La seguridad ciudadana a la fecha se ha convertido en una
preocupación generalizada debido a
la percepción de inseguridad en
las calles, que no solo está en la agenda pública de las políticas del Estado,
sino también es la prioridad de la agenda parlamentaria de nuestro Congreso de
la República.
Para nosotros implica la necesidad de estar libres, sin
temor y amenazas, con verdadero respeto a los derechos humanos como la vida,
integridad física, síquica y moral, respeto al patrimonio, entre otros,
derechos que han sido consagrados tanto en nuestra Constitución como en la de
otros países, como verdaderos derechos constitucionales, y que han sido
enervados a instancias mayores como el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos de las Naciones Unidas o la misma Declaración de la Organización de
Estados Americanos.
En esta oportunidad no evaluaremos directamente los
principales problemas de seguridad ciudadana, ya que estos son ampliamente
notorios, solo basta con verificar las estadísticas de los delitos registrados
en todo el año 2011 y las declaraciones que se obtienen de la opinión pública
sobre esto.
Por tal razón, deseamos centrarnos en el debate conceptual
que existe entre el control y la prevención junto a sus respectivas medidas.
TIPOS DE PROPUESTAS
Entonces, para enfrentar los problemas de seguridad
ciudadana existen dos tipos de propuestas:
A nivel de América Latina apreciaremos la primera propuesta
como medidas de control y represión; mientras que también existe la propuesta
de prevención y gobernabilidad como parte de una política social orientada a la
protección del ciudadano.
La política de control y represión ha enfrentado la
violencia y delincuencia utilizando la acción punitiva del Estado, esto es
usando tipos penales represivos que son los protagonistas y con una menor
medida de prevención.
Esto se materializa solamente en las modificaciones de los
tipos penales delictivos incrementando penas y configurando nuevos tipos
penales. Esta ampliación de los márgenes de la ley penal tiene como
consecuencias el hacinamiento por incrementar la población de internos carcelarios,
sin embargo, es inversamente proporcional con el crecimiento de
infraestructuras carcelarias, aumento de personal carcelario –para nuestro caso
personal del INPE–, deficiencia en el sistema judicial, lo que se traduce en
internos sin sentencia.
Otro punto que debo señalar en este estudio como
consecuencia de la implantación de esta política de control y represión es el
surgimiento de empresas privadas de seguridad ciudadana que terminan
traduciendo esta misión en una suerte de patrimonio al que solo pueden acceder
quienes puedan adquirirla.
Por otro lado, tenemos la medida de prevención y
gobernabilidad que acarrean políticas no solamente policiales y de represión,
sino todo lo contrario. Se trata de políticas de protección ciudadana a través
de medidas integrales y estratégicas provenientes de múltiples dimensiones; es
así que apreciaremos políticas sociales, urbanas y descentralizadas orientadas
a la prevención desde la educación, empleo, marcos institucionales y
participación ciudadana. Ejemplo de este modelo es la experiencia de
Cali–Colombia.
La política de control en nuestro país va en aumento. Con el
reactivamiento del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) y el Plan
de Seguridad Ciudadana aprobado para el presente año, así como la creación de
la Comisión Multipartidaria de Seguridad Ciudadana por parte del Congreso de la
República y los planes de seguridad ciudadana por parte de los gobiernos
locales y regionales, se ha previsto fortalecer el marco institucional y
estratégico que permita tener una propuesta no solamente de control y represión
sino también una propuesta de prevención que no debe de ser excluyente sino
todo lo contrario.
Este segundo modelo deberá integrarse alternativa y
complementariamente a la política de control, dándole prioridad a esta. De esta forma dejaremos de utilizar al
derecho penal como herramienta de comunicación represivo – social y
recobraremos su sentido de mecanismo de control de ultima ratio que permitirá
devolver la confianza en nuestras leyes por su eficacia y en nuestros
legisladores por su alto criterio al momento de aprobarlas.
SUGERENCIAS
- Necesitamos implementar una cultura social de educación para evitar situaciones de deserción educativa hasta brindarle protagonismo a los comités vecinales de Seguridad Ciudadana, también es importante combatir la pobreza y la desigualdad. Del mismo modo, es necesario lograr un verdadero control de venta de armas, municiones, alcohol y tráfico de drogas.
- Es importante, a su vez, implementar la reforma judicial propuesta por el Poder Judicial en cuanto a la implementación del nuevo Código Procesal Penal para Lima y el resto de ciudades, donde todavía tiene vigencia el Código de Procedimiento Penales, así como también promover sistemas de penas alternativas en libertad como programas de justicia cercanos a la población.
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