiosas son tales y cuyas recientes declaraciones ya
habrían adelantado opinión sobre la necesidad de “condiciones previas” para el
dialogo como el retiro del estado de emergencia, el pedir perdón y hasta comentarios
sobre tal o cual capacidad de tal o cual ministro.
El caso del Padre Garatea, es singular y es necesario
señalar que fue directivo de la mesa de Concertación y Lucha contra la Pobreza
en tiempos que uno de los lideres de la revuelta antiminera el ex cura Marco
Arana, líder de Tierra y Libertad
ocupara el cargo de representante departamental de la misma organización.
Esperemos que su papel sea imparcial y no lleve al gobierno, al extremo de un
callejón sin salida. Por lo
pronto, algunos sectores en el Cusco, allegados a Tierra y Libertad, y a su lider Marco Arana, ya estarían
pensando en patear el tablero para alcanzar las condiciones ventajosas de un
interlocutor amistoso a sus ideas.
En el caso de los grupos de oposición de Cajamarca, se
aprecian síntomas de una “neurosis obsesiva”, inicialmente individualizada en
los lideres que se torna en una influencia hacia la colectividad, y esto es ya
transitar por un camino peligroso, a las que se unen las posturas fatalistas,
el pensamiento colectivo y el fanatismo que apuntan hacia un desborde social de
magnitudes mayores. En otras palabras de pasar de conductas “menos” ofensivas
como los pitazos en las calles y carteles, a otras mayores, como las mentadas
de madre, los pleitos, las pedradas, el delito en todas sus modalidades,
llegando al homicidio y la ruptura social absoluta del estado de derecho del
ser humano, en otras palabras la guerra interna.
La información, los
medios y el sensacionalismo de interés
Consideramos que existe una crisis en el manejo de la
información, se comete el mismo error que cuando se iniciaron las acciones
subversivas en la década de los 80s
El gobierno minimiza las acciones de violencia sin embargo
decreta el estado de emergencia. Los
grupos violentistas propasan los limites, emplean armas y la prensa de oposición
acompaña las noticias con informes
subliminales, cargando la
responsabilidad de las victimas y violaciones del estado de derecho al
gobierno.
La prensa no tiene autocontrol, ni autocensura, desorienta.
Un claro caso es el de el premier, quien no es el encargado de resolver los
conflictos. Sin embargo si es el deseo de alguna prensa y de grupos de
oposición de alcanzar ese nivel de jerarquia en su afán de notoriedad en sus
conflictos de interés.
El mito de la “mineria” que se critica…
Queremos referirnos al mito que muchos utilizan para sus
discursos políticos, el mito de “la mineria y sus abusos”. Este mito es parte
de una campaña de denuncias contra las ganancias de las empresas, en contra de su
responsabilidad social, y en contra los daños ambientales. Las denuncias
provienen de parte de sus detractores políticos, religiosos, ambientalistas e
indigenistas.
Todas las empresas que operan en el país, entendemos, que estan
conformada por trabajadores peruanos en su mayoría y extranjeros en menor porcentaje. Las empresas que conforman el abanico de servicios y trabajan con
ellas son también conformadas por trabajadores peruanos en su mayoría.
¿A quién entonces corresponde la responsabilidad en cada
caso?
Las denuncias de malestar sobre los contratos, tienen origen
en los niveles de negociación del gobierno y a nombre del estado.
La responsabilidad social y su estandares estan establecidas
y su cumplimiento compete a los mismos trabajadores.
Los daños ambientales, son “hechos” que han sido ocasionados
por los mismos trabajadores y que en cada caso, han sido reivindicados por las
empresas a satisfacción y hasta soportando el dolo intencional de varias
instancias nacionales e internacionales.
Entonces de que hablamos, hablamos de denuncias y abusos,
que provienen de los mismo peruanos, que es en todo caso, son las denuncias de un sector que se considera menos
favorecido.
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